POLITICA
Interpelarán al intendente de Morón por la causa de la funcionaria que tenía medio kilo de cocaína en la casa
El intendente de Morón, Lucas Ghi, deberá dar explicaciones ante el Concejo Deliberante luego de que la oposición lograra aprobar un pedido de interpelación por el caso de Luna Ortigoza, la exdirectora de Políticas de Género y Diversidad del municipio, a quien le encontraron más de medio kilo de cocaína durante un operativo judicial.
La decisión fue avalada este jueves en una sesión extraordinaria atravesada por fuertes cruces políticos y acusaciones entre oficialismo y oposición. Con 16 votos afirmativos, los concejales opositores consiguieron avanzar con la citación formal al jefe comunal.
Ortigoza está prófuga y es investigada por la Justicia en una causa vinculada al narcotráfico. El caso impactó de lleno en la gestión local y abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de control y selección de funcionarios.
A partir de la aprobación de la interpelación, Ghi deberá presentarse en el recinto dentro de los próximos cinco días hábiles para responder preguntas sobre los antecedentes de la exfuncionaria, los procedimientos de contratación y las medidas adoptadas desde que se conoció la investigación judicial.
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Durante el debate, desde La Libertad Avanza insistieron en que el intendente debe asumir la responsabilidad política por las personas que integran su gabinete. La concejal Alejandra Liquitay cuestionó además que el oficialismo intentara minimizar el pedido y aseguró que los vecinos exigen respuestas claras frente a un hecho de semejante gravedad.
“La preocupación no es solamente política, también es social”, sostuvo la edil, al advertir sobre el impacto del narcotráfico en los barrios más vulnerables del distrito. También reclamó que el Ejecutivo brinde explicaciones institucionales en el Concejo y no únicamente a través de declaraciones públicas o medios de comunicación.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron las acusaciones de encubrimiento y defendieron la actuación del municipio. La concejal Vanina Moro, del espacio Movimiento Derecho al Futuro, afirmó que tanto Ortigoza como otra trabajadora municipal investigada en una causa distinta fueron apartadas de sus cargos apenas se conocieron las imputaciones judiciales.
Además, aseguró que toda la documentación requerida fue entregada a la Justicia y remarcó que la gestión colaboró desde el primer momento con la fiscalía y la jueza a cargo de la investigación. “La Justicia juzga personas y nosotros gobernamos”, expresó Moro durante la sesión, donde también advirtió sobre el riesgo de estigmatizar a trabajadores municipales y vecinos a partir de un caso individual.
El debate dejó al descubierto las tensiones políticas que atraviesan al distrito y reavivó las discusiones sobre los controles internos dentro del Estado municipal. Desde la oposición reclamaron revisar los mecanismos de ingreso de personal y reforzar las herramientas de prevención para evitar nuevos episodios de este tipo.
Mientras tanto, la expectativa ahora está puesta en la presentación que deberá realizar el Ejecutivo local ante el Concejo Deliberante, en una causa que ya escaló del plano judicial al centro de la disputa política en Morón.
Morón, cocaina, escándalo
POLITICA
El vicerrector de la UBA desmintió los dichos del vocero presidencial sobre la cantidad de extranjeros en universidades públicas
Adrián Ravier, vocero presidencial, sostuvo durante la conferencia de prensa de este martes 28 de julio que el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros. La afirmación no tardó en ser rebatida desde la propia institución. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, salió a contradecir ese número.
Según informó Yacobitti en su cuenta de X, en 2026 los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan apenas el 6,1% de los ingresantes a Medicina, y el 2,5% del total de los más de 70.000 nuevos estudiantes que ingresaron a la universidad este año.
Ravier atribuyó el dato cuestionado al subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, y presentó un cuadro que también consignaba que el 51% de los alumnos regulares de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) son extranjeros. Lo hizo luego de que la afirmación fuera cuestionada en la conferencia de prensa por el cronista de El Destape, quien abrió el debate al consultar sobre el tema.
Yacobitti respondió que esas cifras son “erróneas” y que el debate público merece sostenerse sobre información precisa. Desde la UBA ofrecieron reunirse con el Gobierno para contrastar los registros.
Las diferencias entre ambas series de datos podrían responder, en parte, a qué universo mide cada uno. Yacobitti precisó que sus cifras corresponden a ingresantes de 2026 con residencia temporal, transitoria o precaria, mientras que los datos oficiales que compartió Ravier hacen referencia a alumnos regulares —una categoría que incluye a quienes ya llevan años cursando.
