POLITICA
Nuevo revés para Tapia: un fiscal pidió que la causa por la mansión de Pilar adjudicada a Toviggino vuelva a investigarse en la Justicia porteña
El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, pidió que la causa por la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Chiqui Tapia, vuelva a investigarse en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires.
Actualmente el expediente se encuentra en el juzgado federal de Campana a cargo del magistrado, Adrián González Charvay, cercano a la Asociación del Fútbol Argentino, (AFA), liderada por Tapia, escoltado por su mano derecha, el Tesorero, Toviggino.
Pérez Barberá consideró en el dictamen: “Entre la justicia federal de Campana y la Justicia Nacional (pero también federal) en lo penal económico de esta Ciudad, debe considerarse competente a esta última para continuar con la investigación”.
A partir de la opinión del fiscal los jueces de la Cámara en lo Penal Económico, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quedaron en condiciones de definir si la investigación sigue en el juzgado de Campana a cargo de González Charvay o vuelve al tribunal 10 en lo Penal Económico, subrogado por Verónica Straccia.
Pérez Barberá destacó la “especialización técnica en la materia” de este último juzgado, que dijo que es “aquello por lo que este Ministerio Público Fiscal debe velar”, y que planteó que “como se vio, termina siendo decisivo en materia de atribución de competencia en casos de múltiple territorialidad».
Anularon el fallo que había enviado la causa de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino a un juez cercano a la AFA
A mediados de mes la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había asignado la causa de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino a González Charvay, cercano a la AFA.
La Sala I del máximo tribunal penal federal dejó sin efecto la decisión previa de la Cámara Federal de San Martín y dispuso que sea la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico la que determine finalmente qué fuero debe intervenir en la causa.
El conflicto enfrenta al juzgado federal de Campana con el tribunal nacional en lo Penal Económico N°10. La causa seguirá bajo la órbita de González Charvay hasta una definición de la Cámara.
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La decisión la dispusieron por mayoría los jueces, Ángela Ledesma y Javier Carbajo, que hicieron lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal. Ambos sostuvieron que, de acuerdo con las normas procesales y la ley orgánica judicial, correspondía la intervención de la Cámara Penal Económico intervenga para resolver el conflicto entre ambos juzgados.
En disidencia votó Mariano Borinsky, que consideró inadmisible el recurso de Casación al entender que las cuestiones de competencia no constituyen sentencias definitivas. El magistrado dijo además que no se había demostrado un perjuicio concreto ni una afectación al principio del juez natural que justificara la intervención de Casación.
Las claves de la causa de la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia
- La causa de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino, mano derecha de “Chiqui” Tapia, se originó a partir de una denuncia presentada el 1° de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe. Allí se denunció un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la compra de propiedades, vehículos, caballos árabes y otros bienes de alto valor vinculados a dirigentes de la AFA.
- El foco principal de la investigación está puesto sobre una quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, cuya propiedad se atribuye a Toviggino, considerado uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la AFA.
- Según consta en el expediente, el inmueble fue adquirido en mayo de 2024 por un valor declarado de US$ 1,8 millones. Sin embargo, una tasación oficial incorporada a la causa estimó que el valor real de la propiedad podría rondar los US$ 17 millones.
- La investigación busca determinar si la compra se realizó mediante una estructura de supuestos testaferros ligados al dirigente de la AFA. Entre los nombres mencionados aparece Luciano Pantano, titular formal de la propiedad junto a su madre Ana Lucía Conte. En el expediente también se incorporaron registros de visitas, movimientos societarios y documentación vinculada a Real Central SRL, la firma bajo la cual figura la quinta.
- Otro de los elementos analizados por la Justicia es el uso de una tarjeta corporativa de la AFA por parte de Pantano para distintos gastos. Además, entre las personas registradas como visitantes frecuentes de la mansión figura Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la entidad.
