POLITICA
Convocaron a elecciones en el PJ de Salta, luego de que el espacio fuera intervenido por la Justicia
Luego de que la Justicia Federal resolviera intervenir al Partido Justicialista (PJ) de Salta, este viernes el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta convocó a elecciones internas para el domingo 2 de agosto de 2026. Tras establecerse un cronograma con plazos breves, la decisión fue cuestionada por parte del sector que se encolumna detrás de la titular del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner.
El calendario electoral estará compuesto por cuatro etapas. Primero, la presentación de afiliaciones, seguida por la exhibición de padrones provisorios y definitivos, la presentación y oficialización de listas de candidatos y, finalmente, la votación.
Aunque desde el sector interno del partido señalaron que la velocidad de los trámites podría condicionar la competencia y favorecer a quienes ya cuentan con una estructura territorial consolidada, el ex interventor que había sido designado por el PJ nacional, Pablo Kosiner, expresó su preocupación por el acotado plazo de tiempo brindado para presentar las afiliaciones.
“Esto de dar quince días para presentar una lista y cuatro días para presentar la ficha de afiliación es prácticamente negar la posibilidad de participar a todos aquellos sectores que tengan voluntad de hacerlo y que no tengan ninguna estructura oficial atrás de ellos”, cuestionó el dirigente durante una breve entrevista con Radio Salta.
Al hacer mención al antiguo cronograma que habían planteado durante su co-conducción con Nora Cannuni, Kosiner destacó que durante su gestión anterior se buscaba un proceso territorial y más extenso que permitiera recuperar masa de afiliados y fortalecer la representatividad del partido.
De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el ex interventor del PJ salteño alertó que en el primer relevamiento sobre padrones detectaron solo 650 afiliados menores de 25 años sobre 90.000, lo que significó una pérdida de entre 25.000 y 30.000 afiliados.
Bajo su punto de vista, la falta de internas y elecciones PASO provocó una fuga de afiliados hacia otros partidos, debiendo ahora reconstruir la base de militancia. Por este motivo, advirtió que la situación afecta la representatividad y la legitimidad del proceso interno, anticipando que su sector probablemente no participará de las internas debido al carácter restrictivo del cronograma.
“Sospechamos que volverá a haber como una lista casi única de quienes estaban a cargo del partido antes de que se haya intervenido”, apuntó. Tras criticar la intervención judicial desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Kosiner cuestionó su legitimidad para organizar elecciones provinciales. “Perjudicará a otros sectores, sobre todo a los más pequeños”, denunció al indicar que el sector había apelado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).
Por su parte, el interventor Gambetta señaló que la convocatoria busca legitimar las autoridades y fortalecer la unidad partidaria. “La clave es que se convoquen elecciones para que haya autoridades legitimadas y para que la unidad pueda alcanzarse de manera más natural, ya sea antes o después de los comicios”, planteó tras advertir que mantener el partido bajo intervención prolongada debilita su democracia interna.
Desde el sector saencista se expresó disposición a competir. Una fuente indicó que Gambetta es percibido como “mucho más neutral” y anticipó que ya están reuniendo la documentación para presentar lista. Además, destacaron la importancia del trabajo territorial para armar listas competitivas y mencionaron que la clave será dialogar con los cinco departamentos principales —San Martín, Güemes, Orán, Metán y Capital—, sumado a la articulación regional en áreas como la Puna y los Valles.
La intervención del espacio peronista salteño fue dispuesta por la jueza María Servini de Cubría hace dos semanas, luego de que el partido permaneciera intervenido desde el 24 de febrero de 2025 por decisión de las autoridades partidarias a nivel nacional.
En aquella oportunidad, la presidenta del PJ nacional había designado como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso. No obstante, Kosiner y Cannuni fueron nombrados en reemplazo y, tras permanecer más de un año a la cabeza, fueron desplazados por la Justicia Federal al plantearse que la duración de la medida se había convertido en un “mecanismo abusivo”.
Pese a que las antiguas autoridades habían convocado a elecciones para el 25 de octubre de este año, este cronograma quedó trunco por disposición judicial, debido a que indicaron que el llamado electoral fue tardío. No solo por el tiempo que demoraron en proponerse la fecha, sino por el plazo que quedaba por delante.
En paralelo, durante el congreso nacional del PJ celebrado el 20 de mayo, los afiliados votaron por la realización de elecciones en octubre en los partidos intervenidos, es decir, Salta y Jujuy. Sin embargo, se trataría de una propuesta contraria a la decisión judicial.
POLITICA
Hotesur y Los Sauces: el TOF 5 habilitó la revisión en Casación, pero mantuvo las fechas de los juicios
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) concedió los recursos de casación contra el desdoblamiento de los debates de Hotesur y Los Sauces y mantuvo vigentes las fechas fijadas para el inicio de los juicios: Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026 y Hotesur, el 19 de marzo de 2027.
