Luego de que la Justicia Federal resolviera intervenir al Partido Justicialista (PJ) de Salta, este viernes el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta convocó a elecciones internas para el domingo 2 de agosto de 2026. Tras establecerse un cronograma con plazos breves, la decisión fue cuestionada por parte del sector que se encolumna detrás de la titular del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner.

El calendario electoral estará compuesto por cuatro etapas. Primero, la presentación de afiliaciones, seguida por la exhibición de padrones provisorios y definitivos, la presentación y oficialización de listas de candidatos y, finalmente, la votación.

Aunque desde el sector interno del partido señalaron que la velocidad de los trámites podría condicionar la competencia y favorecer a quienes ya cuentan con una estructura territorial consolidada, el ex interventor que había sido designado por el PJ nacional, Pablo Kosiner, expresó su preocupación por el acotado plazo de tiempo brindado para presentar las afiliaciones.

“Esto de dar quince días para presentar una lista y cuatro días para presentar la ficha de afiliación es prácticamente negar la posibilidad de participar a todos aquellos sectores que tengan voluntad de hacerlo y que no tengan ninguna estructura oficial atrás de ellos”, cuestionó el dirigente durante una breve entrevista con Radio Salta.

Al hacer mención al antiguo cronograma que habían planteado durante su co-conducción con Nora Cannuni, Kosiner destacó que durante su gestión anterior se buscaba un proceso territorial y más extenso que permitiera recuperar masa de afiliados y fortalecer la representatividad del partido.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el ex interventor del PJ salteño alertó que en el primer relevamiento sobre padrones detectaron solo 650 afiliados menores de 25 años sobre 90.000, lo que significó una pérdida de entre 25.000 y 30.000 afiliados.

Bajo su punto de vista, la falta de internas y elecciones PASO provocó una fuga de afiliados hacia otros partidos, debiendo ahora reconstruir la base de militancia. Por este motivo, advirtió que la situación afecta la representatividad y la legitimidad del proceso interno, anticipando que su sector probablemente no participará de las internas debido al carácter restrictivo del cronograma.

“Sospechamos que volverá a haber como una lista casi única de quienes estaban a cargo del partido antes de que se haya intervenido”, apuntó. Tras criticar la intervención judicial desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Kosiner cuestionó su legitimidad para organizar elecciones provinciales. “Perjudicará a otros sectores, sobre todo a los más pequeños”, denunció al indicar que el sector había apelado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Por su parte, el interventor Gambetta señaló que la convocatoria busca legitimar las autoridades y fortalecer la unidad partidaria. “La clave es que se convoquen elecciones para que haya autoridades legitimadas y para que la unidad pueda alcanzarse de manera más natural, ya sea antes o después de los comicios”, planteó tras advertir que mantener el partido bajo intervención prolongada debilita su democracia interna.

Desde el sector saencista se expresó disposición a competir. Una fuente indicó que Gambetta es percibido como “mucho más neutral” y anticipó que ya están reuniendo la documentación para presentar lista. Además, destacaron la importancia del trabajo territorial para armar listas competitivas y mencionaron que la clave será dialogar con los cinco departamentos principales —San Martín, Güemes, Orán, Metán y Capital—, sumado a la articulación regional en áreas como la Puna y los Valles.

La intervención del espacio peronista salteño fue dispuesta por la jueza María Servini de Cubría hace dos semanas, luego de que el partido permaneciera intervenido desde el 24 de febrero de 2025 por decisión de las autoridades partidarias a nivel nacional.

En aquella oportunidad, la presidenta del PJ nacional había designado como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso. No obstante, Kosiner y Cannuni fueron nombrados en reemplazo y, tras permanecer más de un año a la cabeza, fueron desplazados por la Justicia Federal al plantearse que la duración de la medida se había convertido en un “mecanismo abusivo”.

Pese a que las antiguas autoridades habían convocado a elecciones para el 25 de octubre de este año, este cronograma quedó trunco por disposición judicial, debido a que indicaron que el llamado electoral fue tardío. No solo por el tiempo que demoraron en proponerse la fecha, sino por el plazo que quedaba por delante.

En paralelo, durante el congreso nacional del PJ celebrado el 20 de mayo, los afiliados votaron por la realización de elecciones en octubre en los partidos intervenidos, es decir, Salta y Jujuy. Sin embargo, se trataría de una propuesta contraria a la decisión judicial.

