POLITICA
Un fiscal pidió que la causa que investiga la quinta de Pilar atribuida a la AFA deje el juzgado de Campana
El fiscal de la Cámara Penal Económico Gabriel Pérez Barberá dictaminó que el expediente en el que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa quinta de Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, pase de la Justicia de Campana a su fuero, en la Capital Federal. En el caso se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero.
Así lo indicaron a fuentes judiciales. El fiscal sostuvo en su dictamen que todavía es prematuro definir la competencia del caso solo por la ubicación de la casa y que al tratarse de un caso de lavado de activos, corresponde que se tramite en un fuero especializado.
Así, todos los fiscales que debieron pronunciarse respecto a dónde debe tramitar el expediente, incluido el de la Casación, Mario Villar, opinaron que el expediente debe salir de la Justicia de Campana, su sede actual.
Llegó allí luego de que los dueños formales de la quinta, el monotributista Luciano Pantano, y su madre, Ana Conte, investigados como presuntos testaferros de las autoridades de la AFA, presentaran un escrito pidiéndole al juez Adrián González Charvay que se amparara en un argumento territorial y reclamara para su juzgado la investigación.
Charvay hizo lugar al planteo y el juez Alberto Lugones, de la Cámara Federal de San Martín, respaldó la decisión.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación ordenó el 15 de mayo que sea la Cámara en lo Penal Económico el tribunal que decida qué juez debe llevar el caso. Hasta que eso se resuelva, el expediente continuará en manos del juez Adrián González Charvay, un magistrado que tendría vínculos con los jefes de la AFA.
Mucha de la prueba recabada en el expediente -que fue y vino por distintas sedes judiciales- apunta contra el tesorero Toviggino. De la casa, la Justicia secuestró una colección de autos de lujo, cuyos costos mensuales se pagaban con una tarjeta de la AFA; un bolso y una placa homenaje con su nombre y un karting como los que usa su hijo, entre otras.
Tal como conto , antes del allanamiento, empleados que trabajaron en el lugar alcanzaron a retirar elementos que lo vinculaban todavía más directamente con la quinta, como una pintura de él junto con su padre, que colgaba en el quincho.
Además, durante su indagatoria en la causa por presunta evasión impositiva, Toviggino estuvo acompañado de un auto que figuró a nombre de Real Central, la sociedad de Pantano y Conte que en los papeles es dueña de la casaquinta, que cuenta con un haras de caballo y helipuerto.
La polémica se amplió con la publicación de este medio que dio a conocer que un juez del máximo tribunal penal del país, Carlos Mahiques, festejó allí uno de sus cumpleaños, un hecho que él y su hijo, el ministro de Justicia, Bautista Mahiques, niegan.
Sin embargo, tras la publicación, el camarista renunció a la subrogancia que ejercía en la sala que debía intervenir en el caso, luego de que se trabara la disputa por la competencia.
El camino
El expediente nació en Comodoro Py, en el juzgado de Daniel Rafecas, que se declaró incompetente, pero puso en marcha las primeras medidas. Luego pasó al fuero Penal Económico, bajo el ala de Marcelo Aguinsky, quien profundizó las medidas hasta que Pantano y Conte lograron con su escrito desviar el camino del expediente hacia Campana.
Allí, el expediente quedó bajo la órbita de González Charvay. El juez ordenó nuevas medidas, pero el expediente perdió el ritmo frenético que le imprimieron los otros dos jueces durante los primeros meses.
Los últimos movimientos del juez fueron dos. Por un lado, ordenó a expertos de la Corte realizar una pericia contable sobre tres ejes distintos: la tarjeta de crédito de Pantano, con la que se pagaron algunos gastos de la flota de autos; los movimientos de su sociedad, Real Central, propietaria de la quinta, y el flujo de dinero de TourProdEnter LLC, la firma vinculada a Javier Faroni que explota los derechos comerciales de la AFA en el mundo y que habría desviado más de 40 millones de dólares.
La otra medida del juez en el último tiempo fue pedir la inhibitoria a los magistrados que entienden en otras dos causas del universo AFA, que también tramitan bajo la hipótesis de lavado de dinero. Uno de esos expedientes es impulsado por Guillermo Tofoni -quien usufructuaba antes que Faroni los derechos de la AFA- y encierra otra disputa por la competencia que debe resolver la Corte Suprema.
En el recorrido del expediente que investiga la quinta de Pilar ya intervinieron la Cámara Federal, la Cámara Federal de San Martín, la Cámara Penal Económico, la Casación y, ahora, nuevamente la Cámara Penal Económico.
Antes que Pérez Barberá, ya se habían pronunciado en contra de que el caso quedara en Campana el fiscal Sebastián Bringas y el fiscal de Cámara Carlos Cearras, que fue quien llevó la discusión hasta la Casación.
El destino del expediente quedará ahora en manos de los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, que deberán poner fin a la disputa de competencia.
