La corrupción es el abuso de poder, cargo o confianza para obtener un beneficio privado, generalmente económico, en detrimento del interés público o de terceros. Se manifiesta en distintos ámbitos —político, judicial, empresarial, policial— y adopta múltiples formas: soborno, malversación de fondos, tráfico de influencias, nepotismo o extorsión. Organismos internacionales como Transparencia Internacional la definen como “el abuso del poder encomendado para beneficio propio”, una formulación que abarca tanto al sector público como al privado.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, publicado en febrero de 2026, reveló que Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, Haití y Nicaragua, integran el quinteto de países más corruptos del mundo. En el otro extremo, Dinamarca, Finlandia y Singapur, ocupan el podio de los menos corruptos.

Para llegar a esa exitosa meta, desde el Estado, se aplicaron estrictas fórmulas de controles preventivos como:

Mapeo de riesgos en cada área de la administración pública para identificar zonas vulnerables antes de que ocurran actos corruptos.

Códigos de conducta obligatorios para funcionarios y miembros del gobierno.

Declaraciones patrimoniales periódicas y verificables de todos los servidores públicos.

Sistemas de cumplimiento anticorrupción (compliance) exigidos también a empresas que contraten con el Estado.

Auditorías externas e independientes a partidos políticos y sus fundaciones cuando reciben financiamiento público.

Control en la contratación pública:

• Plataformas digitales de contratación con inteligencia artificial para detectar irregularidades.
• Registros públicos de empresas inhabilitadas para contratar con el Estado por condenas por corrupción.
• Extensión de metodologías de prevención de fraude a toda la administración.

Control financiero y patrimonial;

• Confiscación preventiva o administrativa de bienes vinculados a actividades corruptas, incluso sin condena firme previa.
• Fortalecimiento de las oficinas de recuperación de activos con más recursos humanos y presupuesto.
• Monitoreo de flujos financieros sospechosos a través de unidades de inteligencia económica.

Control judicial y penal:

• Creación de fiscalías anticorrupción especializadas con mayor capacidad investigativa.
• Unidades judiciales especializadas en delitos contra la administración pública.
• Endurecimiento de penas y ampliación de plazos de prescripción para que los casos no queden impunes.
• Procedimientos judiciales más ágiles para casos que involucren funcionarios públicos.

Control sobre denunciantes (whistleblowers):

• Canales internos de denuncia obligatorios en empresas y organismos públicos.
• Garantías de confidencialidad, protección y asistencia legal para quien denuncia.
• Extensión de la protección a quienes reportan directamente ante fiscales, policía o jueces.

Control de transparencia y rendición de cuentas

• Publicación periódica de informes de gestión por parte de todas las entidades del Estado.
• Libre acceso ciudadano a la información pública.
• Campañas de formación e integridad para empleados públicos y para la sociedad en general.
• Encuestas de percepción para medir el avance de las políticas anticorrupción.
• Registros públicos de empresas inhabilitadas para contratar con el Estado por condenas por corrupción.
• Extensión de metodologías de prevención de fraude a toda la administración.

La Argentina está embarcada desde Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a cargo de Alejandro Díaz, en llegar a ese grado de excelencia. Es una de las razones abrió una convocatoria para la presentación de trabajos técnicos y ponencias que formarán parte del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, que se realizará entre el 21 y el 23 de septiembre en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. La prevención de la corrupción será uno de los items centrales.

La propuesta está dirigida a especialistas, académicos, funcionarios y profesionales interesados en compartir investigaciones, experiencias y herramientas vinculadas al fortalecimiento de los mecanismos de control y la mejora de la gestión pública.

Los interesados tendrán tiempo hasta el 15 de junio para presentar un resumen preliminar de sus trabajos. Los trabajos seleccionados serán expuestas durante el congreso, que reunirá a más de 30 conferencistas de 15 países de América y Europa y contará con la participación de más de 1.000 asistentes.

Un debate abierto

La transparencia y la integridad en la gestión pública, la prevención de la corrupción, el impacto de la transformación digital y la inteligencia artificial en los procesos de auditoría, la gestión de riesgos y la evaluación de políticas públicas formarán parte de la agenda de debate.

Detrás de esos temas subyace una discusión cada vez más presente en las administraciones públicas de todo el mundo: cómo construir sistemas de control capaces de detectar problemas antes de que se transformen en crisis.

Durante años, la tarea de los organismos de auditoría estuvo asociada principalmente a la revisión posterior de actos administrativos, contrataciones o programas estatales. Sin embargo, la creciente complejidad de la gestión pública y el avance de las tecnologías de información impulsaron nuevos enfoques orientados a la prevención.

La idea es sencilla: no esperar a que aparezca un problema para intervenir. En lugar de limitarse a verificar lo ocurrido una vez finalizada una política pública, los organismos de control buscan cada vez más desarrollar herramientas que permitan identificar riesgos, monitorear objetivos y generar alertas tempranas cuando los resultados comienzan a desviarse de las metas previstas.

La posibilidad de procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones o inconsistencias permite fortalecer los controles y mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones estatales.

La SIGEN es el organismo encargado de ejercer el control interno del Poder Ejecutivo Nacional. Entre sus funciones se encuentran la supervisión de ministerios, organismos descentralizados, empresas públicas y distintos entes estatales, a través de auditorías, evaluaciones y acciones de seguimiento destinadas a verificar el cumplimiento de procedimientos, normas y objetivos de gestión.

Pero la actividad de control no se limita a la detección de irregularidades. En los últimos años, tanto en Argentina como en otros países, comenzó a ganar relevancia una visión que incorpora también el acompañamiento técnico a los organismos públicos para mejorar procesos, fortalecer mecanismos de prevención y optimizar la utilización de recursos. La premisa es que un sistema de control eficiente no solo identifica problemas, sino que también contribuye a evitarlos.

La relevancia de estas discusiones quedó expuesta en distintos episodios recientes que pusieron el foco sobre la necesidad de contar con mecanismos de supervisión más eficaces y oportunos. En ese contexto, especialistas coinciden en que la capacidad para detectar señales de alerta durante la ejecución de una política pública puede resultar tan importante como la auditoría posterior de sus resultados.

“La premisa es que un sistema de control eficiente no solo identifica problemas, sino que también contribuye a evitarlos.”

El Congreso buscará precisamente reunir experiencias nacionales e internacionales que permitan intercambiar conocimientos sobre estos desafíos. La participación de representantes de distintos países apunta a mostrar cómo evolucionan los sistemas de control en un escenario atravesado por la digitalización de los procesos administrativos, la demanda de mayor transparencia y la necesidad de mejorar la calidad de las políticas públicas.

La convocatoria para la presentación de trabajos preliminares –también mencionados abstracts– permanecerá abierta hasta el 15 de junio. Las bases y condiciones para participar, junto con los requisitos para la presentación de trabajos, se encuentran disponibles en www.sigen.gob.ar/congreso.

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