El presidente Luis Abinader entregó 1,279 títulos de propiedad este sábado en Haina, San Cristóbal, y presentó la medida como una política de seguridad jurídica y reducción de desigualdades que convierte en propietarios legales a familias que durante años ocuparon terrenos y viviendas sin documentación formal. En el acto, Abinader afirmó que la entrega beneficia a 6,395 personas y fortalece el patrimonio familiar al abrir acceso al crédito formal, a la ampliación de viviendas y a emprendimientos.

Más de 700 de los títulos correspondieron a residentes de Haina, mientras el resto fue para beneficiarios de Jardines de Gautier, Villa Altagracia, Los Alcarrizos, Los Frailes, Los Mameyes, Maquiteria, Los Minas y Brisas de las Américas, según lo informado durante la actividad. El programa fue presentado además como parte de una estrategia oficial más amplia para regularizar propiedades que arrastraban trámites pendientes desde hace décadas.

Abinader sostuvo que la titulación es una de las iniciativas con mayor impacto directo de su gestión porque entrega “seguridad y esperanza”. El mandatario dijo: “Cuando se entrega un título de propiedad se entrega también seguridad y esperanza. A partir de hoy, estas familias cuentan con un patrimonio que aumenta su valor, les permite acceder al crédito formal, ampliar sus viviendas, emprender negocios y garantizar un mejor futuro para sus hijos”.

El presidente vinculó la jornada con la víspera del Día de las Madres y señaló que la mayoría de las personas favorecidas son mujeres. Según Abinader, esa composición le dio a la entrega un sentido de reconocimiento y de respaldo a las madres dominicanas.

El jefe de Estado indicó que el documento no solo acredita la propiedad, sino que aporta tranquilidad y estabilidad a los beneficiarios. La formalización, agregó, eleva el valor de los inmuebles y permite realizar operaciones legales y seguras.

Rafael Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, definió la entrega como un acto de justicia social. Burgos Gómez explicó que el programa integra la meta del Gobierno de entregar un millón de títulos de propiedad durante las dos gestiones de Abinader.

El funcionario afirmó que para avanzar en ese objetivo se han acelerado procesos y se han liberado cientos de miles de expedientes que permanecían pendientes desde hacía décadas. También atribuyó ese avance al trabajo conjunto de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Bienes Nacionales, el CEA y la Jurisdicción Inmobiliaria.

Burgos Gómez indicó que el Gobierno cubrió costos administrativos para facilitar la entrega gratuita de los títulos. Añadió que también se condonaron deudas asociadas a contratos de adquisición de terrenos para que los beneficiarios recibieran sus documentos sin cargas económicas adicionales.

El director de Bienes Nacionales agradeció el trabajo de los equipos técnicos y administrativos que, según dijo, recorrieron todo el territorio nacional para ejecutar el programa. La actividad reunió además a la gobernadora Pura Casilla, el senador Gustavo Lara, el director ejecutivo de la UTECT Duarte Méndez Peña, el alcalde de Bajos de Haina Osvaldo Rodríguez, el director de Catastro Nacional Héctor Pérez Mirambeaux y el director del Instituto Agrario Dominicano Darío Castillo Lugo.

Antes de concluir el acto, Abinader afirmó: “Hay un Gobierno que trabaja cada día, cada hora y cada minuto para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”. Luego envió un mensaje de felicitación y bendición a las madres dominicanas.

NEWARK, N.J. — The continued unrest outside Delaney Hall detention facility in Newark, New Jersey, took on a distinctly ideological tone during ICE demonstrations Saturday, as far-left communist-socialist activists and a far-right group clashed, transforming a protest over the center’s conditions into a broader political spectacle.

The standoff began more than a week ago, when illegal immigrant detainees penned an open letter alleging physical and psychological torture, claiming they were being denied medical care and adequate food. 

The Department of Homeland Security (DHS) quickly denied the allegations, releasing facility menus to prove detainees are provided three daily meals with options like chicken fajitas and Salisbury steak.

