El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 95 jornadas consecutivas con saldo a favor en el mercado cambiario, resultado de acuerdos con bancos, empresas y organismos públicos. El miércoles sumó USD 132 millones y el total anual supera los USD 9.200 millones, lo que representa más del 90% de la meta de compras de divisas fijada para 2026.

Desde el inicio del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA adquirió 9.234 millones de dólares. Abril registró el mayor volumen de compras, con USD 2.769 millones, y únicamente el 2 de enero no se realizaron operaciones.

Tras un comienzo de mayo con compras diarias menores a USD 100 millones, el BCRA aceleró el ritmo en las últimas semanas. En la última semana había comprado USD 909 millones y el acumulado de mayo llegó a 2.079 millones de dólares.

“El ritmo de compras aceleró significativamente en las últimas semanas: la media móvil de cinco días pasó de apenas USD 66 millones diarios durante la primera semana del mes a USD 182 millones el viernes pasado, en paralelo a una mayor liquidación del agro. Dado que la cosecha gruesa todavía transita sus primeras etapas, seguimos esperando que el desempeño observado en abril pueda repetirse en los próximos meses”, remarcaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Fuentes del Ministerio de Economía anticiparon que los flujos principales de la cosecha agrícola aún no se volcaron al mercado, lo que podría favorecer el ingreso de más divisas y otorgar mayor margen de intervención al BCRA en el corto plazo.

Hasta ahora, el Central cumplió el 92% del objetivo anual de compras. Durante el primer trimestre, la demanda de dólares por parte del Tesoro para afrontar compromisos financieros limitó el crecimiento neto de las reservas. Para sostener el proceso de acumulación, el BCRA emitió pesos sin esterilización, mientras que el Tesoro absorbió ese excedente mediante la colocación de deuda en moneda local, con el objetivo de estabilizar el tipo de cambio y contener la inflación.

Las estimaciones oficiales sitúan el saldo neto de compras para 2026 entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo de la disponibilidad de divisas y la demanda local de pesos. El titular del BCRA, Santiago Bausili, afirmó que estos factores resultarán decisivos para el balance anual.

La liquidación de la cosecha gruesa se perfila como un aporte clave de dólares a las reservas. Además, las colocaciones de deuda de empresas y provincias en el exterior alcanzarían más de USD 3.200 millones, reforzando la capacidad de intervención del Central.

“Luego del freno en las emisiones de obligaciones negociables durante febrero y marzo, en un contexto de mayor volatilidad internacional, el mercado retomó dinamismo a partir de abril. En lo que va de mayo, las colocaciones ya superan los USD 1.600 millones -más de lo emitido durante todo el mes de abril-, reflejando una mejora en las condiciones financieras locales”, destacó un reporte de la consultora Invecq.

El desembolso de USD 1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó las reservas brutas del BCRA por encima de los USD 47.000 millones, alcanzando su nivel más alto desde 2019.

La semana pasada, el directorio del FMI aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina por USD 20.000 millones, habilitando el ingreso de fondos frescos a las reservas.

Al cierre de la última jornada, las reservas brutas totalizaron USD 47.867 millones, con una caída diaria de 41 millones de dólares. Este nivel representa el valor más alto en cerca de siete años y supera el máximo de febrero bajo la actual gestión.

Antes del fin de la semana, el Gobierno deberá afrontar el pago pendiente del Bopreal Serie 3, correspondiente al 34% del capital emitido, por unos USD 1.020 millones más un 3% de intereses. Por este motivo, el efecto positivo del desembolso del FMI se verá prácticamente compensado por esa obligación.

Sergio Iraeta es uno de los funcionarios poco conocidos por el gran público. Secretario de Agricultura y, según el organigrama, subordinado al ministro de Economía, Toto Caputo, nunca cultivó un alto perfil, ni siquiera dentro del ámbito agropecuario. Pero todo eso cambió este miércoles, cuando Iraeta pronunció una frase que lo catapultó al centro de la polémica en las redes sociales: «pónganle flow», les dijo con tono enojado a un auditorio de productores maiceros que no aplaudían su discurso sobre las medidas de ayuda al campo.

Así, el funcionario dejó en evidencia, acaso involuntariamente, el temor del gobierno por un cambio de humor de los votantes de la clase media rural, a la que en el gobierno se considera un electorado ya ganado.

