El Gobierno está decidido a avanzar en un otro paquete de reformas que impulsará en el Congreso. La primera es un proyecto de una nueva Ley General de Sociedades, que envió este viernes al Senado.

El texto fue elaborado por la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal, en conjunto con Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación, y Juan Bautista Mahiques, a cargo de la cartera de Justicia.

El propio Sturzenegger detalló los principales puntos de la reforma que impulsa la gestión de Milei en un extenso posteo en X.

“El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, señaló.

Entre los cambios clave, destacó el fin de “la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”.

El ministro de Desregulación también señaló que “se eliminan las trabas burocráticas de los registros. El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades. Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita”.

El texto habilita a los socios a someter sus conflictos internos al derecho extranjero, como así también crea tipos societarios hasta ahora inexistentes, y propone, además, avanzar hacia la digitalización plena de la sociedad.

Sturzenegger destacó la incorporación de “las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización”. Explicó que se busca “regular la Sociedad Automatizada, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las “DAO”, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada”, según explicó.

El universo societario en Argentina

Existen 1.255.328 entidades de tipo jurídico en el país, de las cuales 995.165 son sociedades comerciales, o sea están comprendidas bajo la Ley Nº 19.550 y sus reformas posteriores. Constituyen casi el 80% del total de las 1.255.328 personas jurídicas inscriptas, según los datos analizados por Infobae de la base del Registro Nacional de Sociedades, publicado por el Ministerio de Justicia en su sitio de datos abiertos y actualizado al 5 de mayo.

El Registro centraliza en una base de datos única la información de personas jurídicas privadas (sociedades argentinas y extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones). Funciona bajo la órbita de la cartera de Justicia, y recibe información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Ese casi millón de empresas comerciales en el país equivale a una tasa de 2.142 firmas por cada 100.000 habitantes.

Otro 13% del total de entidades son asociaciones sin fines de lucro (167.939) y un 4% constituyen cooperativas y organizaciones de la economía social (54.105). Apenas un 1% se inscribieron como empresas extranjeras (12.772); y solo 472 son empresas de naturaleza o con participación estatal.

Infobae consultó a la cartera de Justicia, de quien depende el Registro Nacional de Sociedades y la Inspección General de Justicia (IGJ), cuántas de esa cantidad de empresas están activas, más allá de las inscriptas, pero no pudieron dar esa información “porque no está digitalizado el 100%”.

Una norma de Lanusse

La Ley de Sociedades Comerciales (Nº 19.550) fue sancionada originalmente en 1972, durante el gobierno de Agustín Lanusse. Este marco normativo de las empresas tuvo varias modificaciones, y una reforma estructural en 2015, con la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando pasó a llamarse Ley General de Sociedades (LGS).

Con esa reforma, se eliminó la diferencia entre sociedades civiles y comerciales, y todas las estructuras quedaron bajo un mismo paraguas. También se rompió con el dogma histórico de que una sociedad requería al menos dos personas para existir y se permitió la inscripción de Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU).

Asimismo, se reestructuró el régimen de las antiguas sociedades irregulares o “de hecho”, y se les otorgó mayor seguridad jurídica. En 2018, hubo otra reforma que prohibió de forma explícita la actuación societaria del “socio aparente” (prestanombre o testaferro) y la del “socio oculto” (el verdadero dueño en las sombras).

La segunda reforma relevante tuvo lugar con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y el dictado del DNU 70/2023, la aprobación de la Ley Bases y normativas de la IGJ que introdujeron flexibilizaciones para reducir trámites, desregular normas y avanzar con la digitalización comercial.

La última modificación fue dispuesta por la Resolución General 4/2026 de la IGJ, del 22 de mayo último, por la cual el Gobierno simplificó el régimen para sociedades extranjeras con el objetivo de facilitar inversiones en Argentina.

Según tipo societario

De las 995.165 sociedades comerciales que existen en el país, el 47% (465.788) son Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), el tipo societario más usual. No exige un capital mínimo por ley, éste se divide en “cuotas sociales”, y tiene un límite máximo de 50 socios.

Las Sociedades Anónimas son el 39%, ya que suman 386.931. Este tipo societario exige un capital mínimo de $30 millones, que se divide en “acciones”, no tiene límite de accionistas, y puede cotizar en bolsa.

