POLITICA
Insólito: un hotel de más de 40 años en Salta podría cerrar por pagar $100 millones en juicios laborales
Carlos Issa, el dueño del hotel, siente que está viviendo una pesadilla. Su empresa, que fundaron su padre y sus tíos en 1971, está al borde del cierre por un insólito motivo: ya pagó 68 millones de pesos, cifra que podría subir hasta 100 millones de pesos, para pagar las indemnizaciones a empleados que bloquearon su establecimiento en 2021 pese a que la Justicia los imputó al considerar que la protesta realizada excedió el marco protegido por el derecho de huelga.
El caso pone en evidencia una “falta de coordinación” entre la justicia penal y laboral de Salta, según afirmó a Infobae el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), quien está en la capital provincial para asistir a Issa porque este miércoles se realizará una audiencia judicial entre las dos partes en conflicto para “analizar qué pruebas llegarán al juicio oral y conocer si la contraparte propone alguna vía alternativa de resolución”.
Al mismo tiempo, el abogado tendrá este miércoles una audiencia con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, donde planteará la situación que atraviesa el dueño del hotel que, detalló, “le está pagando indemnizaciones a los que están imputados por la Justicia y que probablemente salgan condenados en el juicio penal”, algo que consideró “una locura”.
También advirtió la demora del fuero penal en juzgar a los responsables del bloqueo ya obligó al pago de 68 millones de pesos en indemnizaciones laborales a personas imputadas en la causa y podría empujar al cierre del hotel, ya que que todavía quedan 7 juicios laborales más que podrían elevar el monto por abonar a 100 millones de pesos que, si se resuelven antes de la sentencia penal, derivará en una solución drástica porque el empresario «no tiene margen para pagarlo”.
Por eso Torres Barth reclamó que se fije cuanto antes la fecha de juicio oral para “dar por terminado esto” y poder contar con una sentencia que, enfatizó, defina que el bloqueo “no es un derecho a huelga sino un delito”.
El abogado sostuvo que, a valores actualizados por inflación, ya se pagaron 68 millones de pesos en indemnizaciones, monto que corresponde a acuerdos o resoluciones de juicios laborales promovidos por personas que, al mismo tiempo, están imputadas en el proceso penal por el conflicto en el hotel.
Resaltó que el problema de fondo es la distinta velocidad y el distinto criterio con que actúan ambos fueros. “La justicia laboral va a una velocidad y la justicia penal va a otra velocidad”, dijo, antes de señalar una “descoordinación” entre ambos tribunales.
Su argumento es que el fuero laboral viene ordenando indemnizaciones bajo una lógica incompatible con la acusación penal. “El fuero laboral dice una cosa, dice: ‘No, están mal hechas, hay que indemnizar’, y el fuero penal dice: ‘Acá cometieron un delito’”, sostuvo.
En ese punto, recordó una definición previa del juez Diego Nicolás Rodríguez Pipino, según la cual el derecho constitucional de huelga no ampara “actos como daños materiales ni turbación de la posesión” y que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por ese derecho. Sin embargo, el abogado puntualizó: “La justicia laboral está diciendo lo contrario”.
Torres Barth también explicó que la defensa del empresario intentó frenar el avance de las causas laborales hasta que se resolviera la causa penal, pero ese pedido fue rechazado. “Issa pidió que se suspendan los juicios laborales hasta tanto falle la justicia penal, pero no le hicieron lugar. Entonces, los juicios laborales siguen cayendo y lo siguen perjudicando”, señaló.
Según su interpretación, la definición penal debería ordenar el resto del expediente judicial. “La prejudicialidad indica que lo que decide la justicia penal es obligatoria para todos los demás fueros”, dijo. Y lo sintetizó así: “Si la justicia penal dice: ‘Acá hay un delito’, el juez laboral no puede decir: ‘Acá no hay delito’”.