Javier Milei apareció en el balcón más famoso de la Casa Rosada con cara sonriente, semblante relajado y ya sin el saco que lo había acompañado durante la celebración del 25 de Mayo. No se lo anticipó a ninguno de sus colaboradores más estrechos, pero estaba a punto de encarar una misión política compleja que nada tenía que ver con saludar a los seguidores que se habían acercado a Plaza de Mayo. Primero buscó a Santiago Caputo. Después a Martín Menem. Los rodeó con los brazos, los acercó a su cuerpo y les regaló, en cuestión de segundos, un respaldo público que iba a dar que hablar. Fue una escena breve, pero cargada de sentido. El Presidente no tenía que abrazar a dos de sus más importantes dirigentes; tenía que abrazar una interna. Eso sí: a cada uno lo palmeó por separado y no hubo ni un intento de generar una charla compartida; aunque venían de una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana, ni Dios le otorga ciertos milagros a La Libertad Avanza y sus problemas de familia.

Desde un rincón del Salón Eva Perón, que funciona como el punto de acceso directo al espacio que vio nacer el “Día de la Lealtad” y a Diego Maradona levantar la Copa del Mundo, uno de los ministros que observó los movimientos de Milei, Caputo y Menem desde otra perspectiva visual compartió una reflexión espontánea a otro miembro del oficialismo. “Está todo roto y va a seguir estando todo roto, pero esto va a ayudar a bajar un poco los decibeles”, le dijo. Sin hacer ninguna mueca extraña para no despertar suspicacias, su interlocutor asintió con la cabeza y buscó su silla para encarar la reunión de gabinete que arrancaba en ese mismo instante y que se iba a extender durante una hora. Como era de esperar, ese día no hubo ninguna referencia a peleas intestinas.

Con su gesto del feriado patrio, Milei no estaba forzando una reconciliación: simplemente estaba agitando una bandera blanca. Venía de jornadas extenuantes en las que los roces en el corazón del poder no solo habían pasado el umbral de lo razonable sino que habían tapado todos los intentos de retomar el control de la agenda. El asesor sin cartera con sus “fuerzas del cielo” y los karinistas hermanos Menem se habían tirado misiles teledirigidos y convertido cada tuit, cada declaración y cada filtración en una intensa batalla por la botonera violeta. Por eso, el mandatario puso orden a su manera. “Si se tienen que matar, no lo hagan delante de las cámaras ni tan a la vista de todos en las redes sociales”, fue el mensaje que pareció decodificar el ecosistema libertario. ¿Cuándo puede estallar el próximo conflicto? Misterio.

Con el tono que se dejó seteado el lunes y las aguas más calmadas, el Presidente tuvo una semana menos mala, pero no necesariamente buena. El Gobierno, admiten en el primer piso de Rosada, consiguió un “respiro frágil pero táctico”: gestualidad de unidad, señales económicas algo más amigables, una nueva tanda de encuestas que sugieren que la caída en la aprobación popular podría haber encontrado un piso, una oposición dispersa y menor ruido mediático. Aun así, en los sótanos del liberalismo siguen crujiendo los problemas y desafíos. “Debajo, la máquina sigue haciendo ruido. En el medio, continuaremos practicando el gran deporte nacional: fingir demencia”, analiza un dirigente.

Paréntesis necesario: LLA recibió con incomodidad las sentencias filosas de la homilía del arzobispo de Buenos Aires, que el propio Jorge García Cuerva amplió en una entrevista con Infobae en vivo: “Algunas situaciones de violencia que son habilitadas por los dirigentes”. La inminente confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina alcanzó para mantener a raya cualquier vocación de conflicto.

Segundo paréntesis necesario: lo que se vio en esas horas de aniversario de la Revolución de Mayo fue tan importante como lo que no se mostró. La transmisión oficial del Tedeum fue cuidadosa con algunas presencias e implacable con otras ausencias televisivas. Patricia Bullrich estuvo, pero casi no apareció y no tuvo acceso al Cabildo. Santiago Caputo tampoco fue parte del álbum posterior difundido por Presidencia. En Balcarce 50 todos saben leer esas señales.

El otro foco que quedó en pausa, pero sigue lejos de estar resuelto, es Manuel Adorni. El jefe de Gabinete atravesó este último período con bajo perfil y menor presión judicial, situación que se explica en parte por los propios tiempos del expediente por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como juez a Ariel Lijo y por una licencia con aviso que transitó el fiscal federal Gerardo Pollicita. Con su lengua filosa enrollada, sonrió para la selfie de la “Mesa Política” pero es consciente de que está aislado y sin posibilidades reales de levantar demasiado la cabeza.

