Hace pocos días, el Presidente recibió el informe de la consultora ARESCO, al que suele mirar cada mes personalmente y con particular atención. Esta vez, los datos de un derrumbe en su imagen -que en el primer trimestre había sido contundente-, mostraron un nuevo piso, un freno a la caída.

Sigue vigente ese 25% de núcleo duro convencido del gobierno libertario y del plan de Javier Milei. En su pico de imagen, ese cuarto de los argentinos estaba complementado por otro cuarto, el núcleo blando que le dicen, del que ahora se retiró casi la mitad. Es una tajada del universo que pertenecía a Patricia Bullrich en la primera vuelta de las elecciones del 2023. Son los que ahora llevaron al Presidente a bajar su popularidad a 37% sobre el 50%.

No es para nada un número estático, definitivo. Pero ese porcentaje de desencantados es parte de los que responden desde hace varios meses, en ese mismo estudio de Aresco, que 3 de cada 4 no llegan a fin de mes y que 6 de cada 10 se tienen que endeudar para pagar las cuentas.

El famoso metro cuadrado de la vida cotidiana de las personas que es, en general, el que define el voto y el que condujo a una preocupación en el ministerio de Economía que venía pidiendo tiempo y paciencia hasta estos días, donde sienten que los números económicos prometidos están empezando a darles la razón.

Es, sin dudas, el gran dilema de este tiempo, la compleja interpretación de los datos macro con la realidad económica de los argentinos. Tener o no trabajo, que el sueldo no pierda poder adquisitivo, poder pagar el alquiler, la prepaga, la escuela. Es, también, el motivo de enojo y obsesión presidencial que volvió a reflejar Toto Caputo en el Latam Forum: “Hoy hay una divergencia realmente, probablemente nunca vista, entre lo que son los datos y el relato, lo que tratan de hacerle creer a la gente qué está pasando. Así que vamos a los datos. Estamos en el récord de actividad económica. Lo digo porque ya casi parece un chiste, digamos, leer los diarios o ver los noticieros que te hablan de crisis. El estimador mensual de actividad económica está en su récord histórico. Es decir, no puede haber una divergencia más grande entre lo que se dice y lo que efectivamente está pasando”.

En ese foro que organiza Darío Epstein, un rato más tarde hablaron Horacio Marín y Marcelo Mindlin, dos protagonistas del sector energético, con un optimismo similar basado en las multimillonarias inversiones -prometen 130 mil millones de dólares en los próximos años- en ese área: “Es imposible que toda esta inversión no genere empleo. Dicen que es un sector ganador, pero que genera poco empleo. Es una explicación muy injusta: la energía invierte millones de dólares y genera miles de puestos de trabajo”.

En el VIP del LATAM forum en el Goldencenter sólo se hablaba de la baja del riesgo país, el ingreso creciente de dólares genuinos y la explosión de algunos rubros de la economía, pero alguien totalmente alineado con el plan libertario reconoció: “Es cierto que nos falta consumo”.

A esa misma zona de acceso exclusivo, llegó el Presidente por un lado y Karina y Adorni por el otro. Pasó por ahí Eduardo Elsztain antes de ir a su tradicional brindis por el día del periodista en la Rural donde convocó a 400 reporteros. En esa previa, se habló muchísimo de lo que le gusta a Milei: la presentación de Miniso, por ejemplo, el bazar chino que es furor entre las adolescentes y que ayer inauguró su segundo local en argentina en el shopping DOT. El primero todavía genera colas para entrar. Son todas postales de una argentina despareja, bipolar.

En el mismo día, la UIA publicó otro informe preocupante sobre el freno en el consumo, la catástrofe en la construcción y una caída general de la actividad de 0,7% interanual y de 0,4% contra marzo pero que en desagregado muestra situaciones desesperantes en algunos rubros.

El dilema por el puente entre lo que es, lo que podría venir y el mientras tanto del impacto social está escrito también en el informe del FMI que contempló la autorización del envío de los mil millones de dólares de desembolso. Esta definición importa por muchas razones pero naturalmente la principal es electoral. “La economía se va a llevar puesta a la política por primera vez”, dijo Caputo. “Creo que va a ser lo opuesto a lo que dice la gente y el mercado”. Se sabe que los inversores miran las encuestas para mirar al país.