La decisión habilita la revisión por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, pero no modifica el cronograma establecido para ambos tramos del proceso.
Los jueces José Antonio Michilini, Fernando Marcelo Machado Pelloni y Adriana Paliotti coincidieron en conceder las impugnaciones presentadas por la Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El tribunal sostuvo que el desdoblamiento no dejó sin efecto la unificación procesal, sino que modificó la secuencia de las audiencias, ya que Los Sauces completó las medidas de instrucción suplementaria, mientras que en Hotesur todavía quedan diligencias pendientes.
Finalmente, rechazó por mayoría el recurso de reposición presentado por el defensor público coadyuvante Gerardo Miño, quien había pedido que los debates comenzaran de manera simultánea y que se incorporara otra causa vinculada con Ernesto Clarens.
En ambos expedientes se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas a través de negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner.
Entre los principales imputados figuran Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice y el excontador Víctor Manzanares.
En Los Sauces se analiza si la inmobiliaria fue utilizada para canalizar dinero mediante contratos de alquiler de propiedades por más de $25 millones entre 2009 y 2016. La acusación sostiene que empresas de los grupos Báez e Indalo realizaron pagos que podrían haber constituido retornos por beneficios, contratos, concesiones, licencias o ventajas impositivas.
En Hotesur se evalúa si la empresa hotelera recibió dinero de firmas vinculadas a Báez -en particular, mediante el gerenciamiento de Valle Mitre y el alquiler de habitaciones- para blanquear fondos que, según la hipótesis acusatoria, provenían de la obra pública vial en Santa Cruz.
Los fundamentos
El TOF 5 sostuvo que se trata de un único juicio y que la organización temporal de sus etapas puede adecuarse para que el tramo que ya está preparado avance mientras continúan las medidas pendientes en la otra parte del expediente.
Consideró que postergar el inicio hasta marzo mantendría paralizada una porción de la causa que ya se encuentra en condiciones de ser juzgada.
También cuestionó al fiscal general Diego Velasco al señalar que, pese a haber reclamado reiteradamente la fijación de una fecha de debate, presentó luego planteos que -según los magistrados- dificultaron la organización del juicio y demoraron su preparación.
La discusión llegará ahora a Casación, que deberá determinar si la modalidad dispuesta por el TOF 5 respeta la unidad del proceso y las garantías de las partes.
El presidente del tribunal, José Michilini, afirmó que la decisión cuestionada tiene carácter organizativo y no equivale a una sentencia definitiva. Al explicar por qué admitió los recursos pese a esa conclusión, señaló que impedir su revisión en esta etapa podía generar nuevas incidencias y mayores demoras antes de los debates ya programados.
El magistrado precisó que la apelación fue concedida para evitar que la discusión sobre su admisibilidad se convirtiera en un nuevo obstáculo procesal: “La concesión del recurso no supone reconocer carácter definitivo a la resolución impugnada ni implica modificar el criterio anteriormente expuesto acerca de la ausencia, en esta etapa, de un gravamen actual de imposible reparación ulterior”.
Además, distinguió los objetos de las acusaciones. Indicó que Hotesur se concentra principalmente en la explotación hotelera y la intervención de Valle Mitre, mientras que Los Sauces incluye operaciones inmobiliarias y hoteleras, contratos de locación y transferencias de empresas vinculadas tanto con el Grupo Báez como con el Grupo Indalo.
Por su parte, el juez Machado Pelloni consideró que ni la Fiscalía ni la UIF refutaron de manera concluyente que aún resta producir prueba para realizar un juicio conjunto.
No obstante, votó por conceder sus recursos de casación para que el tribunal revisor defina si la separación de Los Sauces y Hotesur afecta la valoración integral de la prueba, la estrategia de las acusaciones y las garantías de las partes.
En esa línea, reconoció que el desdoblamiento podría incidir en la valoración de pruebas comunes y en la posibilidad de profundizar los interrogatorios de testigos sobre hechos vinculados al otro expediente, pero remarcó que la organización del debate también debe resguardar el debido proceso y las garantías de las defensas.
Adriana Paliotti coincidió con la concesión de los recursos, aunque se apartó de los fundamentos expuestos por sus colegas. La jueza recordó que Los Sauces ingresó al tribunal en octubre de 2018 y Hotesur en mayo de 2019, y que la acumulación fue dispuesta el 13 de junio de ese año con el consentimiento de las partes.
Señaló que los recursos de la Fiscalía y la UIF describen afectaciones al ejercicio de sus funciones acusatorias que podrían resultar de reparación imposible o insuficiente.
Los planteos de la Fiscalía y la UIF
El fiscal Velasco planteó que el desdoblamiento posterga el juzgamiento de Hotesur y altera la estructura de causas que habían sido acumuladas. También cuestionó que el tribunal hubiera resuelto la separación sin una discusión previa entre las partes durante la audiencia preliminar del 4 de septiembre de 2026.
