POLITICA
Liberaron al dirigente que le pegó un cabezazo y le fracturó la nariz a un diputado libertario en Tucumán
A poco más de dos meses del brutal cabezazo que le fracturó la nariz a un diputado libertario, el dirigente tucumano Marcelo “Pichón” Segura obtuvo la libertad este martes tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa. Todo se confirmó tras la disposición del juez Robín Márquez que homologó el juicio abreviado y lo condenó a tres años de prisión en modalidad condicional.
El hecho tuvo su origen el pasado 11 de marzo cuando Segura, acompañado por otras personas, interceptó a un grupo de funcionarios y legisladores en la localidad de La Madrid, después de unas lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en el pueblo. Entre los representantes que fueron increpados, estaba el diputado de La Libertad Avanza, Federico Agustín Pelli, quien recibió un cabezazo y tuvo que ser intervenido por una fractura en su nariz.
El fallo, al que accedió Infobae, estableció reglas de conducta estrictas que Segura deberá respetar durante los tres años que dure la pena: prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Pelli, abstención del uso de armas, drogas o alcohol, y la obligación de someterse a un tratamiento médico-psicológico orientado al control de la ira.
El expediente será remitido al juzgado de ejecución penal para el seguimiento del cumplimiento de esas obligaciones. La querella conserva la posibilidad de apelar la resolución, aunque esa vía no alteraría la situación de libertad de Segura, salvo que existiera una orden de detención vigente en su contra.
La fiscal Gabriela Gilardi, de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Homicidios, presentó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado con la defensa, representada por el abogado Ernesto Baclini. El pacto incluyó la admisión de responsabilidad penal por parte del imputado y la fijación de la pena en modalidad condicional.
El Ministerio Público Fiscal ponderó como agravantes la violencia desplegada, el aprovechamiento de la indefensión de la víctima y el contexto de alta exposición pública del episodio. Como atenuantes, consideró la ausencia de antecedentes condenatorios, el arraigo familiar y la colaboración del imputado con la justicia.
El abogado Juan Colombres Garmendia, en representación del diputado Pelli, expresó su rechazo al acuerdo. Argumentó que ni la víctima ni su representante participaron en ninguna instancia de la negociación, y que la investigación resultó incompleta al no haberse identificado a todos los involucrados en la agresión ni recuperado el teléfono celular del imputado.
La querella también sostuvo que la pena acordada era insuficiente frente a la gravedad del episodio y solicitó una condena de tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo. Además, pidió que las restricciones de acercamiento se extendieran al grupo familiar de la víctima.
El juez Márquez analizó cada uno de esos planteos y los desestimó. En la resolución, fundamentó que el Código Procesal Penal de Tucumán no exige la conformidad de la querella para la validez del procedimiento abreviado, y que el reconocimiento de responsabilidad por parte de Segura resultó suficiente y válido.
El magistrado también consideró que el conjunto probatorio reunido —registros audiovisuales, testimonios presenciales, informes médicos y criminalísticos— era coherente y contundente para acreditar tanto el hecho como la autoría, sin que las omisiones señaladas por la parte querellante alcanzaran a invalidar el acuerdo. Sobre la extensión de las restricciones al entorno familiar de Pelli, el fallo indicó que no existían elementos objetivos que justificaran esa medida, dado que no se acreditó riesgo concreto hacia terceras personas.
La situación procesal de Segura había experimentado una primera modificación semanas antes de la sentencia definitiva. El juez interviniente le había concedido el beneficio del arresto domiciliario, con supervisión mediante tobillera electrónica y custodia policial sorpresiva, tras la presentación de informes médicos que acreditaban que el imputado padece hipertensión y diabetes.
El plazo de cuatro meses originalmente dispuesto para la medida de coerción se mantuvo, pero bajo esa nueva modalidad domiciliaria. Con la homologación del juicio abreviado, el arresto quedó sin efecto y el magistrado dispuso el cese inmediato de la detención, al considerar que resultaba desproporcionada frente a la condena condicional impuesta.
