Carlos Issa, el dueño del hotel, siente que está viviendo una pesadilla. Su empresa, que fundaron su padre y sus tíos en 1971, está al borde del cierre por un insólito motivo: ya pagó 68 millones de pesos, cifra que podría subir hasta 100 millones de pesos, para pagar las indemnizaciones a empleados que bloquearon su establecimiento en 2021 pese a que la Justicia los imputó al considerar que la protesta realizada excedió el marco protegido por el derecho de huelga.

El caso pone en evidencia una “falta de coordinación” entre la justicia penal y laboral de Salta, según afirmó a Infobae el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), quien está en la capital provincial para asistir a Issa porque este miércoles se realizará una audiencia judicial entre las dos partes en conflicto para “analizar qué pruebas llegarán al juicio oral y conocer si la contraparte propone alguna vía alternativa de resolución”.

Al mismo tiempo, el abogado tendrá este miércoles una audiencia con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, donde planteará la situación que atraviesa el dueño del hotel que, detalló, “le está pagando indemnizaciones a los que están imputados por la Justicia y que probablemente salgan condenados en el juicio penal”, algo que consideró “una locura”.

También advirtió la demora del fuero penal en juzgar a los responsables del bloqueo ya obligó al pago de 68 millones de pesos en indemnizaciones laborales a personas imputadas en la causa y podría empujar al cierre del hotel, ya que que todavía quedan 7 juicios laborales más que podrían elevar el monto por abonar a 100 millones de pesos que, si se resuelven antes de la sentencia penal, derivará en una solución drástica porque el empresario «no tiene margen para pagarlo”.

Por eso Torres Barth reclamó que se fije cuanto antes la fecha de juicio oral para “dar por terminado esto” y poder contar con una sentencia que, enfatizó, defina que el bloqueo “no es un derecho a huelga sino un delito”.

El abogado sostuvo que, a valores actualizados por inflación, ya se pagaron 68 millones de pesos en indemnizaciones, monto que corresponde a acuerdos o resoluciones de juicios laborales promovidos por personas que, al mismo tiempo, están imputadas en el proceso penal por el conflicto en el hotel.

Resaltó que el problema de fondo es la distinta velocidad y el distinto criterio con que actúan ambos fueros. “La justicia laboral va a una velocidad y la justicia penal va a otra velocidad”, dijo, antes de señalar una “descoordinación” entre ambos tribunales.

Su argumento es que el fuero laboral viene ordenando indemnizaciones bajo una lógica incompatible con la acusación penal. “El fuero laboral dice una cosa, dice: ‘No, están mal hechas, hay que indemnizar’, y el fuero penal dice: ‘Acá cometieron un delito’”, sostuvo.

En ese punto, recordó una definición previa del juez Diego Nicolás Rodríguez Pipino, según la cual el derecho constitucional de huelga no ampara “actos como daños materiales ni turbación de la posesión” y que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por ese derecho. Sin embargo, el abogado puntualizó: “La justicia laboral está diciendo lo contrario”.

Torres Barth también explicó que la defensa del empresario intentó frenar el avance de las causas laborales hasta que se resolviera la causa penal, pero ese pedido fue rechazado. “Issa pidió que se suspendan los juicios laborales hasta tanto falle la justicia penal, pero no le hicieron lugar. Entonces, los juicios laborales siguen cayendo y lo siguen perjudicando”, señaló.

Según su interpretación, la definición penal debería ordenar el resto del expediente judicial. “La prejudicialidad indica que lo que decide la justicia penal es obligatoria para todos los demás fueros”, dijo. Y lo sintetizó así: “Si la justicia penal dice: ‘Acá hay un delito’, el juez laboral no puede decir: ‘Acá no hay delito’”.

Añadió que el caso puede derivar en una situación que consideró contradictoria: una condena penal y, al mismo tiempo, una carga económica todavía mayor para el dueño del hotel. “Puede ser que se dicte una sentencia a tres años de prisión en suspenso a los que bloquearon, pero así y todo haya que pagar 100 millones de pesos a esas mismas personas que fueron condenadas”, afirmó.

