POLITICA
El Gobierno busca reactivar el Congreso con apoyo de gobernadores y una nueva tanda de reformas
Después de una reunión de la mesa política, Gobierno ordena sus prioridades en el Congreso y apuesta a los gobernadores para sostener la agenda de reformas en los próximos meses. El Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa la semana que viene con una sesión en el Senado prevista para el 4 de junio, en la que intentará tratar pliegos judiciales, el paquete de Propiedad Privada y el acuerdo con holdouts por el default del 2001.
En la Casa Rosada quieren usar esa sesión como una señal de orden político y parlamentario después de varios días atravesados por tensiones internas. La estrategia fue parte de la reunión de la mesa política del martes, en la que volvieron a verse cara a cara Santiago Caputo y Martín Menem tras la polémica dentro del oficialismo. En Balcarce 50 aseguran que no hubo menciones a las diferencias y que el encuentro estuvo concentrado en el “status legislativo” de las reformas enviadas al Congreso.
El sostén político al que apuesta el oficialismo volverá a ser el esquema de alianzas que construyó con gobernadores dialoguistas, en especial del Norte, junto con el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. En la Casa Rosada destacan que esa red ya aportó votos para proyectos como Zonas Frías, Ley Hojarasca, Glaciares y la reforma laboral. La intención es repetir esa dinámica para avanzar con las iniciativas que quedaron en agenda para junio: Super-RIGI, Lobby, Etiquetado Frontal y Ludopatía.
La negociación parlamentaria también se cruza con el armado electoral de 2027. En el Ejecutivo buscan consolidar acuerdos de gobernabilidad con mandatarios provinciales para “blindar la gestión” antes de entrar de lleno en el año electoral. En Balcarce 50 mencionan entendimientos con dirigentes como Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi, y no descartan extender esa lógica a otros distritos.
El paquete de propiedad privada aparece como una de las prioridades inmediatas del Senado. El proyecto ya tuvo modificaciones durante la negociación con aliados y forma parte de la agenda que el Gobierno quiere presentar como una señal de protección jurídica para inversiones, tierras y activos productivos. La intención oficial es combinar su tratamiento con el acuerdo para pagar US$171 millones a dos fondos con sentencias firmes por el default, un expediente que el Gobierno busca girar rápido a Diputados.
El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, pedido por Estados Unidos y con dictamen en Diputados, sigue sin fecha cerrada de tratamiento. En sectores del Ejecutivo hay especulaciones internas sobre si la demora responde a la espera de un gesto de Washington por la baja arancelaria prevista en el acuerdo comercial (que tuvo complicaciones judiciales) o a eventuales nuevas modificaciones sobre el texto. Algunos sostienen que podría votarse durante la segunda semana de junio, pero todavía no hay una definición formal.
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La reforma electoral corre por otro carril y es la discusión que la Casa Rosada reconoce como más compleja. En Nación la siguen ubicando como prioridad política, pero admiten que no tienen los votos para aprobarla sin fuertes concesiones. La negociación por las PASO, el sistema de votación y el financiamiento electoral demandará más tiempo y acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas.
La mesa política de Balcarce 50 busca ordenar en paralelo el tratamiento del último paquete de proyectos que envió al Congreso. El Súper RIGI y la ley de gestión de intereses ingresaron por Diputados, mientras que ludopatía y la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que elimina el esquema vigente de etiquetado frontal, fueron remitidas al Senado. En Nación aclaran que el envío de los proyectos no implica tratamiento inmediato.
El Súper RIGI es la apuesta económica más fuerte de esa tanda. El texto crea un régimen para grandes inversiones en nuevas industrias, con un piso de US$1000 millones por proyecto, beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y de seguridad social, y la exigencia de adhesión provincial y municipal para acceder a los incentivos nacionales. Ese punto abrirá una negociación directa con los gobernadores.
