POLITICA
La expectativa por la visita del Papa ordena el vínculo del Gobierno con la Iglesia, pero persisten las diferencias
“El Papa no puede venir a un país con la Iglesia y el Gobierno peleados”, aseveró una fuente oficialista a Infobae. La apreciación refleja el clima que atraviesa hoy el vínculo entre la Iglesia y el gobierno de Javier Milei: la posible visita del papa León XIV parece haber contribuido a ordenar una relación que atravesó momentos de fuerte tensión. Sin embargo, por lo bajo, persisten algunas rispideces que se profundizaron luego de la homilía a cargo del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva en el Te Deum del 25 de mayo.
Si bien el mandatario intentó mostrarse cordial y quitarle dramatismo a los cuestionamientos de García Cuerva tras validar sus palabras en el marco de “las sagradas escrituras”, segundas líneas del oficialismo sorprendieron dentro del propio espacio al cargar con dureza contra el arzobispo.
“El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”, precisó el diputado «Bertie» Benegas Lynch. “Quien milita al socialismo, tiene puesta la sotana más pesada: la de la demagogia”, coincidió Juliana Santillán.
En una ironía del destino, a poco más de 11.000 kilómetros de distancia, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, busca ampliar el canal de diálogo y mantiene agenda en el Vaticano que incluye reuniones con el Sumo Pontífice y otras autoridades de la Santa Sede.
Con algo más de moderación, desde el corazón del Poder Ejecutivo contradijeron a sus legisladores al hablar de un mensaje “light”, y se mostraron conformes con que el foco del Arzobispado de Buenos Aires haya estado en la dinámica en redes sociales. “Si hablaban de pobreza se iban a exponer a que con el dato saliéramos a refutarlos. Quizás nos quisieron pegar donde creen que es nuestra columna vertebral que son las redes, pero fue raro”, sostuvo una importante fuente.
“Viene el Papa. Ellos deben entender que las cosas no están tan mal como dicen los medios. Mostramos que la pobreza bajó. Estaban en una encerrona, putearnos no nos podían putear y encontraron esa parábola del paralítico”, expresó un funcionario. “No fue muy picante porque las noticias estuvieron en torno a la interna, la foto, los gestos, el abrazo con Jorge Macri más que el discurso. No fue muy altisonante porque sino hubiera sido título”, afirmó, en sintonía, un colaborador de una de las tribus.
En el ecosistema violeta creen que García Cuerva cuestionó el “terrorismo de las redes sociales” en una crítica directa a uno de los principales activos del mandatario y detectan otros dardos más quirúrgicos en la oración. “García Cuerva es político. No fue casual que hablara de paralíticos y discapacitados”, observó un legislador en referencia a una de las principales polémicas que atravesó el Gobierno en torno al presunto entramado de coimas y retornos en la ANDIS.
“Lo que viene pasando en los últimos dos años es que cuando se aviviaron que parte del bacalao se corta en redes, las negras empiezan a jugar también. Si lo miro como ciudadano, somos bastante atacados. Más de lo que atacamos. Probablemente lo haya dicho en general”, se expidió un funcionario.
Los dichos contra García Cuerva no fueron bien recibidos por las autoridades de la Iglesia, aunque se encargaron de diferenciarlos de las expresiones públicas de Milei. Como contó este medio, existen algunos reparos contra la administración, pero prefieren mantener las formas.
Tampoco es la primera vez que le facturan a la Casa Rosada la polarización y fragmentación política a la que apuestan. Asimismo, representantes del sector atribuyeron el tono de la homilía a la fecha patria y aseguraron que el arzobispo intentó hacer mención a los valores por lo que referenció la paz y la unidad. “No se habló de la pobreza material, pero sí de una más profunda como lo son los valores”, sintetizaron a este medio. “Hablar de trabajo es hablar de pobreza. Hablar de la falta de medicamentos es hablar de pobreza”, argumentó otra voz.
Desde la institución anticiparon además que profundizarán a futuro los cuestionamientos en torno a la realidad social que transitan los argentinos, similar a lo expuesto por el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, y se espera que la Colecta Anual de Cáritas Argentina del próximo sábado 6 y domingo 7 de junio intensifique los reclamos por los sectores marginados.