Otro 9% de las entidades comerciales son Sociedades por Acción Simplificada (90.307 en total), creadas en 2017 por la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Su objetivo principal es permitir a los emprendedores y pequeñas empresas armar una estructura legal formal de manera rápida, económica y 100% digital, sin la burocracia que exigen las SRL o las SA tradicionales.

El resto son Sociedades “de hecho” o “sociedades irregulares” (31.489); Sociedades en comandita por acciones (6.641); Sociedades en comandita simple (6.320), Sociedades colectivas (5.801); Sociedades Anónimas Unipersonales (1.586); y de Capital e industria (302).

Distribución por provincia

Del análisis que realizó Infobae, el distrito con más sociedades comerciales es la Ciudad de Buenos Aires, 469.235 en total, algo que se explica porque muchas empresas radican su sede central en la Capital Federal. Esa cifra equivale a una tasa de 1.010 empresas cada 100.000 habitantes.

Le sigue Buenos Aires con 180.233, un número que implica 388 entidades de este tipo sobre la misma base poblacional. Luego aparece Córdoba con 81.172 sociedades comerciales en total, y una tasa cada 100.000 habitantes de 175.

El tope del ranking se completa con Santa Fe que tiene 67.761 empresas registradas y una tasa de 146 cada 100.000 personas; y Mendoza, con 44.893 sociedades, que registra una tasa de 97 sobre esa base poblacional.

Evolución histórica

Los datos publicados por el Ministerio de Justicia se remontan a 1990, y muestran que el año que más sociedades comerciales se inscribieron en el Registro Nacional de Sociedades fue 2025, con 31.431 nuevas inscripciones.

Le siguen 2023, con 31.160 nuevas entidades de este tipo en el último año de Alberto Fernández; 2019, con 29.916, el último año del gobierno de Mauricio Macri; y 2024, con 29.553, en el comienzo de la gestión libertaria.

En lo que va de 2026, al 5 de mayo último, las inscripciones de sociedades comerciales alcanzaron 7.862, sobre un total de 8.168 nuevas entidades inscriptas de los distintos tipos jurídicos.

La base de datos no informa la baja de las sociedades comerciales que se produce cada año. Según señalaron en el Ministerio de Justicia a Infobae, el proceso de cancelación de una sociedad comercial ante la IGJ requiere cumplir una serie de etapas, en las que no interviene esa cartera. Va desde la resolución societaria de disolución hasta la obtención de las bajas impositivas y la presentación final ante la IGJ, el organismo que, una vez verificada la documentación, emite la orden de inscripción de la cancelación.

El Registro Nacional de Sociedades, así como el Registro Nacional de Concursos y Quiebras, está a cargo de María Florencia Robledo, designada en 2020, en la gestión de Fernández. Depende de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría General de Justicia de la Nación.

Infobae llamó por teléfono el viernes pasado a Robledo para consultarla sobre las bajas societarias registradas. Si bien las asistentes respondieron que la funcionaria devolvería el llamado, finalmente no lo hizo.

Desde ARCA también quedaron en consultar, pero al cierre de esta nota el viernes a última hora, la respuesta no llegó.

Visualizaciones: Daniela Czibener

Chequeo de datos: Desiré Santander

La corrupción es el abuso de poder, cargo o confianza para obtener un beneficio privado, generalmente económico, en detrimento del interés público o de terceros. Se manifiesta en distintos ámbitos —político, judicial, empresarial, policial— y adopta múltiples formas: soborno, malversación de fondos, tráfico de influencias, nepotismo o extorsión. Organismos internacionales como Transparencia Internacional la definen como “el abuso del poder encomendado para beneficio propio”, una formulación que abarca tanto al sector público como al privado.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, publicado en febrero de 2026, reveló que Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, Haití y Nicaragua, integran el quinteto de países más corruptos del mundo. En el otro extremo, Dinamarca, Finlandia y Singapur, ocupan el podio de los menos corruptos.

Para llegar a esa exitosa meta, desde el Estado, se aplicaron estrictas fórmulas de controles preventivos como:

Mapeo de riesgos en cada área de la administración pública para identificar zonas vulnerables antes de que ocurran actos corruptos.

Códigos de conducta obligatorios para funcionarios y miembros del gobierno.

Declaraciones patrimoniales periódicas y verificables de todos los servidores públicos.

Sistemas de cumplimiento anticorrupción (compliance) exigidos también a empresas que contraten con el Estado.

