Después de una reunión de la mesa política, Gobierno ordena sus prioridades en el Congreso y apuesta a los gobernadores para sostener la agenda de reformas en los próximos meses. El Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa la semana que viene con una sesión en el Senado prevista para el 4 de junio, en la que intentará tratar pliegos judiciales, el paquete de Propiedad Privada y el acuerdo con holdouts por el default del 2001.

En la Casa Rosada quieren usar esa sesión como una señal de orden político y parlamentario después de varios días atravesados por tensiones internas. La estrategia fue parte de la reunión de la mesa política del martes, en la que volvieron a verse cara a cara Santiago Caputo y Martín Menem tras la polémica dentro del oficialismo. En Balcarce 50 aseguran que no hubo menciones a las diferencias y que el encuentro estuvo concentrado en el “status legislativo” de las reformas enviadas al Congreso.

El sostén político al que apuesta el oficialismo volverá a ser el esquema de alianzas que construyó con gobernadores dialoguistas, en especial del Norte, junto con el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. En la Casa Rosada destacan que esa red ya aportó votos para proyectos como Zonas Frías, Ley Hojarasca, Glaciares y la reforma laboral. La intención es repetir esa dinámica para avanzar con las iniciativas que quedaron en agenda para junio: Super-RIGI, Lobby, Etiquetado Frontal y Ludopatía.

La negociación parlamentaria también se cruza con el armado electoral de 2027. En el Ejecutivo buscan consolidar acuerdos de gobernabilidad con mandatarios provinciales para “blindar la gestión” antes de entrar de lleno en el año electoral. En Balcarce 50 mencionan entendimientos con dirigentes como Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi, y no descartan extender esa lógica a otros distritos.

El paquete de propiedad privada aparece como una de las prioridades inmediatas del Senado. El proyecto ya tuvo modificaciones durante la negociación con aliados y forma parte de la agenda que el Gobierno quiere presentar como una señal de protección jurídica para inversiones, tierras y activos productivos. La intención oficial es combinar su tratamiento con el acuerdo para pagar US$171 millones a dos fondos con sentencias firmes por el default, un expediente que el Gobierno busca girar rápido a Diputados.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, pedido por Estados Unidos y con dictamen en Diputados, sigue sin fecha cerrada de tratamiento. En sectores del Ejecutivo hay especulaciones internas sobre si la demora responde a la espera de un gesto de Washington por la baja arancelaria prevista en el acuerdo comercial (que tuvo complicaciones judiciales) o a eventuales nuevas modificaciones sobre el texto. Algunos sostienen que podría votarse durante la segunda semana de junio, pero todavía no hay una definición formal.

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La reforma electoral corre por otro carril y es la discusión que la Casa Rosada reconoce como más compleja. En Nación la siguen ubicando como prioridad política, pero admiten que no tienen los votos para aprobarla sin fuertes concesiones. La negociación por las PASO, el sistema de votación y el financiamiento electoral demandará más tiempo y acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas.

La mesa política de Balcarce 50 busca ordenar en paralelo el tratamiento del último paquete de proyectos que envió al Congreso. El Súper RIGI y la ley de gestión de intereses ingresaron por Diputados, mientras que ludopatía y la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que elimina el esquema vigente de etiquetado frontal, fueron remitidas al Senado. En Nación aclaran que el envío de los proyectos no implica tratamiento inmediato.

El Súper RIGI es la apuesta económica más fuerte de esa tanda. El texto crea un régimen para grandes inversiones en nuevas industrias, con un piso de US$1000 millones por proyecto, beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y de seguridad social, y la exigencia de adhesión provincial y municipal para acceder a los incentivos nacionales. Ese punto abrirá una negociación directa con los gobernadores.

La ley de lobby apunta a regular la gestión de intereses ante el Poder Ejecutivo y el Congreso, con reglas de publicidad y trazabilidad sobre reuniones, beneficiarios y objetivos de las gestiones. La ley de ludopatía busca regular apuestas online, proteger a menores, restringir plataformas ilegales y habilitar bloqueos de dominios y circuitos de pago no autorizados. La reforma alimentaria propone derogar la ley 27.642 y eliminar los octógonos negros en los envases.