Por último, describieron el vínculo con la administración como “institucional” al tiempo que destacaron que mejoró con la interlocución de los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) y Sandra Pettovello (Capital Humano).
Pese a que la Santa Sede aún no lo confirma, el propio libertario anticipó que hay grandes posibilidades de que el sumo pontífice visite el país en el marco de una gira latinoamericana. Las chances entusiasman a distintos actores de Balcarce 50, donde destacan los esfuerzos de los interlocutores oficialistas por mantener abierto el canal de diálogo con la Iglesia y reducir las diferencias —que persisten por debajo de la superficie— lejos de una nueva confrontación pública.
POLITICA
La Corte Suprema frenó la contradenuncia de Cristina Kirchner a Federico Sturzenegger por el caso del “dólar futuro”
La Corte Suprema de Justicia rechazó por inadmisible el pedido de la expresidenta Cristina Kirchner en su rol de querellante para investigar al expresidente del Banco Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por supuestas irregularidades en la compra de dólares a futuro al inicio del gobierno de Mauricio Macri.
La denuncia contra Sturzenegger había sido motorizada por un grupo de legisladores kirchneristas cuando Cristina Kirchner fue llamada a indagatoria en 2016 por el juez Claudio Bonadio por el caso del “dólar futuro” en contra del kirchnerismo.
En ese expediente, tanto Cristina Kirchner como Axel Kicillof, entonces ministro de Economía y actual gobernador, y el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli, fueron sobreseídos, en una decisión que la Corte ya dejó firme el 5 de diciembre de 2024.
En la contradenuncia que apuntó al macrismo, el kirchnerismo denunció a Sturzenegger por “defraudación a la administración pública” por haber pagado los contratos de dólar a futuro con los precios de la devaluación y a Bonadio por haber favorecido la comisión de ese presunto delito y haber citado a declaración indagatoria a Cristina Kirchner.
Según los denunciantes, las medidas habrían “modificado las condiciones en que estos habían sido celebrados, en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares”.
El entonces juez federal Sergio Torres sobreseyó a Sturzenegger, al sostener que su actividad en cuanto a la ejecución de los contratos a futuro se vio acotada al cumplimiento de cuanto habían formalizado las autoridades que lo [precedieron], tanto en su cargo como en el directorio de aquella sede crediticia”.
Cristina Kirchner, aceptada como querellante por la Cámara Federal, apeló al afirmar que Torres no había investigado debidamente. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal confirmó la decisión.
La querella recurrió, pero la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal también rechazó la presentación del abogado Carlos Beraldi. Fue así como la expresidenta llegó con un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia, que hoy fue rechazado.
En el fallo de este jueves, la Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró el recurso inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.
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POLITICA
El dictamen de Inocencia Fiscal II quedó listo y el Senado podrá tratarlo junto con la reforma del Banco Central
Tras horas de incertidumbre, el senador radical Flavio Fama (Catamarca) estampó este mediodía la firma que faltaba, tras un plenario realizado ayer en la Cámara alta, y el proyecto del Gobierno de Inocencia Fiscal II quedó con dictamen de mayoría y listo para ser sancionado, en caso de ir al recinto, a partir del jueves próximo, tras cumplirse los siete días reglamentarios.
En medio de un clima de desconfianza en ascenso entre el oficialismo libertario y dialoguistas, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunieron horas atrás en busca de un despacho que quedó frenado por Fama, que dio quorum en el convite y luego se retiró del debate.
De esta manera, la iniciativa en cuestión podría ser sancionada en los próximos días -de haber consenso para ir al recinto- junto a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otros asuntos. El objetivo principal del texto es ampliar el régimen vigente a partir de la eliminación de los topes de ingresos -$1.000 millones- y patrimonio -$10.000 millones- que, hasta ahora, limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por la ARCA.
Con el proyecto –aprobado ya por Diputados-, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida. Otro de los puntos centrales es precisar bajo qué condiciones la ARCA impugna una declaración simplificada. En ese sentido, se establece que el organismo solo podrá formular observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el “impuesto determinado” y no sobre el saldo final a pagar, como ocurría antes.