Pablo Toviggino, AFA, Claudio Tapia
La Unión Cívica Radical (UCR) pedirá información pública sobre los supuestos terroristas que mencionó Javier Milei al referirse a controles migratorios. La diputada nacional Karina Banfi afirmó en Infobae Al Mediodía que buscará determinar si las cifras aluden a expulsiones, rechazos de ingreso o antecedentes penales.
Banfi consideró que el Congreso debe pedir explicaciones por las declaraciones de Javier Milei sobre personas vinculadas al terrorismo. La diputada cuestionó la falta de precisión sobre las cifras y los procedimientos mencionados.
Afirmó que el vocero presidencial aclaró que esas personas no fueron expulsadas del país. Según explicó, la aclaración apuntó a rechazos de visas o autorizaciones de ingreso.
Al mismo tiempo remarcó que una expulsión requiere un procedimiento diferente. Señaló que una persona debe haber cometido un delito en el país para que las autoridades impulsen esa medida.
“Cuando vos hablás de terroristas tienen que haber cometido un delito en el país para poder ser expulsados”, sostuvo. Y dijo que existe “todo un procedimiento para que eso suceda”.
La diputada se refirió a cifras que incluyeron 20 mil y 30 mil casos en distintos momentos de la conversación. Por ese motivo, pidió que los registros oficiales determinen cuántas personas recibieron rechazos de ingreso.
“Dijo que eran treinta mil”, afirmó. Luego añadió que la explicación incluyó “diez mil del año pasado” y “veinte mil en este año”.
“Voy a hacer un pedido de acceso”, afirmó Banfi. La diputada dijo que utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer qué quiso decir el Presidente. “Quiero conocer exactamente qué es lo que quiso decir el presidente”, aseguró.
Según contó en Infobae Al Mediodía, buscará establecer si Migraciones rechazó el ingreso de personas con antecedentes penales. También pretende conocer si existió información oficial sobre amenazas contra la Argentina.
La legisladora señaló que la Ley de Migraciones permite impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales. Aclaró que esa facultad no equivale a expulsar del país a personas acusadas de terrorismo. “Para tener los datos y para constatar”, dijo.
Banfi cuestionó la forma en que Milei presentó el asunto. “El presidente dice cualquier cosa permanentemente”, sostuvo la diputada. Según precisó, los funcionarios luego realizan “malabares” para explicar esas declaraciones.
Asimismo, pidió separar los datos de las interpretaciones políticas. “Lo más importante es la evidencia”, sostuvo. Banfi afirmó que la ley permite negar el ingreso a personas con antecedentes penales.
La ley de discapacidad y el dictamen de mayoría
Entre otras cosas, la diputada puso foco en el debate sobre la discapacidad, el endeudamiento familiar y la seguridad migratoria en una agenda que incluye una votación prevista para el 14 de octubre. La discusión reúne proyectos con impacto en prestaciones, créditos y controles de ingreso al país.
La funcionaria sostuvo que la iniciativa tuvo respaldo de bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza. “Todos aquellos que creemos que una prórroga de la emergencia no tiene principalmente los resortes necesarios”, dijo. El peronismo no acompañó el dictamen, según señaló Banfi durante la entrevista.
La legisladora planteó que el proyecto busca reemplazar una nueva prórroga de la emergencia por una norma permanente. A su criterio, una emergencia fija un plazo y deja decisiones futuras en manos de otra gestión.
Banfi afirmó que la ley incorpora medidas que ya figuraban en la emergencia. Su propuesta apunta a que esas herramientas continúen vigentes después de diciembre de 2027. “Nosotros lo que buscamos es que queden de manera permanente”, explicó Banfi.
La diputada puso el foco en los prestadores que asisten a personas con discapacidad. “Un cronograma de pago” constituye el punto central del acuerdo, según sostuvo.
Indicó que los prestadores necesitan cobrar por los servicios que brindan a personas con discapacidad. Y afirmó que el texto actualiza sistemas que, según su descripción, quedaron afectados por la inflación del gobierno de Alberto Fernández.
