ECONOMIA
La respuesta de la CAME al pedido que el FMI le hizo al Gobierno por la reforma tributaria
La entidad que nuclea a la Mediana Empresa habló de «reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores», frente al planteo del Fondo
31/05/2026 – 18:38hs
La discusión en torno a las transformaciones fiscales que necesita la economía argentina sumó una fuerte voz de resistencia desde el sector productivo nacional. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó de manera categórica la propuesta de reforma tributaria sugerida por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Javier Milei. La entidad gremial-empresaria cuestionó los lineamientos del organismo multilateral y alertó sobre el impacto recesivo que tendrían estas medidas en el entramado de las pequeñas y medianas empresas y en el mercado interno.
El planteo del FMI incluye medidas de fuerte impacto recaudatorio como ampliar la base imponible del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, extender la aplicación del IVA a bienes que actualmente se encuentran exentos y elevar los topes de las categorías del Monotributo. A través de un comunicado oficial, la CAME denunció que este paquete estructural recae principalmente sobre los hombros de los asalariados y el consumo doméstico. Para la institución, se trata de reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, omitiendo modificar los impuestos distorsivos estructurales que verdaderamente frenan la inversión, la producción y el empleo en el país.
En su diagnóstico, la entidad empresaria señaló que el FMI ignora por completo el peso de la tributación subnacional, que es donde reside el nudo fiscal más dañino para la actividad económica del interior del país: el impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas retributivas de servicios municipales. De acuerdo con los datos relevados por la entidad, las exigencias fiscales de provincias y municipios representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, un porcentaje que se cobra de manera independiente a si el comercio o la fábrica registra rentabilidad o no.
La trampa de los «saldos a favor» y el préstamo forzoso al Estado
Uno de los puntos más críticos denunciados por la CAME radica en la mecánica de funcionamiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al que catalogaron como un tributo «en cascada» que se va acumulando de forma nociva en cada etapa de la cadena productiva. El verdadero perjuicio para las pymes proviene de la proliferación de regímenes de retención y percepción provinciales, que obligan a las empresas a pagar más de lo que efectivamente deben por cada operación. Esto genera de manera constante abultados «saldos a favor» en sus cuentas tributarias provinciales.
Si bien la normativa prevé que estos excedentes se puedan recuperar mediante compensaciones futuras o por devolución directa del fisco, la CAME advirtió que en la práctica el sistema está roto por los siguientes motivos:
Compensación insuficiente: Los nuevos saldos acumulados superan mes a mes la capacidad de absorción del contribuyente en sus liquidaciones mensuales habituales.
- Devoluciones demoradas: El Estado demora entre 12 y 36 meses en reintegrar el dinero en efectivo a las firmas solicitantes.
- Pérdida por inflación: Debido a las demoras oficiales y la falta de actualización, los fondos devueltos pierden entre el 60% y el 80% de su valor real.
- Efecto financiero: La operatoria funciona en la práctica como un préstamo forzoso y sin remuneración al fisco, permitiendo que el Estado capture un beneficio financiero real a costa del capital de trabajo pyme, sin que esto figure en ninguna estadística oficial de presión tributaria.
La propuesta de un Nuevo Consenso Fiscal permanente
Frente a este escenario de asfixia financiera, la CAME instó de manera urgente al Gobierno nacional, a las provincias y a los intendentes de todo el país a convocar a un Nuevo Consenso Fiscal. Desde la entidad remarcaron que el objetivo prioritario no debe limitarse a una reducción nominal de alícuotas que luego pueda revertirse fácilmente por decreto. Por el contrario, exigieron el establecimiento de reglas de juego permanentes que armonicen la base imponible y los mecanismos de devolución en todo el territorio nacional.
Los ejes centrales que componen el proyecto estructural de las medianas empresas contemplan las siguientes medidas:
- Racionalización de Ingresos Brutos: Eliminar el cobro de IIBB en las etapas intermedias de la producción y aplicarlo de forma única en la venta final al consumidor, emulando el formato técnico que posee el IVA.
