POLITICA
Ni Una Menos: el Gobierno cuestiona la “politización” de la marcha y le baja el precio a la convocatoria
Cuatro días después del femicidio de Agostina Vega, la joven de 14 años que fue asesinada y desmembrada en la provincia de Córdoba, el colectivo Ni Una Menos volverá a las calles a protestar y reclamar por la violencia que sufren mujeres y personas trans por razones de género. En la previa a una nueva convocatoria, en el Gobierno cuestionan la “politización” de la movilización y, aunque reconocen la gravedad del caso, vaticinan que no se traducirá en una concrentración masiva.
“Hubo marchas de otros años con muchísima gente, no sé si va a haber más este año. No lo veo muy probable. Más cuando lamentablemente la han politizado y hasta convocan en contra del endeudamiento. Odian a este Gobierno que es el que más redujo los números de femicidios y sin Ministerio de la Mujer”, se jactó ante Infobae un funcionario. “Está bien movilizar, pero no creo que sea grande. Hay un cambio de visión y está muy politizado el tema. Lamentablemente. Al final mataron a una nena. Es grave”, coincidió otra fuente judicial.
En Balcarce 50 buscan diferenciar el caso que adquirió una profunda visibilización mediática de la protesta que se celebrará este miércoles en la Plaza del Congreso a las 17 y cuya convocatoria prevén inferior a la de años anteriores. “Ni siquiera me acordaba que había marcha”, ironizó una fuente inobjetable de la administración libertaria. “Lo único que pido es que sea una manifestación pacífica”, pidió otra voz del Gabinete.
En las últimas horas, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió al caso de la adolescente asesinada al tiempo que informó una disminución en la tasa de lo que calificó como “homicidios de mujeres” respecto a 2024, pese a que de los 279 casos registrados en 2025, 200 fueron clasificados como femicidios. “El femicidio es un tipo (agravado) de homicidio”, argumentaron desde la cartera para justificar las palabras de la funcionaria.
Luego de que calificara de “espeluznante” el calvario que debió afrontar Agostina Vega, el periodista Eduardo Feinmann no dio margen a la interpretación: “¿Para ustedes es claramente un femicidio, no? Como para mí“, le preguntó a la ministra en una entrevista en A24. La funcionaria no dudó en coincidir, aunque minutos después habló de la necesidad de conocer la ”verdad completa”.
Los datos expresados por Monteoliva, que señaló que en 2024 la cantidad de asesinatos de mujeres fue de 312 casos, mientras que en 2023 había sido de 380, surgen del informe anual que publica la Corte Suprema. Sobre esa base, destacó la disminución registrada en los números tras calcular que en 2025 hubo una víctima directa cada 44 horas.
Más allá de la discusión estadística, el debate también planteó interrogantes respecto del lugar que ocupa actualmente la política de género dentro de la estructura estatal. Al respecto, Mariela Labozzetta, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, planteó que las variaciones deben estabilizarse en el tiempo para sacar conclusiones, y señaló que los 250 casos de 2023 “habían implicado un aumento significativo en relación con 2022 (226 casos) y 2021 (231 casos)”.
“Las políticas públicas para prevenir la violencia de género y la agenda comunicacional sostenida en esta temática son elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar las variaciones del fenómeno femicida. Al ser un fenómeno criminal tan profundamente arraigado en la sociedad, su variación sustancial producto de las intervenciones estatales puede tardar en verse reflejada en una baja sostenida. Por el contrario, la suspensión o deterioro en estas políticas puede ser un retroceso en la eliminación de esta violencia discriminatoria contra las mujeres”, precisó en su cuenta de X.
Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado por Alberto Fernández en 2019, perdió su carácter ministerial y parte de sus competencias fueron absorbidas por el Ministerio de Capital Humano. Posteriormente, tras su traspaso al Ministerio de Justicia, la estructura quedó reducida a la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género hasta que, finalmente, fue disuelta en 2024.
Pese a que gran parte de las áreas, programas y estructuras territoriales fueron eliminados o reducidos, algunas funciones vinculadas a la asistencia de víctimas permanecen dentro de la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques. Allí funciona la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, de la que depende la Dirección Nacional de Atención Integral a las Víctimas y Acceso a la Justicia, que apuesta a coordinar la atención de víctimas mediante mecanismos de seguimiento de casos, asistencia inmediata y acompañamiento territorial.
A su vez, bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos funcionan la Dirección Nacional de Protección y Asistencia y la Dirección de Protección e Igualdad, además de áreas para el acompañamiento y restitución de derechos de víctimas del delito de trata de personas. Actualmente, no exisnte estructurales equivalentes a las que impulsaban políticas específicas de género, diversidad y capacitación sobre el conjunto de la administración.