Todo ocurrió en Maizar, un congreso de productores de maíz, Iraeta venía haciendo un punteo de medidas de apoyo al sector, incluyendo el reciente anuncio de la rebaja en las retenciones a la exportación. En el auditorio estaban Federico Zerboni, titular de esa agremiación, y Ramiro Costa, gerente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en cuya sede el presidente Javier Milei había anunciado las bajas de las retenciones.

En un momento del discurso, tras enumerar las últimas medidas, Iraeta dijo: «Por supuesto que no es todo, pero hay que empezar por algo. Y estuvimos haciendo muchos ´algos´». Hizo una pausa, pero nadie aplaudió.

Si hubiese continuado el discurso, no habría pasado de otro acto formal del que los productores salen medianamente insatisfechos, y los funcionarios quedan con la sensación de que quedaron políticamente bien parados. Pero Iraeta quería aplausos, y se lo hizo saber a su auditorio.

«No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no la aplaudan. Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República Argentina y lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano», protestó.

Seguidamente en la primera fila uno de los directivos aplaudió, con ánimo componedor, a lo que siguió un tibio acompañamiento del resto. Pero Iraeta tampoco frenó ahí, ya había entrado en terreno puramente político: «Hoy es una cuestión pura y exclusivamente actitudinal, es muy desgastante estar en una posición en la cual decís ‘che, mirá, vamos haciendo las cosas’, y lees un tuit de un productor que está del mismo lado en que estaba yo hace 20 años y te dan ganas de agarrar el sulky a patadas».

Y remató con una amenaza velada: «Bajaste las retenciones hace tres días y nada, es como si no hubieras hecho nada. Cambiemos de actitud porque si no, va a cambiar el gobierno y van a cambiar las políticas para el campo».

La frase del secretario tiene un paralelo con lo que Caputo suele denominar «riesgo kuka»: el ministro explica que el índice de riesgo país se mantiene alto no por culpa del gobierno, sino por el miedo que el mercado financiero le tiene a un regreso del peronismo en 2027. En esa misma línea, lo que Iraeta está insinuando es que, por más que el cronograma de rebajas de retenciones pueda parecer lento, siempre será mejor que una vuelta a retenciones de 33%, como las que regían para la soja en la gestión de Alberto Fernández.

¿Un efecto boomerang?

Todavía no está claro si la arenga del secretario logrará la reacción buscada -una demostración explícita de apoyo por parte de los productores- o si, por el contrario, tendrá el efecto inverso, con una mayor aversión ante medidas que son calificadas como insuficientes.

Lo que, en todo caso, es seguro, es que Iraeta logró una repercusión impensada, y que puso en evidencia la preocupación oficial ante la posibilidad de una pérdida de apoyo político en el interior rural, un ámbito en el que Milei pone fichas como uno de sus bastiones para la votación del año próximo.

A juzgar por las primeras reacciones, se escucharon más voces de quejas que de aprobación. Ya la semana pasada, cuando se había anunciado la baja de las retenciones, la recepción del anuncio fue tibio. Por caso, el vicepresidente de la Sociedad Rural, Marcos Pereda, había dicho que las medidas llegaban tarde para algunos sectores, como el del trigo, que ya habían tomado sus decisiones de inversión para la siguiente campaña y están en plena siembra.

Pero, más grave, dijo que «nos quedamos con gusto a poco». En otras palabras, que el hecho de contar con un cronograma de baja de retenciones, y el escaso monto del alivio impositivo, no llegan a compensar el aumento de los costos que se han producido en los últimos meses.

Lo que todavía no está claro es si ese sentimiento se reflejará, además, en una tendencia a retener producto, como forma de presión para esperar mejores condiciones de venta -la actitud tradicional del productor, cualquiera sea el color del gobierno- o si este año habrá una decisión en línea con la expectativa oficial.

El objetivo de Caputo era alejar las especulaciones sobre alguna medida transitoria, como una rebaja de retenciones de siete puntos como la dispuesta el año pasado durante el primer semestre o un corte completo de retenciones por un mes, como el «tax holiday» de septiembre pasado. Mucho menos, la posibilidad de una devaluación para buscar competitividad, algo que el gobierno ha descartado de plano.

Y como, además, el mercado global está mostrando mejores precios, el mensaje tácito era que no tenía sentido especular con stocks ni recortar inversiones con vistas a la próxima campaña, porque ya hay un panorama previsible, y no incluye medidas por fuera del cronograma de caída progresiva de las retenciones.

