POLITICA
Polémica en El Calafate por la venta de tierras en una reserva provincial a una empresa extranjera

EL CALAFATE.- A través de un decreto, el Gobierno de Santa Cruz autorizó, con carácter excepcional, la venta de un inmueble ubicado en la Península de Magallanes, un área provincial protegida ubicada frente al glaciar Perito Moreno, a una empresa nacional conformada en su totalidad por capitales extranjeros que se constituyó hace dos meses. ¿El objeto? Construir 24 ecocabañas y tres circuitos de senderismo de baja dificultad.
La autorización de la operación inmobiliaria generó un fuerte revuelo en la localidad, en especial en los sectores empresariales, turísticos y ambientalistas que resisten históricamente a que se avance en construcciones en el lugar y a mantener el área prístina, como se denomina a los espacios naturales que se encuentran en su estado ecológico original.
El punto más delicado es que el decreto es una excepcionalidad a la normativa provincial que desde el año 2017 prohíbe la venta de tierras a extranjeros en áreas protegidas.
Según el decreto 915/26 firmado por el gobernador Claudio Vidal, se autoriza a la firma Lacustre del Sud SA a vender “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” y especifica el inmueble a favor de la empresa Asb Hospitality Calafate SAU.
Se especifica que la medida queda limitada exclusivamente a esta operación.
Técnicamente, la autorización para la venta es a favor de ASB Hospitality Calafate SAU, conformada en la Argentina.
Sin embargo, según surge del acta constitutiva consultada por y publicada en el Boletín Oficial el pasado 30 de julio, ASB Hospitality Calafate SAU fue constituida el 27 de julio como una sociedad anónima unipersonal, cuyo único accionista es ASB Hospitality LLC, una sociedad extranjera inscripta en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 11 de julio de 2018.
ASB Hospitality Calafate SAU, de acuerdo a su acta constitutiva, cuenta con un capital de 30 millones, representado por 30 millones de acciones escriturales de valor nominal $1 cada una, todas en poder de ASB Hospitality LLC. En tanto que su objeto incluye actividades hoteleras y gastronómicas, promoción y explotación turística, y operaciones inmobiliarias sobre bienes urbanos y rurales, además de la prestación de servicios. La sociedad fijó su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
La discusión por la venta llega luego de la polémica por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante la presión de los bloques aliados, el oficialismo terminó entonces por retirar del proyecto el polémico capítulo de extranjerización de tierras que establecía, entre otros cambios, un nuevo límite del 25% para la titularidad extranjera.
La Legislatura provincial aprobó por unanimidad el acceso urgente al expediente para intervenir en el proceso. Según confiaron algunos diputados, la mayoría se enteró de la novedad por los medios de comunicación.
¿Qué se proyecta construir de acuerdo al plan presentado? Un ecoalojamiento extrahotelero de 24 cabañas, tres tramos de senderos denominados GS1, GS2, GS3 de baja dificultad para senderismo simple y movilidad en la zona, detalló Hugo Garay, presidente del Consejo Agrario Provincial, CAP, ante la consulta de .
Garay explicó que el proyecto está alcanzado por el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Península de Magallanes y que la Parcela G se encuentra en la Zona de Uso Público Extensivo, que restringe la circulación de vehículos fuera de los caminos habilitados y establece pautas constructivas de bajo impacto, con alturas reducidas y adaptación al entorno, entre otros aspectos de protección ambiental.
En cuanto al impacto ambiental, el funcionario indicó que el proyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental, evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental. Según explicó, las medidas contemplan un sistema de volcamiento cero para los efluentes, gestión diferenciada de residuos, uso de energías renovables y criterios de eficiencia energética. A esto se suma la obligación de ubicar las construcciones y senderos en sectores degradados o aclarados naturales, evitando la afectación del bosque nativo.
“La actividad turística debe ser compatible con un Plan de Manejo Sostenible del Bosque que garantice la conservación del sotobosque y la regeneración natural”, afirmó Garay a
Debate de larga data
Gran parte de la Península de Magallanes —más de 38.000 hectáreas ubicadas frente al glaciar Perito Moreno— quedó fuera de los límites del Parque Nacional Los Glaciares y esa situación generó históricamente una diferencia en el nivel de protección ambiental del paisaje que acompaña la vista del glaciar Perito Moreno. El área fue loteada en la década del 60; sin embargo, quienes adquirieron las tierras nunca pudieron avanzar en ningún proyecto.