La diputada señaló que el proyecto puede lograr una aprobación amplia en el Congreso. Dijo que una votación por unanimidad resultaría posible si el peronismo acompaña el trabajo con organizaciones del sector. “Viendo incluso el trabajo que se está haciendo con el colectivo de discapacidad”, planteó, “la posibilidad de que salga por unanimidad” sería “muy sano”.
Por otra parte, la legisladora aseguró que el Gobierno cambió su posición sobre discapacidad después de conflictos legislativos y presupuestarios. La diputada atribuyó ese giro a una actitud pragmática de la administración nacional.
Aclaró que esa interpretación corresponde a su mirada personal. Y vinculó el cambio con la llegada del Papa y la atención pública sobre el colectivo de discapacidad.
Banfi afirmó que el Gobierno entendió que una disputa prolongada con el sector no le dio resultados. Según su planteo, la administración nacional no cuenta con los votos necesarios para sostener esa confrontación.
“Es un sector extremadamente vulnerable”, dijo. También sostuvo que “generar una pelea, como viene haciéndolo durante dos años, no le sirvió para nada”.
La diputada sostuvo que la agenda de discapacidad reúne reclamos de organizaciones, instituciones religiosas y la Iglesia. Afirmó que ese escenario empujó al oficialismo a aceptar propuestas que antes no respaldaba.
Al mismo tiempo describió problemas internos en el Gobierno durante el diseño de proyectos legislativos. Algunas carteras, según precisó, elaboran iniciativas que luego llegan al Congreso con cambios no previstos.
La diputada citó como ejemplos la ley de lobby, la cuestión de soberanía y el capítulo de discapacidad dentro del presupuesto. De acuerdo con la legisladora, esas diferencias generan problemas posteriores en la comunicación política.
Banfi evitó centrar su crítica en la figura del Presidente. “Me importa más cuáles son los datos y cuáles son los registros”, afirmó al explicar su posición sobre las políticas públicas.
La legisladora sostuvo que los gobiernos deben ordenar las cuentas sin excluir a sectores vulnerables. “Cuando vos dejás estos sectores afuera, yo creo que el costo después que pagamos todos los argentinos es más caro”, dijo.
El endeudamiento familiar y los límites de una regulación
Entre otras cosas, la legisladora abordó el debate parlamentario sobre endeudamiento familiar y morosidad. La diputada cuestionó que la comisión tenga una fecha obligatoria para emitir dictamen.
Según explicó, el emplazamiento limita la posibilidad de discutir los proyectos con mayor profundidad. Banfi afirmó que el número de votos puede imponerse sobre el contenido de las propuestas.
Advirtió sobre los riesgos de intervenir en relaciones contractuales entre privados. Dijo que una regulación de tasas o topes puede afectar la oferta de crédito. “El problema no se resuelve siempre con una ley”, afirmó Banfi.
La diputada planteó que la Argentina necesita ampliar el acceso al crédito y mejorar la trayectoria financiera de quienes solicitan préstamos.
Sostuvo que muchas personas tienen una historia crediticia limitada. Según señaló, esa situación restringe sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos y mejores condiciones financieras.
La diputada informó que los bloques dialoguistas trabajan en un proyecto propio. El texto buscaría incorporar mecanismos que ya funcionan en otros países para ampliar la oferta crediticia.
También recordó el debate sobre la anterior ley de alquileres. La legisladora afirmó que la norma alteró la oferta de viviendas y perjudicó a quienes necesitaban alquilar.
La diputada reconoció que votó aquella ley y luego impulsó su derogación. “Fue un error”, dijo al referirse a esa decisión parlamentaria.
Para cerrar, aseguró que el decreto 70 derogó la norma y modificó el mercado de alquileres. Afirmó que la baja de la inflación redujo algunas presiones, aunque los valores todavía no descendieron.
