POLITICA
El Gobierno busca reactivar el Congreso con apoyo de gobernadores y una nueva tanda de reformas
Después de una reunión de la mesa política, Gobierno ordena sus prioridades en el Congreso y apuesta a los gobernadores para sostener la agenda de reformas en los próximos meses. El Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa la semana que viene con una sesión en el Senado prevista para el 4 de junio, en la que intentará tratar pliegos judiciales, el paquete de Propiedad Privada y el acuerdo con holdouts por el default del 2001.
En la Casa Rosada quieren usar esa sesión como una señal de orden político y parlamentario después de varios días atravesados por tensiones internas. La estrategia fue parte de la reunión de la mesa política del martes, en la que volvieron a verse cara a cara Santiago Caputo y Martín Menem tras la polémica dentro del oficialismo. En Balcarce 50 aseguran que no hubo menciones a las diferencias y que el encuentro estuvo concentrado en el “status legislativo” de las reformas enviadas al Congreso.
El sostén político al que apuesta el oficialismo volverá a ser el esquema de alianzas que construyó con gobernadores dialoguistas, en especial del Norte, junto con el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. En la Casa Rosada destacan que esa red ya aportó votos para proyectos como Zonas Frías, Ley Hojarasca, Glaciares y la reforma laboral. La intención es repetir esa dinámica para avanzar con las iniciativas que quedaron en agenda para junio: Super-RIGI, Lobby, Etiquetado Frontal y Ludopatía.
La negociación parlamentaria también se cruza con el armado electoral de 2027. En el Ejecutivo buscan consolidar acuerdos de gobernabilidad con mandatarios provinciales para “blindar la gestión” antes de entrar de lleno en el año electoral. En Balcarce 50 mencionan entendimientos con dirigentes como Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi, y no descartan extender esa lógica a otros distritos.
El paquete de propiedad privada aparece como una de las prioridades inmediatas del Senado. El proyecto ya tuvo modificaciones durante la negociación con aliados y forma parte de la agenda que el Gobierno quiere presentar como una señal de protección jurídica para inversiones, tierras y activos productivos. La intención oficial es combinar su tratamiento con el acuerdo para pagar US$171 millones a dos fondos con sentencias firmes por el default, un expediente que el Gobierno busca girar rápido a Diputados.
El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, pedido por Estados Unidos y con dictamen en Diputados, sigue sin fecha cerrada de tratamiento. En sectores del Ejecutivo hay especulaciones internas sobre si la demora responde a la espera de un gesto de Washington por la baja arancelaria prevista en el acuerdo comercial (que tuvo complicaciones judiciales) o a eventuales nuevas modificaciones sobre el texto. Algunos sostienen que podría votarse durante la segunda semana de junio, pero todavía no hay una definición formal.
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La reforma electoral corre por otro carril y es la discusión que la Casa Rosada reconoce como más compleja. En Nación la siguen ubicando como prioridad política, pero admiten que no tienen los votos para aprobarla sin fuertes concesiones. La negociación por las PASO, el sistema de votación y el financiamiento electoral demandará más tiempo y acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas.
La mesa política de Balcarce 50 busca ordenar en paralelo el tratamiento del último paquete de proyectos que envió al Congreso. El Súper RIGI y la ley de gestión de intereses ingresaron por Diputados, mientras que ludopatía y la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que elimina el esquema vigente de etiquetado frontal, fueron remitidas al Senado. En Nación aclaran que el envío de los proyectos no implica tratamiento inmediato.
El Súper RIGI es la apuesta económica más fuerte de esa tanda. El texto crea un régimen para grandes inversiones en nuevas industrias, con un piso de US$1000 millones por proyecto, beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y de seguridad social, y la exigencia de adhesión provincial y municipal para acceder a los incentivos nacionales. Ese punto abrirá una negociación directa con los gobernadores.
La ley de lobby apunta a regular la gestión de intereses ante el Poder Ejecutivo y el Congreso, con reglas de publicidad y trazabilidad sobre reuniones, beneficiarios y objetivos de las gestiones. La ley de ludopatía busca regular apuestas online, proteger a menores, restringir plataformas ilegales y habilitar bloqueos de dominios y circuitos de pago no autorizados. La reforma alimentaria propone derogar la ley 27.642 y eliminar los octógonos negros en los envases.
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En la mesa política no quedó definido el envío de la segunda tanda de reformas, prevista para junio. Ese paquete incluiría cambios en sociedades, competencia, juicio por jurados y desregulación. En el Ejecutivo reconocen que no todos los textos tienen el mismo nivel de avance: el paquete de desregulación todavía tiene partes bajo redacción, mientras que sociedades, competencia y jurados cuentan con mayor trabajo técnico acumulado.