Los propietarios de tierras en la Península llegaron a la Corte Suprema de Justicia porque la provincia les prohibió operar hasta que se sancionara un Plan de Manejo, algo que se demoró por décadas. Los demandantes denunciaron que, mientras a ellos se les impedía desarrollar comercialmente, el gobierno permitió la construcción del hotel Los Notros en el mismo sector. Luego de esa construcción, el área fue declarada protegida y el hotel —hoy cerrado— pasó a manos de Cristóbal López.
En 2021 la Corte falló a favor de los litigantes, declaró inconstitucionales las normas ambientales dictadas por Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner y ordenó elaborar un Plan de Manejo que se firmó en 2022.
Según fuentes oficiales, el proyecto Master Plan Ecocentro avanzó desde entonces, pero ahora requirió una excepcionalidad del Poder Ejecutivo para ser vendido a inversores extranjeros, habilitada por el decreto conocido esta semana.
En El Calafate, las diferentes voces críticas del proyecto promueven que la península mantenga su carácter prístino, solicitan que se informe el detalle del proyecto de excepción y piden conocer el alcance de la iniciativa turística.
Por su parte, el Concejo Deliberante local reclamó ayer que la comunidad de El Calafate, la más cercana al área en cuestión, no tuvo la posibilidad de opinar sobre la iniciativa que parece inminente y significaría el desembarco de capitales extranjeros a la actividad turística en un área en la que durante años se sostuvo una militancia ambiental activa para mantenerla intangible.-
Con la colaboración de Ricardo Brom
Mariela Arias,Conforme a
POLITICA
Mauricio Macri apoyó a Santiago Passaglia con un mensaje en redes sociales y después borró el posteo

El expresidente y titular de Pro, Mauricio Macri, respaldó en redes sociales una propuesta del intendente de San Nicolás de los Arroyos, Santiago Passaglia, para reducir impuestos, pero más tarde borró el posteo. El exmandatario había elogiado la iniciativa de eliminar la tasa de seguridad e higiene que pagan comercios, pymes e industrias a cambio de que el gobierno nacional deje de cobrar IVA a los municipios por sus compras y obras públicas.
“Gran propuesta de Santiago Passaglia en San Nicolás: que la Nación deje de cobrar IVA a los municipios por la compra de suministros y la ejecución de obras públicas”, escribió Macri en respuesta a una publicación en la que el jefe comunal compartió su propuesta y una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo.
En su mensaje, el expresidente explicó que, como contrapartida, los municipios podrían suprimir aquella tasa y aclaró: “Obviamente, la iniciativa requiere una ley del Congreso para implementarse, pero me parece que vale la pena considerarla”.
El respaldo incluyó, además, un reconocimiento a la gestión local. “Recomiendo conocer todo lo que se ha hecho en San Nicolás para mejorar la vida de sus vecinos”, agregó Macri. Sin embargo, más tarde eliminó la respuesta a la publicación del intendente.
Passaglia había difundido su planteo con un video acompañado por un texto en el que desafió al presidente Javier Milei a avanzar con una reducción de impuestos conjunta. “Bajar los impuestos que cobran otros es fácil”, escribió. Y añadió: “Usted le pide a los municipios que bajemos las tasas. Le tomo la palabra”.
Bajo la consigna “IVA 0. TASA 0”, el intendente se comprometió a eliminar la tasa de seguridad e higiene en San Nicolás si el gobierno nacional deja de cobrarle IVA por las obras y los servicios destinados a los vecinos. “Nosotros estamos dispuestos a resignar ingresos y bajar impuestos de verdad. ¿Ustedes?”, planteó.
Luego, compartió la carta enviada a Caputo, fechada el 13 de octubre de 2026. En ese documento, vinculó su iniciativa con las declaraciones de Milei durante el Coloquio de IDEA del 30 de septiembre. Según consignó, el Presidente había señalado que los reclamos por las tasas municipales debían dirigirse a los municipios. “Le proponemos transformar ese reclamo en un acuerdo concreto”, expresó Passaglia.
Para explicar su propuesta, el jefe comunal utilizó como ejemplo una compra municipal de materiales para asfaltar una calle por $1.000.000. Según detalló, a ese monto se suman $210.000 de IVA, lo que lleva el costo final a $1.210.000. También mencionó el impacto del impuesto sobre los gastos de alumbrado público, recolección de residuos, limpieza urbana, insumos y maquinaria.
En la carta, Passaglia sostuvo que la eliminación de ambos tributos beneficiaría al sector productivo y cuestionó al Gobierno por lo que describió como un “contexto de recesión que ustedes no terminan de aceptar”.
