Cuando era chico, Juan Manuel Culotta quería jugar al fútbol. Su padre, Jorge Culotta, ingeniero y jugador de Pucará, el equipo que venció a Irlanda en 1952, lo convenció de probar con el rugby. Dice que allí aprendió lo que todavía aplica en su trabajo: soportar golpes, volver a empezar y trabajar para que otro se luzca.

En una lógica similar, comenzó a estudiar Agronomía, atraído por el campo y la vida al aire libre, pero la participación en el centro de estudiantes y el regreso de la democracia despertaron su interés por la cosa pública. En 1984 se pasó a Derecho y, dos años después, entró como meritorio a Tribunales. Recorrió los distintos escalones de la carrera judicial hasta asumir, en 2006, al frente del Juzgado Federal de Tres de Febrero.

En esta nueva entrega de Sr. Juez, un ciclo dedicado a explorar las experiencias, pasiones y dilemas que moldean el pensamiento de los jueces más importantes del país, Culotta repasa ese recorrido y habla de la disputa por el rumbo del Poder Judicial. Candidato al Consejo de la Magistratura por Compromiso Judicial, cuestiona las denuncias que se utilizan como herramienta de presión sobre los jueces, reclama concursos más ágiles y plantea reducir el peso de la política en el organismo.

—Cuando uno hace una búsqueda de su apellido, entre los resultados aparece una figura muy ligada a la historia del deporte argentino. ¿Quién fue Jorge Culotta?

—Jorge Culotta, además de mi padre, fue un ingeniero que fue nieto de inmigrantes, con orígenes en Burzaco, en el sur del conurbano, con el padre ferroviario, que tuvo que empezar a trabajar a los doce años. Mi abuelo, Horacio, logró tener dos hijos profesionales: mi viejo, ingeniero. En ese interín, mientras estudiaba ingeniería, jugó al rugby en el Club Pucará, un club clásico de la zona sur, y fue el primer equipo que le ganó en el año ’52 a Irlanda, un equipo de las Cinco Naciones. O sea, fue el primer equipo argentino y fue todo un festejo porque era histórico el resultado y haber logrado esta victoria. Yo me acuerdo desde chico haber escuchado todos los festejos de todos los aniversarios que había, diez años, veinte años. Él vivió hasta hace poco, hasta el 2001, así que siguió siendo casi uno de los últimos sobrevivientes de aquella época, de aquella gesta.

—¿Le inculcó esa pasión por el rugby?

—Sí. Yo al principio, cuando era chico, muy chico, cinco años, quería jugar al fútbol y él me decía: “No, no, jugá al rugby que vas a ser mejor”. Y yo al final le hice caso. Le hice caso y la verdad que lo disfruté mucho porque es un juego de equipo, me hice muchos amigos. Es un juego de esfuerzo, donde vos tenés que pasar momentos difíciles, jugás con lluvia, abajo del agua. Creo, no sé ahora cómo será, pero en mi época, si la pelota no flotaba, jugabas igual. Eso también creo que te forma como persona, te ayuda a soportar momentos difíciles físicamente y mentalmente. Así que creo que es un gran deporte. Yo lo disfruté mucho hasta los 23. Después empecé con mi trabajo y me costó seguir las dos cosas, porque el entrenamiento y todo eso lleva tiempo. Hice muy buenos amigos que seguí teniendo y creo que dejó muchas lecciones. A veces cuando uno tiene distintas cuestiones en la vida que enfrentar, creo que eso ayuda, el rugby es un deporte resiliente, donde uno cae y tiene que volver a empezar, se golpea… y además el deporte de equipo, que es fundamental para el futuro, uno aprende a distribuir roles. El rugby tiene la ventaja de que hay puestos para todos, hay puestos para los hábiles y para los brutos. Yo era un poco de los brutos. El trabajo nuestro era conseguir la pelota para que otros se luzcan. Eso es lo lindo del rugby.

—Deja el deporte cuando empieza a trabajar en el Poder Judicial. ¿Cómo fueron esos inicios?

—En el ’86.

—A la vuelta de la democracia.