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En la mesa política no quedó definido el envío de la segunda tanda de reformas, prevista para junio. Ese paquete incluiría cambios en sociedades, competencia, juicio por jurados y desregulación. En el Ejecutivo reconocen que no todos los textos tienen el mismo nivel de avance: el paquete de desregulación todavía tiene partes bajo redacción, mientras que sociedades, competencia y jurados cuentan con mayor trabajo técnico acumulado.

La reforma del Código Penal sigue trabada en Legal y Técnica por diferencias políticas y técnicas entre los equipos de Santiago Caputo y Juan Bautista Mahiques. Por ahora, no forma parte del calendario inmediato. En la Casa Rosada sostienen que primero buscarán ordenar la reforma electoral y los proyectos ya enviados, y después avanzarán con el resto de la agenda. El calendario tiene además un límite institucional: en septiembre, el Gobierno deberá remitir el Presupuesto 2027.

Gobierno, Congreso, reforma

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) concentrará en las próximas semanas parte de su estrategia contra la reforma laboral en el plano internacional. Una delegación viajará a la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, donde buscará darle visibilidad a las denuncias contra el Gobierno por los cambios impulsados en materia laboral y sindical.

Mientras tanto, la central obrera mantendrá en suspenso cualquier definición sobre nuevas medidas de fuerza hasta mediados de junio. En la conducción cegetista admiten que en los próximos días no habrá reuniones relevantes porque gran parte de los dirigentes comenzará a viajar el lunes próximo y recién después del regreso se retomarán las conversaciones internas para resolver cómo sigue el esquema de protestas.

“Vamos con una delegación grande e importante a la OIT. Gerardo Martínez va a asumir la vicepresidencia de las internacionales. Allí vamos a hacer todas las presentaciones”, señalaron a TN desde la CGT.

La discusión interna quedó atravesada por una tensión que se mantiene desde el último paro general. Mientras los sectores dialoguistas buscan sostener la pelea judicial y política contra la reforma laboral, los gremios más duros reclaman profundizar el plan de lucha con nuevas movilizaciones y otro paro nacional.

La apuesta sindical por el frente internacional

La conferencia de la OIT se realizará entre el 1° y el 12 de junio en Ginebra y reunirá a representantes sindicales, empresarios y gobiernos de distintos países. La CGT prepara allí una serie de presentaciones vinculadas al impacto de la reforma laboral y a distintas denuncias sindicales contra el Gobierno de Javier Milei.

Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y titular de la UOCRA, fue elegido por el sector de los trabajadores como vicepresidente de la conferencia. Además, organizará una actividad paralela para exponer las críticas del sindicalismo argentino a las políticas laborales de la gestión libertaria.

Si bien en la central obrera reconocen que las presentaciones ante la OIT no tendrán efectos concretos sobre el avance de la reforma laboral en la Argentina, sostienen que permiten amplificar el conflicto fuera del país. “Por lo menos hace un poco de ruido”, resumieron cerca de la conducción sindical.

La delegación que viajará a Ginebra también llevará otros planteos específicos. Sebastián Maturano, dirigente de La Fraternidad y secretario de Juventud de la CGT, presentará una queja vinculada con la multa aplicada por el Ministerio de Capital Humano al sindicato ferroviario tras el último paro general.

En paralelo, sectores aeronáuticos volverán a insistir con denuncias por presuntas restricciones al derecho de huelga y lo que consideran situaciones de persecución sindical. También podría sumarse un planteo ligado a la interna de la UOM Zárate-Campana, después de que la Justicia laboral anulara las elecciones de esa seccional.

La presión interna por nuevas medidas

Mientras la conducción cegetista prepara el viaje a Suiza, puertas adentro crece la presión de los gremios más combativos para avanzar hacia una nueva protesta nacional contra el Gobierno.

Uno de los dirigentes que volvió a reclamar mayor confrontación fue Pablo Moyano. “Los compañeros tuvieron estrategias y fallaron. Una fue hablar con los gobernadores del peronismo que después nos traicionaron votando la reforma laboral en el Congreso; después fueron a la Justicia”, dijo este martes en Futurock.