Auditorías externas e independientes a partidos políticos y sus fundaciones cuando reciben financiamiento público.

Control en la contratación pública:

• Plataformas digitales de contratación con inteligencia artificial para detectar irregularidades.
• Registros públicos de empresas inhabilitadas para contratar con el Estado por condenas por corrupción.
• Extensión de metodologías de prevención de fraude a toda la administración.

Control financiero y patrimonial;

• Confiscación preventiva o administrativa de bienes vinculados a actividades corruptas, incluso sin condena firme previa.
• Fortalecimiento de las oficinas de recuperación de activos con más recursos humanos y presupuesto.
• Monitoreo de flujos financieros sospechosos a través de unidades de inteligencia económica.

Control judicial y penal:

• Creación de fiscalías anticorrupción especializadas con mayor capacidad investigativa.
• Unidades judiciales especializadas en delitos contra la administración pública.
• Endurecimiento de penas y ampliación de plazos de prescripción para que los casos no queden impunes.
• Procedimientos judiciales más ágiles para casos que involucren funcionarios públicos.

Control sobre denunciantes (whistleblowers):

• Canales internos de denuncia obligatorios en empresas y organismos públicos.
• Garantías de confidencialidad, protección y asistencia legal para quien denuncia.
• Extensión de la protección a quienes reportan directamente ante fiscales, policía o jueces.

Control de transparencia y rendición de cuentas

• Publicación periódica de informes de gestión por parte de todas las entidades del Estado.
• Libre acceso ciudadano a la información pública.
• Campañas de formación e integridad para empleados públicos y para la sociedad en general.
• Encuestas de percepción para medir el avance de las políticas anticorrupción.
• Registros públicos de empresas inhabilitadas para contratar con el Estado por condenas por corrupción.
• Extensión de metodologías de prevención de fraude a toda la administración.

La Argentina está embarcada desde Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a cargo de Alejandro Díaz, en llegar a ese grado de excelencia. Es una de las razones abrió una convocatoria para la presentación de trabajos técnicos y ponencias que formarán parte del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, que se realizará entre el 21 y el 23 de septiembre en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. La prevención de la corrupción será uno de los items centrales.

La propuesta está dirigida a especialistas, académicos, funcionarios y profesionales interesados en compartir investigaciones, experiencias y herramientas vinculadas al fortalecimiento de los mecanismos de control y la mejora de la gestión pública.

Los interesados tendrán tiempo hasta el 15 de junio para presentar un resumen preliminar de sus trabajos. Los trabajos seleccionados serán expuestas durante el congreso, que reunirá a más de 30 conferencistas de 15 países de América y Europa y contará con la participación de más de 1.000 asistentes.

Un debate abierto

La transparencia y la integridad en la gestión pública, la prevención de la corrupción, el impacto de la transformación digital y la inteligencia artificial en los procesos de auditoría, la gestión de riesgos y la evaluación de políticas públicas formarán parte de la agenda de debate.

Detrás de esos temas subyace una discusión cada vez más presente en las administraciones públicas de todo el mundo: cómo construir sistemas de control capaces de detectar problemas antes de que se transformen en crisis.

Durante años, la tarea de los organismos de auditoría estuvo asociada principalmente a la revisión posterior de actos administrativos, contrataciones o programas estatales. Sin embargo, la creciente complejidad de la gestión pública y el avance de las tecnologías de información impulsaron nuevos enfoques orientados a la prevención.

La idea es sencilla: no esperar a que aparezca un problema para intervenir. En lugar de limitarse a verificar lo ocurrido una vez finalizada una política pública, los organismos de control buscan cada vez más desarrollar herramientas que permitan identificar riesgos, monitorear objetivos y generar alertas tempranas cuando los resultados comienzan a desviarse de las metas previstas.

La posibilidad de procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones o inconsistencias permite fortalecer los controles y mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones estatales.

La SIGEN es el organismo encargado de ejercer el control interno del Poder Ejecutivo Nacional. Entre sus funciones se encuentran la supervisión de ministerios, organismos descentralizados, empresas públicas y distintos entes estatales, a través de auditorías, evaluaciones y acciones de seguimiento destinadas a verificar el cumplimiento de procedimientos, normas y objetivos de gestión.

