Los magistrados Matías Garcete Piris, Adriana Planas y Elsa García en su rol de presidenta componen el Tribunal especializado en delitos económicos de Paraguay que juzgó al ex senador Edgardo Kueider y a su pareja, Iara Guinsel. Se los condenó por contrabando en grado de tentativa después de que en diciembre del 2024, ambos intentaron ingresar desde Foz do Iguaçu a Ciudad del Este con USD 200 mil sin declarar.

“Estamos habituados a tratar causas complejas. Pero, de manera independiente al impacto público, nuestro deber es resolver conforme a la ley, a las pruebas y a las reglas de la sana crítica, y no desde el impacto mediático. Toda persona, tenga o no una condición particular, es decir, sea o no un legislador o persona pública, debe ser juzgada con las mismas garantías procesales. Eso fue lo que hicimos en este caso concreto”, dijo el magistrado Garcete Piris en diálogo con Infobae.

Luego, subrayó: “Se trató de una causa importante por sus particularidades técnicas y por la necesidad de reafirmar que la normativa de cada país debe ser respetada. Ese respeto al orden jurídico es esencial para mitigar riesgos y prevenir distintos hechos injustos que pueden afectar la confianza en las instituciones”.

Garcete Piris remarcó que el fallo en el caso Kueider “determina una posición positiva, porque demuestra que es posible resolver una causa compleja, con garantías. Más allá de hablar de un fallo ejemplar, diría que se trató de una respuesta institucional y nacional seria, fundada en la ley y en las pruebas”.

El exrepresentante de Entre Ríos en el Senado anunció que apelará el fallo. “No se han aplicado los criterios de legislación comparada en el resto del mundo con respecto a que el dinero no constituye mercadería”, consideró.

El proceso de convicción

El fallo del Tribunal fue unánime. La resolución que estableció la condena se dio a conocer poco después de que finalizara la última jornada del juicio el pasado 13 de julio.

“La convicción se fue construyendo durante las audiencias, a partir de las pruebas producidas. Una vez cerrado el juicio, realizamos una valoración integral conforme a las reglas de la sana crítica y concluimos, bajo una línea objetiva, que la conducta encuadraba en la tentativa de contrabando prevista en el artículo 336 del código aduanero, modificado por la Ley Nº 6.417/2019, en concordancia con los artículos 26, 27 y 29, inciso 2, del código penal del Paraguay”, relató el magistrado.

Los jueces dedicaron un tramo extenso de su resolución a justificar por qué consideraron contrabando al tráfico de divisas. La defensa de Kueider y Guinsel cargó con fuerza sobre este punto. Sostenían que la legislación paraguaya reserva ese delito para las mercancías y que los billetes que se encontraron en la Chevrolet Trailblazer en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 no tenían esa característica.

La extensa justificación se debió a que no existe una jurisprudencia amplia sobre este tipo particular de actividades ilícitas. No porque no haya antecedentes, sino que lo habitual es que se resuelvan en juicios abreviados.

Garcete Piris remarcó que lo relevante de la causa Kueider es que se trató de “uno de los primeros casos de esta naturaleza que llegó a estadio de juicio oral y público”. La instancia judicial es “en la que se debate el fondo de la cuestión y se producen las pruebas”, detalló.

“Es que, en nuestro sistema existe previamente una etapa intermedia, donde pueden adoptarse distintas salidas procesales que eviten el juicio. Por eso, más que hablar de un camino jurisprudencial ya consolidado, diría que este caso adquiere importancia porque permitió discutir y fundamentar de manera expresa la figura de contrabando”, aseveró.

Luego, mencionó: “Paraguay, a partir de las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), avanzó hacia una regulación más acorde con los estándares internacionales mediante la Ley Nº 6.417/2019. Esta normativa permitió precisar el tratamiento jurídico del traslado de dinero en efectivo sin declarar y brindó una base legal más clara para analizar este tipo de conductas”.

El GAFI es el organismo intergubernamental que establece los estándares globales en la prevención y combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Las últimas palabras

Los acusados eligieron no hablar durante las audiencias. El ex senador perdió entonces la oportunidad de dar ante el Tribunal su versión de lo ocurrido esa madrugada en el Puente de La Amistad. Kueider sostuvo en varias entrevistas que el relato de los agentes aduaneros de que habían encontrado todo el dinero en una mochila era falso. Pero nunca lo dijo en el juicio. Los jueces se quedaron, entonces, con lo que habían dicho los funcionarios.