Añadió que el caso puede derivar en una situación que consideró contradictoria: una condena penal y, al mismo tiempo, una carga económica todavía mayor para el dueño del hotel. “Puede ser que se dicte una sentencia a tres años de prisión en suspenso a los que bloquearon, pero así y todo haya que pagar 100 millones de pesos a esas mismas personas que fueron condenadas”, afirmó.
El representante legal del MEAB destacó que la entidad sigue “de cerca” este caso porque lo considera “un precedente importante en el norte del país”.
Por su parte, el abogado Nicolás Corregidor, que representa a 15 de los 17 empleados del hotel que fueron despedidos, sostuvo a Infobae que en la audiencia judicial de este miércoles buscará el sobreseimiento de esos imputados en la causa: sostuvo que la investigación fue mal conducida, que parte de los acusados no estuvo en el lugar de los hechos y que el caso se inscribe en un conflicto salarial y laboral que ya tuvo resoluciones favorables para los empleados.
El abogado dijo que existe un exceso en las imputaciones formuladas por la fiscalía. Aseguró, además, que hubo un requerimiento previo de elevación a juicio que no se ajustó a lo ordenado por el juez y que, aun así, se avanzó con nuevas imputaciones contra trabajadores.
Uno de los ejes de la defensa es que sus representados no participaron de los hechos en los términos señalados por la acusación. Según su versión, las filmaciones del hotel muestran que estaban en la vereda y en la calle, no en la puerta del establecimiento.
Para Corregidor, esa ubicación descarta la hipótesis de un bloqueo por parte de los trabajadores a los que representa. Distinguió esa situación de la conducta que eventualmente haya podido tener durante la protesta el Sindicato de Gastronómicos de Salta, asunto que consideró ajeno a su estrategia defensiva.
En la sentencia del Juzgado de Garantías N° 4 de Salta, a cargo de Rodríguez Pipino, dictada en noviembre pasado, se da por probado a partir de declaraciones testimoniales, informes policiales, inspecciones oculares, fotos y filmaciones que entre el 10 y el 27 de abril de 2021 el Hotel Provincial sufrió “el bloqueo de las puertas principales, la imposibilidad de ingreso y egreso de empleados, huéspedes y alumnos de la escuela hotelera, así como daños con pintadas en puertas y muros”.
Además, el juez Rodríguez Pipino sostuvo que el derecho constitucional de huelga no permite actos como daños materiales ni turbación de la posesión, que son perseguidos penalmente en forma independiente del contexto laboral. Y reconoce la protesta gremial, pero delimita que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por el derecho de huelga.
Según Issa, todo comenzó en plena pandemia con una marcha por reclamos salariales de empleados y de dirigentes del sindicato UTHGRA ante el hotel, que incluso intentaron entrar a las instalaciones, pero no pudieron gracias a que lo impidió el personal de guardia.
“Regía la conciliación obligatoria dictada por Trabajo por las supuestas diferencias salariales -resaltó Issa-, lo que implicaba que las partes no podían tomar medidas de acción directa, pero el gremio violó la conciliación obligatoria, intentó tomar al hotel y, como no pudieron, bloquearon los accesos, dañaron la propiedad, pintaron todos los mármoles, todos los vidrios y vinieron con la hinchada de un club de fútbol de Salta a tirar bombas de estruendo. De hecho, tenemos una filmación en donde les están pagando a los que venían con los bombos y tambores”.
“Desde ese momento, y durante unos 18 días, todas las mañanas bloqueaban el hotel -recordó-. Llegaba una camioneta de la UTHGRA, bajaban sillas, mesas, sandwiches de milanesa, bebidas y muñecos disfrazados y se instalaban frente a la puerta del hotel, sin dejar entrar ni salir a nadie del lugar”.
“¿Cuándo se desarmó el bloqueo? -siguió Issa- Cuando todos los trabajadores recibieron la carta documento de despido con causa. Simultáneamente, hicimos las denuncias penales correspondientes».