El dirigente camionero sostuvo además que solo “queda la calle”. “Permanentemente pido que haya más acción en la calle”, remarcó y reclamó continuidad en las protestas. “Tiene que haber una continuidad, si no vamos detrás de fechas simbólicas y hoy la gente la está pasando mal”, afirmó.

Moyano también planteó que “la bronca va creciendo entre los trabajadores” y agregó aunque “lamentablemente muchos lo han votado, ese arrepentimiento se está dando cada vez más”.

En la CGT, sin embargo, evitan anticipar una decisión inmediata. La conducción reconoce que el viaje a la OIT congelará por algunos días las discusiones internas y que cualquier resolución sobre una movilización o un eventual cuarto paro general recién se analizará después del regreso de la delegación sindical. esto sería no antes de mediados de junio, salvo que suceda algo que amerite adelantar ese plazo.

CGT, reforma laboral, oit, Suiza

Maximiliano Ariel Vallejo, el empresario financiero imputado como jefe de una asociación ilícita que habría operado a través del conglomerado Sur Finanzas, se presentó este martes 26 de mayo ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2, a cargo de Luis Armella, tal como informó este medio, y optó por el silencio selectivo frente a los cargos más pesados de la investigación. El hombre ligado a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, No respondió sobre el perjuicio causado a entidades deportivas del fútbol argentino, las tasas usurarias de los contratos financieros, el uso de familiares y allegados como presuntos testaferros ni el circuito de lavado de activos por más de U$S 108 millones que la acusación le atribuye.

La audiencia se realizó a exactamente 16 días del partido inaugural del Mundial FIFA 2026, que arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y en el cual Argentina, con Tapia como el dirigente de mayor peso, defenderá el campeonato mundial obtenido en 2022.

La lectura de cargos llevó varias horas. La fiscal adjunta Guillermina Luque Wickham le imputó, entre otros delitos, haber obtenido ganancias ilícitas a partir del perjuicio patrimonial causado a clubes de fútbol como Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur y el Club Atlético Temperley, entre otros. Esas ganancias, según la acusación, fueron luego inyectadas al mercado formal para dotarlas de apariencia de licitud mediante la adquisición de bienes registrables y la constitución de nuevas sociedades.

Por qué el silencio no implica culpa

Antes de ingresar al contenido de los descargos, y los largos silencios del financista, vale precisar el marco legal del acto. La declaración indagatoria está regulada por los artículos 294 a 300 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y es el mecanismo por el cual un juez federal convoca a una persona sobre quien recaen sospechas fundadas para que tome conocimiento de los cargos y, si lo desea, brinde su versión. No es un interrogatorio ni una obligación de confesar: su naturaleza jurídica es dual, ya que funciona al mismo tiempo como acto de defensa y como acto de investigación.

El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo —la llamada garantía de no autoincriminación—, y el artículo 298 del CPPN obliga al juez a advertirle al imputado, antes de que hable, que puede negarse a declarar sin que ese silencio sea interpretado como indicio de culpabilidad.

Esa advertencia es requisito de validez del acto. El imputado tiene tres opciones: declarar libremente, negarse en forma total o declarar de manera parcial —el llamado silencio selectivo—, sin que ninguna de esas posturas genere consecuencias procesales adversas. El CPPN prohíbe además cualquier forma de coacción, amenaza o pregunta capciosa para obtener una declaración. Vallejo eligió la tercera vía: habló sobre algunos puntos y al cierre indicó expresamente “no voy a contestar preguntas”.

Desde el punto de vista de la defensa penal, esa estrategia es frecuente en causas complejas: permite fijar una posición pública sin comprometer al imputado con una versión detallada que pueda ser confrontada con la prueba reunida. Los abogados a cargo de la defensa de Vallejos, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera reservaron los argumentos de fondo para un escrito ampliatorio o una declaración posterior.

El perjuicio a los clubes y los contratos que no explicó

Los funcionarios judiciales acusaron a Vallejo de ser el jefe de una asociación ilícita que tejió un esquema preciso de extracción de fondos de las entidades deportivas: descuento de cheques bajo condiciones abusivas, mutuos usurarios, obligación de utilizar el medio de pago provisto por Sur Finanzas y contratos de sponsorización simulados o sin ejecución real.