“Tanto la Constitución de la República del Paraguay como el Código Procesal Penal reconocen la declaración como un derecho y una garantía de toda persona procesada. Por eso, guardar silencio no puede interpretarse en su contra ni utilizarse como indicio de culpabilidad”, expresó Gacete Piris.

“En el caso concreto —apuntó— entendimos que fue una decisión propia de la estrategia defensiva. El Tribunal —recalcó— formó su convicción exclusivamente a partir de las pruebas producidas en juicio y de aquellos elementos que corroboraron objetivamente los hechos acusados”.

Kueider eligió el espacio de las últimas palabras, ya con el debate cerrado, para sentar su posición sobre varios puntos del juicio.

“Las palabras finales previstas en nuestro código procesal penal no constituyen una declaración formal ni un medio de prueba. Son la oportunidad que tiene el acusado de formular una última petición al Tribunal antes de la deliberación”, aclaró el magistrado.

Por eso, el cuerpo “lo escuchó y consideró en su alcance correspondiente. Pero reitero: la decisión se sustentó en las pruebas producidas legalmente durante el juicio”, concluyó.

Matías Garcete Piris es abogado, notario y escribano público por la Universidad Nacional de Asunción. Además, se graduó como doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario–Argentina, y en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción–Paraguay.

Es magíster en Ciencias Penales y en Derechos Humanos, especialista en Ciencias Penales y Docencia Superior. Forma parte de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario y trabaja como docente de la Escuela Judicial del Paraguay.

Los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunirán este martes en la ciudad de San Francisco, Córdoba, para inaugurar la nueva sede administrativa del bloque interprovincial Región Centro, transferir la presidencia pro témpore y ratificar una agenda común.

El encuentro tendrá lugar en la ciudad límite con Santa Fe, San Francisco y contemplará el corte de cintas y una recorrida por las instalaciones del edificio del ex Banco de Córdoba, ubicado en el Centro Cívico de la ciudad, que a partir de ahora funcionará como sede operativa permanente de la Región Centro.

Durante la jornada, Entre Ríos asumirá la presidencia pro témpore del bloque, que hasta ahora ejercía Córdoba. Los tres mandatarios firmarán una serie de acuerdos en materia de energía, con énfasis en el corredor de biomovilidad y el reclamo por obras de gasoductos pendientes, producción, seguridad e integración regional. Entre los puntos previstos se incluyen la unificación de normas para la habilitación de trabajadores de implementos fitosanitarios y drones, la interoperabilidad de los registros de personas jurídicas y la homologación de requisitos para contrataciones estatales.

También se avanzará en la coordinación de acciones de Protección Civil ante el fenómeno de El Niño, con intercambio de información de observatorios hidrometeorológicos, y en la validación de hermanamientos entre localidades de las tres provincias.

En el ámbito productivo se abordará un acuerdo específico entre San Francisco, Esperanza y Nogoyá en materia lechera, y se analizará el impacto del acuerdo Unión Europea-Mercosur sobre las empresas locales, incluyendo el control de medidas paraarancelarias.

Voceros señalaron que Pullaro y Llaryora reiterarán el pedido al Gobierno nacional de priorizar el trabajo y avanzar en una baja sostenida de las retenciones a la producción agrícola.

También reclamará una mayor participación de las provincias ribereñas en el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El reclamo por las retenciones

Días atrás, en la Exposición Rural de Palermo, el gobernador Frigerio recorrió la muestra y volvió a reclamar por el fin de las retenciones.

“Tenemos un sector agropecuario, probablemente el más competitivo del mundo, que está pasando un buen momento, no con los márgenes de rentabilidad que a todos nos gustaría, pero con un crecimiento muy importante e invirtiendo mucho. El campo es la locomotora de la recuperación de la Argentina desde toda la vida y lo va a seguir siendo”, sostuvo.

En este sentido, hizo referencia al pedido unánime al gobierno nacional. “Que eliminen las malditas retenciones, sin duda”, afirmó, y agregó que confía en que Milei continúe avanzando en ese camino.