—Claro, a la vuelta de la democracia. Yo en realidad estudiaba Agronomía, una carrera que no tenía nada que ver con esta, con Derecho. Y porque me gustaba el campo, me gustaba la vida al aire libre. Yo empecé Agronomía en el ’81, cuando estaba terminando la dictadura militar, y me enganché con el centro de estudiantes, con la actividad política estudiantil en ese entonces. Y también con la democracia que venía, con la primavera alfonsinista, como dicen algunos. Y la verdad que se me generó una cuestión de servicio. Yo me acuerdo que iba a comprar cuadernos al Once con mi auto, los cargaba todos y los vendíamos casi al costo en el centro de estudiantes. Uno quería dar algún servicio y a partir de ahí empecé a tener un poco más de inquietudes sociales y políticas. Y eso me inclinó en algún momento por decir: “Esto no es lo mío”, y entré a estudiar Derecho. Por supuesto que en mi casa fue un poco una crisis, porque: “¿Cómo, cómo vas a dejar la carrera?”. Y dije: “Voy a hacer las dos”. Y mi mamá no me creía. Dice: “No, no vas a poder hacer las dos”, me decía. Al final terminé enganchado en Derecho en el ’84. Y a partir de ahí empecé con los estudios y antes de terminar la carrera logré entrar a Tribunales, en el ’86.

—En ese entonces empieza esta inquietud por la cosa pública y elige hacer la carrera judicial. ¿Por qué no eligió el camino de la política partidaria?

—Me atraía más la política en su momento estudiantil, en el centro de estudiantes. Y la política partidaria no es que no me atrajo, sino que de a poco, a partir de que entré en el Poder Judicial, me fue gustando el trabajo, ir creciendo, ir aprendiendo, porque cuando uno estudia Derecho, la carrera es muy árida si no la ve en la práctica. Yo entré a un Juzgado de Instrucción de Menores, como todo el mundo de meritorio, en el ’86, y me empecé a enganchar con eso. Y ahí, de alguna forma, dejé de lado la parte política y entré en lo que se llama la carrera judicial. Pasé por todos los cargos y en el año ’90, ’91, yo trabajaba en el Juzgado de Instrucción de Menores en Capital y, salió la oportunidad de ir a trabajar al Juzgado Federal de Morón 2, que se creaba. Uno de los jueces que iba ahí había sido secretario mío y me ofreció ir a Morón. Para mí, Morón era lejísimos, yo vivía en Capital. Y a partir de ahí, siguiendo como empleado y después como secretario en el año ’91. Creo que tenía veintiocho años, bastante joven de secretario. Seguí mi carrera en la jurisdicción de San Martín, Morón, que es donde estoy ahora. O sea, ya hace como treinta años que estoy ahí.

—¿Y cómo llega al cargo de juez?

—Después de ser secretario varios años en Morón, pasé a la Cámara Federal de San Martín, también como secretario, y se abrieron los concursos. En el ’99, 2000, empezaron los concursos. Y claro, antes te enterabas que había una vacante de juez y ya estaba cubierta, porque la designación era a dedo, política. Y yo tenía un secretario, Carlos Compairet, que después fue juez federal también en La Plata, que fue el que me incentivó: “Dale, vamos a meternos en concursos, nos anotamos en todos los concursos”. Yo me anoté en concursos hasta de Ushuaia, de Mendoza, de todo el país. Tenía hijas chicas en ese momento y por ahí podía darme el lujo, hoy creo que no podría. Y ahí empezamos a concursar, quedamos bien en algunos concursos y se dio esto del Juzgado de 3 de Febrero, que por suerte fue en mi jurisdicción, así que no tuve que cambiar de destino, porque imaginate, te vas a Ushuaia, tenés que cambiar de colegio a tus hijos, tenés que hacer otra vida. Así que empecé a concursar en el 2000, 2001, 2002, y en 2003 ya me presenté a este concurso donde quedé bien y empecé un juzgado de cero, porque el juzgado no existía. Y a partir de ahí ya llevo veinte años.

—Me detengo en el proceso de selección de jueces. Usted ahora es candidato al Consejo de la Magistratura. Si fuera electo, en su primer día, ¿qué cambios haría a cómo se eligen los jueces?