Exportación récord, quejas también

De momento, la liquidación de exportación agrícola viene muy bien, como lo demuestran los récords de exportación que se están batiendo mes a mes. Para el próximo dato, correspondiente a mayo, la expectativa es que se superen los u$s9.000 millones, con un aporte del campo sustancialmente más alto que el del año pasado. De hecho, se espera que más de la mitad de ese número sea resultado del boom sojero.

Ya hay indicios que justifican el optimismo, dado que el movimiento más fuerte en la zona portuaria de Rosario recién se produjo en mayo, cuando se registraron jornadas con más de 14.000 vehículos al polo del cual sale el 80% de la exportación cerealera.

Las previsiones, que ya eran optimistas, se revisaron al alza en las últimas semanas, de manera que se prevé que se levantarán 50 millones de toneladas de soja y 68 millones de toneladas de maíz, según el reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario. Traducido a dólares, y la nueva proyección de los expertos apunta a que en todo el año se podría llegar a u$s36.100 millones, el cuarto mejor resultado de las últimas décadas, después de los excepcionales embarques de 2021 y 2022, impactados por la pandemia y el conflicto de Ucrania, y del 2025, que tuvo la ayuda de un clima óptimo.

Márgenes que se achican

Sin embargo, esta situación no alcanza para disimular esa preocupación que dejó en evidencia el secretario Iraeta. Hay enojo entre los productores, sobre todo porque creen que el gobierno subestima el hecho de que la suba en el precio del petróleo, al mismo tiempo que potencia los ingresos de Vaca Muerta, tienen un temible «lado B»: el incremento de los fertilizantes -que son derivados del petróleo- y de los costos logísticos.

«Si el costo de implantación del trigo aumentó 100 dólares por hectárea por el aumento del gasoil y fertilizante, me parece muy poco dejar de sacarle el 2% que aumentan los ingresos solo 20 dólares por hectárea», apunta Néstor Roulet, productor agropecuario y ex subsecretario del sector durante la gestión Macri.

Tampoco faltaron las quejas renovadas por el hecho de que el campo no tenga los mismos beneficios que sectores como la minería y la energía. También hubo alusiones irónicas a la «fatal arrogancia» de los burócratas, una expresión que suele escucharse en los discursos presidenciales.

El error de cálculo del gobierno se deriva de no advertir que parte del sector ha disminuido drásticamente sus márgenes de rentabilidad. Era un problema que ya se veía desde hace dos años, con comentados casos de defaults de deuda financiera. Pero se agravó por la situación internacional.

Hablando en plata, la tonelada de urea, un insumo básico para la fertilización de la nueva campaña agrícola, sigue ubicándose más de un 50% por encima del precio anterior al conflicto en Medio Oriente.

En síntesis, lo que verdaderamente le importa al productor agrícola argentino, que es el margen de ganancia, sigue mostrando un panorama desalentador: se necesita vender dos toneladas de soja para poder comprar una tonelada de urea. Antes del conflicto, esa relación era de 1,4. Esto llevó a los expertos a advertir sobre márgenes de ganancia cada vez más delgados en la gestión agrícola. El malestar no llegó al punto de que haya abucheos para los discursos de los funcionarios, pero acaba de quedar en evidencia que nadie tiene ánimo para aplausos.

El Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre el sindicato de aceiteros y las cámaras empresarias, luego de que el gremio anunciara un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras salariales.

Según informó la cartera conducida por Sandra Pettovello, la conciliación tendrá vigencia por quince días desde este miércoles, «período durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto».

Señala que «las organizaciones sindicales deberán dejar sin efecto toda medida de acción directa y prestar servicios de manera normal y habitual, mientas que las empresas deberán abstenerse de adoptar represalias, garantizar el normal otorgamiento de tareas y mantener las condiciones laborales habituales».

En ese marco, la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia virtual para este viernes 29 de mayo a las 11, «con el fin de avanzar en las negociaciones y alcanzar acuerdos que contribuyan al normal desarrollo de la actividad».

La medida de fuerza anunciada por el gremio aceitero

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) habían informado que «ante la decisión intransigente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y las patronales aceiteras y de biodiesel, que ofrecieron una recomposición salarial del cero por ciento en la negociación colectiva salarial del sector», convocaron a una medida de fuerza una medida de fuerza conjunta, siguiendo el mandato otorgado por las y los delegados de base.