La declaración jurada aparece ahora como el próximo punto de tensión. Adorni se tomó su tiempo: pasaron 80 días desde el inicio del escándalo y más de 20 desde que Bullrich reclamó sus números en un estudio de televisión. La Oficina Anticorrupción prorrogó hasta el 31 de julio el plazo para que los funcionarios presenten los detalles de sus patrimonios, pero cerca del golpeado vocero juran que habrá novedades antes del inicio del Mundial. Al interior del oficialismo hay más expectativas por esa presentación que por La Scaloneta: esa DDJJ podría incluir herencias varias y, una novedad, ahorros no blanqueados en criptomonedas. Si así fuera, Adorni podría acogerse al novedoso régimen de inocencia fiscal y asumir que no había puesto sobre el escritorio todo lo que tenía ahorrado antes de volcarse a la política: un relato con flancos débiles que podría liberarlo de algunas eventuales complicaciones en Comodoro Py pero que difícilmente lo ayude a recuperar aprobación popular.

Sea como sea, Manuel Adorni no duerme de corrido: fuentes tribunalicias de primera línea dejaron trascender, acaso como un mensaje perturbador, que ya hay prueba suficiente para llamarlo a declarar antes de la feria del 20 de julio. “Incluso lo pueden indagar más de una vez si la prueba se va ampliando”, sostienen. Ese movimiento, el paso previo a un procesamiento, es desmentido por actores clave del Ministerio de Justicia. “Lijo no va a jugar tan fuerte”, dicen, sin rodeos, para que la frase llegue al magistrado.

En paralelo, el caso del coordinador de los ministros empieza a chocar con una advertencia incómoda que llegó desde el lugar menos pensado: el Fondo Monetario Internacional. Como paso previo al desembolso de los USD 1.000 millones que dejaron las reservas del Banco Central en su punto máximo desde 2019, el organismo publicó un documento en el que incluyó un apartado sobre gobernanza y anticorrupción. Si bien subraya los méritos libertarios desde diciembre de 2023 como la consolidación fiscal, la desregulación y la reducción de intermediarios en programas sociales, el FMI recordó que Argentina figuró en el puesto 36 sobre 100 en el índice de percepción de corrupción de Transparency International. Y dejó escrito un párrafo letal: “Los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan verificación limitada, baja transparencia, publicación demorada y aplicación desigual. Los regímenes de conflicto de intereses siguen limitados por reglas poco rigurosas y una débil capacidad de control”. Los técnicos que responden a Kristalina Georgieva no tuvieron la necesidad de mencionar el apellido “Adorni”, pero el párrafo le calza como saco a medida.

Mientras tanto, el oficialismo mira de cerca la rosca infinita detrás de la sesión del 4 de junio en el Senado para avanzar con los primeros 73 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia. Sin embargo, terminó metiéndose en un nuevo terreno delicado: el pedido de retiro de la postulación de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata encendió una alarma política e institucional. La candidata había superado las instancias del Consejo de la Magistratura, había sido incluida en la terna y su nombre había sido enviado por el propio Gobierno. El problema no apareció en su currículum sino en su árbol familiar: es cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista que La Libertad Avanza ubica, sin demasiado disimulo, dentro del 95% de su lista negra.

“Fue una orden directa de Karina a Juan Bautista Mahiques”, reconocen en la Cámara alta. El episodio puso en pie de guerra a aliados del PRO, de la UCR y de partidos provinciales. “La trayectoria de la jueza, de más de 30 años, es intachable. Por eso esta decisión nos llama la atención”, dijo Martín Goerling Lara, jefe de bloque de los amarillos. Se avizoran tensiones y un final demasiado abierto que requerirá pericia por parte de Patricia Bullrich.

“Hay que ver lo que hace Pato, porque en definitiva siempre juega su propio partido”, temen en Olivos. Y no exageran: por más que desmintió con ironía versiones sobre una postulación presidencial en 2027, sabe a la perfección que su nombre circula en conversaciones privadas del Círculo Rojo, reuniones con empresarios, dirigentes de distintos espacios y consultores variopintos. Es eso o la jefatura de Ciudad de Buenos Aires, juran los bullrichistas. Y agregan que la vicepresidencia no es una opción: “Miren a Victoria Villarruel; no le sirvió de nada”.