La reforma del Código Penal sigue trabada en Legal y Técnica por diferencias políticas y técnicas entre los equipos de Santiago Caputo y Juan Bautista Mahiques. Por ahora, no forma parte del calendario inmediato. En la Casa Rosada sostienen que primero buscarán ordenar la reforma electoral y los proyectos ya enviados, y después avanzarán con el resto de la agenda. El calendario tiene además un límite institucional: en septiembre, el Gobierno deberá remitir el Presupuesto 2027.
Gobierno, Congreso, reforma
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La Justicia federal investigará a Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE
La Justicia federal de Comodoro Py investigará una denuncia contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito en su función como directivo de la CEAMSE, la empresa estatal mixta entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del Área Metropolitana.
La denuncia fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia, y sostiene que el dirigente registró “un crecimiento real de la liquidez” de aproximadamente el 1.000% entre 2017 y 2024, un salto que, según planteó, “excede con creces cualquier índice inflacionario del período” y no encuentra correlato en los ingresos lícitos que el propio Tapia declaró en ese lapso.
El caso había sido presentado originalmente ante la Justicia porteña, pero se abrió una disputa de competencia porque la CEAMSE es un organismo interjurisdiccional. El fiscal Gerardo Pollicita entendió en una primera instancia que la causa debía tramitar en la Ciudad, mientras que el fiscal José Agüero Iturbe sostuvo que correspondía a la Justicia federal; finalmente la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que el expediente quede radicado en el fuero federal, a cargo del juez Ariel Lijo. El magistrado ya había tenido un rol en otra causa vinculada a Tapia: en 2021 cerró una investigación por irregularidades en contratos firmados por la AFA, en la que Tofoni también resultó sobreseído. Hasta el momento no se produjeron medidas de prueba en el nuevo expediente.
Según el análisis que Tofoni acompañó en su presentación, en 2017 Tapia había declarado un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. La declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, consigna más de $1.002 millones en depósitos distribuidos en múltiples cuentas bancarias —entre ellas una cuenta corriente con más de 517 millones—, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial, lo que representa una liquidez total cercana al millón de dólares. La denuncia también repara en los ingresos que Tapia declaró por sus otras funciones: $100.233.144 anuales como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA, en tanto, es un cargo ad honorem.
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Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, y pasó a presidir el organismo a partir de 2024 por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Se trata de la segunda causa judicial que involucra el patrimonio de Tapia como funcionario público: el resto de los expedientes que enfrenta están vinculados a su gestión en la AFA, donde él y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por retención indebida de impuestos, y son investigados además por el manejo de los fondos de la asociación, por presuntas facturas falsas y por la compra de una mansión en Pilar que se le atribuye a Tapia. Varias de esas denuncias también fueron presentadas por Tofoni, dueño de World Eleven, la empresa que organizaba partidos amistosos de la Selección argentina y cuyo contrato con la AFA fue dado de baja durante la gestión de Tapia.
Claudio Tapia, AFA, ceamse
POLITICA
Los cuadernos de las coimas: Baratta amplía su descargo con críticas a los empresarios que aseguraron haberle entregado dinero
Luego de que su situación en el juicio por los Cuadernos de las coimas se complicara con la declaración de directivos del grupo Techint, el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido y uno de los principales recaudadores de la maniobra, amplía su declaración indagatoria por pedido de sus defensores y apunta contra los testigos que aseguraron haberle entregado dinero.
“Zabaleta, Betnaza y Paolo Rocca están todos sobreseídos. El único imputado y elevado a juicio oral por estos hechos soy yo”, sostuvo el exfuncionario.
Su descargo tiene como protagonistas a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, que declararon como testigos y admitieron haber realizado pagos a Baratta, en un tramo del juicio que lo tiene solo al exfuncionario como acusado.
“Hubo una clara diferenciación en el trato y en los procesos de la etapa de instrucción. Hubo una clara asimetría procesal de Techint con respecto a otros empresarios”, siguió, con críticas a la instrucción y a la causa en general, a la que definió como una “operación de inteligencia”.
Los directivos de Techint fueron sobreseídos en el caso, en un expediente separado, porque la Justicia entendió que sus entregas de dinero no fueron parte del esquema de pagos ligado a la obra pública, sino que se habían producido en la crisis que el grupo atravesaba en Venezuela durante la expropiación de una de sus empresas. “Nadie apeló”, se quejó el exfuncionario.
Baratta, exsubsecretario de Planificación, está acusado como miembro organizador de la asociación ilícita que, según la fiscalía, habrían liderado Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015.
Su situación es una de las más comprometidas en el caso: lo señalan los cuadernos de su exchofer Oscar Centeno, los dedos de muchos de los arrepentidos y testigos y distintos registros telefónicos.
Apoyado en diapositivas, ofreció un descargo que combinó una defensa de la gestión de Cristina Kirchner, críticas al actual Gobierno y la identificación de presuntas contradicciones en el relato de Betnaza y Zabaleta.
