POLITICA
El Gobierno busca reactivar el Congreso con apoyo de gobernadores y una nueva tanda de reformas
Después de una reunión de la mesa política, Gobierno ordena sus prioridades en el Congreso y apuesta a los gobernadores para sostener la agenda de reformas en los próximos meses. El Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa la semana que viene con una sesión en el Senado prevista para el 4 de junio, en la que intentará tratar pliegos judiciales, el paquete de Propiedad Privada y el acuerdo con holdouts por el default del 2001.
En la Casa Rosada quieren usar esa sesión como una señal de orden político y parlamentario después de varios días atravesados por tensiones internas. La estrategia fue parte de la reunión de la mesa política del martes, en la que volvieron a verse cara a cara Santiago Caputo y Martín Menem tras la polémica dentro del oficialismo. En Balcarce 50 aseguran que no hubo menciones a las diferencias y que el encuentro estuvo concentrado en el “status legislativo” de las reformas enviadas al Congreso.
El sostén político al que apuesta el oficialismo volverá a ser el esquema de alianzas que construyó con gobernadores dialoguistas, en especial del Norte, junto con el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. En la Casa Rosada destacan que esa red ya aportó votos para proyectos como Zonas Frías, Ley Hojarasca, Glaciares y la reforma laboral. La intención es repetir esa dinámica para avanzar con las iniciativas que quedaron en agenda para junio: Super-RIGI, Lobby, Etiquetado Frontal y Ludopatía.
La negociación parlamentaria también se cruza con el armado electoral de 2027. En el Ejecutivo buscan consolidar acuerdos de gobernabilidad con mandatarios provinciales para “blindar la gestión” antes de entrar de lleno en el año electoral. En Balcarce 50 mencionan entendimientos con dirigentes como Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi, y no descartan extender esa lógica a otros distritos.
El paquete de propiedad privada aparece como una de las prioridades inmediatas del Senado. El proyecto ya tuvo modificaciones durante la negociación con aliados y forma parte de la agenda que el Gobierno quiere presentar como una señal de protección jurídica para inversiones, tierras y activos productivos. La intención oficial es combinar su tratamiento con el acuerdo para pagar US$171 millones a dos fondos con sentencias firmes por el default, un expediente que el Gobierno busca girar rápido a Diputados.
El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, pedido por Estados Unidos y con dictamen en Diputados, sigue sin fecha cerrada de tratamiento. En sectores del Ejecutivo hay especulaciones internas sobre si la demora responde a la espera de un gesto de Washington por la baja arancelaria prevista en el acuerdo comercial (que tuvo complicaciones judiciales) o a eventuales nuevas modificaciones sobre el texto. Algunos sostienen que podría votarse durante la segunda semana de junio, pero todavía no hay una definición formal.
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La reforma electoral corre por otro carril y es la discusión que la Casa Rosada reconoce como más compleja. En Nación la siguen ubicando como prioridad política, pero admiten que no tienen los votos para aprobarla sin fuertes concesiones. La negociación por las PASO, el sistema de votación y el financiamiento electoral demandará más tiempo y acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas.
La mesa política de Balcarce 50 busca ordenar en paralelo el tratamiento del último paquete de proyectos que envió al Congreso. El Súper RIGI y la ley de gestión de intereses ingresaron por Diputados, mientras que ludopatía y la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que elimina el esquema vigente de etiquetado frontal, fueron remitidas al Senado. En Nación aclaran que el envío de los proyectos no implica tratamiento inmediato.
El Súper RIGI es la apuesta económica más fuerte de esa tanda. El texto crea un régimen para grandes inversiones en nuevas industrias, con un piso de US$1000 millones por proyecto, beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y de seguridad social, y la exigencia de adhesión provincial y municipal para acceder a los incentivos nacionales. Ese punto abrirá una negociación directa con los gobernadores.
La ley de lobby apunta a regular la gestión de intereses ante el Poder Ejecutivo y el Congreso, con reglas de publicidad y trazabilidad sobre reuniones, beneficiarios y objetivos de las gestiones. La ley de ludopatía busca regular apuestas online, proteger a menores, restringir plataformas ilegales y habilitar bloqueos de dominios y circuitos de pago no autorizados. La reforma alimentaria propone derogar la ley 27.642 y eliminar los octógonos negros en los envases.