Lo que dice el JP Morgan

En una charla reservada del JP Morgan que sucedió esta semana en Buenos Aires con dos speakers del banco de inversión sobre la coyuntura global y el devenir argentino en particular, el optimismo sobre la economía se alinea con el ministro, pero todas sus predicciones se concentran en la presidencial del año que viene: “Los inversores más institucionales preguntan por qué las encuestas son negativas”. Según el banco de inversión, el riesgo país, en este momento y con las variables actuales debería ir a 250, pero eso no sucederá hasta que no se defina el tablero electoral.

Es interesante en el reporte del JP Morgan, la descripción de la coyuntura global que dio uno de sus encargados para América Latina. La naturalización de la incerteza para predecir hacia dónde va el planeta: “Inteligencia Artificial, fragmentación -desglobalización- más inflación” son los nuevos pilares para entender el mundo. A pesar de que es uno de los principales bancos de inversión del mundo hay un reconocimiento de que las variables están tan vertiginosas e incomprensibles que en los últimos tres años ninguna de las proyecciones de inversión se cumplieron.

De las pocas certidumbres vigentes que detalló el especialista, la indiscutible tiene que ver con la creciente inversión de las principales potencias del mundo en su presupuesto de defensa. Sobre todo tecnología de inteligencia relacionada con la guerra. El universo en el que Peter Thiel, es rey. El nuevo vecino porteño es dueño de Palantir Technologies, una compañía creada en 2003 con apoyo de la CIA que desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales, se mudó al país y causa una intriga global. El New York Times publicó una cobertura sobre la rutina de Peter Thiel en Argentina. El empresario, exsocio de Musk, mantiene una vida muy activa en Buenos Aires. Está buscando en el grupo más selecto de estudios de arquitectura de Buenos Aires, quién le diseñe el proyecto de remodelación de su casa, en donde ya recibe, según consignó a NYT, a economistas influyentes e intelectuales en una cena a la luz de las velas “para debatir sobre la historia y la economía del país, antes de que la conversación derivara hacia el Anticristo, según tres personas familiarizadas con la reunión”.

Dice el artículo: “Algunos de los asistentes no sabían qué pensar de las reflexiones apocalípticas de su anfitrión sobre una entidad que, según había advertido en sus conferencias, podría establecer un gobierno mundial totalitario, pero escucharon con atención”.

Las razones por las que está en Argentina todavía son una incógnita, algunos piensan que es por nuestra geografía alejada de los conflictos bélicos y sus peligros. Otros, por su interés en la dinámica del proyecto libertario. Es una intriga gourmet.

La semana de Adorni

En la coyuntura local, la política tiene escenas más domésticas, más urgentes. Por primera vez en mucho tiempo, la causa judicial de Manuel Adorni no tuvo novedades esta semana.

Es, más que nada, por una licencia temporal del fiscal Gerardo Pollicita que retoma el lunes su trabajo. Adentro de la Rosada garantizan que la próxima semana cumplirá en presentar la justificación patrimonial: ¿es cierto que usará inversiones cripto no declaradas? Una caricia para el uso de la ley de inocencia fiscal que tanto promueve Economía.

Lo concreto es que se abrirá con esa declaración jurada una enorme madeja contable para verificar sus números. “Esto ya pasó, fue una ataque personal, va a volver a subir cuando presente la declaración jurada y después se termina”, asegura Adorni en el entorno libertario a quien le pregunta. Es una curiosa estrategia porque es lo mismo que viene diciendo desde que esto empezó pero la realidad nunca le dio la razón. Hay un timing buscado en esperar hasta ahora y tiene que ver con el Mundial. Nadie espera que nada llame la atención cuando la pelota vuelva a correr.

Justamente cuando Argentina empiece a jugar, sucederá en París la reunión anual del GAFI, el organismo global antilavado del que Argentina es miembro y al que viaja cada año el ministro de Justicia junto una comitiva de no más de quince personas, la mayoría técnicos.