Adrián González Charvay,empleados que trabajaron en el lugar alcanzaron a retirar elementos,estuvo acompañado de un auto,la publicación de este medio que dio a conocer que,habría desviado más de 40 millones de dólares,Federico González del Solar,AFA,Pablo Toviggino,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,,En el juicio. Schoklender declaró que Aníbal Fernández financió una “usina de denuncias contra Pro” y que Chávez aportó fondos a las Madres,,El mensaje del tedeum. La bronca oculta de Milei con la Iglesia,,Ministro español en Buenos Aires. Ángel Víctor Torres: “Creemos en el Estado de bienestar, y nos ha funcionado”,AFA,,Le atribuyen gestos racistas. Sancionan a un jugador de la sub-17 por gestos racistas hacia brasileños en un partido,,“Gracias, Chiqui”. Calamaro cerró su show en Buenos Aires con un mensaje para Claudio Tapia,,Entrevista en LN+. El financista Vallejo insistió en que la causa “está tirada de los pelos” y dijo que manejaba US$500.000 por día
POLITICA
El presidente de Uruguay negó la instalación de un cable submarino entre Malvinas y Montevideo
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, negó que se vaya a tender un cable submarino de fibra óptica para conectar el país con las Islas Malvinas, en plena tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago y la próxima explotación por parte de empresas extranjeras de petróleo cerca de las islas.
“Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo. No se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada”, dijo el presidente uruguayo a la prensa en la Expo Rural del Prado, en la ciudad de Montevideo.
Además, afirmó que una empresa de Estados Unidos trabaja en un proyecto de fibra óptica, pero sostuvo que la iniciativa no incluye a las Malvinas. “Es una noticia falsa”, insistió luego de que se difundieran imágenes de un buque de una empresa holandesa navegando aguas uruguayas.
Noticia en desarrollo
cable submarino de fibra óptica para conectar el país con las Islas Malvinas,Conforme a
POLITICA
Patricia Bullrich dijo que no le avisaron del recorte en Discapacidad: “Quedás como tonto o que engañás, eso resiente las relaciones”
Patricia Bullrich aseguró esta mañana que no estaba al tanto de los cambios en el sistema de discapacidad que el gobierno de Javier Milei introdujo en el proyecto de Presupuesto 2027, a pesar de integrar la mesa política del oficialismo. La declaración expone una fisura en la coordinación interna de la coalición gobernante en un momento en que la aprobación del presupuesto se vuelve estratégica para el año electoral.
La senadora y presidenta del PRO admitió -en declaraciones al periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia- que el tema “no salió a la luz” en las reuniones de la mesa política, y que el presupuesto llegó con esos cambios sin previo aviso para los socios de la coalición. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, enfatizó la legisladora, que luego expresó cierta molestia porque cuando los legisladores aliados llegan al Congreso sin haber sido informados, quedan expuestos ante sus propios bloques y ante la oposición. “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.
En el mismo sentido, Bullrich reconoció que en Diputados ya existía un acuerdo político entre el oficialismo y sectores opositores para discutir el tema de discapacidad “de determinada manera”, acuerdo que ahora quedaría en cuestión con la aparición de estos artículos en el texto presupuestario. El Senado actúa como cámara revisora en materia presupuestaria, por lo que deberá esperar a ver qué texto llega desde la cámara baja antes de definir su postura. “Está bastante peliaguda la discusión”, reconoció.
Desde los bloques opositores, las reacciones fueron inmediatas. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó los cambios como “ilegales e inconstitucionales” y denunció que el proyecto busca “desmantelar” la Ley de Emergencia en Discapacidad. El legislador Esteban Paulón, de Santa Fe, subrayó que los cambios aparecieron luego de que La Libertad Avanza había impulsado junto a bloques afines una iniciativa propia para tratar la emergencia, sin revelar su contenido real.
El Presupuesto derogó puntos históricos del sistema de discapacidad que rigen desde 1997
El proyecto enviado al Congreso incluye, en su Capítulo VI, los artículos 36 a 41, que modifican en forma permanente pilares del sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más sensibles figura la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793) y cambios profundos en la ley 24.901, que desde 1997 sostiene el sistema de prestaciones básicas de atención integral.
El corazón de la reforma apunta al Nomenclador de Prestaciones Básicas: el texto establece que ya “no incluirá valores universales”, lo que elimina los aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores. En la práctica, las familias de personas con discapacidad deberán negociar individualmente el valor de terapias y tratamientos con sus coberturas. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, lo resumió con crudeza en Radio Con Vos: “Es letal la desregulación del nomenclador único”.