El caso más documentado en el expediente es el de Banfield. El 17 de julio de 2023, Vallejo suscribió en carácter de apoderado de Sur Finanzas Group S.A. un primer contrato de mutuo con ese club por U$S 500.000, con una tasa de interés compensatorio del 3% mensual en dólares. Tres meses después, el 9 de octubre de 2023, firmó un segundo instrumento por otros U$S 500.000, con la tasa elevada al 4% mensual en moneda extranjera. Ambos contratos contemplaban además un interés punitorio del 5% mensual. Los directivos del club —Eduardo Juan Spinosa como presidente, Federico José Spinosa como secretario e Ignacio Javier Uzquiza como tesorero— declararon en los documentos haber recibido “el dinero en efectivo y en la citada moneda (dólares estadounidenses)” antes de la firma, según consta en el expediente.

Vallejo no respondió sobre ninguno de esos términos. Tampoco se pronunció sobre las operaciones con San Lorenzo, Argentinos Juniors, Temperley ni Estrella del Sur, ni sobre los contratos de sponsorización tachados de simulados.

Sobre Banfield, su descargo se redujo a tres afirmaciones: que desconocía los manejos internos del club, que era “un simple sponsor, presidente de una entidad, de la cual le hice un préstamo” y que “al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben más intereses”. Dijo ser socio e hincha del club “por haber nacido en Banfield”.

La red de allegados señalada como testaferros

Uno de los bloques más extensos de la imputación que Vallejo dejó sin respuesta fue el que describe el uso de familiares, su pareja y personas de confianza como presuntos testaferros para ocultar su patrimonio real y canalizar fondos ilícitos.

Graciela Beatriz Vallejo, su madre, aparece vinculada a trece empresas del holding —entre ellas Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Sur Finanzas Group S.A., Sur Crypto S.A. y Sur Pagos S.A.— y habría administrado fondos por $669.800.081 en el Banco Masventas entre octubre de 2022 y mayo de 2023. A su nombre figuran además un Mercedes Benz GLC 300 Coupé AMG-Line valuado en $7.275.000, un inmueble en el Centro Comercial Plaza Canning de Ezeiza adquirido por U$S 120.000 y un BMW X2 valuado en $49.374.400, entre otros bienes. El 25 de febrero de 2025 sumó a ese patrimonio un Alfa Romeo Stelvio Veloce valuado en $96.450.000.

Maite Sofía Lorenzo, pareja actual de Vallejo y madre de su hijo de un año —quien además figura como titular del contrato de alquiler del domicilio familiar en el barrio Adrogué Chico—, aparece como administradora titular de Neocam S.A.S. La acusación sostiene que su rol fue ejecutar actos de administración para que Vallejo, como administrador real, permaneciera oculto. A su nombre se registra la adquisición de una Jeep Renegade valuada en $8.245.900.

María Fernanda Sena Argis ocupó la presidencia de Roma Inversiones S.A., Sur Pagos S.A. y Sur Finanzas Group S.A., entre otras firmas, en lo que la fiscalía califica como “roles administrativos ficticios” por orden y cuenta de Vallejo. A través de esas posiciones habría canalizado fondos para la compra de al menos quince vehículos —entre ellos un Mercedes Benz Atego, un Toyota SW4, un Audi Q5 valuado en $87.820.000 y un BMW 320i valuado en $39.500.000— y para la adquisición del inmueble de la Casa Central de Sur Finanzas en calle Seguí 764/768/780 de Adrogué, por $45.000.000. También transfirió desde la cuenta de Roma Inversiones $92.095.000 a una cuenta de la empresa RDA entre octubre y diciembre de 2025.

Su hermana, Bárbara Denise Sena Argis, presidenta de Cluster Palace Beach S.A., habría servido para disimular el patrimonio real de Vallejo. A través de esa empresa figuró como titular del Ferrari California Descapotable —dominio AG-895-HZ, valuado en $152.100.000— que la acusación señala como de uso personal del imputado, hasta que el Fisco descubrió la maniobra. Luego de los allanamientos, ese vehículo fue transferido a un tercero. Cluster Palace Beach adquirió además tres inmuebles en Adrogué por U$S 300.000 y otro en San Vicente por $395.400.000.

