POLITICA
El Gobierno busca reactivar el Congreso con apoyo de gobernadores y una nueva tanda de reformas
Después de una reunión de la mesa política, Gobierno ordena sus prioridades en el Congreso y apuesta a los gobernadores para sostener la agenda de reformas en los próximos meses. El Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa la semana que viene con una sesión en el Senado prevista para el 4 de junio, en la que intentará tratar pliegos judiciales, el paquete de Propiedad Privada y el acuerdo con holdouts por el default del 2001.
En la Casa Rosada quieren usar esa sesión como una señal de orden político y parlamentario después de varios días atravesados por tensiones internas. La estrategia fue parte de la reunión de la mesa política del martes, en la que volvieron a verse cara a cara Santiago Caputo y Martín Menem tras la polémica dentro del oficialismo. En Balcarce 50 aseguran que no hubo menciones a las diferencias y que el encuentro estuvo concentrado en el “status legislativo” de las reformas enviadas al Congreso.
El sostén político al que apuesta el oficialismo volverá a ser el esquema de alianzas que construyó con gobernadores dialoguistas, en especial del Norte, junto con el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. En la Casa Rosada destacan que esa red ya aportó votos para proyectos como Zonas Frías, Ley Hojarasca, Glaciares y la reforma laboral. La intención es repetir esa dinámica para avanzar con las iniciativas que quedaron en agenda para junio: Super-RIGI, Lobby, Etiquetado Frontal y Ludopatía.
La negociación parlamentaria también se cruza con el armado electoral de 2027. En el Ejecutivo buscan consolidar acuerdos de gobernabilidad con mandatarios provinciales para “blindar la gestión” antes de entrar de lleno en el año electoral. En Balcarce 50 mencionan entendimientos con dirigentes como Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi, y no descartan extender esa lógica a otros distritos.
El paquete de propiedad privada aparece como una de las prioridades inmediatas del Senado. El proyecto ya tuvo modificaciones durante la negociación con aliados y forma parte de la agenda que el Gobierno quiere presentar como una señal de protección jurídica para inversiones, tierras y activos productivos. La intención oficial es combinar su tratamiento con el acuerdo para pagar US$171 millones a dos fondos con sentencias firmes por el default, un expediente que el Gobierno busca girar rápido a Diputados.
El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, pedido por Estados Unidos y con dictamen en Diputados, sigue sin fecha cerrada de tratamiento. En sectores del Ejecutivo hay especulaciones internas sobre si la demora responde a la espera de un gesto de Washington por la baja arancelaria prevista en el acuerdo comercial (que tuvo complicaciones judiciales) o a eventuales nuevas modificaciones sobre el texto. Algunos sostienen que podría votarse durante la segunda semana de junio, pero todavía no hay una definición formal.
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La reforma electoral corre por otro carril y es la discusión que la Casa Rosada reconoce como más compleja. En Nación la siguen ubicando como prioridad política, pero admiten que no tienen los votos para aprobarla sin fuertes concesiones. La negociación por las PASO, el sistema de votación y el financiamiento electoral demandará más tiempo y acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas.
La mesa política de Balcarce 50 busca ordenar en paralelo el tratamiento del último paquete de proyectos que envió al Congreso. El Súper RIGI y la ley de gestión de intereses ingresaron por Diputados, mientras que ludopatía y la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que elimina el esquema vigente de etiquetado frontal, fueron remitidas al Senado. En Nación aclaran que el envío de los proyectos no implica tratamiento inmediato.
El Súper RIGI es la apuesta económica más fuerte de esa tanda. El texto crea un régimen para grandes inversiones en nuevas industrias, con un piso de US$1000 millones por proyecto, beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y de seguridad social, y la exigencia de adhesión provincial y municipal para acceder a los incentivos nacionales. Ese punto abrirá una negociación directa con los gobernadores.
La ley de lobby apunta a regular la gestión de intereses ante el Poder Ejecutivo y el Congreso, con reglas de publicidad y trazabilidad sobre reuniones, beneficiarios y objetivos de las gestiones. La ley de ludopatía busca regular apuestas online, proteger a menores, restringir plataformas ilegales y habilitar bloqueos de dominios y circuitos de pago no autorizados. La reforma alimentaria propone derogar la ley 27.642 y eliminar los octógonos negros en los envases.
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En la mesa política no quedó definido el envío de la segunda tanda de reformas, prevista para junio. Ese paquete incluiría cambios en sociedades, competencia, juicio por jurados y desregulación. En el Ejecutivo reconocen que no todos los textos tienen el mismo nivel de avance: el paquete de desregulación todavía tiene partes bajo redacción, mientras que sociedades, competencia y jurados cuentan con mayor trabajo técnico acumulado.
La reforma del Código Penal sigue trabada en Legal y Técnica por diferencias políticas y técnicas entre los equipos de Santiago Caputo y Juan Bautista Mahiques. Por ahora, no forma parte del calendario inmediato. En la Casa Rosada sostienen que primero buscarán ordenar la reforma electoral y los proyectos ya enviados, y después avanzarán con el resto de la agenda. El calendario tiene además un límite institucional: en septiembre, el Gobierno deberá remitir el Presupuesto 2027.