Cuatro años después de producidos los hechos, el juez Rodríguez Pipino elevó a juicio la causa en la que quedaron imputados 19 trabajadores y sindicalistas por el bloqueo contra el Hotel Provincial Plaza de Salta, acusados del delito de turbación de la posesión. Pero avanzaron los juicios laborales por montos multimillonarios como si no existiera la acusación penal contra quienes bloquearon y ahora Issa no descarta cerrar la empresa que fundó su familia en 1971.
gustavo sáenz
POLITICA
Endeudamiento y discapacidad: cómo fue la sesión en la que el oficialismo y la oposición acordaron el calendario de debate legislativo
En una sesión acordada y sin escándalos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, puso rápidamente en consideración los expedientes impulsados por la oposición sobre endeudamiento familiar y la Ley de Emergencia. La jugada opositora logró emplazar a la Cámara baja para que haya un cronograma de trabajo fijo en las comisiones, por lo que ambos temas tendrían dictamen hacia fin de mes. Oficialistas y opositores duros votaron en conjunto.
En cambio, otra iniciativa opositora se frustró por falta de votos: la intención de tratar este mismo miércoles los proyectos en el recinto. Sin el número para llegar a la mayoría calificada de los dos tercios del cuerpo, la moción resultó negativa.
Cómo se armó la jugada opositora
La oposición que había convocado a la sesión estuvo desde temprano en el recinto. Participaron Unión por la Patria, Provincias Unidas, el MID, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y los sectores que responden a gobernadores cercanos a la Casa Rosada, como Argentina Federal, Elijo Catamarca, la Neuquinidad e Independencia.
El oficialismo se sumó cuando ya se habían superado los 129 diputados necesarios para el quórum. En tanto, los aliados del PRO tuvieron fuertes ausencias: Fernando De Andreis, Alejandro Finocchiaro y Álvaro González se quedaron de pie, mientras que el resto de los integrantes de la bancada amarilla se incorporó más tarde.
Una situación similar se registró en el radicalismo de Pamela Verasay, donde inicialmente se ausentaron sus seis integrantes: más tarde ingresaron al recinto. Para ese momento, el Comité Nacional de la UCR, que lidera Leonel Chiarella, difundió un comunicado en el que sostuvo: “Le toca al Congreso Nacional dar una respuesta porque no es un problema entre privados”.
Emergencia en Discapacidad
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino pidió emplazar a las comisiones y fijó las fechas para debatir la Emergencia en Discapacidad en un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda. El tratamiento quedó establecido para los miércoles 16 y 23 de septiembre, con firma de dictamen.
“Hay una voluntad mayoritaria para volver al recinto y aprobarlo, el 23 de septiembre”, aseguró Germán Martínez, presidente del peronismo.
Desde la misma bancada, Eduardo Valdés sostuvo: “El sector de la discapacidad sin lugar a duda está en un estado de malestar social. Las personas con discapacidad, y sus familias. El Cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, ha hablado de que hay un sadismo de estado en este tiempo con la discapacidad, por eso pedimos que prorroguemos la ley de emergencia en discapacidad de forma urgente y después pensemos una cuestión de fondo si hay que pensarla, pero urgente prorrogar la emergencia en discapacidad”.
El oficialismo, en cambio, planteó que no corresponde prorrogar la declaración de emergencia porque el Gobierno ya tiene una solución para el pago de las prestaciones del sector. “La emergencia está cumplida”, sostuvo Silvana Giudici. De todos modos, el oficialismo acompañó a la oposición para que los proyectos continúen su tratamiento en las comisiones.
“La comisión de Discapacidad (presidida por el libertario Gerardo Huesen) ya viene trabajando los proyectos presentados”, señaló Gabriel Bornoroni, jefe del oficialismo.
El PRO y la UCR, a través de Cristian Ritondo y Pamela Verasay, respectivamente, elevaron además un pedido formal a La Libertad Avanza para completar las prestaciones del área de discapacidad y establecer un cronograma de pago a los prestadores. La Casa Rosada se comprometió a comunicarlo a la brevedad, en medio de la tensión entre los aliados y los libertarios.