NEW JERSEY AGITATORS BITE, KICK AND PUNCH ICE AGENTS AS DELANEY HALL CLASHES CONTINUE; 9 MORE ARRESTED: DHS

After violent skirmishes earlier in the week, where federal agents were assaulted by agitators, Democrat Gov. Mikie Sherrill ordered the New Jersey State Police to take over security, claiming the move was necessary to protect the demonstrators from an «ICE surge.»

By Saturday morning, the immigrant detention center had been transformed into a fortified zone surrounded by large orange plastic barricades and metal fencing. 

State officials admitted the chaos is being driven by outside instigators rather than local residents, with state Attorney General Jennifer Davenport confirming five of the six people arrested by state police this week were not from New Jersey.

Far-right activists were seen facing off Saturday with far-left communists and socialists at the Delaney Hall immigrant detention center in Newark, N.J. (Michael Dorgan/Fox News Digital)

A crowd of roughly 200 anti-ICE demonstrators, heavily intertwined with far-left and socialist organizations, dominated the scene Saturday, chanting, «Stop ICE Gestapo! Communist revolution!» while distributing radical literature reading «LONG LIVE COMMUNISM!» and «NO PAPERS, NO BORDERS, NO BOSSES.»

ICE supporters, including members of the far-right Proud Boys, also made an appearance at the protest Saturday carrying pro-ICE flags, food and cases of water for law enforcement.

Their arrival sent a shockwave through the heavily outnumbering anti-ICE crowd, with far-left agitators immediately rushing toward the barriers, screaming profanities and shifting their chants to «Proud Boys go home.» 

Pro-ICE supporters clash with anti-ICE agitators during demonstrations outside the Delaney Hall detention center, Saturday, in Newark, N.J. (Photo by David Dee Delgado/Getty Images)

During a news conference Saturday afternoon, Sherrill claimed ICE engagement «creates an incredibly dangerous situation» adding she refuses to «back down in fighting the Trump administration and the threats they’ve made.»

Sherrill acknowledged that «national extremist groups» have infiltrated the protests to create chaos, warning out-of-state actors that they are endangering the public and not helping the detainees.

Demonstrators for and against the Delaney Hall detention center yell at each other outside the facility Saturday, in Newark, N.J. (Angelina Katsanis/AP)

«You’re not helping detainee families, and you’re certainly not keeping new Jersey safe today,» the governor said. «Going forward, I urge those protesting outside of Delaney Hall to bring the temperature down so we can focus on the detainees and their families. Comply with the lawful orders from local and state law enforcement and let advocates, faith leaders and members of this community continue their work here in America.»

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FOX NEWS APP

She added state health inspectors were recently blocked from viewing anything other than the facility’s kitchen, and called on the Department of Homeland Security to stop pressuring detainees into signing deportation documents.

El estruendo de las hélices rasgaba el cielo plomizo de Chalatenango entre el 27 de mayo y el 9 de junio de 1982. No eran misiones de rescate; eran los helicópteros del ejército salvadoreño que descendían en las inmediaciones de los ríos Sumpul y Gualsinga para ejecutar el operativo militar “Limpieza”, conocido entre las familias sobrevivientes como la “Guinda de Mayo”.

Mientras las comunidades campesinas huían despavoridas entre la maleza para salvaguardar la vida, un engranaje estatal y militar se activaba con un propósito tan silencioso como estremecedor: separar a los hijos de sus padres mediante el terror, la muerte y el desarraigo.

En total, 55 niños y niñas se desvanecieron en el torbellino de aquella ofensiva bélica. 44 años después, Margarita Zamora, especialista en investigación de la Asociación Pro-Búsqueda, revela en entrevista exclusiva con Infobae los detalles de una de las prácticas más macabras del conflicto armado salvadoreño: un modus operandi sistemático diseñado para el tráfico humano de menores, camuflado bajo el ropaje del auxilio humanitario.

“La práctica del ejército era asesinar a los padres y llevarse a los niños. De esa manera, no había nadie que los reclamara”, explica Zamora con una serenidad dolorosa. El desparpajo de las familias en la huida facilitaba la captura. Madres exhaustas que arrastraban a dos o tres infantes, cargando bebés en brazos mientras esquivaban las ráfagas de fusilería, se ponían en total vulnerabilidad.