La ley de lobby apunta a regular la gestión de intereses ante el Poder Ejecutivo y el Congreso, con reglas de publicidad y trazabilidad sobre reuniones, beneficiarios y objetivos de las gestiones. La ley de ludopatía busca regular apuestas online, proteger a menores, restringir plataformas ilegales y habilitar bloqueos de dominios y circuitos de pago no autorizados. La reforma alimentaria propone derogar la ley 27.642 y eliminar los octógonos negros en los envases.
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En la mesa política no quedó definido el envío de la segunda tanda de reformas, prevista para junio. Ese paquete incluiría cambios en sociedades, competencia, juicio por jurados y desregulación. En el Ejecutivo reconocen que no todos los textos tienen el mismo nivel de avance: el paquete de desregulación todavía tiene partes bajo redacción, mientras que sociedades, competencia y jurados cuentan con mayor trabajo técnico acumulado.
La reforma del Código Penal sigue trabada en Legal y Técnica por diferencias políticas y técnicas entre los equipos de Santiago Caputo y Juan Bautista Mahiques. Por ahora, no forma parte del calendario inmediato. En la Casa Rosada sostienen que primero buscarán ordenar la reforma electoral y los proyectos ya enviados, y después avanzarán con el resto de la agenda. El calendario tiene además un límite institucional: en septiembre, el Gobierno deberá remitir el Presupuesto 2027.
Gobierno, Congreso, reforma
POLITICA
Chaco: tras la suspensión de las PASO, Capitanich desafió a Zdero a unificar las elecciones provinciales y nacionales
Jorge Capitanich, senador nacional y titular del Partido Justicialista de Chaco, sostuvo que es necesario unificar las elecciones nacionales y locales en 2027 en la provincia. Por eso, anticipó que los legisladores de su espacio impulsarán una enmienda constitucional. El fin es eliminar las restricciones que en la actualidad impiden realizar los comicios de manera simultánea.
La Constitución chaqueña de 1994 fijó que no se puede votar para cargos provinciales y locales el mismo día en que se elige presidente. Una enmienda que modifique este artículo requiere del apoyo unánime de la Legislatura unicameral. Hoy por hoy, el bloque del gobernador Leandro Zdero y la oposición están empatados en el recinto.
La iniciativa de Capitanich echa mano al mismo criterio que el oficialismo invocó para impulsar la suspensión de las PASO: reducir los costos y evitar la multiplicación de comicios separados en el año.
“Vamos a pedir elecciones provinciales junto a las nacionales. Si el argumento para eliminar las PASO es el ahorro, esta propuesta va en el mismo sentido y permite profundizar ese objetivo”, manifestó Capitanich.
Y desafió: “Dijeron que iban a eliminar las PASO porque ahorraban una elección. Ahora podemos ahorrar mucho más. Así que vamos a ver si en efecto lo quieren hacer”.
Según las estimaciones, suspender las primarias provinciales 2027 significó un ahorro para el Estado chaqueño de $5 mil millones. Si las generales se realizan en forma concomitante a las presidenciales, el peronismo evaluó que se ahorrarían unos $10 mil millones adicionales.
Por detrás del objetivo expuesto hay una meta política: que el desgaste de la gestión nacional juegue en contra de las aspiraciones del gobernador Leandro Zdero de ser reelecto.
Según encuestas recientes que maneja el PJ, el mandatario provincial tiene una imagen positiva en Chaco que se ubica por encima del 50%. Pero, por otro lado, el presidente Javier Milei aparece muy por debajo: apenas el 31% de apoyo y un 68% de rechazo. La apuesta del justicialismo es que en el cuarto oscuro pese más lo nacional que lo provincial.
Con la eliminación de las PASO y el desdoblamiento, “Zdero busca dividir a la oposición, jugar con las reglas a su conveniencia y no ir en la misma boleta con Milei, que hoy es un ancla”, dijo a Infobae el legislador provincial Sebastián Mola, uno de los firmantes de la iniciativa que impulsó Capitanich.