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Este año estrena ese rol el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En todas las ediciones suele haber invitaciones para dos o tres jueces o funcionarios judiciales. Siempre viaja Juan Tomás Rodríguez Ponte por su rol de aglutinador de estadísticas judiciales en causas de lavado a partir de una designación que le hizo la Corte Suprema desde su posición en la Dajudeco (la oficina que tramita las escuchas a pedido de los jueces). Ponte fue el objeto de un conflicto por la negativa inicial de Mahiques a mandar su pliego como candidato a magistrado en Lomas de Zamora, decisión que finalmente revisó. En el Ministerio, están pensando ahora en invitar a Ariel Lijo al encuentro en París.

Javier Milei, Manuel Adorni, Karina Milei

Luego de que la Justicia Federal resolviera intervenir al Partido Justicialista (PJ) de Salta, este viernes el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta convocó a elecciones internas para el domingo 2 de agosto de 2026. Tras establecerse un cronograma con plazos breves, la decisión fue cuestionada por parte del sector que se encolumna detrás de la titular del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner.

El calendario electoral estará compuesto por cuatro etapas. Primero, la presentación de afiliaciones, seguida por la exhibición de padrones provisorios y definitivos, la presentación y oficialización de listas de candidatos y, finalmente, la votación.

Aunque desde el sector interno del partido señalaron que la velocidad de los trámites podría condicionar la competencia y favorecer a quienes ya cuentan con una estructura territorial consolidada, el ex interventor que había sido designado por el PJ nacional, Pablo Kosiner, expresó su preocupación por el acotado plazo de tiempo brindado para presentar las afiliaciones.

“Esto de dar quince días para presentar una lista y cuatro días para presentar la ficha de afiliación es prácticamente negar la posibilidad de participar a todos aquellos sectores que tengan voluntad de hacerlo y que no tengan ninguna estructura oficial atrás de ellos”, cuestionó el dirigente durante una breve entrevista con Radio Salta.

Al hacer mención al antiguo cronograma que habían planteado durante su co-conducción con Nora Cannuni, Kosiner destacó que durante su gestión anterior se buscaba un proceso territorial y más extenso que permitiera recuperar masa de afiliados y fortalecer la representatividad del partido.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el ex interventor del PJ salteño alertó que en el primer relevamiento sobre padrones detectaron solo 650 afiliados menores de 25 años sobre 90.000, lo que significó una pérdida de entre 25.000 y 30.000 afiliados.

Bajo su punto de vista, la falta de internas y elecciones PASO provocó una fuga de afiliados hacia otros partidos, debiendo ahora reconstruir la base de militancia. Por este motivo, advirtió que la situación afecta la representatividad y la legitimidad del proceso interno, anticipando que su sector probablemente no participará de las internas debido al carácter restrictivo del cronograma.

“Sospechamos que volverá a haber como una lista casi única de quienes estaban a cargo del partido antes de que se haya intervenido”, apuntó. Tras criticar la intervención judicial desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Kosiner cuestionó su legitimidad para organizar elecciones provinciales. “Perjudicará a otros sectores, sobre todo a los más pequeños”, denunció al indicar que el sector había apelado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Por su parte, el interventor Gambetta señaló que la convocatoria busca legitimar las autoridades y fortalecer la unidad partidaria. “La clave es que se convoquen elecciones para que haya autoridades legitimadas y para que la unidad pueda alcanzarse de manera más natural, ya sea antes o después de los comicios”, planteó tras advertir que mantener el partido bajo intervención prolongada debilita su democracia interna.

Desde el sector saencista se expresó disposición a competir. Una fuente indicó que Gambetta es percibido como “mucho más neutral” y anticipó que ya están reuniendo la documentación para presentar lista. Además, destacaron la importancia del trabajo territorial para armar listas competitivas y mencionaron que la clave será dialogar con los cinco departamentos principales —San Martín, Güemes, Orán, Metán y Capital—, sumado a la articulación regional en áreas como la Puna y los Valles.