La convocatoria de este miércoles contrasta con la voluntad del Poder Ejecutivo de impulsar un proyecto de ley, diseñado por la senadora Carolina Losada, que busca endurecer las penas por los delitos de “falsa denuncia” y “falso testimonio”. Al respecto, un informe de Amnistía Internacional sostiene que las denuncias falsas “representan solo el 0,09% de más de 8 millones de causas analizadas (2023–2025)“, y refleja que el problema real está en la ausencia de denuncias: solo el 10% de las mujeres que sufren violencia sexual denuncia, y en casos de femicidio, apenas el 18% de las víctimas había denunciado previamente.
POLITICA
La Corte Suprema rechazó los planteos de una comunidad Mapuche y habilitó avanzar con desalojos en Villa La Angostura
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves los recursos presentados por la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao contra decisiones que ordenan el desalojo de una serie de predios ocupados en Villa La Angostura, pertenecientes a la Municipalidad local y a particulares.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se pronunciaron en dos expedientes distintos: en uno, el rechazo se fundó en incumplimientos formales que rigen la presentación de estos recursos; en el otro, se declaró inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La comunidad invocó la Ley 26.160 de emergencia territorial y el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena para suspender los procesos. Sin embargo, el máximo tribunal ya había establecido que esa no suspende de forma automática los desalojos ni habilita la violación de la propiedad privada de terceros.
Al respecto, la Corte subrayó que la suspensión no opera cuando la ocupación no cumple los requisitos legales o resulta irregular.
En el primer expediente, la Municipalidad de Villa La Angostura inició una acción contra “toda persona que ocupe y/o invoque y/o pretenda tener derechos” sobre el inmueble conocido como Parque Recreativo Municipal Lago Correntoso, reclamado por la comunidad.
En primera instancia se hizo lugar a la demanda: se condenó a restituir la posesión del lote y a reparar los daños. La cámara revocó esa sentencia y suspendió el proceso hasta que finalizara el relevamiento territorial dispuesto por la ley de 2006.
El municipio apeló y el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén hizo lugar al recurso, retomando los fundamentos de la sentencia originaria.
El tribunal provincial destacó que la ocupación se registra en el sector donde se ubican las bombas de agua que abastecen a toda la localidad y concluyó que la comunidad no ocupaba el predio en 2006, cuando se sancionó la norma de emergencia.
El recurso extraordinario federal presentado por la comunidad incumplió los requisitos formales establecidos por la acordada que regula estas presentaciones, lo que motivó el rechazo de la Corte.
En la segunda causa, la particular Ana María Bianchedi reclamó la restitución de un inmueble que la comunidad identifica como parte de sus tierras ancestrales.
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El Tribunal Superior de Justicia provincial rechazó los argumentos de los demandados al señalar que no habían demostrado ser ocupantes históricos de ese predio. Recordó, además, que uno de los integrantes de la comunidad había sido procesado por usurpación en 2011 y que la actora acreditó ser propietaria del lugar desde 1970.
Los abogados de la comunidad interpusieron el recurso correspondiente, pero la Corte Suprema lo declaró inadmisible.
Corte Suprema de Justicia, villa la angostura, Desalojo
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El nuevo nuncio apostólico inició su actividad con una misa en la Catedral y un mensaje del Papa
Con un mensaje del Papa a los argentinos, el nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, comenzó su actividad oficial en el país, al celebrar una misa en la Catedral metropolitana. Lo acompañaron las máximas autoridades de la Iglesia, en un clima de entusiasmo por la confirmación de la visita de León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre.
“Dios los ama y el papa León también los ama” fue el mensaje transmitido por el nuncio, quien también llamó a los argentinos a “no olvidar el sufrimiento provocado por las guerras que aún hoy afectan a distintas regiones del mundo, especialmente en Tierra Santa”. En la jornada se cumplían 81 años del bombardeo atómico contra Hiroshima, en la Segunda Guerra Mundial.
AL compartir un mensaje que el pontífice le confió en junio pasado, el nuncio dijo: “El papa León les asegura su cercanía espiritual y paternal, así como sus oraciones. Quiere que sepan que Dios los ama y desea mostrarles su perdón y su misericordia. El Santo Padre desea también que crezcan en la fe: fe en el amor y la misericordia de Dios, así como en su fe católica. Como testimonio de esta cercanía y deseo, el Papa León realizará una visita pastoral en Argentina en el mes de noviembre”.
“Levántense, no tengan miedo”, prosiguió Banach, al invitar a los presentes a vivir la fe con valentía y confianza en Dios. Presidió, así, la primera misa en público, luego de presentar el viernes pasado sus cartas credenciales al presidente Javier Milei como representante diplomático de la Santa Seder.
El representante pontificio fue recibido en la Catedral por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, quien lo acompañó hasta el retablo del Santísimo Sacramento para compartir un momento de adoración.
Luego, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, le dio la bienvenida en nombre de los obispos del país. “En usted recibimos el abrazo del Santo Padre. Lo recibimos como un hermano, un servidor y un testigo. Nos alegramos por este camino que iniciamos juntos”, expresó. También estuvieron el arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del Episcopado, cardenal Ángel Rossi, y el arzobispo emérito de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, entre otros obispos.