- Límite a las retenciones: Fijar una alícuota máxima de retención y percepción basada en la tasa efectiva por actividad, la cual no debería superar el 1%.
- Indexación y plazos: Establecer un plazo máximo de 90 días corridos para la devolución de los fondos con intereses resarcitorios automáticos, sumando una indexación automática por coeficiente CER desde el día 31 de haberse generado el saldo a favor.
- Transparencia y control: Obligar a una publicación trimestral del stock total de saldos acumulados y dotar a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral de funciones como organismo fiscalizador para asegurar el cumplimiento de los plazos.
- Freno a las tasas municipales: Poner fin de manera definitiva a la proliferación de tasas opacas exigidas por más de 2.300 municipios del país, las cuales se cobran sin un correlato verificable en servicios públicos efectivamente prestados a las empresas.
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ECONOMIA
A cuánto podría llegar el dólar en agosto sin la intervención del Gobierno, según el nuevo techo de la banda cambiaria
La inflación registrada en junio definió el nuevo techo para la banda cambiaria de agosto. Con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ya es posible establecer hasta qué valor puede avanzar el dólar mayorista durante el mes corriente antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba intervenir en el mercado de cambios.
El sistema actual establece que el límite máximo para la cotización mayorista del dólar, que obliga al BCRA a intervenir si se supera, se actualiza cada mes tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec. Sin embargo, la actualización no es inmediata: existe un desfase de dos meses entre la publicación del índice y su incorporación a la banda cambiaria.
En la práctica, esto implica que la inflación de junio —publicada en julio— determina el tope de la banda para agosto. El mecanismo funcionó de igual manera en períodos anteriores: la inflación de abril determinó el límite de junio, y la de mayo, el de julio.
El nuevo techo del dólar
Según el Indec, la inflación de junio alcanzó el 1,9 por ciento. Este porcentaje, aplicado sobre el techo de julio, fijado en $1.845,28, lleva el máximo permitido para la banda a $1.879,97 para finales de agosto. El ajuste representa una suba de poco más de $34 respecto al valor anterior.
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Si se compara con el ajuste previo, el incremento de agosto resulta más moderado. En abril, la inflación fue del 2,6%, lo que elevó el límite de la banda de mayo ($1.764,15) primero a $1.806,45 en junio y después a $1.845,28 en julio, un incremento de poco más de 42 pesos. La desaceleración en el índice de precios de junio se traduce en un aumento más contenido en el valor máximo que puede alcanzar el tipo de cambio.
Si el dólar mayorista superara los $1.879,97 al cierre de agosto, correspondería que el BCRA intervenga en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para mantener la cotización dentro del rango establecido. Considerando el valor actual del dólar mayorista, sería necesario un incremento de $384,97 para alcanzar el techo previsto para el mes próximo. El objetivo de este esquema es evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio y sostener la estabilidad en el mercado cambiario, por lo que el Gobierno buscaría contener una escalada de esa magnitud.
El dólar comenzó agosto en alza
Con un volumen negociado de USD 513 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista cerró el lunes con una suba de diez pesos, equivalente al 0,7%, y alcanzó los 1.495 pesos. En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial muestra un alza de solo 40 pesos, es decir, 2,7%, mientras la inflación acumulada en ese periodo habría superado el 18 por ciento. El 28 de julio, el dólar mayorista registró un máximo nominal de $1.498 al cierre.
El Banco Central fijó el límite superior de la banda cambiaria en 1.848,23 pesos, lo que ubica al dólar mayorista a 353,23 pesos o un 23,6% por debajo de ese tope.
Con el comienzo de agosto y la presión sobre el segmento mayorista, la cotización al público también subió cinco pesos o 0,3%, situándose en $1.515 para la venta según la cotización de referencia del Banco Nación. Por su parte, el dólar blue descendió cinco pesos, hasta los 1.555 pesos.
