POLITICA
Régimen penal juvenil: la apelación al polémico fallo de la jueza De Marinis ya tiene juez
La apelación contra el sobreseimiento de un adolescente de 14 años por un intento de robo en Palermo quedó radicada ante la Cámara porteña y será revisada por Ignacio Mahiques, hermano del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. La resolución de la jueza Laura Beatriz De Marinis, que declaró inconstitucional para ese caso la nueva edad de punibilidad, también derivó en una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
El recurso fue presentado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires luego de que la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 dispusiera el sobreseimiento del adolescente investigado. Además de cuestionar la sentencia, los fiscales solicitaron que la magistrada sea apartada del expediente y que otro juez continúe con la pesquisa.
Según pudo saber Infobae, Mahiques recibió la causa en segunda instancia. Deberá resolver si confirma la decisión de primera instancia o si admite los planteos de la Fiscalía y revoca el sobreseimiento.
El hecho que derivó en una causa penal ocurrió el 10 de septiembre, cerca de las 6.30, en Godoy Cruz al 2500, en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Un hombre de 47 años denunció que un grupo de adolescentes intentó quitarle sus pertenencias.
La víctima pidió ayuda y la intervención de efectivos policiales frustró el robo, de acuerdo con la reconstrucción del expediente. Los adolescentes intentaron alejarse del lugar, pero fueron detenidos.
Uno de ellos, identificado bajo las iniciales M.I.A., tiene 14 años y quedó imputado por tentativa de robo. La Fiscalía sostuvo que también debía analizarse una eventual agravante por la presunta comisión del hecho en poblado y en banda.
El episodio adquirió relevancia porque ocurrió después de la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que fijó en 14 años la edad mínima de punibilidad. La defensa del adolescente cuestionó su aplicación y el planteo llegó al juzgado a cargo de De Marinis.
El 21 de septiembre, la jueza declaró inconstitucional el artículo 1.º de la Ley 27.801 para ese expediente y ordenó el sobreseimiento. En su análisis, valoró las condiciones personales y familiares del adolescente, su situación de vulnerabilidad, el alcance del hecho atribuido y que la víctima no sufrió lesiones.
La sentencia también dispuso la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad para establecer medidas de acompañamiento en los planos familiar, educativo y social.
Tras la difusión de la resolución, el juzgado aclaró que la inconstitucionalidad fue declarada únicamente para el caso concreto y que el fallo no suspendía ni anulaba la vigencia general de la legislación.
La Fiscalía pidió revocar el sobreseimiento y apartar a De Marinis
Los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, apelaron la decisión. Su presentación cuestiona la interpretación constitucional utilizada en el fallo y sostiene que la jueza aplicó criterios ajenos al régimen aprobado por el Congreso.
El recurso plantea que la edad de punibilidad funciona como una regla general y que las circunstancias particulares de cada adolescente deben ser evaluadas al definir las medidas correspondientes. Para la Fiscalía, esos factores no alcanzan por sí solos para excluir la aplicación del sistema penal juvenil.
Los representantes del Ministerio Público también objetaron que la magistrada se apoyara en disposiciones de la Ley 22.278, el régimen anterior, al fundamentar el sobreseimiento.
Otro de los agravios se relaciona con los estándares internacionales de protección de niños y adolescentes. Según los fiscales, la resolución no explicó de manera suficiente por qué el nuevo sistema sería incompatible con la Constitución en este caso.
El pedido de revisión incluye el apartamiento de De Marinis y la realización de un nuevo sorteo para determinar qué magistrado deberá intervenir en la investigación si la Cámara hace lugar al planteo.
El Gobierno porteño denunció a la jueza ante el Consejo de la Magistratura
Mientras la Cámara analiza el recurso, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, presentó una denuncia de 22 páginas contra De Marinis ante el Consejo de la Magistratura porteño. La presentación fue formalizada el miércoles 23 de septiembre y solicita que se investigue un presunto mal desempeño y un posible desconocimiento inexcusable del derecho.
El Gobierno de la Ciudad sostiene que el debate excede una diferencia interpretativa sobre la ley y cuestiona el procedimiento que utilizó la jueza para dejar de aplicar la norma en el expediente.
Entre sus argumentos, la denuncia señala que la sentencia habría reemplazado una regla general aprobada por el Poder Legislativo por un criterio individual elaborado en sede judicial. También cuestiona que De Marinis hubiera interpretado que el Congreso reservó la nueva edad de imputabilidad para hechos de extrema gravedad, una excepción que no figura expresamente en la Ley 27.801.
La presentación de Tapia reprocha, además, que la resolución haya tomado la ausencia de lesiones y la falta de consumación del robo como factores para atenuar la relevancia del hecho investigado.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires deberá definir si existen elementos para abrir una investigación disciplinaria y, eventualmente, impulsar una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Los dos trámites seguirán carriles distintos. El organismo analizará la conducta funcional de la magistrada, mientras que la Cámara deberá decidir sobre la validez del sobreseimiento y el alcance de la aplicación del nuevo régimen penal al adolescente acusado.