Gobierno, Congreso, reforma
POLITICA
Milei firmó un DNU para impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten al odio contra argentinos
El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora nuevas causales para impedir la entrada al país y disponer la expulsión de extranjeros que inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos por su nacionalidad.
La Oficina del Presidente anunció la decisión y la vinculó con las “recientes manifestaciones de hostilidad” contra la Argentina. El decreto 681/2026 se publicó este jueves en el Boletín Oficial.
El mensaje del Gobierno tras anunciar la medida
En la parte final del documento, la administración de Milei justificó la decisión por lo que definió como recientes expresiones contra el país y sus habitantes.
“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, sostuvo la Oficina del Presidente.
Qué establece el DNU firmado por Javier Milei
El DNU incorporó un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley 25.871, que establece las causas por las cuales una persona extranjera puede ser rechazada al intentar ingresar al territorio nacional.
Según el decreto, la nueva normativa permitirá prohibir el ingreso o expulsar del territorio argentino a extranjeros que promuevan ataques contra el país, sus ciudadanos o sus símbolos.
A partir de la modificación, se impedirá la entrada a quienes hayan dirigido “mensajes de odio en forma oral o escrita” o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano por su nacionalidad.
La restricción también alcanzará a quienes hayan realizado, participado o incitado a cometer “actos de ultraje de símbolos patrios nacionales”.
Sin embargo, el texto aclara que no podrán quedar comprendidas dentro de estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas que formen parte del ejercicio legítimo de derechos constitucionales.
En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que aumentaron “considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”.
Además, argumentó que esas conductas representan un riesgo para los ciudadanos y afectan las condiciones de “convivencia armónica y paz social” que justifican la admisión y permanencia de extranjeros en el país.
En qué casos se podrá cancelar la residencia y ordenar una expulsión
El decreto también incorporó estas conductas como causal para cancelar la residencia de una persona extranjera que ya se encuentre dentro del territorio argentino.
La modificación del artículo 62 establece que podrá perder su residencia quien haya difundido mensajes de odio, promovido la violencia contra argentinos por su nacionalidad o participado en actos contra los símbolos patrios.
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En esos casos, la decisión podrá derivar en una intimación para abandonar el país dentro de un plazo determinado o directamente en la expulsión del territorio nacional.
Para adoptar esa medida, las autoridades deberán tener en cuenta “las circunstancias fácticas y personales del interesado”, según establece el nuevo texto del artículo 63.
Javier Milei, DNU, Extranjeros, odio
POLITICA
Bullrich se refirió a las posibilidades de ser candidata en la Ciudad: “Me tengo una fe bárbara”
La senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires Patricia Bullrich se refirió este miércoles a las posibilidades de ser candidata a jefa de Gobierno porteña y dijo que “no es imposible” que se presente. “Me tengo una fe bárbara”, remarcó.
Por otro lado, hizo referencia al cruce entre Javier Milei con Lula, opinó sobre la situación judicial de Cristina Fernández y sostuvo que la vicepresidenta Victoria Villarruel “piensa muy distinto al Gobierno”.
“Me parece una persona que está muy lejos de las ideas que llevamos adelante”, insistió Bullrich en referencia a la vicepresidenta. “A ella la ubico más en un peronismo tradicional que en un liberalismo como el nuestro: es una conservadora típica”, agregó.
En una entrevista realizada en el programa Solo una vuelta más, emitido por la señal TN, la senadora por la Ciudad sostuvo que “Villarruel y Milei se conocieron en el Congreso, pero recién en la Casa Rosada se dieron cuenta de que tenían grandes diferencias”.
“Ella ya decidió ser parte de un proyecto distinto. No lo dijo, pero se nota: se le lee en el inconsciente. Parece que está armando algo”, sugirió la dirigente libertaria. Al regresar sobre las chances de ser candidata en terreno porteño, Bullrich planteó que “yo estoy altamente probada en materia de gestión. Además, la Ciudad no es tan compleja como manejar la seguridad de un país”.
En ese sentido, también aludió a la actual gestión del alcalde Jorge Macri. “Hasta ahora hizo algunas cosas. Se concentró en el orden: los desalojos, los piquetes. Bueno…, en realidad es evidente quién sacó los piquetes”, remarcó.
“A la Ciudad hay que cambiarla muy profundamente. Tiene una estructura más grande de la que debería tener. Tiene muchos problemas de burocracia, pero para arreglarla tiene que creer en eso”, ahondó Bullrich, para quien lo más importante radica en “bajar los ingresos brutos” y “darle más a los privados. Es decir, sacarle la pata de encima a los comercios”.
“¿Qué opina de lo que dijo Milei sobre el presidente de Brasil?“, fue otro de los planteos que recibió Bullrich, luego de que el mandatario argentino tildara de ”ladrón» y “presidiario” a Lula. “Personalmente, tengo otra forma de expresarme, más ligada a conceptos políticos que a una cosa más agresiva”, indicó la exministra de Seguridad.