Ni la UBA ni el Gobierno aclararon públicamente cuál es información que surge de registros comparables.
El vicerrector también desglosó la presencia de extranjeros en otras facultades: 4,1% en Odontología, 2,7% en Ingeniería y menos del 2% en el resto de las unidades académicas. Agregó que desde 2022 la UBA exige a los aspirantes provenientes de países no hispanohablantes la acreditación del nivel C1 de español, tanto en comprensión como en producción oral y escrita, un dominio del idioma prácticamente equivalente al de un hablante nativo.
La disputa no se limita a una diferencia estadística: expone una tensión más profunda entre el Ejecutivo y las universidades nacionales en torno a una política que el Gobierno impulsa desde 2025 y que las casas de estudio se niegan a implementar: el cobro de aranceles a los alumnos que no posean la ciudadanía argentina.
En efecto, la polémica se enmarca en un debate más amplio sobre el DNU 366/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a los alumnos extranjeros. Álvarez había recordado en su cuenta de X que la norma sigue vigente y que los rectores están “legalmente autorizados desde el día 28/5/2025” para aplicar el cobro. No obstante, a finales de junio la Cámara Nacional Electoral anuló parte del decreto al declarar inconstitucional el artículo que transfería a la Dirección Nacional de Migraciones la potestad de otorgar la ciudadanía argentina, competencia que históricamente ejercieron los jueces federales.
Alrededor del subsecretario sostienen que solo ese punto está bajo disputa judicial y que la posibilidad de cobro a extranjeros permanece intacto. Los rectores, en cambio, consideran que el decreto modifica dos leyes vigentes —la de Educación y la de Migración— y que cualquier impugnación ante la Justicia prosperaría, dado que un DNU no puede situarse por encima de una ley. Ninguna universidad nacional ha implementado el arancel hasta la fecha.
En las últimas semanas el debate se reeditó con la presentación del diputado bonaerense, Agustín Romo, para establecer por ley en la provincia de Buenos Aires el cobro de aranceles por los servicios de educación y salud a las personas nacidas en otros países.
Adrián Ravier,Emiliano Yacobitti,UBA,vocero presidencial
POLITICA
El Gobierno autorizó la extradición a Turquía del jefe mafioso que denuncia vínculos entre el crimen organizado y el entorno de Erdoğan
El Gobierno autorizó la extradición de un jefe mafioso turco que durante los últimos seis años buscó evitar que lo devolvieran a su país, donde afirma que podría ser torturado o asesinado por revelar los presuntos vínculos entre organizaciones del crimen organizado, sectores de inteligencia y personas del entorno del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.
Detenido en la Argentina desde 2020, Serkan Kurtulus solicitó permanecer en el país como refugiado político, petición que le fue denegada, por lo que, una vez agotadas todas las instancias judiciales, la decisión quedó en manos del Poder Ejecutivo. Tras la firma de la resolución correspondiente, la Cancillería dispuso su entrega a Turquía, y las oficinas de Interpol en Buenos Aires y Estambul comenzaron a coordinar los detalles del traslado.
La administración del presidente Javier Milei decidió así que Kurtulus será enviado a Turquía, que lo requería como supuesto cabecilla de una organización acusada de homicidio, extorsión, secuestro y tráfico de armas, entre otros delitos registrados durante las últimas décadas.
Alojado en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel federal de Ezeiza, Kurtulus fracasó en sus últimos intentos por evitar o demorar su envío, mientras que el gobierno de Erdoğan, que incluso designó un funcionario para seguir de cerca en la Argentina la evolución del expediente, aguardaba la decisión de la Casa Rosada para enviar una comisión oficial encargada de trasladarlo a Ankara.
La decisión del Gobierno argentino adquiere una dimensión adicional por las denuncias formuladas por Kurtulus desde la cárcel. Según sostiene su defensa, el detenido se convirtió en un “arrepentido” dispuesto a aportar información sobre la presunta relación entre organizaciones mafiosas, sectores de inteligencia y dirigentes políticos turcos. Esa condición es la que, según afirma, lo expondría a un riesgo extremo si regresa a Turquía.