Silvia Torrado, madre de la ex pareja de Vallejo, aparece como socia gerente de Centro de Inversiones Concordia y presidenta de SF Inversiones S.A. y Sur Crypto S.A. La fiscalía le atribuye la función de ocultar al administrador real en las empresas que dirigía y facilitar la integración de activos ilícitos bajo el amparo de la formalidad societaria. Gerardo Salvador Carrozza, asesor de confianza de Vallejo y vicepresidente de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP S.A., habría certificado sucesivos orígenes de fondos falsos: $45.000.000 mediante un mutuo ficticio de Roma Inversiones para justificar la compra de la sede de la firma; $109.800.000 de Graciela Vallejo ante REBA Compañía Financiera, presentados como “anticipo de honorarios”; y fondos millonarios del propio Vallejo mediante préstamos cruzados entre empresas investigadas. Vallejo no respondió sobre ninguno de estos vínculos ni sobre los montos consignados.

La retención de aportes, el lavado y lo que sí respondió

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP— denunció que Vallejo, en su carácter de presidente de Sur Finanzas Group S.A. desde el 21 de noviembre de 2024, retuvo sin depositar dentro del plazo legal los aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y obras sociales de sus empleados. Los períodos y montos consignados en el expediente son: noviembre de 2024 por $9.509.819,62; diciembre de 2024 por $13.037.422,26; julio de 2025 por $4.435.386,94; y noviembre de 2025 por $4.351.213,87.

Ante esa imputación, Vallejo argumentó que su función era la de presidente y accionista y que desconocía la gestión administrativa, contable y tributaria, delegada en asesoría interna y externa. Luego trasladó la responsabilidad a las consecuencias de los propios allanamientos: sostuvo que a partir del 1° de diciembre de 2025 la empresa quedó sin actividad comercial, con cuentas bloqueadas, inhibidas y embargadas, y que más de cien empleados quedaron sin cobrar sus salarios. “La empresa no pudo pagar por no tener actividad comercial y si lo tuviera lo hubiera pagado”, afirmó, y señaló que el juzgado recién lo notificó de esa situación en febrero de 2026.

Ante la imputación por lavado de activos, Vallejo tampoco contestó la parte de la acusación que vincula las ganancias obtenidas a través de los clubes con la adquisición de bienes registrables y la constitución de empresas como mecanismo de reciclaje, ni se refirió al capital inicial de U$S 108.138.762 que la fiscalía señala como el origen espurio del holding, generado a través de Centro de Inversiones Concordia mediante intermediación financiera no autorizada e infracciones al régimen cambiario.

Su defensa en este punto fue exclusivamente general: “Creo y pretendo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas”, declaró.

Los descargos concretos de Vallejo se limitaron a su patrimonio personal. Afirmó que al 1° de diciembre de 2025 tenía “mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo, de mi sudor y de mi empresa”, y que su salario de $70 millones mensuales como CEO de Sur Finanzas, proyectado a tres años, explica la suma declarada ante ARCA. Los U$S 111.500 en divisas, dijo, fueron adquiridos de forma bancarizada a través del Banco Hipotecario tras el levantamiento del cepo cambiario en abril de 2025. Sobre la asociación ilícita se declaró inocente y cuestionó el tratamiento mediático: “Los medios masivos televisivos, audiovisuales y de radio distorsionan la realidad”, apuntó.

Al cierre de la audiencia se negó a responder preguntas. su defensor Parera aclaró que el pasaporte de su asistido se encuentra en la sede de Seguí 776, clausurada cautelarmente en el expediente CFP 7811/2021/2, razón por la cual Vallejo no puede presentarlo físicamente ante el juzgado. La defensa anticipó que ampliará sus argumentos mediante un escrito posterior.

La pelota, en términos procesales, ahora quedó del lado de los otros imputados. Vallejo dejó en claro que espera que sean ellos quienes aclaren lo que la acusación le adjudica en relación al Club Atlético Banfield en sus indagatorias: Eduardo Juan Spinosa, presidente del club al momento de los hechos; Federico José Spinosa, secretario; e Ignacio Javier Uzquiza, tesorero, los tres firmantes de los contratos de mutuo por U$S 1.000.000 en total que la fiscalía califica de ruinosos para la institución.