Por su parte, la UIF pidió que se restableciera un único debate oral y público. La querella planteó que la realización de dos juicios separados podría limitar el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos, duplicar actos procesales y derivar en valoraciones parciales de la documentación contable, bancaria, societaria y contractual.
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La Cancillería argentina celebró este viernes el anuncio de la petrolera Halliburton Company de no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion ni participar en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las islas Malvinas ni sus alrededores.
“La decisión, producto de un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería, constituye un nuevo resultado de las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei para defender los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, destacó la Oficina del Presidente en un comunicado.
Halliburton anunció este viernes que comunicó a las autoridades argentinas su decisión de no trabajar en el proyecto petrolero marítimo Sea Lion ni participar en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las islas Malvinas.
El proveedor de servicios petroleros añadió que las autoridades argentinas habían planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente en relación con las actividades en el territorio británico en disputa, consignó la agencia Reuters.
“El Gobierno continuará desplegando las herramientas legales, diplomáticas y administrativas a su alcance para evitar que emprendimientos desarrollados sin autorización argentina desconozcan los derechos e intereses de nuestro país y procurará que ninguna actividad económica contribuya a consolidar una situación contraria a la posición argentina”, expresó el Poder Ejecutivo.
Y reafirmó que “continuará ejerciendo y defendiendo sus derechos mediante todos los instrumentos previstos por el derecho nacional e internacional”.
El anuncio de Halliburton se conoció después de que Milei intensificara el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.
En septiembre, Milei presentó un proyecto de ley para tomar medidas drásticas contra las empresas que operan en las islas, lo que podría agravar la tensión con el Reino Unido.
Se estima que el yacimiento petrolero Sea Lion, situado a unas 225 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, alberga 1.700 millones de barriles de petróleo.
La Argentina se opuso al proyecto desde su descubrimiento en 2010, cuando declaró ilegal la perforación en el yacimiento.
Rechazo de los isleños a los ciudadanos argentinos
En otra arista del conflicto diplomático, un grupo de isleños de las Malvinas solicitó este viernes la prohibición del ingreso de argentinos al archipiélago. Los residentes denunciaron un aumento de esas visitas que, al arribar al territorio, ondean banderas argentinas y carteles donde reclaman que las islas no son británicas.
El reclamo tiene lugar en un momento de alta tensión luego de que la Argentina recrudeciera las sanciones sobre las empresas involucradas en actividades de explotación petrolera en las islas Malvinas.
Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas, mencionó los pedidos que realizaron los residentes contra las visitas de argentinos en diálogo con Falkland Islands Television.
“Dentro de la comunidad, hay quienes han expresado abiertamente su deseo de impedir la llegada de visitantes argentinos a las islas. Si bien no me opongo a ello, debemos ser realistas respecto al marco legal vigente, por lo que no podemos simplemente prohibir la entrada de personas en este momento”, explicó.
Y señaló que uno de los motivos de la “gran indignación y hostilidad” son las publicaciones de personas corriendo por la calle principal de una de las islas con la bandera argentina o con réplicas de la famosa insignia improvisada que desplegaron los jugadores de la selección argentina tras su triunfo contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, y que decía “Las Malvinas son argentinas”.
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La subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, se fue del Gobierno este viernes. La ahora exfuncionaria oficializó su salida a través de una carta en la que plasmó su “renuncia indeclinable”.
La exnúmero dos de Julio Cordero en la secretaría que depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se desempeñó en una tarea similar en el gobierno porteño. En el mundo privado, trabajó en Ternium. Ocupaba el cargo en la gestión libertaria desde 2024.
Mariano Sartoris, un abogado de confianza de Pettovello, será su reemplazante, según pudo saber . Sartoris hasta ahora se desempeñaba como subsecretario Legal de Capital Humano; y antes había sido subsecretario administrativo en la Secretaría de Trabajo.
Sartoris llegó al gobierno de la mano de Pettovello, apenas arrancó la gestión. Es decir, que hace más tiempo que integra esta administración que Cordero, que entró en marzo de 2024.
“El cambio es por una reestructuración del ministerio. Testa cumplió una etapa. Sartoris es un abogado de confianza de Sandra, que llegó con ella desde el día uno”, refirieron fuentes oficiales.
Por su parte, Testa tenía buena llegada con sindicalistas y empresarios. Desde ambos sectores lamentaron su salida. “Era la única solvente en esa área”, dijo un jerárquico de la CGT tras conocer su dimisión.
Sartoris será el sexto funcionario en ocupar la Subsecretaría de Trabajo desde diciembre de 2023. Antes de Testa estuvieron en ese puesto Martín Huidobro, un abogado de Capital Humano que fue echado en octubre de 2024. Previo a él pasaron por Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal, todos ex Pro y vinculados al exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca.
Noticia en desarrollo
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Hotesur y Los Sauces: el TOF 5 habilitó la revisión en Casación, pero mantuvo las fechas de los juicios
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