A diferencia de lo ocurrido con el mayorista, todos los contratos de dólar futuro cerraron con leves retrocesos entre 0,2% y 0,5%, con un volumen negociado superior a los USD 1.000 millones, de acuerdo con datos de A3 Mercados. La posición más negociada, con vencimiento a fines de agosto, disminuyó tres pesos o 0,2%, y se ubicó en 1.512 pesos.
ECONOMIA
Cepo más flexible: las empresas aceleraron el giro de dividendos y utilidades al exterior en el primer semestre
La flexibilización del cepo cambiario de abril de 2025 le permitió a las empresas girar dividendos que se fueran generando desde inicios de ese año. Aquella decisión, que en la práctica permitió un mayor acceso al mercado cambiario para las personas jurídicas, empezó a impactar con más fuerza recientemente.
Según se desprende del balance cambiario divulgado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las empresas giraron al exterior un total de USD 1.015 millones al exterior solo en junio. Se trató de una cifra récord que no se registraba desde el 2010 y en lo que va del año la cifra supera los 2.600 millones de dólares.
Los sectores que lideraron en junio ese giro de utilidades y dividendos a sus casas matrices fueron Energía (por un total de USD 165 millones), alimentos, bebidas y tabaco (USD 135 millones), minería (USD 125 millones) y entidades financieras” (USD 112 millones).
En buena medida los dólares se obtienen directamente en el mercado cambiario oficial. Eso significa que para el giro de utilidades las empresas no tienen que acudir a otros mecanismos como la compraventa de bonos argentinos para acceder al contado con liquidación.

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Esa mayor demanda de dólares es lo que en buena medida estaría explicando la suba del tipo de cambio oficial de junio, cuando subió más de 5%, pasando de $ 1.430 a 1.500 pesos. En julio la suba fue casi imperceptible, finalizando 1.520 pesos.
El año pasado las empresas habían quedado habilitadas acceder al mercado oficial de cambios para girar dividendos a accionistas no residentes, pero únicamente respecto de utilidades correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2025.
Para los dividendos correspondientes a ganancias de ejercicios anteriores que no quedaron liberados automáticamente, el Gobierno mantuvo mecanismos específicos, como la posibilidad de utilizar bonos BOPREAL para canalizar esas obligaciones.
Esta modificación fue considerada uno de los cambios más relevantes del relajamiento del cepo porque resolvió una de las principales preocupaciones de las empresas multinacionales que operaban en Argentina: la imposibilidad de repatriar utilidades generadas bajo el nuevo régimen.
Otro de los datos destacados del balance cambiario es que la compra de dólares por parte del público llegó a poco más de USD 2.000 millones en junio. De ese monto, USD 800 millones quedaron depositados en los bancos, es decir alrededor del 40% del total.
Los compradores fueron 1,5 millones de personas, una cifra que se mantiene relativamente estable en lo que va del año. Y el acumulado del primer semestre arroja USD 13.500 millones adquiridos para atesoramiento. Esta cifra no impidió, sin embargo, que el Central compre alrededor de USD 11.300 millones ese primer semestre, cifra que aumentó en cerca de USD 2.000 millones adicionales en julio.
Desde la consultora LCG destacaron que la cuenta corriente cambiaria arrojó superávit en junio de USD 857 millones y lo hizo por tercer mes consecutivo. “Aun cuando en la segunda mitad del año la estacionalidad (cada vez menor) de las exportaciones podría volver más modesto el resultado de la cuenta corriente, esperamos que el año cierre con un superávit menor, en torno a 0,1% del PBI”, explicaron. “La posibilidad de las empresas de remitir utilidades y dividendos y el rojo por servicios (básicamente turismo) seguirán siendo los factores que pongan un límite a la mejora”, sumaron los analistas.
Una de las principales incógnitas para los próximos meses es a qué ritmo podrá comprar dólares el Central, pero se estima que será un volumen sustancialmente menor. Ayer, en el arranque del mes fueron solo USD 18 millones, mientras que las reservas brutas llegaron a 49.376 millones de dólares.
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ECONOMIA
Tras 19 subas mensuales consecutivas, la mora dejó de crecer en junio: cómo siguen los problemas de deuda de los argentinos



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