—Creo que en el proceso en sí, los exámenes, por ejemplo, hay que mejorarlos en cuanto a los jurados. ¿Qué pasa? Los jurados traían un tema, el examen es anónimo, y los jurados son docentes de la universidad, de universidades nacionales. Y a veces no son especialistas en la materia. A veces un docente de Filosofía del Derecho tiene que preparar un tema de un juez penal económico y obviamente le pedirá a otro. Y a veces uno abre el sobre del examen y ve que es un tema que no es competencia de lo que se tiene que tomar ahora. Entonces creo que hay que capacitar más a los jurados para que los temas sean más acordes a la vacante que se va a cubrir. Y después se hablaba de un banco de datos de exámenes…también podría ser, exámenes bien preparados por profesionales, reservados, por supuesto, y que se abran en cada caso. Y después, los puntajes. Creo que la entrevista personal, que es por ahí lo más cuestionado a veces, ha subido puntajes en algunos casos, por ahí cuestionables, para que alguna gente esté en mejores posiciones. Entonces, si eso se tasara y se dijera, “hasta cinco, diez puntos más por la entrevista personal”, sería más justo. Eso en primer lugar.

Y después está todo el tema acusatorio ahora, donde la actividad del juez es más oral, más verbal, el juez se sienta y decide con todas las partes presentes. Entonces, ¿cómo armar un examen escrito de algo que es oral? Eso es todo un desafío. Se ha hecho en algunos lugares donde ya está el Código Procesal Penal Federal implementado, algunas veces con éxito y otras veces sin que los postulantes puedan entender cómo resolver el caso.

—En los concursos, ¿los que vienen de la carrera judicial tienen más ventaja que los que están del otro lado del mostrador?

—Yo creo que tienen ventaja por el oficio, porque uno aprende con el tiempo a redactar una sentencia, a valorar la prueba, cosa que por ahí el abogado no lo tiene. Los puntajes son equiparables, o sea, no hay ventajas de un lado o de otro. Yo creo que la diferencia se hace en la práctica diaria, en el oficio, que la mayoría de los que quedan es del Poder Judicial, o funcionarios o lo que sea, pero por eso, por el oficio, que es fundamental a la hora de hacer una sentencia, de resolver un caso. Quizás el abogado de la matrícula está acostumbrado a estar del otro lado litigando y no adentro, digamos, en la cocina.

—¿Y qué pasa con los tiempos de los concursos? ¿Qué se podría hacer para que la elección de un juez no tarde años?

—Yo creo que se pueden acortar términos. A veces algunos términos son…hay impugnaciones que resolver muchas veces, hay que darle la posibilidad de que los postulantes, si fueron mal calificados, se defiendan, o digan que otros fueron mejor calificados. Eso por ahí lleva un tiempo. Quizás se puede agilizar toda la cuestión de evaluación de antecedentes, porque todo eso va a cada consejero, se reparte y dar un término que sea más bien perentorio. A veces hay consejeros que se toman más tiempo, y después para agilizarlo también lo importante es la segunda etapa, porque muchas veces el concurso tarda, no sé, nueve meses en el consejo, que es un tiempo razonable, y después está en el Ejecutivo años hasta que el Ejecutivo decide elegir uno y mandarle el pliego al Senado. Entonces, todo el proceso a veces, a mí me pasó, que yo fui elegido bastante rápido después del proceso mío, porque di el examen en el 2003 para el Juzgado Federal de 3 de febrero y en nueve meses estaba el concurso, y fue al Ejecutivo. Y después en el Ejecutivo, simplemente para mandar el pliego al Senado, tardaron casi un año. Y es un proceso relativamente simple valorar los antecedentes. Entonces, todo ese proceso, que está compuesto por varias etapas, debería agilizarse. El Senado en general es ágil, el Senado, cuando llegan los pliegos al Senado, el Senado pone fecha y en general, si hay acuerdos, por supuesto, los trata rápidamente.

—Pasando de nombramiento a remoción. Son los dos extremos de la vida judicial. ¿De qué manera cree que puede agilizarse, por ejemplo, el proceso en caso de una denuncia hacia un juez? ¿Cómo evalúa el proceso de remoción de jueces?