La intervención del espacio peronista salteño fue dispuesta por la jueza María Servini de Cubría hace dos semanas, luego de que el partido permaneciera intervenido desde el 24 de febrero de 2025 por decisión de las autoridades partidarias a nivel nacional.

En aquella oportunidad, la presidenta del PJ nacional había designado como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso. No obstante, Kosiner y Cannuni fueron nombrados en reemplazo y, tras permanecer más de un año a la cabeza, fueron desplazados por la Justicia Federal al plantearse que la duración de la medida se había convertido en un “mecanismo abusivo”.

Pese a que las antiguas autoridades habían convocado a elecciones para el 25 de octubre de este año, este cronograma quedó trunco por disposición judicial, debido a que indicaron que el llamado electoral fue tardío. No solo por el tiempo que demoraron en proponerse la fecha, sino por el plazo que quedaba por delante.

En paralelo, durante el congreso nacional del PJ celebrado el 20 de mayo, los afiliados votaron por la realización de elecciones en octubre en los partidos intervenidos, es decir, Salta y Jujuy. Sin embargo, se trataría de una propuesta contraria a la decisión judicial.

La corrupción es el abuso de poder, cargo o confianza para obtener un beneficio privado, generalmente económico, en detrimento del interés público o de terceros. Se manifiesta en distintos ámbitos —político, judicial, empresarial, policial— y adopta múltiples formas: soborno, malversación de fondos, tráfico de influencias, nepotismo o extorsión. Organismos internacionales como Transparencia Internacional la definen como “el abuso del poder encomendado para beneficio propio”, una formulación que abarca tanto al sector público como al privado.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, publicado en febrero de 2026, reveló que Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, Haití y Nicaragua, integran el quinteto de países más corruptos del mundo. En el otro extremo, Dinamarca, Finlandia y Singapur, ocupan el podio de los menos corruptos.

Para llegar a esa exitosa meta, desde el Estado, se aplicaron estrictas fórmulas de controles preventivos como:

Mapeo de riesgos en cada área de la administración pública para identificar zonas vulnerables antes de que ocurran actos corruptos.

Códigos de conducta obligatorios para funcionarios y miembros del gobierno.

Declaraciones patrimoniales periódicas y verificables de todos los servidores públicos.

Sistemas de cumplimiento anticorrupción (compliance) exigidos también a empresas que contraten con el Estado.

Auditorías externas e independientes a partidos políticos y sus fundaciones cuando reciben financiamiento público.

Control en la contratación pública:

• Plataformas digitales de contratación con inteligencia artificial para detectar irregularidades.
• Registros públicos de empresas inhabilitadas para contratar con el Estado por condenas por corrupción.
• Extensión de metodologías de prevención de fraude a toda la administración.

Control financiero y patrimonial;

• Confiscación preventiva o administrativa de bienes vinculados a actividades corruptas, incluso sin condena firme previa.
• Fortalecimiento de las oficinas de recuperación de activos con más recursos humanos y presupuesto.
• Monitoreo de flujos financieros sospechosos a través de unidades de inteligencia económica.

Control judicial y penal:

• Creación de fiscalías anticorrupción especializadas con mayor capacidad investigativa.
• Unidades judiciales especializadas en delitos contra la administración pública.
• Endurecimiento de penas y ampliación de plazos de prescripción para que los casos no queden impunes.
• Procedimientos judiciales más ágiles para casos que involucren funcionarios públicos.

Control sobre denunciantes (whistleblowers):

• Canales internos de denuncia obligatorios en empresas y organismos públicos.
• Garantías de confidencialidad, protección y asistencia legal para quien denuncia.
• Extensión de la protección a quienes reportan directamente ante fiscales, policía o jueces.

Control de transparencia y rendición de cuentas

• Publicación periódica de informes de gestión por parte de todas las entidades del Estado.
• Libre acceso ciudadano a la información pública.
• Campañas de formación e integridad para empleados públicos y para la sociedad en general.
• Encuestas de percepción para medir el avance de las políticas anticorrupción.
• Registros públicos de empresas inhabilitadas para contratar con el Estado por condenas por corrupción.
• Extensión de metodologías de prevención de fraude a toda la administración.