Hacia el cierre de la carta, el intendente insistió en que la baja de impuestos debía ser un compromiso compartido entre la Nación y los municipios. “San Nicolás está dispuesto a dar el primer paso. Esperamos que la Nación también se comprometa”, concluyó.
Mauricio Macri,@JMilei,pic.twitter.com/mLmiRvgNeP,October 14, 2026,Mauricio Macri,Conforme a
POLITICA
El Gobierno quiere capitalizar la sintonía con los aliados para acelerar con el proyecto de Malvinas

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional —que busca, entre otros puntos, defender los recursos naturales en las Islas Malvinas— sufrió una demora esta semana en la Cámara de Diputados; , pero el oficialismo se muestra confiado en que conseguirá el dictamen de comisión el próximo martes para poder llevarlo al recinto al día siguiente. En ese marco, un grupo de referentes libertarios trabaja contrarreloj para armonizar el texto con los planteos que hicieron los bloques aliados. “El proyecto no se va a dividir en dos como propone el kirchnerismo , pero vamos a hacer cambios para llegar al consenso más amplio posible”, explicaron desde el bloque violeta.
El oficialismo pretendía firmar el dictamen del proyecto esta semana pero el revuelo que generaron los dos fallos de la Corte Suprema sobre la venta de tierras a extranjeros y el intento fallido de la oposición de derogar el mega DNU 70/23 demoró sus planes. Si todo sale bien para los libertarios, se tratará el mismo día que los proyectos sobre discapacidad, endeudamiento, Inviolabilidad de la Propiedad Privada (incluye la restitución de la ley de tierras), trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.
El texto enviado al Congreso por la Casa Rosada agrava las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur pero ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos renovables o no renovables. También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores: prevé multas y suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina. También incorpora la responsabilidad de proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.
Sin embargo, tanto la oposición dura como los bloques aliados enfocaron sus críticas en la segunda mitad del proyecto, que no se relaciona tan directamente con la cuestión Malvinas. Por ejemplo, el proyecto propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia, cuyo órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el efe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.
Por otro lado, crea nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional y considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones.
Tanto los aliados del PRO como la UCR adelantaron su rechazo al artículo 111, que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina. En sintonía con los planteos de organizaciones civiles de periodistas como ADEPA y FOPEA, advirtieron que una redacción tan “laxa” referida a las campañas de desinformación podría afectar la libertad de expresión.
“Nosotros pedimos mayor precisión en la definición del delito de injerencia extranjera, para resguardar la actividad periodística, académica y el debate público”, explicaron desde el PRO a Infobae. Los libertarios ya se comprometieron a modificar la redacción y circularon algunos borradores con cambios específicos.
A pedido de los aliados, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, ya adelantó que se incluirá la creación de una Bicameral de Seguimiento de la Seguridad Nacional a la que el Ejecutivo tendría la obligación de informar para reforzar el control parlamentario.
Ante la consulta de Infobae, fuentes libertarias al tanto de las negociaciones también reconocieron que se modificarán los artículos que habilitan al Estado a auditar, custodiar o intervenir “infraestructuras críticas”, como redes estratégicas de energía, minería y telecomunicaciones. “Algunos están preocupados porque toda la red de 5G es de la empresa china Huawei”, explicaron. En esa línea, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) también planteó que el régimen sobre infraestructura crítica debería basarse en un esquema de “cooperación voluntaria” entre el Estado y las empresas.
Por su parte, los aliados del MID insistieron con que sea el Congreso el que autorice las actividades militares. Según pudo saber Infobae, el viernes recibieron un borrador con cambios en la redacción que analizarán durante el fin de semana.
Otros pedidos de los aliados incluyen la incorporación del Ministerio de Seguridad Nacional como miembro permanente del Consejo de Seguridad y en el Sistema de Seguridad Nacional, “para que cada organismo tenga su rol claro y no haya superposiciones entre Fuerzas Armadas, seguridad interior y Consejo”; una clarificación de las competencias de las Fuerzas Armadas, la Policía y las Fuerzas de Seguridad Federal en la protección de las “infraestructuras críticas”; y aclaraciones sobre cuál será la autoridad de aplicación, que en el texto queda sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
Durante las primeras reuniones de comisión, desde el peronismo propusieron separar el proyecto en dos partes y adelantaron que podrían apoyar el Título I, que comprende los artículos del 1 al 40, y se enfocan en agravar las sanciones para la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur sin autorización de Argentina.
Pero los libertarios no tienen intenciones de avanzar por esta vía ya que consideran que podrán reunir apoyo suficiente apelando a otras fuerzas y así conservar el grueso del texto enviado por la Casa Rosada.