En tanto, en el articulado se introduce una regla de razonabilidad: no habrá discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia es igual o inferior al 5% del umbral del Régimen Penal Tributario, equivalente a $5.000.000. También se habilita una ventana de subsanación de 15 días hábiles para que el contribuyente rectifique e ingrese el saldo adeudado sin que se configure la causal de impugnación.
La ley estipula que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre la ARCA, que solo podrá fundar sus impugnaciones en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros. Al mismo tiempo, amplía el bloqueo al uso de presunciones: junto con la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se veda hasta el 31 de diciembre de 2027 la presunción por depósitos bancarios. Las demás requerirán respaldo probatorio externo y no podrán sustentar ajustes de forma aislada, lo que reduce la discrecionalidad del organismo recaudador frente a los contribuyentes adheridos.
Además, la reforma incorpora un alivio directo para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.
Durante el debate en la Cámara baja, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado solo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria.
Por último, en cuanto a los dólares no declarados, el proyecto no establece una amnistía general, sino que modifica el marco bajo el cual la ARCA podrá investigar el patrimonio, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos activos al circuito formal. Ayer expusieron, en el plenario de las dos comisiones, el contador especializado en derecho tributario Martín Caranta y el abogado especializado en derecho tributario Juan Martín Jovanovich.
POLITICA
La causa de las vacunas: Hugo Sigman fue indagado, entregó un escrito y se negó a contestar preguntas
Luego de que su llamado sea reprogramado en tres oportunidades, el empresario Hugo Sigman fue indagado hoy, de manera virtual, por el juez federal Ariel Lijo en la causa que investiga una presunta maniobra para favorecer determinados intereses en la compra de vacunas durante la pandemia del coronavirus.
El empresario, acusado de haber sido beneficiado por un supuesto plan del Gobierno de Alberto Fernández, no contestó preguntas del juez ni del fiscal y su defensa consistió en declarar oralmente por alrededor de una hora y entregar un escrito, con el que negó que sus empresas hayan sido beneficiadas por decisión del Gobierno y pidió su sobreseimiento.
En el centro de la acusación del fiscal Carlos Stornelli se encuentra la negativa del Gobierno a cerrar un acuerdo con la firma Pfizer, en agosto de 2020, supuestamente para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina. Entre estos socios locales, se encuentran dos empresas de Sigman.
Sigman considera que la demora inicial en la compra de las vacunas estuvo vinculada a las condiciones jurídicas que habría exigido la propia Pfizer.
A su vez, sostiene que las empresas suyas que intervinieron luego en el proceso, Mabxience y Elea Phoenix, no tuvieron un rol comercial sino técnico y que los pagos no estuvieron atados a decisiones del Estado argentino.
Respecto a la primera, sostiene que fue contratada por AstraZeneca en calidad de proveedor industrial, para fabricar en Garín el principio activo de la vacuna contra el Covid.
En relación a Elea Phoenix, asegura que fue contratada para participar técnicamente en una parte del ensayo clínico de la vacuna desarrollada por la empresa china Sinopharm. Según un comunicado que compartieron desde su entorno, Elea cobró un honorario previamente determinado por esa tarea y no intervino en las negociaciones con el Estado.
Además, sostiene que Pfizer, Elea Phoenix y Sinergium Biotech trabajan juntos desde 2011 en la producción local de la vacuna Prevenar 13, y que esa relación continuó después de la pandemia, incluso con un proyecto de 2024 para fabricar Prevenar 20.
Su abogado defensor en esta causa es el exministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona.
La indagatoria de Sigman, prevista primero para mayo, luego para junio y más tarde para comienzos de este mes, fue virtual, por pedido de su defensa, puesto que el empresario vive en España y tiene 83 años.
Es la última ronda de 15 indagatorias ordenada por el fiscal Stornelli. Lijo deberá ahora resolver la situación procesal de todos ellos, entre quienes se encuentran el infectólogo Pedro Kahn y la exministra de Salud, Carla Vizzoti.
La exfuncionaria no respondió preguntas y presentó un escrito de más de 100 páginas con el que negó irregularidades y sostuvo que su intervención durante 2020 estaba concentrada en cuestiones sanitarias, técnicas y epidemiológicas y no en la negociación comercial de los contratos.
Ginés González García también formó parte del caso, pero falleció en 2024.
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