Daniel Santa Cruz,Conforme a

El día después de la extensa reunión del presidente Javier Milei con diputados y senadores, la mesa política ultimó los detalles del Presupuesto 2027, cuyo envío a la Cámara de Diputados está previsto para esta tarde, y repasó los principales puntos de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de la revisión final.

Durante poco más de dos horas y media, el reducido círculo abordó la hoja de ruta legislativa que comenzará a definirse hoy, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado habilite por primera vez el debate de la reforma electoral a las 15.30. Minutos antes de las 15, la senadora Patricia Bullrich se retiró de Rosada rumbo al Congreso. En Casa Rosada aseguran que se trata de una primera instancia que le permitirá al oficialismo conocer los apoyos preliminares con los que cuenta para activar las negociaciones.

“No va a ser demasiado rutilante lo de hoy. En la última sesión nos volvieron a hacer mociones de preferencia para tratar también ficha limpia y PAS, que fueron incorporados al temario. Cumplimos con las mociones, la oposición expondrá y a casa”, sintetizó un legislador violeta.

El diagnóstico que circula en el oficialismo es, por ahora, poco alentador. Los dichos coinciden con la sensación que atraviesa a varios despachos de Balcarce 50, donde admiten que no están los votos necesarios para que el proyecto avance en el Congreso. “No sé cómo lo vamos a destrabar, pero estamos en eso”, precisó un integrante de la mesa política.

Por un lado, la senadora sostiene que el bloque radical complejiza la ecuación libertaria, pero el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confía en contar con el respaldo de la Unión Cívica Radical para el mes de octubre.

Con ese escenario sobre la mesa, el reducido círculo se conctró desde el mediodía en ordenar la estrategia. La reunión estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem.

También participaron la senadora Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación Fabián Fernández.

En paralelo al debate electoral, la Casa Rosada tiene previsto concretar esta tarde uno de los movimientos legislativos centrales de la jornada: el envío del Presupuesto 2027. Esta mañana, fuentes oficiales aseguraron a Infobae que el Poder Ejecutivo girará al Congreso el detalle una vez finalizada la reunión de la mesa política. Pese a los trascendidos sobre el contenido, el Ministerio de Economía mantuvo un fuerte hermetismo.

“Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero, va a ser la primera vez en nuestra historia que no estando en default va a haber cuatro años consecutivos de superávit financiero”, deslizó Caputo en la previa.

Lo que sí está claro es que solo se enviará el plan de gastos para el año próximo, que no será presentado por Milei ni por el titular del Palacio de Hacienda. Tampoco se piensa en una cadena nacional como ocurrió en septiembre de 2025.

En paralelo, la administración libertaria pule la última versión del articulado que promete enviar esta semana al Congreso para tratar la iniciativa en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, que busca endurecer las sanciones contra las empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina en el archipiélago y en la Plataforma Continental.

En un principio, el Gabinete había resuelto enviar el proyecto el pasado lunes, pero el documento aún se encuentra en proceso de revisión y esperan a que ingrese el Presupuesto 2027 antes. La tarea quedó a cargo de la secretaria María Ibarzabal Murphy, que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, uno de los principales impulsores de la iniciativa.

Más allá de los detalles técnicos, el desafío del oficialismo es político: conseguir los apoyos necesarios para que las iniciativas avancen en el Congreso. Para eso, deberán establecer los primeros contactos con los gobernadores y partidos aliados para su aprobación.

El debate se coló incluso durante el encuentro que los hermanos Milei mantuvieron con los legisladores, que tuvo a Karina, en la previa a la llegada del mandatario, impartiendo la directiva de evitar confrontaciones duras con los mandatarios.

La menor de los Milei bajó un mensaje claro a los representantes provinciales a través de sus interlocutores habilitados: los eventuales acuerdos electorales estarán supeditados a los apoyos legislativos. Sin embargo, la orden es consolidar un equilibrio en los territorios porque los 13 gobernadores aliados son necesarios para concretar los objetivos de la Casa Rosada, antes de que la puja electoral complejice la actividad legislativa.

Luis Caputo,Casa Rosada,Buenos Aires,reunión de gabinete

El gobierno británico publicó este martes una guía oficial titulada “Doing Business with the Falkland Islands” (“Haciendo negocios con las Islas Malvinas”), disponible en el sitio gov.uk como primera respuesta oficial de Londres después de que el presidente argentino Javier Milei anunciara un endurecimiento de las sanciones contra empresas vinculadas a la pesca y al petróleo en el archipiélago.

En lo central, la guía afirma que “el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y celebra el interés y la participación continuos del sector privado”. Está dirigida a las empresas que desarrollen actividades comerciales, que suministren bienes o servicios al archipiélago, o que participen de cualquier modo en el desarrollo de su economía, incluida la explotación de sus recursos naturales.

Soberanía y autodeterminación

Como siguiente punto clave, la guía se refiere a la soberanía de la isla y la autodeterminación de sus habitantes. El documento reafirma la postura histórica de Londres: “El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas y las áreas marítimas circundantes. No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”. A la vez, remarca que está “comprometido con apoyar el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la autodeterminación”, y cita como base legal el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales.

Hidrocarburos y rechazo a la jurisdicción argentina

La guía sostiene que “el Gobierno del Reino Unido apoya el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico”, y aclara que esa actividad en la plataforma continental “está regulada bajo la legislación de las Islas Malvinas”, en línea con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Sobre los reclamos argentinos, es categórica: “Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas”, ni sobre las empresas o particulares que operen vinculados a ellas. También minimiza el efecto de las sanciones que reactivó Milei: señala que esas medidas “no han impedido que los habitantes de las Islas desarrollen una economía exitosa”.

Asesoramiento legal y respaldo de la FCDO

El texto advierte que algunas empresas podrían recibir comunicaciones o amenazas de acciones legales de las autoridades argentinas, y en ese caso recomienda que “obtengan asesoramiento jurídico independiente sobre sus circunstancias particulares”. La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) pone además a disposición un contacto directo y se compromete a “dejar clara su posición directamente ante cualquier empresa que busque garantías”, incluso si la presión sobre esa firma se produce en un tercer país.

La postura argentina

La guía británica se conoció poco después de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmara este martes que el Gobierno ampliará las denuncias contra las empresas y también contra particulares que lleven a cabo actividades en las Islas Malvinas que atenten contra la soberanía argentina.

“Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas”, aseveró el funcionario en conferencia de prensa.

Por estas horas, la Casa Rosada define el borrador de una nueva ley que defienda la soberanía argentina en las islas y refuerce las sanciones a las empresas que operen en Malvinas sin autorización argentina.

Islas Malvinas, Gran Bretaña