—Lo que hay es dos procedimientos, el disciplinario y el de la acusación, ¿no? La mayoría de las denuncias contra jueces van a la Comisión de Disciplina, porque pueden ser pasibles de una sanción que no significa la remoción, de un llamado de atención, de una multa, de acuerdo a la falta imputada. Pero lo que advertimos con bastante preocupación los jueces es la cantidad de denuncias. O sea, primero que hay mucha facilidad ahora para hacer una denuncia, cualquiera la puede hacer, manda un mail y ya está. Y la cantidad de denuncias que hay, pero vinculadas al contenido de la sentencia. O sea, los jueces, resolvemos de acuerdo a derecho, la parte tiene el derecho a recurrir si no está conforme, la Cámara en su caso resuelve, confirma o no, o puede revocar, pero son cuestiones de opinión, muchas veces de interpretación de la ley. Entonces, mientras un juez resuelva conforme al derecho y a la Constitución no habría razón para hacer una denuncia en el Consejo. A veces se usa como una cuarta instancia, se usa como un método, como una presión: “Vos me resolvés así, yo te denuncio”. O para recusar a los jueces: “No me gusta un juez, entonces lo denuncié en el Consejo, entonces lo recuso en la causa”. Por supuesto que hay una jurisprudencia que dice que la denuncia tiene que ser anterior al hecho, a la causa, porque si no cualquiera recusaría diciendo “lo denuncié”. Entonces, creo que por ahí esos informes que hablan de que solamente un porcentaje muy bajo de las denuncias llegan a tener alguna respuesta sancionatoria para los jueces, es un informe que por ahí no tiene en cuenta la cantidad de denuncias que hay con gente disconforme con los fallos. O sea, habría que hacer un filtro en todo eso. Y para eso había una herramienta que tenía el Consejo antes, que ahora no la está aplicando por decisión del presidente de la comisión, que es el rechazo in limine. O sea, cuando algo era totalmente insustancial digamos, el cuerpo del Consejo rechazaba in limine la denuncia y el juez, porque el juez tiene que estar tranquilo también, para garantizar la independencia del juez. A ningún juez le gusta tener cuatro procesos disciplinarios abiertos, aunque sean sencillos, porque no deja de ser una molestia.

Entonces, creo que hay que agilizar todo eso y desechar lo que es insustancial, que no tiene sentido, o que tiene que ver con contenido de sentencias y quedarse con lo otro que que es muy poco. Dicen que el 80% de las denuncias tienen que ver con contenido de sentencias. Entonces queda poco y con eso poco hay que ver qué hay, si hay algún caso en el que haya que avanzar, ya sea en una sanción disciplinaria o en un jury, quedarse con esos casos y avanzar en eso.

—Lo que está diciendo es que muchas veces se usa el proceso de denuncia, o de intento de remoción de un juez, para en algún punto limitar la independencia de los jueces, del Poder Judicial.

—Sí, como una forma de presión. Como una forma de presión que a veces puede ser mediática o puede ser justamente a partir de algún abogado disconforme con la sentencia y decir “mirá, si vas a seguir fallando de esta forma, yo te denuncio”.

—¿Cuáles cree que deberían ser las prioridades presupuestarias del Consejo de la Magistratura?

—Para mí, hoy en día, las prioridades presupuestarias, además de infraestructura que tenga que ver con la parte edilicia, que el Poder Judicial tiene muchas falencias en ese sentido, hoy para mí es la tecnológica. Todo lo que tenga que ver con sistemas, con la inteligencia artificial. O sea, son herramientas que para los jueces son invaluables. Yo creo que hay que darle prioridad a todo lo que es tecnología para que los jueces tengan herramientas para resolver. Y después la infraestructura. Un juez que está en un juzgado que se le cae el techo encima, como ha pasado, tampoco está en las mejores condiciones para resolver y para actuar independientemente. Entonces, hay que atender a las cuestiones de infraestructura y a las tecnológicas, que es lo principal. El mejor ejemplo es lo que me pasó a mí. El edificio del juzgado se crea en el 2006, empieza a funcionar en una casita en Sáenz Peña, que era lo que se consiguió. Se compró un edificio en el 2007, en Caseros. Hubo distintos llamados a licitación, hubo un comienzo de ejecución de obra de una empresa que quedó trunco. ¿Qué pasó? ¿Cuándo nos mudamos? ¿Cuándo terminaron? 2024. O sea, estuvimos dieciocho años con un edificio comprado sin poder mudarnos y ahora estamos en un lugar espectacular, todos los juzgados deberían ser así pero son procesos que a veces se hacen demasiado largos. Yo probablemente, con el tiempo, con el tiempo que estuve en el edificio viejo, me jubile con el nuevo, no pueda estar el mismo tiempo que estuve en el nuevo por mi edad.