En primera fila siguió la celebración la vicepresidenta Victoria Villarruel. También estuvieron el vicepresidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el secretario de Culto y Civilización, Agustín Ezequiel Caulo; y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.
Expectativa en Luján
Mientras tanto, al margen de la celebración en la Catedral porteña, el arzobispo de Mercedes-Luján monseñor Jorge Scheinig, expresó su alegría por la confirmación de la visita del Papa, que incluirá una misa en la Basílica de Luján.
Scheinig anticipó que la visita de León XIV movilizará la fe de los argentinos y aseguró que el santuario de Nuestra Señora de Luján se prepara para recibir a miles de peregrinos con el deseo de que “todo el pueblo de Dios se sienta invitado” a participar del acontecimiento.
“Luján será el principal escenario del encuentro con los fieles. Estamos acostumbrados a grandes peregrinaciones y queremos que venga muchísima gente. Que todo el pueblo de Dios se sienta invitado”, afirmó el arzobispo, en declaraciones a Cadena 3 Rosario.
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Villarruel defendió su decisión ante el pedido de la senadora Sagasti: “Nada se ha hecho contra el reglamento”
Victoria Villarruel defendió este jueves la resolución que abría la posibilidad de autorizar a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y al senador Flavio Fama a participar de forma remota en la sesión convocada para tratar la ley de propiedad privada, medida que ella misma firmó ad referendum del cuerpo. La vicepresidenta y titular del Senado salió al cruce de las críticas a través de un tuit en el que subrayó que su decisión no contradice las instituciones ni el reglamento de la Cámara alta.
La polémica se desató luego de que Villarruel firmara el Decreto de Presidencia (DPP) 66/2026, que habilitó a Fernández Sagasti a votar con voz y voto desde Mendoza, donde permanece en reposo por indicación médica debido a un embarazo de más de 32 semanas. La legisladora descartó solicitar una licencia por maternidad y explicó que su única limitación es la distancia: “Lo que no puedo hacer es recorrer largas distancias”, sostuvo.
El decreto fue emitido ad referéndum del pleno del Senado, lo que significa que la decisión definitiva no recaía en la vicepresidenta sino en el propio recinto, que debía ratificarlo al inicio de la sesión por mayoría simple. Finalmente, a instancias de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y con apoyo del peronismo, la autorización pasó a comisiones. En los hechos, ni Sagasti ni Fama podrán votar.
Ese detalle que Villarruel dejó asentado en el texto de la norma, es el que el abogado Diego Armestó retomó públicamente para aclarar el alcance jurídico de la medida.
Armestó precisó en su tuit que el DPP 66/2026 “no modifica el Reglamento del Senado” y que se trata de “una decisión de carácter individual, excepcional y transitorio” que no instaura un régimen general ni constituye un precedente de aplicación automática. El letrado fundamentó la validez de la autorización en dos pilares: el artículo 30 del Reglamento, que a su criterio no veta la modalidad remota, y el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a cada Cámara a dictar e interpretar su propio reglamento, respaldado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Fernández de Kirchner” de 2020.
Fue a partir de esa aclaración que Villarruel tomó la palabra. “Gracias Dr. Armesto por aclarar una decisión donde la Presidencia del Senado solamente ha trasladado a los senadores la resolución de este tema”, escribió la vicepresidenta, y remató: “Nada se ha hecho que contradiga a las instituciones y al Reglamento del Senado”.
El propio decreto detalla con precisión los límites de la autorización. Según el artículo primero, Fernández Sagasti podrá participar de manera remota “mientras subsista la restricción médica acreditada mediante el certificado obrante en el expediente respectivo, o hasta el inicio de la licencia por maternidad legalmente prevista, lo que ocurra primero”. El artículo cuarto establece que su participación virtual se computará a los fines del quórum y de las votaciones en igual forma que la presencial. El quinto, a su vez, reitera que la autorización “tiene carácter individual, excepcional y transitorio, y no importa modificación del Reglamento”.
En cuanto al lugar desde donde la senadora mendocina podría conectarse, el decreto contempla que la participación se realice “preferentemente” desde la sede de la Legislatura provincial, aunque aclara que ese ámbito no es condición de validez: Fernández Sagasti podrá hacerlo desde cualquier lugar que garantice las condiciones técnicas necesarias.
Pese a los argumentos jurídicos esgrimidos, la medida abrió un flanco de debate entre las fuerzas políticas. Bullrich expresó sin matices su rechazo a la posibilidad de avalar la concesión a Sagasti. Finalmente, en el inicio de la sesión de este jueves mocionó que su pedido y el de Fama pasen a comisiones, lo que fue aprobado por todos los senadores. En los hechos, la sesión transcurrirá y ni Sagasti ni Fama podrán participar.
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