Otro de los cambios centrales reinstala el esquema de pensión por invalidez laboral, lo que implica que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no funcionará como garantía directa de acceso a las prestaciones. Además, quienes cuenten con empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderán la compatibilidad con ese beneficio, una modificación que hasta ahora permitía a muchas personas con discapacidad trabajar sin perder su cobertura.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que la reforma “elimina dos principios fundamentales: que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado, y que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria”. “En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto”, señaló desde su cuenta de X.
Los cambios en los valores de las prestaciones también dejarán de ser automáticos y mensuales. El Gobierno fijará esos montos a su propio criterio de forma trimestral, y solo se recurrirá al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC si ese ajuste no se realiza en tiempo y forma. Se elimina además el estudio anual de costos de cada prestación, que incorporaba a los aranceles los aumentos de componentes no reflejados en la inflación general.
POLITICA
Fuerte crítica de Yacobitti por los fondos para universidades: denunció que hay partidas que perdieron 85%
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, criticó este jueves el Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso, en el que la administración de Javier Milei estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene. Y es que los rectores, en cambio, habían adelantado que los fondos necesarios para el próximo año ascendían a $11 billones. En ese contexto, el exdiputado aseguró que hay partidas que perdieron un 85% de inversión.
“El presupuesto consolida cuáles son las prioridades del Gobierno y, dentro de esas prioridades, no está el sistema público de universidades. Tampoco está cumplir la ley [de financiamiento universitario]”, sostuvo Yacobitti y marcó que la pérdida del salario docente es del 30,5% respecto a diciembre de 2023.
En diálogo con radio Mitre, enumeró la caída de la inversión del Gobierno en partidas que son para la UBA: “En el mundo donde el conocimiento es el protagonista, la inversión para las partidas de ciencia y tecnología desde 2023 hasta hoy el presupuesto consolida que bajaron 85%. El plan de obras para las universidades bajó al 92% en obras y mantenimiento. Eso es para comprar equipamientos que hacen falta para estudiar, desde carreras tradicionales hasta las carreras que implican nuevas tecnologías”.
“La inversión por alumno es muchísimo menor que la que se hace en otras universidades similares, como la de San Pablo o la UNAM de México. En algunos casos es 10 y otras veces 15 veces menos. La inversión por alumno en los últimos tres años bajó 28%. Hace 20 años que no teníamos una inversión tan baja”, advirtió Yacobitti.
Al ser consultado sobre el próximo accionar de la UBA, si será con una marcha, el vicerrector de la UBA dijo que “seguramente el reclamo se haga de ahora en adelante como foco también la Justicia” porque el Gobierno sigue, según Yacobitti, incumpliendo la ley.
“El Gobierno dice que está cumpliendo la ley; las universidades dicen que no. ¿Quién tiene razón? Tiene que haber alguien que diga, ‘no, mirá, esto es así’. Eso es lo que hoy desespera a muchos. Yo creo que eso no nos puede hacer abandonar el sueño de tener una universidad pública como la que tenemos hoy», sostuvo y no descartó una medida de fuerza.
“En una medida de fuerza perjudicás a los estudiantes, que también son los que están reclamando por lo mismo. No nos queda otra que tratar de concientizar a la sociedad, como lo hicimos hace pocos días en la Plaza de Mayo, poniendo los haberes a disposición de la sociedad, independientemente de que las universidades estaban abiertas y funcionando. Es un doble esfuerzo”, completó.
El Presupuesto 2027
Los rectores de universidades públicas buscaron el miércoles apoyo en el Congreso en protesta al presupuesto que envió el Gobierno al Congreso, que contempla menor inversión en las casas de estudios.
Tal como publicó , los gastos para el personal, por ejemplo, estimados en $8368 billones, ya superan al presupuesto total para las universidades contemplado para 2027.
Sumando los fondos y programas específicos que integran el financiamiento universitario contemplado en el artículo 12, la propuesta de las universidades alcanza los $10 billones. A eso le agregan partidas para recomponer los gastos de funcionamiento, el programa Fundar (Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional) y las becas Manuel Belgrano.
Plantearon el monto de $11,005 billones como el punto de partida para el sistema, que debería actualizarse el año que viene dado que no incorpora la inflación proyectada.
El proyecto oficialista contempla un crédito de $7.349.082.049.312 para el conjunto de las universidades nacionales. Ese monto se divide en $6.326.177.949.919 en gastos de personal, funcionamiento y transferencias corrientes. Y $1.022.904.099.393 en partidas “debajo de la línea”, que incluyen ciencia y técnica, hospitales universitarios, fortalecimiento de recursos humanos y colegios preuniversitarios, entre otros ítems.
Este jueves el Gobierno se reunirá con los universitarios. Está convocado nuevamente un encuentro con los gremios y representantes de los rectores, a las 11 la docente y a las 15 la del personal no docente. En el último mano a mano, el 1° de septiembre pasado, no hubo acuerdo y los gremios convocaron a un paro nacional al día siguiente. Rechazaron el 3% de aumento ofrecido en el encuentro que encabezó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
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