Con el término “inadmisible”, la Corte rechazó el recurso que había presentado un exdiputado del kirchnerismo acusado en una causa similar a la del “vacunatorio VIP”. Se trata de Santiago Igón, de Chubut, quien había ofrecido una donación de $3 millones para evitar ir a juicio oral y público.

Fuentes judiciales señalaron que Igón supuestamente recibió dos vacunas contra el Covid en el Hospital Zonal de Esquel cuando aún no le correspondía, en febrero de 2021, durante la pandemia de coronavirus. En ese entonces, ocupaba una banca en el Congreso. Era diputado del peronismo alineado con la administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

La causa de Igón tiene un paralelismo con la del “vacunatorio vip”, que se investiga en los tribunales federales de Comodoro Py. En ambas, se indaga si hubo vacunados que no debieron haber sido priorizados en ese momento por sobre otra población de riesgo.

Antes de que este recurso llegara a la Corte, donde los tres jueces rechazaron el planteo de la defensa que buscaba evitar el juicio donando $3 millones al hospital local, Igón ya había sido procesado por el magistrado federal de Esquel, Guido Otranto. Esa decisión había sido confirmada en segunda instancia por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

Según señalaron fuentes judiciales al tanto del caso, el exdiputado chubutense está acusado de supuesta aceptación de dádiva. Al igual que él, también había sido procesado el responsable de supervisión del operativo de vacunación en ese momento (febrero 2021).

De acuerdo con las mismas fuentes, Igón tenía 43 años cuando se anotó en la plataforma “Vacunate Chubut”. Ahí supuestamente informó dos condiciones de riesgo: obesidad y diabetes. Pero la denuncia sostiene que, al llegar al centro de vacunación, habría hecho valer su cargo de diputado.

Más de cuatro años después del hecho investigado, en septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo del caso, aceptó un pedido de la defensa: que Igón reparara de forma integral el perjuicio con un pago de alrededor de $3 millones al Hospital Provincial de Chubut, en Esquel.

No conforme con eso, la fiscalía apeló y la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón. Para revocar esa salida, que extinguía la acción penal, Casación se basó en los precedentes, en la oposición del Ministerio Público Fiscal y en los argumentos que había dado el tribunal oral. La defensa recurrió entonces en queja ante la Corte Suprema, que rechazó el planteo por inadmisible.

Esta causa es diferente a la popularmente conocida como el “vacunatorio vip” que tramita en los juzgados de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. Esta última registró novedades en agosto, cuando la jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, al periodista Horacio Verbitsky, a sindicalistas, legisladores y otras 30 personas acusadas de haberse beneficiado con vacunas que aún no les correspondía recibir, en el llamado “vacunatorio vip” que durante la pandemia funcionó en el Ministerio de Salud, bajo la presidencia de Alberto Fernández.

Las citaciones habían sido pedidas por el fiscal Eduardo Taiano, tras una decisión de la Cámara Federal que resolvió hace dos años profundizar la investigación no solo sobre los funcionarios que autorizaron la vacunación, sino sobre los que pusieron el brazo para ser vacunados.

Esa primera parte del expediente contra los funcionarios que autorizaron la vacunación ya fue elevada a juicio oral y público. Hay solo tres imputados que llegaron a juicio por abuso de autoridad y peculado: Marcelo Ariel Guille, exsecretario del entonces ministro de Salud Ginés González García; el exsubsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Salvador Costa; y el exdirector ejecutivo del Hospital Posadas Alejandro Alberto Maceira.

También se investigaba el papel de Ginés González García, quien falleció a los 79 años, a poco de que su procesamiento fuera confirmado. El ministro, que estaba a cargo de Salud, renunció en febrero de 2021 tras revelarse el escándalo.

El fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga al exjefe de gabinete Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito, pidió a la Policía Federal 29 medidas de prueba para que le diga si es posible establecer que las 8 billeteras virtuales que dice que albergaban 600.000 dólares, la fuente de su fortuna, ya las tenía desde 2014, cuando dijo que empezó a operar con esos activos.

Asimismo, en una prueba realizada ayer en la fiscalía, en el quinto piso de Comodoro Py 2002, con la presencia de la defensa, Pollicita estableció que Adorni tiene las claves secretas para administrar esas direcciones electrónicas que albergaban el dinero.

Sin embargo, la prueba no permite establecer desde cuándo ni quién usó esas billeteras entre 2014 y 2018.