Y concluyó: “El Presidente se cae a pedazos en Chaco”.
“No tienen ni los votos del peronismo”
El oficialismo le bajó el precio a esta movilidad del PJ. Una alta fuente del gobierno local indicó ante la consulta de este medio: “No tienen ni los votos del peronismo” para sostener la iniciativa en la Legislatura.
“Capitanich no puede siquiera ordenar el peronismo para que le voten una enmienda que necesita unanimidad”, agregó.
El bloque del Frente Chaqueño que lidera el PJ ha tenido defecciones en los últimos tiempos. La legisladora massista Katia Blanc dio quorum y votó a favor de la suspensión de las PASO en sintonía con el bloque de Zdero. Además, Atlanto Honcheruk dejó la presidencia del grupo opositor. Ahora estaría en charlas para unirse al espacio del gobernador radical.
En el PJ chaqueño reconocen esta realidad. Por ahora dicen contar con el voto de Blanc para unificar las elecciones. El de Honcheruk, en cambio, está en un cono de sombras.
La situación “muestra la poca seriedad de la propuesta”, remarcó la fuente oficialista. Capitanich “tiene que ordenar a los suyos primero que nada. Si no, esto no puede salir”, sentenció.
Sin embargo, el peronismo encontró un aliado inesperado para la propuesta: La Libertad Avanza. El frente Chaco Puede Más de Zdero fue socio de los libertarios en los comicios legislativos provinciales y nacionales de 2025. La experiencia fue exitosa. La aspiración de ambos bandos es repetirla el año próximo. La astucia de Capitanich fue introducir esta iniciativa que actúa como cuña entre los socios.
LLA Chaco ve con buenos ojos dar impulso a la candidatura de Milei con el efecto arrastre del voto provincial. Y son extremistas en la reducción del gasto y la simplificación del proceso electoral.
Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de LLA Chaco, respondió a la consulta de este medio con un posteo que realizó en IG hace dos meses. Allí afirmó: “Muchas veces las fechas (de votación) se utilizan para obtener ventajas políticas y no pensando en la ciudadanía. Eso tiene que terminar. En numerosas oportunidades, desdoblar responde solo a estrategias partidarias. Unificar las elecciones y eliminar las instancias innecesarias es una forma de fortalecer el sistema democrático”.
En otra publicación realizada hace un mes, a raíz de la suspensión de las PASO provinciales, planteó que los chaqueños deberían discutir “una reforma constitucional” a fin de “unificar todas las elecciones” para que así los dirigentes políticos “nos dejan de maltratar a los ciudadanos con sus conveniencias”.
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POLITICA
Hernán Lacunza cuestionó un posible acuerdo entre el PRO y LLA y Cristian Ritondo le respondió: “Tengo clarísimo de qué lado estar”
Con las elecciones presidenciales del año que viene como telón de fondo, en los últimos meses se reactivaron conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para intentar sellar un acuerdo político. El partido fundado y presidido por Mauricio Macri fue el socio principal del Gobierno desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, pero fueron contadas las veces que funcionaron como un tándem electoral.
El último antecedente fueron las legislativas del año pasado, donde el resonante triunfo en la provincia de Buenos Aires envalentonó a los partidarios de forjar un acuerdo. No obstante, rumbo al 2027 no hay unanimidad en el PRO.
Este jueves, el autoproclamado precandidato a presidente por el PRO, Hernán Lacunza, fue consultado en IDEA por TN respecto de la posibilidad de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. “Creo que lo mejor que puede pasar para la Argentina es que haya propuestas alternativas, independientes, republicanas, que ofrezcan otras voces, otras ideas”, afirmó. “Si el PRO va junto con La Libertad Avanza, va a desaparecer”, apuntó.
Ante este descargo, quien recogió el guante fue el presidente de bloque del PRO en la Cámara de Diputados y principal articulador con el Gobierno, Cristian Ritondo. “Si las fuerzas del cambio vamos divididas y gana el pasado, lo que desaparece no es un partido, es la oportunidad del país”, expresó a TN el legislador. “Ya lo vivimos en 2019 y lo pagamos carísimo. No podemos tropezar dos veces con la misma piedra”, añadió.