Pero la actividad de control no se limita a la detección de irregularidades. En los últimos años, tanto en Argentina como en otros países, comenzó a ganar relevancia una visión que incorpora también el acompañamiento técnico a los organismos públicos para mejorar procesos, fortalecer mecanismos de prevención y optimizar la utilización de recursos. La premisa es que un sistema de control eficiente no solo identifica problemas, sino que también contribuye a evitarlos.

La relevancia de estas discusiones quedó expuesta en distintos episodios recientes que pusieron el foco sobre la necesidad de contar con mecanismos de supervisión más eficaces y oportunos. En ese contexto, especialistas coinciden en que la capacidad para detectar señales de alerta durante la ejecución de una política pública puede resultar tan importante como la auditoría posterior de sus resultados.

“La premisa es que un sistema de control eficiente no solo identifica problemas, sino que también contribuye a evitarlos.”

El Congreso buscará precisamente reunir experiencias nacionales e internacionales que permitan intercambiar conocimientos sobre estos desafíos. La participación de representantes de distintos países apunta a mostrar cómo evolucionan los sistemas de control en un escenario atravesado por la digitalización de los procesos administrativos, la demanda de mayor transparencia y la necesidad de mejorar la calidad de las políticas públicas.

La convocatoria para la presentación de trabajos preliminares –también mencionados abstracts– permanecerá abierta hasta el 15 de junio. Las bases y condiciones para participar, junto con los requisitos para la presentación de trabajos, se encuentran disponibles en www.sigen.gob.ar/congreso.

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Javier Milei apareció en el balcón más famoso de la Casa Rosada con cara sonriente, semblante relajado y ya sin el saco que lo había acompañado durante la celebración del 25 de Mayo. No se lo anticipó a ninguno de sus colaboradores más estrechos, pero estaba a punto de encarar una misión política compleja que nada tenía que ver con saludar a los seguidores que se habían acercado a Plaza de Mayo. Primero buscó a Santiago Caputo. Después a Martín Menem. Los rodeó con los brazos, los acercó a su cuerpo y les regaló, en cuestión de segundos, un respaldo público que iba a dar que hablar. Fue una escena breve, pero cargada de sentido. El Presidente no tenía que abrazar a dos de sus más importantes dirigentes; tenía que abrazar una interna. Eso sí: a cada uno lo palmeó por separado y no hubo ni un intento de generar una charla compartida; aunque venían de una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana, ni Dios le otorga ciertos milagros a La Libertad Avanza y sus problemas de familia.

Desde un rincón del Salón Eva Perón, que funciona como el punto de acceso directo al espacio que vio nacer el “Día de la Lealtad” y a Diego Maradona levantar la Copa del Mundo, uno de los ministros que observó los movimientos de Milei, Caputo y Menem desde otra perspectiva visual compartió una reflexión espontánea a otro miembro del oficialismo. “Está todo roto y va a seguir estando todo roto, pero esto va a ayudar a bajar un poco los decibeles”, le dijo. Sin hacer ninguna mueca extraña para no despertar suspicacias, su interlocutor asintió con la cabeza y buscó su silla para encarar la reunión de gabinete que arrancaba en ese mismo instante y que se iba a extender durante una hora. Como era de esperar, ese día no hubo ninguna referencia a peleas intestinas.

Con su gesto del feriado patrio, Milei no estaba forzando una reconciliación: simplemente estaba agitando una bandera blanca. Venía de jornadas extenuantes en las que los roces en el corazón del poder no solo habían pasado el umbral de lo razonable sino que habían tapado todos los intentos de retomar el control de la agenda. El asesor sin cartera con sus “fuerzas del cielo” y los karinistas hermanos Menem se habían tirado misiles teledirigidos y convertido cada tuit, cada declaración y cada filtración en una intensa batalla por la botonera violeta. Por eso, el mandatario puso orden a su manera. “Si se tienen que matar, no lo hagan delante de las cámaras ni tan a la vista de todos en las redes sociales”, fue el mensaje que pareció decodificar el ecosistema libertario. ¿Cuándo puede estallar el próximo conflicto? Misterio.

Con el tono que se dejó seteado el lunes y las aguas más calmadas, el Presidente tuvo una semana menos mala, pero no necesariamente buena. El Gobierno, admiten en el primer piso de Rosada, consiguió un “respiro frágil pero táctico”: gestualidad de unidad, señales económicas algo más amigables, una nueva tanda de encuestas que sugieren que la caída en la aprobación popular podría haber encontrado un piso, una oposición dispersa y menor ruido mediático. Aun así, en los sótanos del liberalismo siguen crujiendo los problemas y desafíos. “Debajo, la máquina sigue haciendo ruido. En el medio, continuaremos practicando el gran deporte nacional: fingir demencia”, analiza un dirigente.