POLITICA
Los intendentes del PJ que afrontarán un recambio inédito si es que la ley de reelecciones no se revierte

Si la Legislatura de la provincia de Buenos Aires no revierte la prohibición de las reelecciones indefinidas para intendentes, el peronismo afrontará en 2027 un recambio inédito en varios de los municipios bonaerenses que constituyen el corazón de su fortaleza electoral.
La Matanza, Quilmes, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Morón, Avellaneda, José C. Paz, Esteban Echeverría y Escobar integran el lote de los puntos más densamente poblados, calientes y determinantes que, salvo un cambio en las reglas de juego que aún son objeto de negociaciones, deberán entrar “en sucesión”.
En distritos moldeados en torno a la concentración del poder, la sucesión ya pone en carrera a familiares, delfines políticos y dirigentes históricos, mientras varios intendentes se instalan en la competencia por la gobernación. Las herencias municipales abren grietas dentro de los oficialismos locales y alimentan la ofensiva de otras vertientes peronistas, mientras fuerzas externas buscan capitalizar los posibles fines de ciclo.
En 2016, la Ley 14.836 fijó un máximo de dos períodos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. En 2021, la Ley 15.315 modificó el cómputo para que el primer mandato alcanzado fuera el iniciado en 2019 y estableció que un segundo período cuenta aunque se haya ejercido parcialmente, cerrando el atajo de las licencias. El último capítulo se abrió en 2025, cuando el Senado bonaerense dio media sanción a una reforma que elimina el tope para legisladores, concejales y consejeros escolares, sin incluir intendentes.
El Movimiento al Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof es el más apurado en retrotraer la normativa vigente, lo que se materializó con la presentación de un proyecto parlamentario, dado que la mayoría de los intendentes alcanzados están enrolados hoy en las filas del gobernador. Esa urgencia, sin embargo, es generalizada entre jefes locales, más allá de sus terminales políticas. Todos pretenden contar con la posibilidad de recluirse en sus distritos frente a una carrera embotellada por la gobernación.
Desde La Cámpora y aliados tampoco se oponen a dar marcha atrás con la ley. Anticipan que le harán “sentir el rigor” al espacio del gobernador. El Frente Renovador de Sergio Massa, en tanto, recordó que fue el impulsor de la ley original, sancionada durante la gestión de la macrista María Eugenia Vidal, en tiempos de simpatía entre ambos espacios, y prometió no ceder.
Los municipios del PJ “en sucesión”
En La Matanza (1,8 millones de habitantes), epicentro del aparato justicialista, la batalla por la sucesión se cruza con la disputa por la gobernación. Fernando Espinoza, al frente del municipio desde 2005, salvo el intervalo en que lo sucedió Verónica Magario, ya mueve sus fichas para saltar a la pelea provincial. “En el MDF está autorizado para ser candidato”, aseguran fuentes matanceras. Dentro del mismo sello, la vicegobernadora volvería a jugar en su territorio, mientras La Cámpora prepara su propia ofensiva con Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses de UxP y ladero de Máximo Kirchner.
En Quilmes (633.000), la camporista Mayra Mendoza asumió como diputada provincial y puso a Eva Mieri, su mano derecha, al frente del distrito. Mientras busca proyectarse a la gobernación desde el kirchnerismo duro y confronta con el armado de Kicillof, Mendoza pretende revalidar con la alcaldesa interina un municipio propenso a la alternancia. Algo similar ocurre en Almirante Brown (587.000), pero por el MDF. Mariano Cascallares interrumpió su tercer mandato al pasar a la Cámara baja bonaerense y dejó el distrito otra vez en manos de Juan Fabiani, una carta que podría jugar en 2027, aunque la jefa de Gabinete, Paula Eichel, ganadora como cabeza de lista de concejales en 2025, también se baraja.
La sucesión en Merlo (580.000) abrió una puja de lealtades entre facciones internas. Gustavo Menéndez, al frente desde 2015 en el municipio, todavía no logra ungir a un heredero. Su hermana Karina Menéndez, presidenta del Concejo Deliberante y exintendenta interina, disputa la carrera con Gustavo “Lagarto” Soos, su lugarteniente en el poder local. Cercano a Cristina Kirchner, pero sin dinamitar los puentes con Kicillof, el jefe comunal buscó refugio en la “Liga de Intendentes Peronistas”, mientras mantiene abiertas las negociaciones para blindar el territorio.