Segura reside en San Miguel de Tucumán y figura como empleado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, con última liquidación de haberes registrada en febrero pasado. El diario La Gaceta señaló que tendría vínculos con el ministro del Interior tucumano, Darío Monteros, y que trabajaría como personal de seguridad en dependencias de esa cartera.
Su defensor, Baclini, aseguró que Segura está “arrepentido” por lo ocurrido y sostuvo que la agresión se produjo en el marco de una discusión previa, por lo que no habría sido planificada. La agresión quedó registrada en video y fue corroborada por testimonios presenciales y documentación médica. El legislador debió ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario y sometido a una intervención quirúrgica para reparar la fractura nasal.
POLITICA
Después del pedido judicial, el Gobierno transfirió $590 millones al Banco de Datos Genéticos
El juez federal Alejo Ramos Padilla dejó sin efecto la medida cautelar que había ordenado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a adoptar de inmediato las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para asegurar el normal funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.
La decisión se tomó después de que el Gobierno transfirió una partida de 590 millones de pesos, lo que evitó la paralización de los estudios de ADN clave en causas por apropiación de niños durante la última dictadura.
La cautelar había sido solicitada por los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Causas de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE). También se sumó como querellante la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta, Estela de Carlotto, expresó su preocupación por el “carácter irremplazable” de las muestras biológicas y genéticas que custodia el banco.
En la resolución, a la que tuvo acceso TN, Ramos Padilla explicó que “la Jefatura de Gabinete de Ministros, luego de haber recibido la comunicación de la medida cautelar interina dictada en el presente y el requerimiento del informe previo, articuló una serie de reuniones con las autoridades del BNDG y asumió el compromiso de afrontar mayores partidas presupuestarias“.
Por ese motivo, profundizó el juez, “corresponde concluir que la finalidad preventiva perseguida mediante la tutela cautelar interina oportunamente dispuesta aparece satisfecha a partir de las medidas administrativas y presupuestarias posteriormente adoptadas e informadas por las autoridades competentes, las que permitieron superar —en esta instancia— la situación de urgencia que motivó la intervención jurisdiccional».
El juez aseguró también que las medidas adoptadas hasta el momento resultan propicias “para alcanzar una solución de común acuerdo”. En esa línea, Ramos Padilla remarcó que el acuerdo arribado garantiza el correcto funcionamiento del BNDG en lo inmediato y en el transcurso del año.
Sobre el final del fallo, el juez remarcó que “cualquier asunto que se vincule con el adecuado servicio de justicia, mucho más cuando éste puede verse comprometido o resentido en áreas claves como la investigación de crímenes de lesa humanidad –que no son otra cosa que crímenes cometidos por el propio Estado– o la reparación del derecho a la identidad de aquellos centenares de niños que fueron apropiados con la participación y/o aquiescencia del Estado, es competencia ineludible de la cartera de justicia del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene como una de sus funciones reparar esos hechos y, en particular, asistir y advertir a las otras áreas ejecutivas acerca de las obligaciones a nivel nacional e internacional que se podrían ver afectadas».
El origen del conflicto
Cuando presentaron la denuncia, los fiscales destacaron que para 2026, la Ley de Presupuesto Nacional aprobó solo el 55,96 % del monto requerido, lo que impide cubrir gastos fijos, variables y compromisos asumidos.
La directora del banco advirtió entonces que se encuentraban en riesgo inminente los servicios esenciales: limpieza, mantenimiento edilicio, vigilancia, recolección y disposición de residuos patogénicos, entre otros.
Tras analizar la demanda, Ramos Padilla aseguró que el Banco de Datos “reviste carácter de organismo técnico esencial e irremplazable para el esclarecimiento de los hechos investigados”.
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Por lo tanto, “la eventual paralización o demora en la producción de pericias genéticas no sólo afecta el trámite ordinario de los expedientes, sino que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”.