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En la mesa política no quedó definido el envío de la segunda tanda de reformas, prevista para junio. Ese paquete incluiría cambios en sociedades, competencia, juicio por jurados y desregulación. En el Ejecutivo reconocen que no todos los textos tienen el mismo nivel de avance: el paquete de desregulación todavía tiene partes bajo redacción, mientras que sociedades, competencia y jurados cuentan con mayor trabajo técnico acumulado.
La reforma del Código Penal sigue trabada en Legal y Técnica por diferencias políticas y técnicas entre los equipos de Santiago Caputo y Juan Bautista Mahiques. Por ahora, no forma parte del calendario inmediato. En la Casa Rosada sostienen que primero buscarán ordenar la reforma electoral y los proyectos ya enviados, y después avanzarán con el resto de la agenda. El calendario tiene además un límite institucional: en septiembre, el Gobierno deberá remitir el Presupuesto 2027.
Gobierno, Congreso, reforma
POLITICA
La Casa Rosada negocia con los gobernadores las fechas electorales de 2027 para apuntalar la reelección de Milei
El Gobierno tiene asumido que son muchas las provincias que el próximo año desdoblarán sus elecciones de las nacionales de octubre. En ese escenario, la Casa Rosada se proponen coordinar con los gobernadores dialoguistas en qué fecha celebrar sus respectivos comicios para forjar una estrategia que allane el camino a la reelección de Javier Milei.
“La Casa Rosada no puede hacer nada para evitar el desdoblamiento. Los gobernadores van a querer plebiscitar su gestión, ninguno va a querer anclar su gestión a la discusión nacional, es absurdo”, sintetizaron a este medio cerca de un mandatario de buen diálogo con el oficialismo.
El antecedente inmediato le da la razón: en 2023 adelantaron sus comicios todas las provincias salvo CABA, Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos. De cara al año próximo, en Balcarce 50 imaginan un escenario similar.
El primero en dar el paso en esa dirección fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que esta semana fijó la fecha de la elección provincial para el 9 de mayo de 2027. No es el único.
Según pudo corroborar TN, a esa lista se sumaría Santa Fe, que hasta ahora prevé llamar a los comicios para junio; Río Negro, que apunta a abril o mayo a más tardar; San Juan y Entre Ríos, con fecha todavía por definir. También acudirán antes a las urnas Mendoza, que por ley celebra sus PASO en julio; y Tierra del Fuego, que por su Constitución vota 90 días antes de las nacionales; entre otros distritos.
En ese sentido, en el Gobierno aseguran haber sido avisados de antemano de la maniobra y descartan que pueda empañar la relación con los gobernadores dialoguistas.
“Nadie quiere discutir la nacional cuando se discute lo local y el Gobierno no puede hacer nada con eso. Lo que puede hacer es ordenar una estrategia política y llevarla adelante con el escenario del desdoblamiento”, enfatizó una fuente al tanto de las conversaciones.
En relación con esto último, los negociadores de la Casa Rosada se encuentran en conversaciones con cada una de las provincias con las que hay diálogo para definir cómo será la disputa electoral. Los términos incluyen posibles acuerdos sobre las fechas de las elecciones adelantadas, con el objetivo de evaluar distintas estrategias en función de cómo queda el calendario.
“Por ejemplo, si la provincia de Buenos Aires fija una fecha, poner varias provincias ese domingo, hay un montón de herramientas para jugar”, explicaron como una posibilidad a este medio. Sin embargo, las conversaciones todavía son muy incipientes.
En paralelo, el Gobierno negocia distrito por distrito dónde competirá con candidatos propios y dónde podría entablar alianzas con otros partidos -sea el Ejecutivo local u otras fuerzas opositoras que disputen la gobernación-.
Según anticipó TN, La Libertad Avanza planea ir sin alianzas con los gobernadores en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa y Misiones. En esos distritos, la idea es presentar candidatos propios y preservar el sello libertario como herramienta de construcción territorial.