—¿Cree que la incorporación de nuevas tecnologías ayudaría a resolver uno de los grandes cuestionamientos que tiene la justicia, que son los plazos, la duración de los procesos?

—Sí, yo creo que sí, que con la ayuda bien empleada y bien instruida de la inteligencia artificial se podrían abreviar muchos plazos, resolver muchas cuestiones que por ahí requieren…o sea, la inteligencia artificial es un auxilio importantísimo. Por supuesto que hay que saber cómo usarlo. Hemos visto a veces gente que no la sabe usar tanto y ha leído la última de lo que a veces la inteligencia artificial te pregunta: “¿Querés que te dé más información o algo así?” Hasta han leído eso, ha quedado muy en evidencia que no han corregido ni actuado porque la inteligencia artificial a veces se equivoca. Entonces, eso ayudado del conocimiento y de la formación, puede ser una muy buena herramienta para agilizar los procesos.

—¿Para qué sirve la feria judicial? ¿La cambiaría?

—La feria judicial, digamos, no solamente es un receso para los que trabajan en tribunales y para los jueces, sino que también lo es para los abogados. Los abogados tienen permanentemente términos que les corren. Si no hubiera feria judicial, ellos no podrían tener un momento para descansar. No es un privilegio del Poder Judicial, sino que también tiene un sentido práctico. El horario de tribunales, que en un momento era más tarde, empezaba más tarde y se hizo desde las siete y media hasta la una y media para que los abogados pudieran atender a la tarde en sus estudios. Entonces, lo mismo pasa con la feria judicial. En la feria judicial no corren los términos, no hay audiencias fijadas, entonces sirve también para el profesional para que tenga un momento de poder tomarse vacaciones, sobre todo en los estudios chicos, porque en los estudios grandes se pueden reemplazar. Pero el profesional que tiene un estudio chico y atiende él solo con alguno más, si no estaría pendiente, le vence un término en julio o en enero y debería estar presente, contestar. Así que no es solamente para mí una cuestión de privilegio. Lo que sí, también podría ser pasible de alguna corrección si hace falta, en cuanto a que la persona que recién entra ya tiene un mes y medio de vacaciones. Quizás con la antigüedad, más allá de la feria, en la feria se queda mucha gente, se quedan guardias, entonces que aquellas personas que por ahí no tienen la antigüedad suficiente por ahí no tengan todos esos días de vacaciones.

—Estamos a pocos días de las elecciones en el Consejo y como cualquier elección tiene sus internas. Hay una escisión en la lista Celeste. Desde su lista, ¿esa división adentro de la lista Celeste puede terminar teniendo algún impacto positivo para Compromiso Judicial?

—Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue una pena la escisión, porque hay gente, nosotros nos conocemos todos, hay gente muy querida en todos lados. Y creo que la escisión tuvo que ver con la política partidaria que se metió en la interna, que eso es lo que para mí hace daño. Es una opinión personal, por supuesto. Entonces, esa escisión tuvo que ver con sectores que tenían alguna orientación política distinta y no se pusieron de acuerdo con el candidato y creo que es perjudicial para ellos. Sacaron una nueva lista y están compitiendo entre ellos. Los dos se llaman lista Celeste, así que ninguno quiso resignar el nombre. Pero creo que evidentemente esto abre un panorama nuevo, porque los votos de ellos se van a dividir, y nosotros, que en general entramos en un tercer lugar, tenemos muchas posibilidades de entrar en un segundo lugar y a eso vamos. No solamente a eso, sino que queremos que también, por supuesto, si la gente nos acompaña, podamos ingresar dos consejeros, en este caso Maggie Laiño, que es jueza de la Cámara del Crimen acá de Capital, que es la que me acompaña en la fórmula, por decirlo, de los dos primeros consejeros que pueden entrar. Si logramos un número importante de votos, podemos tener dos consejeros.

—¿Dónde reside el equilibrio entre este Consejo más politizado y un Consejo más corporativo?

—En realidad el Consejo no es corporativo en sí, porque tiene muchas corporaciones adentro. Tiene el estamento de los abogados, el estamento de los políticos y el de los jueces. El de los jueces, en realidad, es bastante reducido en función de lo que pasa en otros consejos del mundo. La ley del Consejo habla de que tiene que ser proporcional la representación y hay más políticos que jueces. Tiene mucho peso la parte política todavía en el Consejo. Entonces, lo ideal sería que el Consejo funcione con una representación bien igualitaria y bien paritaria entre jueces, políticos y abogados. De esa forma creo que se despolitizaría más.