Luego, se desmarcó y agregó: “Pero lo que dijo Milei fue de forma indirecta, no se lo dijo directo a Lula. Eso sí, después el presidente brasileño jugó a tirarle los perros con los ministros y lo ninguneó: quiso ponerse por arriba”. Pese a que el intercambio ascendió al escalafón diplomático, Bullrich aseguró que “a nivel comercial e institucional estamos muy bien”.
De regreso en la arena nacional, la senadora de La Libertad Avanza (LLA) cargó contra la expresidenta Cristina Fernández, quien en las últimas horas anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la condena que recibió en la causa Vialidad.
“Es lo que esperábamos todos: que intentase ir a una instancia supranacional para superar nuestro sistema jurídico que, en todas las instancias, la condenó”, teorizó Bullrich. Desde su óptica, “con este movimiento, Cristina instaló que quiere ser candidata. Ella se ve en el espejo de Lula quien, luego de ser condenado y luego amparado por un juez de la Corte brasileña, se presentó a elecciones y volvió a la presidencia”.
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El Gobierno aún no pagará la multa por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y se prepara para ir a la Corte Suprema de EEUU
Apurado por los tiempos del proceso, el Gobierno se encuentra preparando la estrategia judicial que utilizará en los próximos días en el marco del juicio en los Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de revertir el último fallo que le ordenó pagar más de 390 millones de dólares en compensaciones por la decisión que se tomó durante la administración de Cristina Kirchner.
A la defensa en cuestión, que deberá ser presentada en el corto plazo, la está diseñando el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la situación, el escenario más probable es que el Poder Ejecutivo recurra a la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar la suspensión de la pena dictada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia.
Fue ese tribunal de Washington el que rechazó el recurso que había interpuesto la Argentina y dejó así firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que actualmente reclama el dinero.
Sin embargo, las autoridades nacionales aseguran que ir a la Corte no es la única alternativa y que ”existen otras herramientas legales” que también están evaluando.
De hecho, por estas horas en la Casa Rosada se está elaborando una estrategia amplia que permanece bajo un estricto secreto para evitar que la parte demandante tenga tiempo de contrarrestarla.
Otra de las posibilidades que está manejando el equipo de Amerio es la de pedir una revisión del fallo ante la misma Cámara de Apelaciones.
De todas formas, si bien existe una fecha límite para actuar antes de tener que abonar la millonaria cifra, “todavía quedan varios días más” para planificar la defensa.
El procurador del Tesoro viene, junto con la secretaria de Legal y Técnica, de conseguir un importante triunfo en un juicio similar por la expropiación de YPF.
A principios de junio, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria que había solicitado Burford Capital y, de esta manera, favoreció a la Argentina y le evitó tener que pagar 18 mil millones de dólares.
Las autoridades nacionales ven en esa victoria un precedente favorable para el país y un ejemplo a replicar ahora: “Es el mayor juicio de la historia ganado por un Estado”, destacan los que participaron del proceso.
El caso por Aerolíneas Argentinas y Austral comenzó poco después del 2008, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner logró aprobar en el Congreso una ley para nacionalizar ambas compañías, que estaban hasta ese momento en manos de la española Marsans.
En una primera instancia, el grupo damnificado protestó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial.
En 2017, el Ciadi resolvió a favor de la firma europea y estableció una compensación de 320 millones de dólares más intereses, aunque nunca llegó a recibir ese pago y transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF.
Sin embargo, el bufete vendió posteriormente esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.
Finalmente, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la obligación de pagar más de 390,9 millones de dólares, lo que representa una de las condenas económicas más elevadas que enfrenta actualmente el Estado argentino en tribunales internacionales.
Durante los 16 meses previos a la confirmación del fallo, el Gobierno no pagó ninguna suma de la condena y es por eso que Titan aceleró su ofensiva judicial.
El trasfondo económico del conflicto remite al estado financiero de Aerolíneas y Austral antes de su estatización. Marsans había adquirido ambas compañías en 2001 por el valor simbólico de un dólar.
Desde ese momento, el Tesoro de España tuvo que aportar aproximadamente 750 millones de dólares para sostener a las dos empresas, que acumulaban pasivos cercanos a 890 millones de dólares.
Durante la gestión de Marsans, se vendieron activos relevantes, como oficinas en ciudades clave —Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas—, además de simuladores de vuelo, y se eliminaron rutas hacia Europa.
Con el cambio de Gobierno a nivel local, la compañía aérea comenzó una etapa de saneamiento y logró registrar ganancias durante dos años seguidos, además de operar sin aportes del Tesoro.
De todos modos, el Gobierno de Javier Milei plantea la privatización de la firma, algo que por lo pronto no pudo conseguir en el Congreso.
Al inicio del mandato, de hecho, durante la discusión de la Ley Bases, la empresa se incluyó en la lista de bienes del Estado que serían vendidos, pero la oposición obligó a que sea retirada.
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