Desde las organizaciones gremiales recordaron «el compromiso asumido en la paritaria del año pasado, que indicaba que entre el 27 de abril y el 2 de mayo de este año analizaríamos la evolución de las variables económicas del país y su impacto en el salario para negociar los aumentos necesarios».

Apuntaron que «las patronales, que obtuvieron una ganancia adicional de 3.740 millones de dólares con la enorme reducción de los derechos de exportación, ofrecieron un aumento salarial de 0 por ciento para mayo. No ofrecen ni un peso de aumento para nosotros, los trabajadores, que producimos la ganancia que ellos acumulan».

El reclamo de los aceiteros, que buscan un fuerte aumento de sueldo

«Además, volvieron a desconocer el criterio de negociación bajo el concepto del Salario Mínimo Vital y Móvil, que garantice las nueve necesidades que establece la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo, y quieren utilizar la lógica del índice de inflación del INDEC, que ya sabemos que no representa los gastos de una familia trabajadora. Lo que proponen es una trampa y, al mismo tiempo, niegan una historia de paritarias que lleva más de 20 años y que siempre aceptaron«, subrayaron.

Los Aceiteros apuntaron: «Vuelven, como lo hicieron en 2020, con la idea de acomodar los salarios a la inflación y sostienen que sólo podrá haber aumentos a partir de junio y con el techo impuesto por ellos mismos que estará apretado entre el aumento de 12,7 por ciento de principio de año y el IPC anual. Así, las y los aceiteros deberíamos esperar que se liquiden los salarios de junio para recibir un aumento que nunca podrá superar la inflación mensual«.

La Federación que lidera Daniel Yofra sostuvo que «estas empresas lograron ganancias extraordinarias sin aumentar la cantidad de trabajadores porque el gobierno les regaló una baja de los derechos de exportación, que fueron reducidos entre un 27 y un 67 por ciento (dependiendo el producto) respecto a 2023».

Agregó que «la ganancia adicional fue -como dijimos- de 3.740 millones de dólares para el sector (contemplando la baja de derechos de enero, la quita de derechos durante septiembre y la nueva baja en diciembre de 2025). Sólo con esa ganancia extraordinaria, pueden pagarnos al menos 5 años de salarios de todos los aceiteros».

Los gremios expresaron que «las patronales no quieren hablar de salarios y tampoco quieren hablar de lo que representa lo que ellas llaman ‘costo laboral’ que no es otra cosa que el trabajo de miles de compañeras y compañeros que producen lo que se exporta. ¿Y cuánto es ese ‘costo’? En la actividad aceitera los salarios representan apenas un 3,3 por ciento de las exportaciones del sector».

Detallaron que «en 2025 se batieron récords de producción procesamiento de soja y girasol. Eso lo hicimos nosotros, los que producimos: pasamos de 183 toneladas por mes a 191 toneladas por mes por trabajador. Lo hicimos sin que las patronales aumentaran la cantidad de trabajadoras y trabajadores» y destacaron que «de todo esto, las patronales no quieren hablar. Mucho menos sobre las necesidades de las familias aceiteras, de los aumentos de los precios de todo lo que consumimos los trabajadores».

El súper sueldo que reclaman: equivale a ocho salarios mínimos

El último acuerdo fijó un salario básico inicial de $2.344.000, que incluyó una suma extraordinaria no remunerativa, incrementada un 32 por ciento respecto a la anterior, que se abonó en enero y febrero pasado.

Al respecto, Yofra declaró que «nuestro pedido tiene el mismo fundamento de hace 20 años, garantizar un salario inicial conforme nuestro derecho constitucional a un Salario Mínimo Vital y Móvil que garantice, conforme los establece el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».

En ese marco, relató que «para garantizar ese salario, y según las mismas estadísticas del INDEC, se necesitan $2.802.754 y eso es lo que reclamamos a las patronales aceiteras. Su negativa a otorgar aumentos demuestra su mala fe y sin lugar a dudas es una provocación a los sindicatos aceiteros y a los trabajadores». En concreto, el sueldo que reclaman los aceiteros equivale a ocho salarios mínimos.

Los sindicatos manifestaron que «por eso decidimos iniciar una huelga nacional aceitera. No estamos dispuestos a aceptar ni una rebaja ni un congelamiento salarial. Mucho menos vamos a atar nuestra vida y la de nuestras familias a la conveniencia de las patronales».