El representante legal del MEAB destacó que la entidad sigue “de cerca” este caso porque lo considera “un precedente importante en el norte del país”.

Por su parte, el abogado Nicolás Corregidor, que representa a 15 de los 17 empleados del hotel que fueron despedidos, sostuvo a Infobae que en la audiencia judicial de este miércoles buscará el sobreseimiento de esos imputados en la causa: sostuvo que la investigación fue mal conducida, que parte de los acusados no estuvo en el lugar de los hechos y que el caso se inscribe en un conflicto salarial y laboral que ya tuvo resoluciones favorables para los empleados.

El abogado dijo que existe un exceso en las imputaciones formuladas por la fiscalía. Aseguró, además, que hubo un requerimiento previo de elevación a juicio que no se ajustó a lo ordenado por el juez y que, aun así, se avanzó con nuevas imputaciones contra trabajadores.

Uno de los ejes de la defensa es que sus representados no participaron de los hechos en los términos señalados por la acusación. Según su versión, las filmaciones del hotel muestran que estaban en la vereda y en la calle, no en la puerta del establecimiento.

Para Corregidor, esa ubicación descarta la hipótesis de un bloqueo por parte de los trabajadores a los que representa. Distinguió esa situación de la conducta que eventualmente haya podido tener durante la protesta el Sindicato de Gastronómicos de Salta, asunto que consideró ajeno a su estrategia defensiva.

En la sentencia del Juzgado de Garantías N° 4 de Salta, a cargo de Rodríguez Pipino, dictada en noviembre pasado, se da por probado a partir de declaraciones testimoniales, informes policiales, inspecciones oculares, fotos y filmaciones que entre el 10 y el 27 de abril de 2021 el Hotel Provincial sufrió “el bloqueo de las puertas principales, la imposibilidad de ingreso y egreso de empleados, huéspedes y alumnos de la escuela hotelera, así como daños con pintadas en puertas y muros”.

Además, el juez Rodríguez Pipino sostuvo que el derecho constitucional de huelga no permite actos como daños materiales ni turbación de la posesión, que son perseguidos penalmente en forma independiente del contexto laboral. Y reconoce la protesta gremial, pero delimita que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por el derecho de huelga.

Según Issa, todo comenzó en plena pandemia con una marcha por reclamos salariales de empleados y de dirigentes del sindicato UTHGRA ante el hotel, que incluso intentaron entrar a las instalaciones, pero no pudieron gracias a que lo impidió el personal de guardia.

“Regía la conciliación obligatoria dictada por Trabajo por las supuestas diferencias salariales -resaltó Issa-, lo que implicaba que las partes no podían tomar medidas de acción directa, pero el gremio violó la conciliación obligatoria, intentó tomar al hotel y, como no pudieron, bloquearon los accesos, dañaron la propiedad, pintaron todos los mármoles, todos los vidrios y vinieron con la hinchada de un club de fútbol de Salta a tirar bombas de estruendo. De hecho, tenemos una filmación en donde les están pagando a los que venían con los bombos y tambores”.

“Desde ese momento, y durante unos 18 días, todas las mañanas bloqueaban el hotel -recordó-. Llegaba una camioneta de la UTHGRA, bajaban sillas, mesas, sandwiches de milanesa, bebidas y muñecos disfrazados y se instalaban frente a la puerta del hotel, sin dejar entrar ni salir a nadie del lugar”.

“¿Cuándo se desarmó el bloqueo? -siguió Issa- Cuando todos los trabajadores recibieron la carta documento de despido con causa. Simultáneamente, hicimos las denuncias penales correspondientes».

Cuatro años después de producidos los hechos, el juez Rodríguez Pipino elevó a juicio la causa en la que quedaron imputados 19 trabajadores y sindicalistas por el bloqueo contra el Hotel Provincial Plaza de Salta, acusados del delito de turbación de la posesión. Pero avanzaron los juicios laborales por montos multimillonarios como si no existiera la acusación penal contra quienes bloquearon y ahora Issa no descarta cerrar la empresa que fundó su familia en 1971.

gustavo sáenz