No aportó elementos que permitieran sostener que esos pagos no se ejecutaron, pero los negó. “A mí no me pagaron nada”, decía una de sus filminas. “Ni Zabaleta ni Betnaza me dieron nunca ningún pago, nunca, a través de un llamado telefónico, de los cientos que tuve, les solicité nada”, completó.
Noticia en desarrollo
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El oficialismo cambió de estrategia en Diputados y acompañó el debate sobre morosidad y discapacidad: “No quisieron dar la foto de más de 133”
La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que las comisiones avancen con proyectos sobre discapacidad y morosidad. La votación reunió 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención. El cronograma prevé debates sobre discapacidad el 16 y 23 de septiembre, y sobre morosidad el 29 de septiembre. Así lo afirmó en Infobae A las Nueve Pablo Juliano, diputado nacional de Provincias Unidas.
El funcionario indicó que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de que el respaldo parlamentario creciera. “No quisieron dar la foto de más de 133”, sostuvo al referirse al número de legisladores que había apoyado una propuesta previa.
Juliano señaló que la Cámara alcanzó el quórum con 135 diputados, mientras integrantes de La Libertad Avanza permanecían de pie en el recinto. Según su interpretación, el Gobierno evaluó que no podía quedar fuera de una sesión centrada en asuntos que afectan a personas con deudas y a beneficiarios de prestaciones por discapacidad.
El emplazamiento fijó fechas para discapacidad y morosidad
El emplazamiento obliga a las comisiones a tratar los proyectos dentro de un calendario definido. La Cámara debatirá iniciativas sobre discapacidad los días 16 y 23 de septiembre. Las comisiones abordarán la morosidad el 29 de septiembre.
El diputado sostuvo que el debate sobre morosidad acumuló demoras. Indicó que presentó la misma propuesta 15 días antes de la sesión y que entonces obtuvo 133 votos. Para Juliano, ese antecedente permitió convocar la reunión parlamentaria que definió el nuevo cronograma.
Juliano cuestionó la posición inicial del oficialismo frente al quórum. Relató que representantes del Gobierno contactaron a su espacio durante la mañana de la sesión para comunicar que asistirían. También afirmó que La Libertad Avanza discutió internamente quiénes concurrirían al recinto.
El legislador vinculó la decisión con el respaldo de bloques provinciales. Dijo que esos espacios aportaron votos para alcanzar el quórum y para aprobar el emplazamiento. A su vez, planteó que las dificultades financieras tienen expresiones distintas en cada región del país.
Deudas y acceso al crédito
El funcionario planteó que el Congreso debe buscar una respuesta para las personas con morosidad sin afectar el acceso al crédito. “Yo quiero que el Congreso pueda colocar alguna especie de solución”, afirmó. Su propuesta busca combinar herramientas de refinanciación, criterios de segmentación y un mecanismo no judicial para resolver conflictos.
Al mismo tiempo sostuvo que la Comisión de Presupuesto podía demorar el debate. Explicó que el Gobierno propuso sumar a ese cuerpo junto con las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas. Juliano pidió excluirla para evitar iniciativas con impacto fiscal y acelerar la elaboración de un dictamen.
Según explicó, el tratamiento debe concentrarse en medidas que no expongan el proyecto a un veto presidencial. Propuso revisar experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja. Mencionó planes de refinanciación y programas dirigidos a trabajadores del sector público.
El legislador también propuso crear una instancia extrajudicial inspirada en la mediación. Ese procedimiento buscaría ofrecer una salida para quienes acumulan deudas y evitar nuevas situaciones de mora. Juliano afirmó que la medida podría reunir consensos entre bloques con posiciones distintas.
Consecuencias de la mora
Juliano advirtió que las deudas impagas pueden dejar a personas fuera del sistema financiero durante años. Señaló que su proyecto, llamado Segunda oportunidad, busca revisar ese efecto. La iniciativa apunta a distinguir entre quienes acumulan obligaciones de bajo monto y quienes registran incumplimientos mayores.
El diputado afirmó que el 40% de las personas con morosidad tiene menos de 25 años. Consideró que una deuda inicial no debería impedir el acceso posterior a créditos. También cuestionó que una persona quede registrada durante cinco años por obligaciones que luego regularizó.
Aismimos citó cifras que, según dijo, surgen de estudios del Banco Central. Indicó que las personas con más de tres meses de mora arrastran entre $370.000 y $420.000. Añadió que cerca de 1,8 millones no logran salir de esa situación.
El legislador diferenció los niveles de morosidad según el tipo de prestador. Afirmó que los bancos registran cerca de 7%, las billeteras virtuales entre 19% y 21%, y los prestadores no bancarios alcanzan 36%.
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