POLITICA
El Gobierno irá a la Corte para no reconocer a Barrionuevo como titular del Sindicato de Gastronómicos
El Gobierno prepara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para impedir la certificación de autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), encabezada por Luis Barrionuevo, luego de las elecciones sindicales de diciembre pasado.
La apelación busca cuestionar el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que convalidó de manera provisoria la conducción nacional del gremio y ordenó a la Secretaría de Trabajo que expidiera el correspondiente certificado de autoridades.
La presentación será elaborada por la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, luego de que el Gobierno decidió recurrir hasta la última instancia judicial cuando existan decisiones adversas a resoluciones administrativas como la decisión de no reconocer el triunfo electoral de Barrionuevo mientras el resultado siga en medio de una controversia judicial.
La disputa judicial se desarrolla después del deterioro de la relación entre Javier Milei y Barrionuevo, quien había alcanzado un acuerdo en 2023 con el entonces candidato presidencial de La Libertad Avanza para aportarle fiscales de su sindicato en la elección nacional de ese año.
En La Libertad Avanza acusaron al sindicalista de no haber cumplido ese compromiso, mientras que éste decidió romper el vínculo en rechazo del acuerdo electoral de Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
La oposición a Barrionuevo también objetó la decisión de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que otorgó la certificación provisoria a la lista de Barrionuevo. Los apoderados de la nómina Gris/Naranja, encabezada por Dante Camaño, ex cuñado de Barrionuevo y líder de la Seccional Capital de Gastronómicos, denunciaron presuntas irregularidades procesales y sostuvieron que la sentencia se dictó con rapidez para impedir que las partes presentaran recusaciones contra los magistrados.
El planteo opositor afirma que el expediente modificó sin justificación el orden previsto para la integración del tribunal. La notificación oficial indicaba que debían votar los camaristas Carlos Pose y Marina Pisacco, mientras que Gabriela Vázquez sólo debía intervenir ante una disidencia.
Sin embargo, el fallo fue firmado por Pisacco y Vázquez, sin que Pose emitiera su voto ni constara una explicación formal sobre su apartamiento. La oposición cuestionó que se excluyera al vocal titular previsto y se incorporara a una jueza que, según interpreta, no debía participar.
Los representantes de la Lista Gris/Naranja sostuvieron que la celeridad de la sentencia buscó neutralizar recusaciones basadas en intervenciones previas de los integrantes de la Sala VI. Respecto de Pose, señalaron que había fallado a favor del sector barrionuevista en causas relacionadas con la interna sindical.
Según la denuncia, ese antecedente incluyó el rechazo de reclamos de la oposición y la convalidación de actuaciones de la junta electoral oficialista. La crítica apunta a que esas decisiones podían configurar un prejuzgamiento sobre la controversia por la conducción sindical.
En el caso de Vázquez, la oposición de Gastronómicos recordó que la camarista se había excusado de intervenir en el expediente paralelo “Sasprizza”, ligado al mismo conflicto, al considerar que existía prejuzgamiento. El escrito cuestionó que luego participara de la nueva resolución y votara a favor de la conducción de Barrionuevo sin explicar por qué habrían desaparecido los impedimentos invocados anteriormente.
A Pisacco le atribuyeron una “doble vara” en la causa: le reprocharon haber resuelto con rapidez dos medidas cautelares favorables al barrionuevismo y, al mismo tiempo, haber demorado los recursos que buscaban que la Cámara revisara la validez de los comicios.
La oposición alineada con Camaño considera que esas situaciones comprometen la validez procesal del fallo de la Sala VI de la Cámara, mientras la controversia por la conducción y el patrimonio de la UTHGRA se encamina hacia una eventual definición de la Corte Suprema.
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