“Cada uno tiene sus demandas y negocia a su manera. Pero los cinco van a terminar arreglando”. La definición llega, coincidente, desde las terminales de los cinco mandatarios provinciales de la UCR, que la semana pasada volvieron a dar renovadas muestras de apoyo al oficialismo en el Congreso. El apoyo a la suspensión de las elecciones PASO que el gobierno de Javier Milei necesita aprobar antes de fin de año para complicar a la oposición peronista estaría garantizado, según voceros de los gobernadores del centenario partido y también del oficialismo, ambos unidos por un objetivo común.

La estrategia de los gobernadores choca con las intenciones del Comité Nacional de la UCR, que, junto a históricos del partido y otros sectores, pugnan por una propuesta presidencial alternativa y se resisten a aceptar la principal condición de la Casa Rosada: el apoyo a la reelección del Presidente.

El aval del radicalismo, reconocen en el Gobierno, es clave para la suspensión de las PASO. Lo fue, también, en la sesión del jueves pasado, cuando los diputados que responden al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y al jujeño Carlos Sadir se sumaron a la estrategia oficialista y se ausentaron del recinto durante el debate del decreto 70/2023, aun a costa de recibir críticas del conglomerado opositor.

“Tenemos que pasar esta etapa, que es muy difícil. Todo está corrido a la derecha, acá y en el mundo”, dice otro representante de los mandatarios radicales, quienes de todos modos no tienen intenciones de unificar sus negociaciones con el oficialismo, encarnado en el jefe de gabinete, Diego Santilli.

Las situaciones, claro, no son idénticas. El jujeño Sadir buscará su reelección en 2027, al igual que Pullaro y el chaqueño Leandro Zdero, quien ya fue en alianza con los libertarios en las elecciones del año pasado. Sin reelección habilitada, el mandatario mendocino Alfredo Cornejo trabaja por estas horas para designar a su candidato a sucesor en acuerdo con la Casa Rosada, sin tener que aceptar al hoy diputado libertario Luis Petri como postulante unificado. Con elecciones a gobernador recién en 2029, la UCR correntina que encabezan los hermanos Gustavo Valdés y (el actual gobernador) Juan Pablo Valdés pretende retener dos de los tres senadores nacionales por Corrientes que se pondrán en juego el año que viene, y coquetea con su apoyo a la reelección presidencial.

“Maximiliano apoya la suspensión de las PASO porque cree que es un gasto innecesario”, afirman voces cercanas al gobernador santafesino, el más reticente de los cinco a la foto con Santilli y el único que no viajó a París para el Argentina Week. Ninguno de los otros cuatro pone objeciones públicas a esa suspensión, y dejan trascender que hoy, “el obstáculo más grande a que salga la suspensión es la senadora libertaria Patricia Bullrich”, a quien adjudican intenciones de disputar una interna por la Presidencia el año que viene. Para distintos radicales, sobre todo los que juegan bajo el ala de los gobernadores, Pullaro es una opción presidencial, pero recién para 2031.

En este panorama, está claro que dentro de la UCR falta unanimidad, y la discusión es permanente. El cuestionamiento a los gobernadores reside, sobre todo, desde los sectores que manejan el partido, como el diputado Martín Lousteau, promotor de un frente “todos contra Milei”, desde la izquierda hasta el Pro de Mauricio Macri. También el presidente del Comité Nacional, Leonardo Chiarella propone una alianza con otros sectores opositores o, en el mejor de los casos, una candidatura presidencial propia, objetivos compartidos por históricos del partido, como el exsenador mendocino Ernesto Sanz, o los exdiputados Jesús Rodríguez y Mario Negri, quienes proponen una reedición con cambios de Juntos por el Cambio para “generar una alternativa y salir de la polarización”, según afirmó Sanz días atrás a LN+. Una porción minoritaria del partido, que tiene el exlegislador Federico Storani, apuesta desde hace semanas a la candidatura de Axel Kicillof dentro de un esquema amplio con epicentro en el peronismo.

“Hay que trabajar por una alternativa a Milei, ya que en su figura descansa otro fracaso de la sociedad argentina. El radical que se suma a Milei está cometiendo un error”, afirmó a el diputado Pablo Juliano, uno de los más nítidos opositores al Gobierno en la Cámara baja.

“Los gobernadores son conservadores, prefieren retener sus provincias, sus bancas en el Congreso y sus intendencias. Hace mucho que no tenemos un candidato propio a Presidente”, retrucó un radical del interior del país.

El objetivo de ese grupo es claro: apoyar hoy los pedidos libertarios a cambio de su continuidad provincial, lo cual implica además que Balcarce 50 “baje” a sus propios candidatos en cada escenario provincial. “El problema es que los libertarios no miden casi en ningún lugar”, afirmaron desde un búnker radical, aunque mencionan a Petri como una excepción a esta regla.

En el radicalismo hay incomodidad entre los que apoyan a Milei, quien más de una vez atacó el legado y la gestión del expresidente Raúl Alfonsín, su política de derechos humanos y está en guerra declarada con la universidad pública, uno de los pocos bastiones que aún le quedan en pie al radicalismo.

Mientras se acerca la hora de las definiciones, en la Casa Rosada se mantiene el optimismo. “Los radicales nos van a terminar apoyando con las PAO”, recalcó una fuente oficialista que sigue de cerca las negociaciones.