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POLITICA
El Gobierno busca profundizar el recorte de empleo estatal con un nuevo plan de retiros voluntarios
El Gobierno aprobó un nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados de la administración pública nacional centralizada. Lo hizo mediante el decreto 1203, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Los estatales podrán anotarse en el plan de desvinculación voluntaria entre el 1 y el 30 de noviembre. La norma estableció la posibilidad de una prórroga en el proceso de inscripción de 30 días.
El régimen establece compensaciones económicas diferenciadas por edad, años de aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente. Según cálculos oficiales, son 20.000 los estatales en condiciones de solicitar el retiro.
De acuerdo con el texto, quien adhiera a la iniciativa y según su edad, aportes y antigüedad, puede llegar a cobrar hasta 25 sueldos o el 60% del salario mensual bruto por tres años desde la desvinculación.
El decreto estableció, además, que quienes acuerden dejar su puesto en el Estado, donde no podrá volver a trabajar por ocho años, indica el decreto.
La medida, que forma parte del plan “motosierra” para achicar el Estado que impulsan Javier Milei y particularmente su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a los empleados de planta permanente bajo la Ley 25.164 y a quienes tengan contratos por tiempo indeterminado bajo los términos de la Ley 20.744.
“Los cargos en los que presta servicios el personal que adhiera al presente Régimen de Retiro Voluntario, serán suprimidos, lo que redundará en una mejor gestión de los recursos del Estado”, se indicó en los considerandos del decreto firmado por Milei, Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Una vez pedido el retiro, las autoridades de cada jurisdicción (ministerio, secretaria, etc.) correspondiente tendrá 40 días para expedirse. Si no hay respuesta expresa en ese plazo, la solicitud se considerará rechazada.
Nuevos retiros voluntarios en el Estado: quiénes podrán acceder
El régimen de retiro voluntario está dirigido exclusivamente a empleados de la administración pública nacional centralizada, es decir, quienes se desempeñan en las jurisdicciones incluidas en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 24.156.
Es decir, para solicitar el retiro deben trabajar en Presidencia de la Nación; Jefatura de Gabinete y los distintos ministerios y secretarías; El Congreso (las cámaras de Diputados y Senado); Poder Judicial de la Nación (Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores); o en el Ministerio Público (tanto el fiscal y como el de defensa).
En el nuevo esquema de retiros voluntarios en el Estado quedan excluidos todos quienes revisten contratos transitorios o los empleados de los organismos descentralizados, como la ANSES; las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Exterior y otros sectores específicos.
Para poder pedir el retiro voluntario, el empleado público de la administración central deberá ser planta permanente; no tener procesos penales ni sumarios administrativos graves pendientes. Tampoco pueden ingresar quienes estén en el cuarto año de licencia por afecciones de largo tratamiento, ni quienes hayan presentado una renuncia pendiente de aceptación.
Ademas, los empleados con demandas judiciales o administrativas deberán desistir formalmente de esas acciones para poder adherirse; y no deben estar en disponibilidad al momento de la inscripción.
Nuevos retiros voluntarios en el Estado: a qué grupos apunta y cómo serán las compensaciones
El decreto 1203 estableció las modalidades de compensación diferenciada según la edad, los aportes y la antigüedad de los agentes:
- Grupo 1: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no tengan aportes suficientes para jubilarse. Podrán optar entre una gratificación única o el cobro del 60% del salario bruto mensual por hasta 36 meses.
- Grupo 2: mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64, con al menos 30 años de aportes. Recibirán hasta 18 sueldos de gratificación más cinco remuneraciones adicionales.
- Grupo 3: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Cobrarán un salario por cada año de antigüedad, hasta 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco salarios según tengan menos de 15 años de servicio o 15 años o más.
En todos los casos, la adhesión implica el cese definitivo de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente.
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CÓRDOBA.- La Comisión Episcopal de Pastoral Social reclamó que se reactive el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. Advirtió que la iniciativa podría perder estado parlamentario en noviembre y volvió a poner el foco en el impacto del juego digital sobre niños y adolescentes.
En una carta dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los integrantes del Senado, pidió que se retome de inmediato el debate y que se alcancen los acuerdos políticos necesarios para convertir la iniciativa en ley.
“Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”, plantea el organismo en el texto, donde sostiene que el problema ya excede el reconocimiento de los riesgos y requiere una “respuesta institucional”. La preocupación central está puesta en los menores de edad, “expuestos a plataformas de apuestas accesibles desde teléfonos celulares” y a un entorno digital en el que el juego “puede incorporarse a la vida cotidiana”.
La carta se suma a una serie de pronunciamientos que la Iglesia viene realizando desde 2024. En julio de ese año, las pastorales sociales de todo el país lanzaron la consigna “Apostar no es un juego”. En noviembre, la Conferencia Episcopal Argentina reclamó a Diputados que tratara el proyecto, y en febrero de 2025 volvió a dirigirse al Senado. En octubre de ese año, los obispos advirtieron que “la ludopatía es un atentado contra la vida” y alertaron sobre el riesgo de que cada celular se convierta en un “casino”.