En ese contexto, una de las voces que más reclamó que la Argentina le concediera asilo político a Kurtulus fue un periodista que figuraba entre los objetivos de la organización criminal que integraba el detenido. Se trata de Can Dündar, exdirector del principal diario de Turquía, Cumhuriyet, condenado en ausencia a 27 años de prisión por la Justicia turca tras revelar el envío clandestino de armas por parte de los servicios de inteligencia de ese país hacia Siria.
“Ante la insistente presión del gobierno turco para lograr su extradición, las autoridades argentinas están a punto de enviar a Kurtulus de vuelta a Turquía. Como cabe imaginar, eso supondría para él la tortura e incluso la muerte”, aseveró Dündar en diálogo con desde su exilio en Berlín, donde se convirtió en uno de los mayores críticos del régimen de Erdoğan.
“Resulta curioso que yo ahora esté intentando salvar la vida de quien podría ser mi asesino; pero se trata de un denunciante de gran importancia, cuyos conocimientos y archivos podrían ayudar a esclarecer muchos rincones oscuros de la historia de Turquía”, remarcó Dündar.
Según investigaciones judiciales desarrolladas en Turquía y testimonios posteriores, Kurtulus integró una organización criminal vinculada con atentados y asesinatos por encargo contra opositores, periodistas y empresarios. Y tras su detención en la Argentina, el criminal decidió revelar información sobre el funcionamiento interno de la organización que complica a Erdoğan y su círculo íntimo.
Las advertencias formuladas por Kurtulus y por el periodista Can Dündar encontraron eco en organismos internacionales que denuncian la situación institucional de Turquía desde hace años. Entre otros motivos, por el deterioro del Estado de Derecho, la persecución de opositores y periodistas, y el incumplimiento de fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En ese sentido, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Consejo de Europa, entre otros organismos, han denunciado reiteradamente detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución judicial contra periodistas, dirigentes opositores y magistrados en Turquía. Sobre esa base, la defensa de Kurtulus sostiene que las garantías diplomáticas que pueda ofrecer Ankara resultan insuficientes para asegurar su integridad física, una postura que también expresó públicamente Dündar.
Antecedente
Kurtulus siguió, sin embargo, los pasos en la Argentina del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, otro caso en el que el debate giró en torno a la tensión entre un pedido de extradición y el eventual riesgo de persecución política en el país requirente. Apablaza recibió el asilo político en 2010, condición que el entonces presidente Mauricio Macri revocó en 2016, mientras que Milei firmó el decreto para su extradición en marzo de este año.
El recorrido de Kurtulus incluye una notificación roja de Interpol —el mecanismo mediante el cual ese organismo solicita a los países miembros la localización y detención provisoria de una persona requerida por la Justicia de otro Estado— por crímenes cometidos entre 2016 y 2017 y una detención en Puerto Madero en 2020, después de haber ingresado a la Argentina con documentación falsa, junto a su lugarteniente, Líder Camgoz. Ambos terminaron enfrentados durante su permanencia en prisión.
Durante las últimas semanas, en tanto, el abogado de Kurtulus en la Argentina, Héctor Trajtemberg, intentó abrir un resquicio que le permitiera evitar la entrega de su defendido a Turquía. Presentó nuevas incidencias procesales, aunque el expediente principal ya quedó firme tras el rechazo de todas las apelaciones judiciales ordinarias y extraordinarias.
El fallo que la Corte Suprema dictó en 2023 llegó con una pauta explícita. Confirmó que la extradición era procedente, pero exhortó a Turquía a garantizar la integridad física de Kurtulus. En su resolución, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda sostuvieron: “Esta Corte entiende pertinente exhortar al país requirente para que se comprometa a garantizar que la entrega y permanencia” de Kurtulus “se llevará a cabo en condiciones que salvaguarden su integridad”.
Esa exhortación constituye una garantía meramente formal, según la defensa de Kurtulus, al igual que para Dündar y organizaciones internacionales como Human Rights Watch. Se apoyan en que, según el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y diversas organizaciones de derechos humanos, el gobierno de Erdoğan ha incumplido en reiteradas oportunidades resoluciones judiciales que ordenaban la liberación de periodistas, jueces y dirigentes opositores, mientras continúan acumulándose denuncias sobre desapariciones forzadas, torturas y persecuciones políticas en Turquía.