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En cambio, en Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Juan y San Luis se prevé llegar a acuerdos electorales con los mandatarios provinciales, mientras que en la provincia de Buenos Aires se buscará repetir una alianza con sectores del PRO, la UCR y fuerzas no peronistas para disputar el distrito gobernado por Axel Kicillof.
En la Ciudad de Buenos Aires, la discusión con el PRO continúa abierta y si bien no se descarta llegar a un acuerdo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Karina Milei le pidió a sus referentes partidarios llegar a 2027 con un candidato propio.
desdoblamiento, Gobierno
Será decisión de la Corte. No hay antecedentes similares. La Corte sí admitió la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la expresidenta decidió no ir por el camino del sistema interamericano. Según los defensores de Cristina Kirchner, las decisiones del Comité de Derechos Humanos son vinculantes por los compromisos que asumió la Argentina con la ONU, pero la Corte argentina nunca declaró tal cosa. “Aunque lo que emita se llame dictamen, es una decisión que debe respetar el Estado argentino”, dijo Beraldi. Para el abogado constitucionalista Pablo Manili, eso no está tan claro: “Hay que ver qué dice la Corte. Sí reconoce la obligatoriedad de la Corte Interamericana, pero esto es un comité. No es un órgano jurisdiccional”. Manili recordó que la Corte argentina consideró vinculantes algunos dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no todos.
POLITICA
El Senado convocó a audiencias públicas para avanzar con 30 pliegos judiciales: busca cubrir dos vacantes clave
La Comisión de Acuerdos del Senado fijó para el 12 y 13 de agosto una treintena de audiencias públicas para avanzar con 30 nombramientos judiciales, entre ellos se destacan los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para una sala de la Cámara Federal porteña que revisará causas sensibles para el Gobierno, como el caso $LIBRA, la investigación sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la investigación contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La convocatoria para estas audiencias ya fue publicada en el Boletín Oficial y quedará incorporada a la agenda legislativa tras el receso de invierno.
Para obtener dictamen favorable, cada postulación necesita al menos nueve firmas dentro de una comisión de 17 integrantes. Ese número aparece hoy al alcance de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, que juntos reúnen nueve miembros y podrían controlar el trámite si sostienen una posición común.
Entre las postulaciones enviadas al Congreso por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, las de Bertuzzi y Yadarola concentran la mayor atención política. Ambos fueron propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
Ese tribunal revisa actuaciones de los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py en expedientes por corrupción, delitos económicos, lavado de activos y crimen organizado. En ese marco, deberá intervenir en la investigación por las denuncias vinculadas al caso de la criptomoneda $LIBRA, instruida por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano.
La misma sala también tendrá a estudio resoluciones en otras causas de alto impacto, entre ellas la investigación por presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde están bajo investigación Milei y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Además, podría revisar el expediente del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de sus viajes al exterior y las propiedades que se le adjudican.
El pliego de Pablo Bertuzzi arrastra una controversia abierta desde 2018, cuando fue trasladado por decreto del entonces presidente Mauricio Macri desde el Tribunal Oral Federal N°4 a la Cámara Federal porteña. Esa decisión fue cuestionada por el kirchnerismo y derivó en una disputa política y judicial que todavía gravita sobre su candidatura.
El bloque Justicialista que encabeza el formoseño José Mayans prevé volver a objetar su postulación cuando se presente ante la comisión el 12 de agosto. El antecedente más directo se remonta a septiembre de 2020, cuando el Senado, durante la presidencia de Alberto Fernández, rechazó los traslados de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia desde el mismo tribunal oral hacia la cámara porteña.
Ambos magistrados habían intervenido en resoluciones vinculadas con la causa de los Cuadernos. Después de aquella decisión del Senado, llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia.
La Corte luego declaró inconstitucional el traslado de Bertuzzi a la Cámara, aunque resolvió mantenerlo provisoriamente en el cargo. Frente a esa situación, el Gobierno libertario abrió el concurso para cubrir la vacante que ocupa él y también la de Bruglia.
La nueva tanda de nombramientos forma parte de una decisión política más amplia. Desde el inicio de la gestión de Milei, el Senado aprobó 170 pliegos, entre ellos la prórroga por cinco años del mandato de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, al cumplir 75 años.
luciano ingaramo / comunicacin senado.-
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