La Argentina está embarcada desde Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a cargo de Alejandro Díaz, en llegar a ese grado de excelencia. Es una de las razones abrió una convocatoria para la presentación de trabajos técnicos y ponencias que formarán parte del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, que se realizará entre el 21 y el 23 de septiembre en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. La prevención de la corrupción será uno de los items centrales.

La propuesta está dirigida a especialistas, académicos, funcionarios y profesionales interesados en compartir investigaciones, experiencias y herramientas vinculadas al fortalecimiento de los mecanismos de control y la mejora de la gestión pública.

Los interesados tendrán tiempo hasta el 15 de junio para presentar un resumen preliminar de sus trabajos. Los trabajos seleccionados serán expuestas durante el congreso, que reunirá a más de 30 conferencistas de 15 países de América y Europa y contará con la participación de más de 1.000 asistentes.

Un debate abierto

La transparencia y la integridad en la gestión pública, la prevención de la corrupción, el impacto de la transformación digital y la inteligencia artificial en los procesos de auditoría, la gestión de riesgos y la evaluación de políticas públicas formarán parte de la agenda de debate.

Detrás de esos temas subyace una discusión cada vez más presente en las administraciones públicas de todo el mundo: cómo construir sistemas de control capaces de detectar problemas antes de que se transformen en crisis.

Durante años, la tarea de los organismos de auditoría estuvo asociada principalmente a la revisión posterior de actos administrativos, contrataciones o programas estatales. Sin embargo, la creciente complejidad de la gestión pública y el avance de las tecnologías de información impulsaron nuevos enfoques orientados a la prevención.

La idea es sencilla: no esperar a que aparezca un problema para intervenir. En lugar de limitarse a verificar lo ocurrido una vez finalizada una política pública, los organismos de control buscan cada vez más desarrollar herramientas que permitan identificar riesgos, monitorear objetivos y generar alertas tempranas cuando los resultados comienzan a desviarse de las metas previstas.

La posibilidad de procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones o inconsistencias permite fortalecer los controles y mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones estatales.

La SIGEN es el organismo encargado de ejercer el control interno del Poder Ejecutivo Nacional. Entre sus funciones se encuentran la supervisión de ministerios, organismos descentralizados, empresas públicas y distintos entes estatales, a través de auditorías, evaluaciones y acciones de seguimiento destinadas a verificar el cumplimiento de procedimientos, normas y objetivos de gestión.

Pero la actividad de control no se limita a la detección de irregularidades. En los últimos años, tanto en Argentina como en otros países, comenzó a ganar relevancia una visión que incorpora también el acompañamiento técnico a los organismos públicos para mejorar procesos, fortalecer mecanismos de prevención y optimizar la utilización de recursos. La premisa es que un sistema de control eficiente no solo identifica problemas, sino que también contribuye a evitarlos.

La relevancia de estas discusiones quedó expuesta en distintos episodios recientes que pusieron el foco sobre la necesidad de contar con mecanismos de supervisión más eficaces y oportunos. En ese contexto, especialistas coinciden en que la capacidad para detectar señales de alerta durante la ejecución de una política pública puede resultar tan importante como la auditoría posterior de sus resultados.

“La premisa es que un sistema de control eficiente no solo identifica problemas, sino que también contribuye a evitarlos.”

El Congreso buscará precisamente reunir experiencias nacionales e internacionales que permitan intercambiar conocimientos sobre estos desafíos. La participación de representantes de distintos países apunta a mostrar cómo evolucionan los sistemas de control en un escenario atravesado por la digitalización de los procesos administrativos, la demanda de mayor transparencia y la necesidad de mejorar la calidad de las políticas públicas.

La convocatoria para la presentación de trabajos preliminares –también mencionados abstracts– permanecerá abierta hasta el 15 de junio. Las bases y condiciones para participar, junto con los requisitos para la presentación de trabajos, se encuentran disponibles en www.sigen.gob.ar/congreso.

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