Mariel Fernández no podrá reelegir en Moreno (575.000) y ya manifestó su intención de competir por la gobernación. Considerada la primera intendenta surgida del brazo piquetero del peronismo, por el Movimiento Evita, supo estar muy cerca de Cristina Kirchner tiempo atrás, pero evitó sumarse a la posterior ofensiva camporista contra Kicillof y hoy también integra la “Liga de Intendentes Peronistas”. Para conservar el distrito, impulsa a su hermano Emmanuel Fernández, titular del Concejo Deliberante, aunque el massista Damián Contreras también podría jugar.
La cuestión familiar atraviesa a otro punto estratégico de zona sur como es Avellaneda (370.000). Jorge Ferraresi dejó anticipadamente la intendencia para dedicarse a su campaña por la gobernación y promueve a su esposa, Magdalena Sierra, a quien dejó al frente del municipio mientras conserva un cargo de “asesor”. La jugada del dirigente del MDF, advierten fuentes locales, “genera resistencias internas”. Por otro lado, el camporista Emmanuel Santalla, senador provincial, ya anticipó que competirá; mientras que la massista Mónica Litza, titular del Consorcio del Puerto Dock Sud, podría sumarse.
A la continuidad conyugal también apuesta Fernando Gray, al frente de Esteban Echeverría (338.000) desde 2007 y antagonista histórico de Máximo Kirchner. Buscará prolongar su dominio mediante su esposa, Magdalena Goris de Gray, que encabezó la lista ganadora de concejales en 2025. La Cámpora podría disputar el distrito con el diputado nacional Horacio Pietragalla. En San Fernando (172.000), el massista Juan Andreotti, intendente desde 2019 e hijo de su antecesor Luis Andreotti, suena como la apuesta para la gobernación por el FR, mientras baraja la sucesión local en familia: la señalada es su hermana Eva Andreotti, secretaria de Desarrollo Social.
Alejado de las principales terminales del peronismo, Julio Zamora, exdelfín de Sergio Massa y hoy su principal adversario en el territorio donde el líder del Frente Renovador forjó su poder, apuntala a su esposa y funcionaria municipal, Gisela Zamora, para 2027. En 2023, el intendente ya frustró la ofensiva de Massa para recuperar el municipio y derrotó a su cónyuge Malena Galmarini, hoy diputada bonaerense y titular de la comisión donde se debate el regreso de las reelecciones indefinidas.
La ruptura entre el intendente Lucas Ghi, alineado con el gobernador, y su antecesor Martín Sabbatella, fundador de Nuevo Encuentro y referente del kirchnerismo duro, tiene estallado al oficialismo en Morón (334.000). En medio de la implosión, Adrián Grana, funcionario bonaerense del riñón de Andrés Larroque, emerge como la apuesta de Ghi para disputarle el distrito a su exsocio político el año próximo. La pelea tiene un tercer frente con el massista Martín Marinucci, ministro bonaerense de Transporte, que apuesta a abrirse paso en la fractura.
Mario Ishii, “el último barón del Conurbano”, pondrá en juego José C. Paz (323.000), su reducto inexpugnable desde hace 25 años. Tras asumir en el Senado bonaerense, el seis veces intendente dejó el municipio en manos de Lorena Espina, pero la lucha de la sucesión se bate entre dos facciones con otros nombres: la del secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, y la del exfuncionario local Roberto “Roni” Caggiano, actual administrador de Vialidad bonaerense y parte del MDF. Aliado de Cristina Kirchner, Ishii tensó su vínculo con Kicillof con críticas abiertas.
Mario Ishii, intendente de José C. Paz@ishiiargentina.ok
En Florencio Varela (497.000), Andrés Watson, alineado con el MDF, termina su segundo mandato electo sin un sucesor definido. En el territorio, sin embargo, afirman que “la última palabra” volverá a ser la de Julio César Pereyra, seis veces intendente, padrino político de Watson y actual director del Bapro. Por el lado de Escobar (256.000), Ariel Sujarchuk, intendente desde 2015 e integrado al MDF, prepara la continuidad sin nombres definidos, aunque podría recurrir otra vez a Carlos “Beto” Ramil, secretario general del municipio y reemplazo durante sus licencias.
La proyección provincial también convive con los planes de continuidad local en Malvinas Argentinas (350.000). Leonardo Nardini, otro exponente de la generación que desembarcó en 2015, impulsa a Noelia Correa, actual secretaria general y exintendenta interina, mientras su mentor, el diputado bonaerense Luis Vivona, lo promueve para la gobernación. Parcialmente distanciado de La Cámpora, Nardini también hace su propia campaña.
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