El emplazamiento a las comisiones fue aprobado por 249 votos afirmativos.
La diputada cordobesa Alejandra Torres, de Provincias Unidas, pidió una mirada integral sobre la discapacidad y señaló que existen distintas fuentes para financiar las prestaciones. “Hay que recordar que en la protección de las personas con discapacidad hay pensiones, prestaciones médicas, asistencia médica correspondiente, programas de reconstrucción del hogar y el acompañamiento escolar, son muchas prestaciones que están dispersas entre distintos organismos del Estado nacional”, planteó.
Torres advirtió que la dispersión entre distintos organismos genera superposiciones y vacíos que dejan a muchas familias sin las prestaciones que deberían recibir y las obliga a recurrir a amparos judiciales.
“La discapacidad no es solamente una emergencia, sino que es establecer reglas claras para saber cómo se evalúa la discapacidad, como se obtiene el CUD el certificado único de discapacidad, que tipo de pensiones o ayuda económica hay, que puede ser un Asignación Universal por hijo, y retiros por invalidez si su situación proviene por un accidente o una enfermedad laboral”, cerró.
El tratamiento del endeudamiento familiar
Tras el debate sobre discapacidad, Pablo Juliano, de Provincias Unidas, propuso emplazar los cerca de 50 proyectos que existen sobre morosidad familiar a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, presididas por Santiago Pauli, de La Libertad Avanza, y Hugo Yasky, de Unión por la Patria.
El cronograma contempla reuniones los martes 15, 22 y 29 de septiembre a las 14, con la firma de los dictámenes prevista para la última jornada.
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“Cuando los temas se plantean con claridad y encuentran buenos defensores, ganan los temas. En el tema de morosidad, no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, es inocultable, que no era una operación, no es que nadie le puso un arma en la cabeza como decía el Presidente. Acá está equivocado el gobierno en menospreciar, en subestimar. Yo hace tiempo vengo sosteniendo que el gobierno tiene la misma mecánica. Ante un problema, lo niega, después se llama en silencio y después le tira la culpa a la oposición como si fuera una operación política”, dijo Juliano.
La votación obtuvo 249 votos afirmativos y uno en contra, del santacruceño José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.
Germán Martínez planteó que el Congreso debe dar respuestas frente a la situación y pidió “dar una respuesta de alivio para millones de argentinos angustiados”.
Carlos Gutiérrez, de Provincias Unidas, destacó que el emplazamiento permitirá acelerar los tiempos de tratamiento. “Esto apura los tiempos en beneficio de la gente. Esto atraviesa transversalmente a la sociedad argentina, tanto el que produce como el que consume. Es tan irresponsable decir que no debe existir el crédito, como pensar que el crédito sin límite no participe del esfuerzo que todos los sectores argentinos estamos haciendo detrás de consolidar ciertos objetivos sobre los que no hay ninguna duda, como la baja inflación, déficit fiscal”, señaló.
El diputado agregó que no solo existen argentinos endeudados por consumo, sino también por cuestiones vinculadas a la producción, y sostuvo que también debe pedirse un esfuerzo al sector financiero.
La oposición busca unificar los proyectos
En los próximos días, la oposición deberá unificar cerca de cincuenta iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar y a la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.
Mientras tanto, el oficialismo trabajará en sus propios dictámenes y reconfigurará el tratamiento de ambos temas en las comisiones de Finanzas y Discapacidad, encabezadas por los oficialistas Santiago Pauli y Gerardo Huesen.
sesion, Diputados, Discapacidad, endeudamiento
POLITICA
Joaquín Morales Solá defendió el rol del periodismo: “Las redes sociales y la inteligencia artificial no tienen compromiso con la verdad”
Joaquín Morales Solá, columnista de , defendió el rol del periodismo ante los avances tecnológicos y las críticas de los gobiernos. “Las redes sociales y la inteligencia artificial no tienen compromiso con la verdad porque no se chequea la información”, dijo el periodista en una entrevista con el diario La Gaceta, de Tucumán.