Paréntesis necesario: LLA recibió con incomodidad las sentencias filosas de la homilía del arzobispo de Buenos Aires, que el propio Jorge García Cuerva amplió en una entrevista con Infobae en vivo: “Algunas situaciones de violencia que son habilitadas por los dirigentes”. La inminente confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina alcanzó para mantener a raya cualquier vocación de conflicto.

Segundo paréntesis necesario: lo que se vio en esas horas de aniversario de la Revolución de Mayo fue tan importante como lo que no se mostró. La transmisión oficial del Tedeum fue cuidadosa con algunas presencias e implacable con otras ausencias televisivas. Patricia Bullrich estuvo, pero casi no apareció y no tuvo acceso al Cabildo. Santiago Caputo tampoco fue parte del álbum posterior difundido por Presidencia. En Balcarce 50 todos saben leer esas señales.

El otro foco que quedó en pausa, pero sigue lejos de estar resuelto, es Manuel Adorni. El jefe de Gabinete atravesó este último período con bajo perfil y menor presión judicial, situación que se explica en parte por los propios tiempos del expediente por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como juez a Ariel Lijo y por una licencia con aviso que transitó el fiscal federal Gerardo Pollicita. Con su lengua filosa enrollada, sonrió para la selfie de la “Mesa Política” pero es consciente de que está aislado y sin posibilidades reales de levantar demasiado la cabeza.

La declaración jurada aparece ahora como el próximo punto de tensión. Adorni se tomó su tiempo: pasaron 80 días desde el inicio del escándalo y más de 20 desde que Bullrich reclamó sus números en un estudio de televisión. La Oficina Anticorrupción prorrogó hasta el 31 de julio el plazo para que los funcionarios presenten los detalles de sus patrimonios, pero cerca del golpeado vocero juran que habrá novedades antes del inicio del Mundial. Al interior del oficialismo hay más expectativas por esa presentación que por La Scaloneta: esa DDJJ podría incluir herencias varias y, una novedad, ahorros no blanqueados en criptomonedas. Si así fuera, Adorni podría acogerse al novedoso régimen de inocencia fiscal y asumir que no había puesto sobre el escritorio todo lo que tenía ahorrado antes de volcarse a la política: un relato con flancos débiles que podría liberarlo de algunas eventuales complicaciones en Comodoro Py pero que difícilmente lo ayude a recuperar aprobación popular.

Sea como sea, Manuel Adorni no duerme de corrido: fuentes tribunalicias de primera línea dejaron trascender, acaso como un mensaje perturbador, que ya hay prueba suficiente para llamarlo a declarar antes de la feria del 20 de julio. “Incluso lo pueden indagar más de una vez si la prueba se va ampliando”, sostienen. Ese movimiento, el paso previo a un procesamiento, es desmentido por actores clave del Ministerio de Justicia. “Lijo no va a jugar tan fuerte”, dicen, sin rodeos, para que la frase llegue al magistrado.

En paralelo, el caso del coordinador de los ministros empieza a chocar con una advertencia incómoda que llegó desde el lugar menos pensado: el Fondo Monetario Internacional. Como paso previo al desembolso de los USD 1.000 millones que dejaron las reservas del Banco Central en su punto máximo desde 2019, el organismo publicó un documento en el que incluyó un apartado sobre gobernanza y anticorrupción. Si bien subraya los méritos libertarios desde diciembre de 2023 como la consolidación fiscal, la desregulación y la reducción de intermediarios en programas sociales, el FMI recordó que Argentina figuró en el puesto 36 sobre 100 en el índice de percepción de corrupción de Transparency International. Y dejó escrito un párrafo letal: “Los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan verificación limitada, baja transparencia, publicación demorada y aplicación desigual. Los regímenes de conflicto de intereses siguen limitados por reglas poco rigurosas y una débil capacidad de control”. Los técnicos que responden a Kristalina Georgieva no tuvieron la necesidad de mencionar el apellido “Adorni”, pero el párrafo le calza como saco a medida.