Al ejecutar a los progenitores en el terreno, las guarniciones militares transportaban a los sobrevivientes en helicópteros hacia sectores como La Sierpe o Victoria, en Cabañas.

El horror militar daba paso inmediato a la burocracia civil. Los niños eran entregados a la Cruz Roja, a damas voluntarias y a orfanatos locales bajo actas falsas que declaraban un “abandono moral y material total”.

Se borraba su identidad y se catalogaban como huérfanos extraviados. “En ningún momento fueron extraviados”, enfatiza la investigadora. “Ellos no andaban paseando; andaban guindeando, corriendo para salvar sus vidas”.

Detrás del discurso institucional de “salvación” operaba una red clandestina integrada por abogados locales y altos mandos castrenses mencionando reportes históricos de entrevistas a miembros del Estado Mayor de la época que convirtieron el drama en un negocio millonario.

Los trámites de adopción internacional se cotizaban entre los 5,000 y 15,000 dólares por niño. Abogados con rutas comerciales ya establecidas los distribuyeron por el mundo:

• Francia
• Italia
• Estados Unidos
• Suiza
• Holanda
• España
• Inglaterra
• Suecia.

Parejas extranjeras pagaban la cifra creyendo que auxiliaban a huérfanos desamparados, desconociendo que la sangre de los padres biológicos aún manchaba los expedientes de origen.

El desglose de las víctimas de la Guinda de Mayo, sistematizado recientemente por Pro-Búsqueda, reconstruye las identidades rotas del operativo.

La cifra exacta de infantes desaparecidos la componen 27 niños y 27 niñas. El último caso es el más perturbador: un bebé cuyo sexo se desconoce porque el ejército capturó a su madre embarazada en plena fuga, perdiéndose el rastro de ambos hasta el día de hoy.

Las edades de todos ellos oscilaban entre los cero y los diez años, al momento de ser arrebatados. De los 55 casos documentados en este operativo, Pro-Búsqueda ha logrado resolver 31 casos; 17 ya experimentaron el “abrazo postergado” al reencontrarse vivos con sus raíces familiares.

Sin embargo, 13 han sido localizados fallecidos; la investigación confirmó que fueron ejecutados de forma masiva en un solo lugar aniquilado por las tropas, aunque la falta de voluntad judicial solo ha permitido la exhumación de seis de ellos.

El caso número 31 constituye una paradoja del trauma: un joven localizado en Francia, cuya identidad biológica fue confirmada mediante pruebas de ADN, pero de momento ha decido no reencontrarse con su familia biológica.

Aún quedan 24 nombres flotando en la incertidumbre absoluta de Chalatenango. Entre ellos se encuentran los expedientes de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, un caso paradigmático con sentencia internacional que obliga al Estado salvadoreño a investigar el paradero y castigar a los responsables individuales de la masacre. Sin embargo, la impunidad se mantiene incólume.

“El principal obstáculo sigue siendo la negación del Estado a abrir los archivos militares. Los oficiales que participaron en estas masacres tienen la información; estos hechos no se borran de la memoria. Falta voluntad política para darnos la verdad”, denuncia Zamora.

Los padres de las víctimas envejecen y mueren con las manos vacías. Ante esto, Pro-Búsqueda resguarda un banco de perfiles genéticos diseñado gracias al impulso pionero del padre Jon de Cortina (Q.E.P.D.) y el doctor Cristian Orrego.

Aunque los padres biológicos mueran, sus códigos genéticos permanecen listos para cotejar el ADN de cualquier adulto en el mundo que hoy, superando los 40 años, dude de su procedencia y sospeche haber sido un bebé extraído de la guerra salvadoreña.

La búsqueda no cesa. Es el intento tardío pero firme de escribir las líneas de una página en blanco para decenas de identidades robadas que aún ignoran que, en un rincón de El Salvador, hay una raíz destruida que jamás dejó de esperarlos.