Mauricio Macri también volvió a dejar señales. Su “voy a volver a cantar” durante un encuentro con dirigentes del espacio que comanda fue una broma que dejó abierta la chance de una candidatura. Algo parecido, aunque desde otro lugar, intenta Sergio Massa: en el peor de los casos, subirse el precio para cobrar caro cualquier acuerdo.

La Casa Rosada, en este contexto, se aferra a dos datos que le permiten respirar. El primero es político: algunas encuestas sugieren que durante mayo se interrumpió el deterioro de los indicadores de opinión pública vinculados al Gobierno. No hay euforia, pero sí una sensación de piso después de varios meses de caída. Un ejemplo: según el estudio recién salido del horno de Atlas Intel, consultora internacional que tuvo aciertos precisos en las elecciones 2023 y 2025, la aprobación de Milei rebotó 4,4 puntos porcentuales en mayo para quedar en 39,9% (el mes anterior había sido de 35,5%) con una desaprobación de 58,3% (antes 63%). El primer mandatario recibió también los números actualizados de Aresco, de Federico Aurelio, con guarismos similares y misma tendencia.

El segundo dato relevante es económico: el desembolso del FMI, la mejora de reservas, algunos indicadores de actividad y la inflación en una senda nuevamente descendente le permiten a Milei insistir con la idea de que la economía terminará ordenando la política. El inconveniente es que el “alivio” todavía no se siente de forma pareja en la vida diaria. En el último sondeo de Synopsis, de Lucas Romero, la preocupación por los salarios bajos (47,1%) y la caída del empleo (18,7%) aparece por encima del Índice de Precios al Consumidor como angustia cotidiana. Ese reporte incluye otra arista a monitorear: el descenso pronunciado del “núcleo duro” libertario; solo un 12,4% asegura que “le gusta todo” del Presidente, aunque hay que sumar otro 29,3% que no está completamente conforme con su gestión pero no ve una alternativa mejor.

¿Cambia la estrategia libertaria? “Tenemos que recaudar más; seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”, fue una de las frases de Luis Caputo que no pasó de largo entre los hombres y mujeres que caminan los pasillos del poder. Traducción política: la motosierra ya no corta como antes; o, al menos, cada nuevo corte tiene más costo social.

Así las cosas, Milei está ciegamente convencido de que la economía le terminará dando la razón. “Si hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección. Y si hacemos un gobierno que no merece ser reelecto, no seremos reelectos”, dijo en estos días, con una mezcla de fatalismo liberal y desapego electoral que desespera a quienes viven midiéndose los músculos. En esa pelea, el mandatario parece estar más allá: es, o intenta ser, un líder político distinto, también en ese nivel. Cuando escucha ese tipo de reflexiones, en cambio, Karina Milei se agarra la cabeza.

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Facundo Leal, expresidente de ARSAT y extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), fue detenido el miércoles durante un allanamiento en su departamento de Palermo. Los agentes encontraron cerca de 2.400.000 dólares en efectivo, casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de MDMA y cocaína.

Además del dinero en dólares, se hallaron pesos uruguayos, mexicanos, colombianos, reales, euros y chelines tanzanos, lo que abrió una línea de investigación propia sobre el origen y destino de divisas de al menos siete países almacenadas en un domicilio privado. También se secuestraron teléfonos, notebooks, pendrives y documentación considerada relevante.

La investigación no tenía como objetivo original a Leal ni al narcotráfico. La causa se inició por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT y cayó en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli. A medida que avanzaron las medidas de prueba, se detectaron indicios de potencial corrupción en contratos de la empresa dentro de los teléfonos secuestrados.

Leal presidió ARSAT entre 2022 y junio de 2025 y luego fue designado por el gobierno de Milei al frente del ORSNA, cargo que ejerció hasta enero de este año. Al momento de su detención seguía figurando en la nómina de empleados de ARSAT como planta permanente. Renunció en enero junto al exsecretario de Transporte Luis Pierrini, presuntamente “invitados” a hacerlo por haber utilizado una aeronave del entorno del empresario Toviggino para viajar a Barcelona.

Tras la salida de Leal, el gobierno colocó en el ORSNA a Noelia Ruiz, parte del equipo más cercano del asesor presidencial Santiago Caputo. Pierrini era identificado en el sector como uno de los funcionarios más cercanos al empresario Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi y también vinculado a Caputo, quien habría promovido a Leal dentro de la estructura de poder.

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