La decisión recayó directamente contra Adorni, ya que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Banco Nacional de Datos Genéticos quedaron bajo la órbita de la jefatura de Gabinete.
Banco Nacional de Datos Genéticos, Alejo Ramos Padilla, Gobierno
POLITICA
El achique del Estado: el Gobierno despide a los trabajadores del complejo hotelero de Embalse que ordenó cerrar
CÓRDOBA.- A menos de un mes de que el Gobierno nacional habilitara la venta del complejo turístico de Embalse en Córdoba fueron despedidos los 40 empleados (entre contratados y permanentes) que se desempeñaban en el lugar. El mismo proceso está en marcha para el hotel de Chapadmalal, en cercanías de Mar del Plata.
Por el Decreto 322/2026 se habilitó, a comienzos de este mes, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a “disponer, enajenar y/o transferir” 10 propiedades del Estado nacional (distribuidos en distintos puntos del país) para que pasen a manos privadas con el objetivo de “eficientizar el rol del Estado y ahorrar los costos y gastos”. Una de esas unidades es la de Embalse.
“Desde la Capital Federal les importa muy poco las familias que trabajan. Estoy muy triste y enojado”, dijo el intendente de Embalse, Mario Rivarola, a la FM 102.9. Y contó que supo de los despidos por los propios trabajadores: “Es una lástima lo que están haciendo, desperdiciando una inversión histórica. Dieron de baja 25 contratos y 16 pasaron a disposición».
Tanto el complejo de Embalse como el de Chapadmalal, en el que supieron alojarse distintos presidentes de la Nación, fueron construidos durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón.
El predio de Embalse -en el Valle de Calamuchita cordobés- tiene 654 hectáreas y está sobre la costa del Embalse del Río Tercero. Inaugurado en 1951, lo integran siete hoteles y 51 bungalows. También hay una capilla, un centro administrativo y otro asistencial, piscinas y edificios auxiliares.
En Chapadmalal, hace unos días los empleados de la Unidad Turística advirtieron como inminente la oficialización de 58 despidos en el complejo, que lleva más de un año sin prestar servicios y para el que el Gobierno nacional ya anticipó que buscará un operador privado. Hay trabajadores con más de 30 años de antigüedad.
El año pasado, la Secretaría de Turismo y Ambiente, a cargo de Daniel Scioli, pasó los dos complejos a la AABE, luego de que fracasara una prueba piloto para que el turismo social sea “autosuficiente” con tarifas más altas.
En su resolución, Scioli declaró la “innecesaridad” de las unidades e hizo hincapié en la emergencia pública en materia administrativa, económica y financiera.
Como ambas unidades turísticas se ubican en tierras expropiadas y declaradas patrimonio histórico cultural, tanto la de Embalse como la de Chapadmalal, la venta es sólo posible si está en manos de la AABE, la única habilitada para vender propiedades estatales.
Gobierno nacional habilitara,Decreto 322/2026,hace unos días los empleados de la Unidad Turística advirtieron como inminente la oficialización de 58 despidos,Gabriela Origlia,Conforme a
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Bartolomé Abdala: “El Presidente es quien va a resolver si le pide o no la renuncia a Adorni”
La ceremonia del Tedeum por el aniversario de la Revolución de Mayo alteró la dinámica habitual en la cúpula política: la ausencia de Victoria Villarruel en la Catedral Metropolitana ubicó a Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, como la máxima autoridad legislativa en el acto.
Su presencia junto al presidente subrayó el valor institucional del cargo en un escenario de internas en el oficialismo. En diálogo con Infobae al Regreso, Abdala explicó cómo se definió su participación y analizó el peso político de cada señal en la etapa actual del gobierno.
Abdala y el desafío de la unidad política en La Libertad Avanza
Abdala reconoció la tensión dentro del oficialismo y el efecto de la foto de unidad tras la misa: “El presidente está gobernando y los resultados se están viendo. Tiene un gabinete que se reúne, se reunió el día lunes, se reunió hoy día, donde se los ve todos juntos. Para mí, el tema de la interna prefiero dejarlo en un segundo plano”.