También está el tema de si la Corte integró al Consejo. Ahora la está integrando. Yo viví los dos Consejos, el Consejo de trece y el Consejo de veinte, porque el cambio fue cuando yo estaba de consejero antes. Hay que adaptarse a que también si la Corte preside el Consejo es algo totalmente distinto, porque la Corte tiene una autoridad mucho mayor que la que podría tener un consejero que ocasionalmente es elegido presidente.

—Vuelvo al inicio de su carrera. Hablamos de esta negativa inicial a pensar en una carrera vinculada a la política partidaria. Encontró en su rol de juez y en este rol en el Consejo una veta un poco política. Está cursando en este momento una elección. ¿Le parece que se conectaron algunos puntos ahí?

—Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pensándolo de esa forma, esa cuestión política que yo tuve en los ‘80, cuando era muy joven me volvió ahora con esta especie de representación de los jueces, esta representación que asumimos para hacer lo que se llama política judicial: no es política partidaria, sino política judicial. Nosotros somos representantes y la voz de los jueces en el Consejo. Entonces, para mí es un honor que me elijan mis colegas para representarlos. Es una responsabilidad, porque también nos llaman por teléfono y nos dicen: “¿Qué pasa con esto?”. Tratamos de atender todos los llamados de la gente que tiene algún problema disciplinario o que tiene algún problema de infraestructura, que nos ha pasado con los juzgados federales del interior. Y la verdad que sí, que yo me siento otra vez cumpliendo un servicio, como cuando en su momento empecé a estar en actividad en el centro de estudiantes hace varios años.

Así que sí, de alguna forma se conectan. Yo siempre tuve esa inquietud y ahora ya con esta función que he ejercido y que me puede llegar a tocar de vuelta siento que uno puede brindar un servicio a sus colegas. Y es una cuestión que es casi parte de satisfacción personal, porque yo no logro nada a cambio de eso. O sea, yo logro estar en el Consejo, representarlos, yo en lo personal me llevo el beneplácito de poder estar ayudando a mis colegas. Pero en lo personal es eso, no tengo ninguna ventaja particular de eso, más tratar de resolver estos problemas. Y creo que eso tiene que ver con alguna vocación de servicio que me habrá quedado de aquel entonces.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, recibió este martes a familiares de víctimas de delitos horas antes de que comenzara el tratamiento formal del proyecto de adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil porteño al nuevo marco legal establecido a nivel nacional. La jornada combinó escucha directa con afectados por la inseguridad y un primer paso institucional hacia una reforma que definirá cómo la Ciudad aplicará las reglas penales vigentes para adolescentes de entre 14 y 18 años.

El proyecto, impulsado por Ramírez, busca alinear la normativa porteña con el Régimen Penal Juvenil nacional sancionado por el Gobierno nacional, que fijó la responsabilidad penal a partir de los 14 años. La iniciativa establece reglas procesales específicas para ese rango etario, contempla medidas alternativas a la privación de libertad, incorpora mecanismos de seguimiento y amplía los derechos de las víctimas dentro del proceso judicial. La adecuación resulta necesaria para que la ley federal pueda aplicarse de manera efectiva en el ámbito de la Ciudad.

La urgencia del debate quedó subrayada por el antecedente concreto de la jueza que declaró inconstitucional la ley nacional y sobreseyó a un joven de 14 años acusado de un delito. Ese episodio puso de manifiesto la tensión entre el marco normativo federal y su implementación en la jurisdicción porteña, y otorgó al proyecto un carácter que trasciende lo meramente técnico para convertirse en una disputa sobre la capacidad del sistema judicial de dar respuestas a quienes sufrieron un crimen.

“El Gobierno nacional estableció la responsabilidad penal desde los 14 años y ahora la Ciudad tiene que adecuar su legislación para que ese régimen pueda aplicarse. No podemos volver a tener situaciones como la de una jueza que declaró inconstitucional la ley nacional y sobreseyó a un delincuente de 14 años. Las víctimas necesitan respuestas y quien comete un delito tiene que responder ante la Justicia”, sostuvo Ramírez durante el encuentro.