WASHINGTON.- Mientras el gobierno de Javier Milei avanza en su estrategia en distintos frentes por el reclamo sobre las Malvinas y para frenar la explotación petrolera en las islas, Estados Unidos, principal aliado internacional de la Casa Rosada, propuso disolver el Comité Especial de Descolonización de la ONU, que cada año, desde la resolución 20 de 1965, insta a la Argentina y al Reino Unido a sentarse a negociar para encontrar una solución a la disputa por la soberanía del archipiélago.

De acuerdo a una resolución publicada el jueves pasado por el organismo multilateral con sede en Nueva York, la representante norteamericana “solicitó la finalización del mandato de dicha comisión y calificó algunas de sus actividades como un despilfarro de recursos”.

“Al inicio de la reunión, la representante de Estados Unidos también afirmó que el Comité Especial de Descolonización ‘dejó de cumplir su propósito original’. Si bien más de 80 antiguas colonias se han incorporado a la ONU como Estados miembros, dicho Comité ‘opera como si nada hubiera cambiado’, revisando los mismos textos cada año, señaló. Esto, así como ‘los viajes anuales a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur’, representan un desperdicio de tiempo y recursos de la ONU, subrayó la representante”, señala la resolución publicada el 15 de octubre. No hubo mención a las Malvinas en ese texto.

El Comité Especial de Descolonización de la ONU, también llamado C-24) es un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas creado en 1961 para supervisar e impulsar el fin del colonialismo. En ese foro, la Argentina presenta cada año su reclamo a Gran Bretaña para retomar las negociaciones.

El Reino Unido administra 10 de los 17 territorios no autónomos —entre ellos las Malvinas— que los 29 Estados miembros del C-24 tratan en sus encuentros.

Según la resolución GA/SPD/841, la representante del gobierno de Donald Trump notó que en 1953 la Asamblea General eliminó a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos, pero que el Comité Especial celebra audiencias anualmente sobre Puerto Rico, un Estado Libre Asociado. “Los habitantes de los territorios restantes merecen algo mejor que ser considerados meros instrumentos” en campañas políticas, afirmó, al pedir el fin del mandato del Comité Especial.

En junio pasado, durante la reunión anual del Comité Especial de Descolonización de la ONU, el canciller Pablo Quirno denunció la “militarización” y “explotación unilateral de los recursos naturales” de las Malvinas por parte del Reino Unido, y renovó el llamado a las autoridades británicas para retomar el diálogo directo por la soberanía de las islas.

La propuesta de Estados Unidos, que solo podría ser adoptada por la Asamblea General, se produce en un momento de máxima tensión entre la Argentina y el Reino Unido luego de la presentación del Gobierno ante el Tribunal del Mar de Hamburgo de una solicitud formal de medidas para intentar detener el avance de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Malvinas, y la dura respuesta británica, que incluyó el aval explícito a las tareas de esas mismas empresas.

En tanto, según publicó , compañías de origen estadounidense hicieron llegar su preocupación al Gobierno por los alcances de la Ley de Soberanía que envió al Congreso, que incluye una serie de sanciones para las empresas que brinden algún tipo de prestación vinculada a la explotación petrolera en las aguas que rodean las islas. Plantearon sus inquietudes por la laxitud de la redacción de los artículos que establecen las acciones factibles de sanción y que la norma sea más restrictiva al momento de definir qué empresas podrían ser punibles.

En su última presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei hizo una encendida defensa del reclamo argentino por la soberanía sobre las Malvinas, con duras críticas a la ONU, organismo al que acusó de “inútil” y de haber decidido “mirar hacia otro lado con la causa” de las islas, y llamó “una vez más al Reino Unido a dialogar para encontrar una solución pacífica” y debatir sobre la explotación de los recursos naturales en la zona en disputa.

El Gobierno, que mantiene un contacto fluido con la administración republicana, hizo un fuerte avance en su estrategia sobre Malvinas en parte impulsado por distintas declaraciones públicas de Trump, entre ellas que evaluaba revisar la neutralidad histórica de Estados Unidos sobre la soberanía del archipiélago. Incluso se ofreció como un eventual mediador.

Sin embargo, desde el encuentro cara a cara que el presidente norteamericano tuvo en Nueva York con el primer ministro británico, Andy Burnham, en el que dialogaron sobre las Malvinas, no hubo nuevos pronunciamientos del magnate al respecto.

El mes pasado, Milei conversó en persona en Nueva York con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el viernes mantuvo un diálogo telefónico en el que “reafirmaron la solidez de la asociación” entre Estados Unidos y la Argentina. No trascendió si dialogaron sobre la situación de las Malvinas y la estrategia del Gobierno.

La conversación se produjo en la previa a la llegada a Buenos Aires esta semana del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental,Juan Pablo Segura, hijo de argentinos y con un rol clave en el vínculo de la administración Trump con la región, para promover una ambiciosa iniciativa de infraestructura con inversión norteamericana.

Bajo la administración Trump, impulsa una estrategia de recortes financieros y de personal en la ONU, utilizando su peso como principal contribuyente para forzar una reforma radical en la institución, en momentos en que está abierto el proceso de elección para suceder al actual secretario general del organismo, el portugués António Guterres.