Mientras tanto, el oficialismo mira de cerca la rosca infinita detrás de la sesión del 4 de junio en el Senado para avanzar con los primeros 73 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia. Sin embargo, terminó metiéndose en un nuevo terreno delicado: el pedido de retiro de la postulación de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata encendió una alarma política e institucional. La candidata había superado las instancias del Consejo de la Magistratura, había sido incluida en la terna y su nombre había sido enviado por el propio Gobierno. El problema no apareció en su currículum sino en su árbol familiar: es cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista que La Libertad Avanza ubica, sin demasiado disimulo, dentro del 95% de su lista negra.

“Fue una orden directa de Karina a Juan Bautista Mahiques”, reconocen en la Cámara alta. El episodio puso en pie de guerra a aliados del PRO, de la UCR y de partidos provinciales. “La trayectoria de la jueza, de más de 30 años, es intachable. Por eso esta decisión nos llama la atención”, dijo Martín Goerling Lara, jefe de bloque de los amarillos. Se avizoran tensiones y un final demasiado abierto que requerirá pericia por parte de Patricia Bullrich.

“Hay que ver lo que hace Pato, porque en definitiva siempre juega su propio partido”, temen en Olivos. Y no exageran: por más que desmintió con ironía versiones sobre una postulación presidencial en 2027, sabe a la perfección que su nombre circula en conversaciones privadas del Círculo Rojo, reuniones con empresarios, dirigentes de distintos espacios y consultores variopintos. Es eso o la jefatura de Ciudad de Buenos Aires, juran los bullrichistas. Y agregan que la vicepresidencia no es una opción: “Miren a Victoria Villarruel; no le sirvió de nada”.

Mauricio Macri también volvió a dejar señales. Su “voy a volver a cantar” durante un encuentro con dirigentes del espacio que comanda fue una broma que dejó abierta la chance de una candidatura. Algo parecido, aunque desde otro lugar, intenta Sergio Massa: en el peor de los casos, subirse el precio para cobrar caro cualquier acuerdo.

La Casa Rosada, en este contexto, se aferra a dos datos que le permiten respirar. El primero es político: algunas encuestas sugieren que durante mayo se interrumpió el deterioro de los indicadores de opinión pública vinculados al Gobierno. No hay euforia, pero sí una sensación de piso después de varios meses de caída. Un ejemplo: según el estudio recién salido del horno de Atlas Intel, consultora internacional que tuvo aciertos precisos en las elecciones 2023 y 2025, la aprobación de Milei rebotó 4,4 puntos porcentuales en mayo para quedar en 39,9% (el mes anterior había sido de 35,5%) con una desaprobación de 58,3% (antes 63%). El primer mandatario recibió también los números actualizados de Aresco, de Federico Aurelio, con guarismos similares y misma tendencia.

El segundo dato relevante es económico: el desembolso del FMI, la mejora de reservas, algunos indicadores de actividad y la inflación en una senda nuevamente descendente le permiten a Milei insistir con la idea de que la economía terminará ordenando la política. El inconveniente es que el “alivio” todavía no se siente de forma pareja en la vida diaria. En el último sondeo de Synopsis, de Lucas Romero, la preocupación por los salarios bajos (47,1%) y la caída del empleo (18,7%) aparece por encima del Índice de Precios al Consumidor como angustia cotidiana. Ese reporte incluye otra arista a monitorear: el descenso pronunciado del “núcleo duro” libertario; solo un 12,4% asegura que “le gusta todo” del Presidente, aunque hay que sumar otro 29,3% que no está completamente conforme con su gestión pero no ve una alternativa mejor.

¿Cambia la estrategia libertaria? “Tenemos que recaudar más; seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”, fue una de las frases de Luis Caputo que no pasó de largo entre los hombres y mujeres que caminan los pasillos del poder. Traducción política: la motosierra ya no corta como antes; o, al menos, cada nuevo corte tiene más costo social.

Así las cosas, Milei está ciegamente convencido de que la economía le terminará dando la razón. “Si hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección. Y si hacemos un gobierno que no merece ser reelecto, no seremos reelectos”, dijo en estos días, con una mezcla de fatalismo liberal y desapego electoral que desespera a quienes viven midiéndose los músculos. En esa pelea, el mandatario parece estar más allá: es, o intenta ser, un líder político distinto, también en ese nivel. Cuando escucha ese tipo de reflexiones, en cambio, Karina Milei se agarra la cabeza.

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