Del lado de las organizaciones, participó María Luján Rey, directora del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados de la Nación (ODV), junto a familiares de víctimas de distintos hechos de inseguridad. Durante la reunión, la legisladora escuchó sus experiencias y recorrió con ellos las dificultades que atravesaron a lo largo de los procesos judiciales: el acceso a la información, los plazos de la Justicia, el acompañamiento por parte del Estado y las herramientas necesarias para garantizar la participación y los derechos de quienes padecieron un delito.

Concluido ese encuentro, se realizó en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña la reunión informativa conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, en la que legisladores y funcionarios abordaron en detalle el proyecto de adecuación. Esa instancia marcó el inicio formal del tratamiento parlamentario de una reforma que, de aprobarse, modificará las reglas bajo las cuales la Ciudad juzga a sus adolescentes en conflicto con la ley.

A horas del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó -sin resolución de fondo- sin vigencia el artículo 154 del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, senadores kirchneristas y justicialistas presentaron un proyecto para restituir de forma inmediata la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales (26.737), que ponía un límite de 15% para manos extranjeras.

La iniciativa fue rubricada por la plana mayor del bloque: su jefe, el formoseño José Mayans, la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires) y el titular de la bancada Justicia Social Federal -dos integrantes-, el puntano Fernando Salino. “El suelo no es una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, sino un recurso natural estratégico, finito y estrechamente ligado a la seguridad nacional”, argumentaron los legisladores.

El movimiento no sorprende. Sí resulta llamativo que, a sabiendas de una medida cautelar que podía ser frenada -o no- una vez que lo agarrara la Corte Suprema -como ocurrió-, el bloque kirchnerista no haya planteado esta cuestión cuando se aprobó en la Cámara alta, semanas atrás, la fileteada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Es decir: en medio de un momento de debilidad mileísta, el peronismo no aprovechó y se quedó con una victoria hoy efímera. Ahora, busca remendar eso y, de paso, criticar al máximo tribunal de Justicia de la Nación.

Vale recordar que, en la previa de una sesión muy compleja y de derrota casi total para La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, el oficialismo tuvo que quitar por completo el capítulo de venta de tierras a extranjeros. Y, durante el cónclave en el recinto, se cayeron también las modificaciones a la ley de Manejo del Fuego, lo que significó la vigencia de las prohibiciones -por décadas- impulsadas años atrás por Máximo Kirchner.

La otra duda que queda es que, si bien se refiere a un solo artículo, la Cámara alta ya rechazó por completo el DNU 70/23 y el tema se encuentra en cómoda siesta en Diputados. De hecho, estas normas tienen un tratamiento particular a través de la bicameral de Trámite Legislativo. “Es necesario destacar que la ley 26.737 no proscribía la inversión extranjera productiva, sino que fijaba límites razonables y concordantes con la legislación comparada de países centrales como los Estados Unidos, Brasil, Francia o Australia”, fundamentaron los senadores.

Mayans, di Tullio y Salino agregaron: “Es precisamente ante la falta de una definición judicial sobre el fondo de la constitucionalidad de la norma que este Congreso de la Nación debe asumir de manera urgente e impostergable su rol institucional como garante del dominio público y de la legalidad constitucional. No corresponde al Poder Judicial legislar sobre la conveniencia política del régimen de propiedad de las tierras, pero es responsabilidad insoslayable de este Poder Legislativo reparar la vulnerabilidad a la que ha quedado el territorio nacional”.

La norma a la que refieren las filas cristinistas y filo K establecía que personas o empresas de una misma nacionalidad no podían concentrar más del 30% de ese cupo extranjero. Además, se limitaba a 1.000 hectáreas en la zona núcleo -o una superficie equivalente, según la ubicación- la tierra a poseer por un mismo titular extranjero.

Más allá de las novedades de las últimas horas, lo cierto es que la Cámara alta se encuentra sin actividad la corriente semana y se espera no demasiada para la próxima, debido a viajes diversos de legisladores por el mundo. La sumatoria de millas suele dilatar los tiempos parlamentarios. Además, se añadiría otro inconveniente: avisar con tiempo posibles ausencias para que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, habilite con justificación cambios en las comisiones. Tiempo atrás se hartó y cerró esa canilla.