Para ahondar en este punto es que el fiscal Pollicita le encargó al Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal un informe de 29 puntos sobre las ocho direcciones con las que el exjefe de Gabinete justificó la tenencia de 591.544 dólares, para establecer si él, que tiene hoy las claves, es quien las operó entre 2014 y 2018.

El fiscal quiere saber si las ocho direcciones de bitcoin que presentó Adorni alcanzan para explicar el origen de su patrimonio.

Le hizo a los expertos 29 preguntas, pero todas dirigidas a responder el mismo interrogante: si Adorni pudo haber gestionado ese activo hace 12 años, cuando dijo que realizó inversiones que le hicieron incrementar su patrimonio en más de medio millón de dólares.

Estas medidas se complementan con otras que ordenó la semana pasada para averiguar si Adorni y su esposa Bettina Angeletti, desde que empezaron su vida laboral, pudieron haber tenido ingresos que les permitieran ahorrar para comenzar sus inversiones en monedas virtuales.

Con reserva, ayer se realizó en la fiscalía un procedimiento del que participó el abogado de Adorni. Lo que se hizo fue “firmar mensajes de verificación” con las claves privadas de cada dirección.

Con esas tenencias, Adorni explicó los casi 600.000 dólares que declaró como “venta de activos”. Según su presentación, vendió los bitcoins en ocho operaciones cara a cara desde 2014 y recibió los dólares en la mano.

El procedimiento sirvió para comprobar que la defensa tiene las claves de las ocho direcciones, sin que nadie las viera. El método funciona de manera que quien tiene la clave privada de una dirección puede “firmar” un texto, y cualquiera puede comprobar después que esa firma solo pudo salir de esa clave.

Personal de la fiscalía redactó un “mensaje de desafío”, que es un texto nuevo que nadie podía conocer de antemano. Los abogados de Adorni llegaron con un sobre cerrado donde estaban las claves, que el exfuncionario habría entregado antes a un escribano.

Desde una computadora propia, ingresaron a cada dirección y firmaron ese mensaje. Ninguno de los presentes vio las claves y no se filmaron para no exponer el acceso a los fondos.

Luego, técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal cargaron en una computadora de la fiscalía cada dirección, el mensaje y la firma obtenida. En los ocho casos, los datos coincidieron. Como el mensaje lo eligió la fiscalía en el momento, la firma no pudo prepararse antes, de modo que se comprobó que quien firmó tiene ahora las claves.

De todo el procedimiento quedó constancia en un acta y se lo filmó. El perito calculó códigos hash de cada paso, una especie de huella digital que permite detectar cualquier alteración posterior, y los guardó en pendrives dentro de un sobre lacrado y firmado por las partes. El sobre con las claves, sin abrir a la vista de los presentes, quedó dentro de otro sobre también lacrado.

Según fuentes judiciales, la medida estableció que la defensa tiene las claves para administrar esas direcciones, pero no se sabe desde cuándo ni quién las usó entre 2014 y 2018.

Para averiguarlo, el fiscal Pollicita pidió a la Policía Federal datos sobre los 41 movimientos registrados en la cadena de bloques de bitcoin entre el 21 de octubre de 2014 y el 11 de septiembre de 2018, cuando se hicieron las operaciones.

Las direcciones quedaron sin saldo entre el 26 de marzo de 2017 y 2018, con lo que hoy esas billeteras estarán vacías.

El fiscal preguntó a los expertos de la Policía Federal qué reglas había para las operaciones con monedas virtuales entre 2014 y 2018 y si había obligación de conservar registros. Quiere saber si eran direcciones de custodia, es decir, administradas por una plataforma que identifica al cliente, o de autocustodia, controladas solamente por quien tiene la clave.

Pollicita necesita determinar si se puede saber cuándo y quién generó las claves y si podían guardarse en un papel sin dejar rastro digital. Además, quiere saber si los 41 movimientos pudieron ser hechos por una sola persona y si puede descartarse que haya intervenido un intermediario.

La idea es rastrear esas operaciones; por eso quiere saber el fiscal si hay hoy algún registro de las conexiones desde las que se enviaron esas transacciones y cómo se identificaban en las plataformas los particulares.

La fiscalía necesita conocer si hay forma de identificar quién depositó dinero en 2014 en cinco de las ocho direcciones, que no muestran contacto con ninguna plataforma y si es técnicamente compatible que Adorni haya controlado las direcciones mientras funcionaron. También quiere saber si se puede afirmar que otra persona lo hizo.