Morales Solá viajó a Tucumán, su provincia natal, para participar de la 64ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que comenzará hoy y se extenderá hasta el viernes con una amplia agenda de actividades institucionales, culturales y periodísticas.
“Estamos acostumbrados a los ataques de los gobiernos. Salvo en las gestiones de Raúl Alfonsín y Mauricio Macri, en todas las demás nos inventaron peleas”, dijo Morales Solá. Y agregó: “Sin embargo, con el presidente [Javier] Milei no se entienden sus ataques a la libertad de prensa, algo incomprensible para una persona que se considere liberal o libertaria”.
El columnista de sostuvo que el periodismo se aggionara a los avances tecnológicos como a las críticas de los gobiernos, y que su vigencia no corre riesgo. “El minuto a minuto del progreso tecnológico nos obliga a encontrar respuestas. Algunas veces lo hicimos y otras no, pero siempre la industria ha quedado muy bien parada, fuerte”, señaló Morales Solá, y agregó: “Hoy son otros los problemas. Las redes sociales y la inteligencia artificial no tienen compromiso con la verdad porque no se chequea la información”.
“Por eso creo que el periodismo seguirá vigente. Es interesante analizar que, ante los grandes acontecimientos, el público no va a buscar la información en las redes sociales ni en la IA, sino en los medios tradicionales. Lo que sí se debe hacer es buscar la fórmula para presentar mejor esa información y hacerla más atrayente”, remarcó Morales Solá, quien, además, preside la Academia Nacional de Periodismo de Argentina.
“Las formas” de Milei
“Ningún otro presidente como Javier Milei llevó adelante una política de ajuste tan fuerte, con la que no solo logró bajar la inflación, sino que consiguió un fuerte apoyo de la población. La otra parte es lo institucional. Tiene un compromiso muy débil con las formas que exige el sistema democrático”, analizó Morales Solá en su charla con La Gaceta.
“El Presidente no entiende que no solo importan el fin, sino también las formas. Estamos viviendo esa dualidad porque hay un cambio de mentalidad, sobre todo en los más jóvenes, a quienes les gusta este país, que es cualquier cosa menos regresar al pasado”, agregó.
Morales Solá participará este jueves en Tucumán de un panel junto con Ricardo Kirschbaum, editor general del diario Clarín. “Contar la Argentina: una conversación entre dos referentes del periodismo nacidos en Tucumán” es el título de la exposición, que será moderada por Daniel Dessein, presidente de La Gaceta.
Periodismo,Adepa,Conforme a
POLITICA
Oscar Ahumada, exfutbolista de River Plate, se alejó de La Libertad Avanza por sus diferencias con Pareja
El exfutbolista Oscar Ahumada decidió abandonar el partido de La Libertad Avanza (LLA), al que se había sumado en marzo para hacer su primera experiencia en política y con el objetivo de posicionarse como candidato a intendente de la localidad de Zárate, uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires que gobierna Pro.
Ahumada optó por comunicar su decisión a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales. “He decidido cerrar mi etapa dentro de La Libertad Avanza en el partido de Zárate”, remarcó el hombre surgido en las inferiores del club River Plate y que llegó a jugar en la selección argentina.
El exfutbolista y actual empresario evitó criticar públicamente a las autoridades de LLA en la provincia de Buenos Aires. Es más: les agradeció a “aquellos que le abrieron las puertas” del espacio que lidera Javier Milei a nivel nacional.
No obstante, según indicaron fuentes partidarias a , Ahumada optó por irse de la fuerza libertaria por sus diferencias con la conducción de Sebastián Pareja, el lugarteniente de los Milei en Buenos Aires. Entusiasmado con la chance de pelear por la intendencia de Zárate, el exjugador había intensificado sus críticas a la gestión del jefe municipal Marcelo Matzkin, un leal a Cristian Ritondo (Pro).