Leé también: El ministro de Economía de Lula calificó a Milei de “payaso” y afirmó: “La inflación argentina es mucho más alta que la nuestra”

“Se fue avanzando estos 30 meses en la reducción de algunos sectores importantes y tengo el compromiso del Presidente de que esta es la principal prioridad en la política de reducción de impuestos de la Argentina, como tiene que ser. Es un impuesto distorsivo que se cobra solo en la Argentina y que tenemos que ir eliminando o reduciendo cada vez más rápido”, señaló.

“Siempre voy a pelear para que se eliminen las retenciones. Obviamente eso está vinculado con las necesidades del Estado, pero tiene que quedar claro que la prioridad a la hora de reducir impuestos tienen que ser las retenciones. Entiendo que esa es una política que compartimos con el gobierno nacional”, agregó sobre la temática.

Gobernadores, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos

Desde el sábado próximo, y a lo largo de todo agosto, la CGT, las dos CTA, varios sindicatos y los movimientos sociales intensificarán las medidas contra el Gobierno, en el inicio de la temporada alta de protestas tras el paréntesis impuesto por el Mundial de Fútbol.

La temperatura sindical comenzó a recalentarse con la movilización de la CGT ante el Congreso para acompañar a los jubilados, que se hizo el miércoles pasado, pero la presencia cegetista fue testimonial y sus líderes advirtieron que concentrarán sus esfuerzos en las próximas acciones previstas en el nuevo plan de lucha.

De todas formas, la primera medida de fuerza del mes de agosto será la que anunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para el lunes que viene, que consistirá en un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra el vaciamiento de organismos públicos y los despidos en el Estado.

La protesta fue definida este lunes por la conducción nacional de ATE, que lidera Rodolfo Aguiar, en una reunión realizada en el Hotel Quagliaro del sindicato, donde se vinculó la medida con un cuadro más amplio de deterioro social que, según dijeron, incluye el cierre de más de 28 mil empresas, la pérdida de más de 341 mil puestos de trabajo en los últimos dos años y medio y una desaprobación al Gobierno que supera el 58,2%.

En agosto, además, se prevén protestas de los sindicatos educativos agrupados en la CGT, así como de otras organizaciones gremiales del sector, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo se mantiene desde hace un año en $500 mil.

Todavía no está definida la modalidad de las medidas por aplicarse en agosto, que son coordinadas por la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), e incluirán a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), miembro de la CTA de los Trabajadores, y a distintos gremios universitarios.

Mientras, este miércoles se reunirá la comisión organizadora del plan de lucha de la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales para definir los detalles de la marcha de San Cayetano que se realizará el 7 de agosto, día del patrono del pan y del trabajo.

El titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, anticipó a Infobae que, en principio, la idea sería concretar, como en años anteriores, una peregrinación multitudinaria desde la Iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio de Liniers, hasta Plaza de Mayo, que comenzaría por la mañana con una bendición de herramientas que se hará en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy.

El dirigente confirmó que la siguiente medida conjunta será una movilización al Ministerio Economía, con fecha tentativa para la semana del 20 de agosto, que buscará visibilizar el problema de las familias endeudadas en el sistema formal e informal de la economía.

Gramajo señaló que la protesta pondrá el foco en 7 millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no haber podido pagar los préstamos tomados e incluye a quienes se endeudan fuera del circuito bancario, sobre todo en barrios populares.

Según su descripción, en los barrios populares esos mecanismos de financiamiento informal aparecen en muchos casos asociados al narcomenudeo, a vendedores de droga y al crimen organizado.

El cronograma trazado por la CGT, las CTA y los movimientos sociales continuará el 2 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Industria, con una marcha en lugar por definir para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo en el sector.

Después de esa instancia, las organizaciones convocantes participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba entre el 4 y el 6 de septiembre, y luego, según se prevé, evaluarán cómo continuar con las acciones.

En forma paralela, no hay definiciones sobre alguna medida sindical que acompañe la visita del Papa León XIV a nuestro país. Gramajo afirmó que esperarán la confirmación oficial sobre el viaje por parte del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Argentina antes de avanzar en cualquier decisión, aunque reconoció que existe diálogo por este tema con la Iglesia y que una delegación papal, con la presencia del nuevo nuncio apostólico en la Argentina, el arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach, trabaja y recorre lugares en el país.

South America / Central America,Religion / Belief,BUENOS AIRES