El senador admitió que, aunque las diferencias existen, “los aliados seguimos siendo 44 con opción a 47 y estamos cerca de llegar a los 48, que sería el número para poder tener los dos tercios”.
Consultado sobre su vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, Abdala señaló: “Hablo con Victoria, sí. Pero respecto a este tema lo tiene que expresar ella. Entiendo que es una persona inteligente, es grande y tiene la capacidad para dar las explicaciones cuando quiera”.
En relación a la conducción política, Abdala no dudó: “En el país claramente manda Javier. La Argentina es un país presidencialista en donde tenemos que cuidar al presidente”.
Opinó que sería deseable la reelección presidencial: “Hace muchos años que Argentina no reelige el presidente. Perdió Cristina, perdió Macri, perdieron los Fernández. Los que terminan perdiendo es el pueblo, el ciudadano común”.
La figura presidencial y la polémica por Adorni
El senador abordó la polémica en torno al jefe de gabinete Manuel Adorni y la demora en la presentación de su declaración jurada: “Como contador, una declaración jurada es una cosa muy fácil de hacer. Él todavía no se ha vencido, a favor de Manuel, no se ha vencido el plazo. Hasta el último día de vencimiento tiene tiempo de presentarla”.
Añadió que Patricia Bullrich “la presentó antes también”, pero insistió en que “en este caso particular es decisión de él cuándo la va a presentar”.
Sobre la posibilidad de que Adorni sea citado a indagatoria y eventualmente procesado, Abdala fue cauto: “Es difícil cuando se hace futurología. Hay que ver qué va a resolver el juez. El presidente es quien de manera personalísima va a resolver si le pide o no la renuncia”.
Reiteró: “Manuel está confiado de que no va a ser procesado. Veremos qué resuelve la justicia con toda la independencia que corresponde”. Al referirse al rol de Adorni como funcionario, Abdala fue directo: “Adorni es un empleado del presidente. Si el presidente lo tiene es porque considera que lo está cuidando. Sí, lo estaría cuidando”.
Remarcó la necesidad de proteger la figura presidencial: “No solamente los funcionarios tienen que cuidar al presidente, los legisladores, los periodistas, el pueblo. El presidente es la figura institucional más respetable que hay y tenemos todos que bregar para que gobierne de la mejor manera”.
Diálogo, Iglesia y futuro institucional
Abdala valoró el mensaje de diálogo de la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva durante el Tedeum: “Fue una homilía en donde invita a que la Argentina crezca y pone al diálogo como uno de los íconos principales. Es algo que a mí siempre me ha caracterizado”.
Respecto a las críticas del diputado Bertie Benegas Lynch sobre el papel de la Iglesia, Abdala diferenció su postura: “Claramente, esas palabras no son las mías. Soy creyente, católico apostólico romano. Si León XIV viene a la Argentina, seré uno de los tantos argentinos que nos pondremos contentos de que el Papa nos visita”.
Sobre la proyección electoral y la posible reelección de Javier Milei, Abdala sostuvo: “En el cuarto domingo de octubre va a haber una elección. Los argentinos van a tener para elegir entre el proyecto del oficialismo, que seguramente será Javier Milei, o habrá otro que seguramente va a surgir del ala kirchnerista, llámese Kicillof o alguno de los peronistas que se sumen a Cristina. Creo que va a haber un sector del peronismo racional, que es anti kirchnerista, que han entendido de que el camino correcto es el nuestro”.
El senador también se refirió a la importancia de completar la Corte Suprema: “La seguridad jurídica es algo prioritario que también te la da conformar la corte. Si pudiéramos conformarla actualmente con cinco miembros, eso nos va a dar más seguridad jurídica. Me encantaría que salgan por unanimidad los jueces de la corte para darle más confianza a la Argentina”.
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