El reclamo llega en medio de una discusión legislativa que lleva más de dos años y que se trabó. El 27 de noviembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó por 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones un proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea. La iniciativa fue girada al Senado, donde quedó pendiente de tratamiento. En octubre de 2025, el tema volvió a figurar en la agenda de un plenario de comisiones de la Cámara alta, pero quedó frenado.
En paralelo, en mayo pasado el Ejecutivo nacional presentó otra iniciativa con el objetivo de “ordenar el mercado virtual, limitar la publicidad” y reforzar la protección de niños y adolescentes.
En su nueva presentación, la Comisión Episcopal de Pastoral Social advierte que las consecuencias del juego compulsivo no se limitan a quienes apuestan. También alcanzan a sus familias, a las instituciones educativas y a las comunidades que deben afrontar sus efectos. Menciona investigaciones y materiales de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina sobre las apuestas online y la adolescencia.
El planteo de la Iglesia apunta, además, a la responsabilidad económica y social que implica la expansión del negocio: “Los costos de los daños que produce la ludopatía -humanos, familiares, sociales y sanitarios- no serán asumidos por quienes hoy se benefician de este negocio, sino que recaerán, una vez más, sobre las personas, las familias y la sociedad en general”.
La carta episcopal concentra su pedido en la urgencia de avanzar con el tratamiento parlamentario. Cita al papa León XIV y su advertencia contra “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. También sostiene que la falta de intervención estatal puede profundizar daños difíciles de reparar en el tejido social.
“‘No hacer nada’ también es una decisión”, afirma la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que pidió a los senadores que asuman la responsabilidad que les fue confiada y eviten que la iniciativa quede relegada por la falta de acuerdos o de tratamiento legislativo.
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POLITICA
El gobierno de Kicillof exige mantener las PASO: “Quieren evitar que la oposición se organice para que Milei sea reelecto”
El gobierno de Axel Kicillof ratificó esta mañana su defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cuestionó el plan de la administración de Javier Milei, que pretende eliminarlas o suspenderlas antes de las elecciones de 2027.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que el peronismo asumió el compromiso de sostener el actual sistema de primarias como mecanismo para resolver candidaturas dentro de los frentes políticos. En ese marco, el funcionario planteó que una eventual modificación del régimen electoral persigue una finalidad política evidente que fue confesada por los propios referentes de La Libertad Avanza.
“Quieren evitar que la oposición se organice para que Milei sea reelecto”, sostuvo Bianco. Y agregó que una reforma concebida para facilitar el triunfo de una fuerza política no tiene justificación institucional: “Eso está mal, es un delito”.
El funcionario bonaerense vinculó la iniciativa con otros cambios promovidos durante la gestión libertaria, entre ellos la implementación de la Boleta Única Papel y los proyectos sobre el funcionamiento de los partidos políticos.
Bianco afirmó que el sistema electoral argentino no presentaba un reclamo que exigiera una reforma de esta magnitud y defendió la experiencia de las elecciones bonaerenses del año pasado. Según sus datos, en esos comicios se emitieron más de 8,6 millones de votos y se registraron 11 infracciones a la legislación electoral.
También cuestionó el argumento económico utilizado por el oficialismo para avanzar con cambios en el mecanismo de votación. Dijo que la organización de la elección bonaerense tuvo un costo de $85.000 millones y aseguró que la proyección de una votación nacional con Boleta Única Papel duplicaría ese monto para el distrito.
“La modificación del sistema electoral tiene que ser para hacerlo más transparente, más económico o más eficaz”, planteó el ministro. “No se puede modificar para ganar una elección”.
Las negociaciones del gobierno nacional
Mientras la provincia de Buenos Aires reclama preservar las primarias, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno podrá avanzar en el Congreso con una reforma electoral que contemple la eliminación o suspensión de las PASO.
Santilli sostuvo que la propuesta responde al rechazo de parte del electorado a participar de varias instancias de votación y al costo de las internas partidarias. El funcionario estimó ese gasto en USD 200 millones y aseguró que el oficialismo conseguirá aprobar el proyecto, pese a que todavía no cuenta con un acuerdo legislativo cerrado.
“La reforma electoral va a salir y la eliminación o suspensión de las PASO va a salir”, afirmó Santilli el fin de semana, a pesar de las dudas de una buena parte de la política.
En la misma línea, el jefe de Gabinete afirmó que la continuidad o eliminación de las primarias no modificará, según su pronóstico, el resultado de las próximas elecciones presidenciales. “Con PASO, sin PASO, con más o menos acuerdos, Milei va a ganar. “Si fuera este domingo las elecciones, el Presidente va a volver a ganar”, enfatizó en diálogo con LN+.
Finalmente, Santilli vinculó esa proyección con la situación interna del peronismo, al que acusó de buscar una reunificación pese a sus diferencias. “Se muestran separados, pero van a terminar juntos. Entonces, otra vez la película esta no”, concluyó.
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