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POLITICA
Un intendente peronista del conurbano eximirá de tasas y les perdonará deudas a los mayores de 75 años
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Partido Justicialista), anunció que su municipio no les cobrará tasas y les condonará deudas a las personas mayores de 75 años, siempre y cuando perciban ingresos de hasta dos haberes jubilatorios mínimos y tengan una única vivienda. El jefe comunal afirmó que tomó la medida porque la situación económica “golpea de lleno a los adultos mayores”.
Gray impulsó una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante, en la que se establece que los mayores de 75 años, que perciban ingresos por hasta dos jubilaciones mínimas (el haber mínimo de octubre es de $435.748,51) y tengan una única vivienda quedarán exentos del pago de nueve tasas y de las deudas por otras tres imposiciones municipales.
Según informó la Municipalidad de Esteban Echeverría en un comunicado, los beneficiarios de la ordenanza quedarán exentos del pago de la Tasa por Servicios Generales; la Contribución Especial para Obras Públicas; la Contribución Especial por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad; Derechos de Oficina; Patentes de Rodados; Carnet de Conducir; Derechos de Cementerio; Tasa por Servicios Asistenciales, y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.
Además, “se condonarán las deudas que, en concepto de Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio, más sus intereses, recargos, multas y gastos devengados, mantengan quienes integran el grupo beneficiario con el municipio de Esteban Echeverría y no hayan sido abonadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la exención total impositiva anunciada”, se indicó en el comunicado municipal.
Para acceder al beneficio, que regirá desde el 1º de enero del año que viene, los mayores de 75 años del distrito deberán presentar una declaración jurada acompañada por la documentación pertinente.
“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, afirmó Gray al presentar su iniciativa en el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría.
La intendencia subrayó en su comunicado que la canasta básica de un adulto, en agosto, llegó a $519.578 y que, además, “se suma el ajuste sobre organismos y prestaciones destinados a las personas mayores”. Entre esos puntos, se destacó “el desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la eliminación de prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.
la medida,»Las instituciones importan». Poder Ciudadano alertó sobre la falta de políticas anticorrupción,Tasas transparentes,Esteban Echeverría,Impuestos,Conforme a
POLITICA
Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores de la obra social OSPRERA en una causa por presunta corrupción
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, exsocio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a dos exinterventores que el Gobierno designó en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). La causa investiga presuntos contratos irregulares.
El magistrado los procesó por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. También les trabó un embargo de $1000 millones.
OSPRERA es la obra social de los trabajadores rurales y el Gobierno la tiene intervenida desde 2024, en medio de un conflicto con el gremio UATRE.
La investigación se centra en la contratación de HTECH, una empresa de Aguirre que se creó en abril de 2024. Según la causa, la firma no tenía antecedentes, empleados ni facturación previa antes de trabajar para la obra social. HTECH le cobró a OSPRERA por servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025 recibió unos $266 millones.
Aguirre y Martín Menem fundaron juntos en 2018 la firma TR Nutrition SRL, que se dedica a importar y vender suplementos dietarios.
El contrato con HTECH lo firmó Virginia Montero, la primera interventora de OSPRERA. Su sucesor, Marcelo Petroni, lo renovó y lo amplió. Ambos estaban entre los citados a indagatoria en la causa. Además, la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, era socia de HTECH y al mismo tiempo trabajaba como secretaria privada de Petroni.
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En julio, Casanello había citado a indagatoria a los imputados y había embargado bienes por 920 millones de pesos, entre ellos vehículos de alta gama. En su declaración, Montero justificó la contratación de la empresa. Aguirre, por su parte, negó haber participado en el proceso que terminó con el contrato de su firma y cuestionó que se filtraran datos de la causa.
A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló parte de la investigación. Los camaristas invalidaron el allanamiento al domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas que se obtuvieron de ese aparato. También dejaron sin efecto los embargos sobre el patrimonio de los imputados. Sin embargo, la causa general siguió en marcha a cargo de Casanello, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.
Martín Menem, Casanello, Justicia
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