Con las instancias judiciales agotadas y la autorización del Poder Ejecutivo ya concedida, el expediente ingresó ahora en su etapa final. La ejecución de la extradición quedó en manos de la Cancillería, Interpol y las autoridades de ambos países, que deberán coordinar la fecha, el operativo de seguridad y el traslado de Kurtulus hacia Ankara.
Hugo Alconada Mon,Turquía,Conforme a
POLITICA
El Gobierno descartó incluir un blindaje al Indec en la reforma del Banco Central que presentará Milei
El Gobierno descartó incluir un blindaje al Indec en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que Javier Milei presentará este jueves. En el Ejecutivo aseguran que la propuesta no forma parte del proyecto y deslizan la opción de impulsarla durante los próximos meses mediante otra iniciativa. “No está en el texto”, expresan en Nación.
La idea había sido acercada por el diputado de La Libertad Avanza Santiago Santurio durante la reunión que el Presidente mantuvo con legisladores oficialistas para explicarles los alcances de la modificación. El planteo apuntaba a reforzar la autonomía del organismo estadístico y evitar que una administración manipule los índices oficiales.
La Casa Rosada tomó inicialmente la recomendación y la derivó al equipo económico para su análisis. El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó entonces que la alternativa estaba bajo estudio y que Milei había valorado la propuesta durante el encuentro con los diputados.
En Balcarce 50 explicaban que la preocupación estaba vinculada con uno de los mecanismos contemplados en la reforma del BCRA. El proyecto analiza restringir la distribución de utilidades de la entidad, con excepciones bajo determinadas condiciones económicas, entre ellas un eventual escenario de deflación.
El oficialismo advertía que una futura intervención sobre las estadísticas oficiales podría alterar la aplicación de esas cláusulas. “La idea es blindarlo para que no sea manipulable, que no llegue un Moreno y te cambie todo”, expresaron en las filas oficiales al defender el análisis de la propuesta.
El Gobierno evaluó distintas alternativas para reforzar la independencia institucional del Indec. Una de las opciones contemplaba que la designación de su titular tuviera un mandato determinado y requiriera aprobación legislativa, bajo una lógica similar a la que se utiliza para otros cargos con autonomía respecto de Nación.
El Ejecutivo decidió finalmente no incorporar ese capítulo en la primera versión de la reforma del Banco Central. En despachos oficiales sostienen que el texto estará concentrado en las funciones, la gobernanza y las restricciones operativas de la autoridad monetaria, sin sumar cambios orgánicos sobre el instituto estadístico.
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En la Casa Rosada no descartan que el planteo pueda retomarse más adelante, aunque aclaran que no existe por ahora un proyecto definido ni un calendario para presentarlo. La alternativa sería impulsar una ley específica sobre el INDEC en lugar de incorporar el tema dentro de una modificación de la Carta Orgánica del BCRA.
En Balcarce 50 buscan mantener acotado el alcance de la reforma para acelerar su tratamiento parlamentario. Apuntan a votarla durante agosto junto con los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, dentro de la sesión amplia en Diputados. La intención es evitar que la incorporación de nuevos capítulos abra discusiones adicionales y demore una iniciativa que Milei quiere convertir en una de las principales banderas económicas del segundo semestre.
El oficialismo apunta además a que la entidad vuelva a tener como objetivo principal la preservación del valor de la moneda. La modificación pretende revertir parte de los cambios introducidos en 2012, cuando se ampliaron sus funciones a metas vinculadas con empleo, desarrollo económico y equidad social.
El Gobierno trabaja también sobre la eliminación de las Letras Intransferibles, las restricciones a los adelantos transitorios y las condiciones en las que el BCRA puede operar con títulos públicos. En Nación quieren impedir que esas herramientas funcionen como mecanismos de financiamiento directo o indirecto del fisco.
En el Ejecutivo analizan, en paralelo, endurecer el régimen de responsabilidades para las futuras autoridades de la entidad. Milei quiere que los funcionarios que habiliten asistencia monetaria al Tesoro puedan enfrentar sanciones, aunque la redacción final y su eventual articulación con el Código Penal siguen bajo revisión.
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El oficialismo buscará utilizar el anuncio para instalar la reforma como una de las principales banderas económicas del segundo semestre. El blindaje al INDEC quedará afuera de esa primera presentación y seguirá como una posibilidad sin definición, mientras la Casa Rosada concentra su capital político en los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central.
Gobierno, Indec, Banco Central
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