Dado que los altos mandos de LLA apuestan a converger con Pro en Buenos Aires en las elecciones de 2027 para apuntalar la eventual postulación a gobernador de Diego Santilli, Pareja y los suyos quieren una convivencia pacífica entre macristas y libertarios, sobre todo, en los distritos gestionados por amarillos.
Ahumada ignoró esa recomendación y profundizó la confrontación con Matzkin. Desde la cúpula de LLA le sugirieron que cuidara las formas a la hora de expresar sus discrepancias con el intendente. “Se fue solo. No entendió nada de lo que es el proyecto en Buenos Aires. Es lógico que haya diferencias, pero no se puede ir todo el tiempo a las piñas y ser rupturista”, señala uno de los armadores de LLA en el distrito más populoso del país.
Poco a poco, Pareja le soltó la mano a Ahumada, quien asumió que se quedaba sin apoyos para pelear por la intendencia, ya que LLA prefiere conservar el vínculo con Pro de cara a 2027.
La semana pasada, el partido del oficialismo nacional había sufrido la baja de la concejala de La Matanza, Leila Gianni, quien cuestionó el modelo económico de Milei y apuntó contra Pareja. Lo acusó de “trabajar en connivencia” con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, uno de los caciques del peronismo bonaerense. Y denunció el supuesto armado de una feria ilegal en un predio nacional en Villa Celina que administra la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El mensaje de Ahumada
En su despedida, el exfutbolista redobló la apuesta. Dijo que la ciudad de Zárate está “abandonada” y lamentó “la falta de planificación, transparencia y una mirada de largo plazo”.
“Hay decisiones que pueden afectarnos durante décadas —incluso por treinta años—, como aquellas relacionadas con nuestra costanera, el patrimonio municipal y el desarrollo urbano”, apuntó.
Zárate es una localidad clave de la segunda sección electoral, donde votan más de 600 mil bonaerenses. Es el tercer municipio en relevancia electoral y es gobernado por el macrista Matzkin desde 2023.
“Frente a temas tan importantes, considero indispensable contar con información clara, participación ciudadana y el aporte de profesionales e instituciones, como el Colegio de Arquitectos, que también ha expresado públicamente su posición”, agregó Ahumada.
Si bien optó por tomar distancia de Milei, Ahumada avisó que no piensa retirarse de la actividad política y anticipó que intentará construir una alternativa para competir en la elección del año próximo “para que Zárate pueda crecer y no convertirse en un basural”.
Ahumada se había sumado a LLA hace apenas seis meses. A mediados de marzo, Daiana Hergert, titular de la Anses en Zárate y coordinadora de los libertarios en el distrito, fue su nexo con Pareja y Gonzalo Cabezas, vicepresidente del Senado bonaerense.
En ese momento, los libertarios aún aspiraban a disputar las intendencias con “puros” en 2027. Pero el escenario cambió por el caso Adorni y el desgaste que provocan en la imagen de Milei el lento repunte de la economía y la pérdida de poder adquisitivo.
Desde que se retiró del fútbol en 2013, Ahumada se puso al frente de su empresa constructora -Grupo De la Ribera- y se dedicó a hacer obras de edificios y casas en Zárate, Campana o Pilar.
A través de sus redes sociales, el exfutbolista supo manifestar su apoyo a las políticas de Milei y, sobre todo, su rechazo al proyecto del kirchnerismo. Por caso, ha compartido posteos críticos o irónicos sobre el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el sindicalista Baradel, La Cámpora o el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. También difundió videos con un evidente tinte racista en los que se compara los seguidores de Unión por la Patria con monos o en los que un gorila se convierte en Pablo Moyano, uno de los líderes de camioneros.
se había sumado en marzo,sufrido la baja,cuestionó,“trabajar en connivencia”,una localidad clave,Conforme a
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