POLITICA
Ni Una Menos: el Gobierno cuestiona la “politización” de la marcha y le baja el precio a la convocatoria


Cuatro días después del femicidio de Agostina Vega, la joven de 14 años que fue asesinada y desmembrada en la provincia de Córdoba, el colectivo Ni Una Menos volverá a las calles a protestar y reclamar por la violencia que sufren mujeres y personas trans por razones de género. En la previa a una nueva convocatoria, en el Gobierno cuestionan la “politización” de la movilización y, aunque reconocen la gravedad del caso, vaticinan que no se traducirá en una concrentración masiva.
“Hubo marchas de otros años con muchísima gente, no sé si va a haber más este año. No lo veo muy probable. Más cuando lamentablemente la han politizado y hasta convocan en contra del endeudamiento. Odian a este Gobierno que es el que más redujo los números de femicidios y sin Ministerio de la Mujer”, se jactó ante Infobae un funcionario. “Está bien movilizar, pero no creo que sea grande. Hay un cambio de visión y está muy politizado el tema. Lamentablemente. Al final mataron a una nena. Es grave”, coincidió otra fuente judicial.
En Balcarce 50 buscan diferenciar el caso que adquirió una profunda visibilización mediática de la protesta que se celebrará este miércoles en la Plaza del Congreso a las 17 y cuya convocatoria prevén inferior a la de años anteriores. “Ni siquiera me acordaba que había marcha”, ironizó una fuente inobjetable de la administración libertaria. “Lo único que pido es que sea una manifestación pacífica”, pidió otra voz del Gabinete.
En las últimas horas, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió al caso de la adolescente asesinada al tiempo que informó una disminución en la tasa de lo que calificó como “homicidios de mujeres” respecto a 2024, pese a que de los 279 casos registrados en 2025, 200 fueron clasificados como femicidios. “El femicidio es un tipo (agravado) de homicidio”, argumentaron desde la cartera para justificar las palabras de la funcionaria.
Luego de que calificara de “espeluznante” el calvario que debió afrontar Agostina Vega, el periodista Eduardo Feinmann no dio margen a la interpretación: “¿Para ustedes es claramente un femicidio, no? Como para mí“, le preguntó a la ministra en una entrevista en A24. La funcionaria no dudó en coincidir, aunque minutos después habló de la necesidad de conocer la ”verdad completa”.
Los datos expresados por Monteoliva, que señaló que en 2024 la cantidad de asesinatos de mujeres fue de 312 casos, mientras que en 2023 había sido de 380, surgen del informe anual que publica la Corte Suprema. Sobre esa base, destacó la disminución registrada en los números tras calcular que en 2025 hubo una víctima directa cada 44 horas.
Más allá de la discusión estadística, el debate también planteó interrogantes respecto del lugar que ocupa actualmente la política de género dentro de la estructura estatal. Al respecto, Mariela Labozzetta, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, planteó que las variaciones deben estabilizarse en el tiempo para sacar conclusiones, y señaló que los 250 casos de 2023 “habían implicado un aumento significativo en relación con 2022 (226 casos) y 2021 (231 casos)”.
“Las políticas públicas para prevenir la violencia de género y la agenda comunicacional sostenida en esta temática son elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar las variaciones del fenómeno femicida. Al ser un fenómeno criminal tan profundamente arraigado en la sociedad, su variación sustancial producto de las intervenciones estatales puede tardar en verse reflejada en una baja sostenida. Por el contrario, la suspensión o deterioro en estas políticas puede ser un retroceso en la eliminación de esta violencia discriminatoria contra las mujeres”, precisó en su cuenta de X.

Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado por Alberto Fernández en 2019, perdió su carácter ministerial y parte de sus competencias fueron absorbidas por el Ministerio de Capital Humano. Posteriormente, tras su traspaso al Ministerio de Justicia, la estructura quedó reducida a la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género hasta que, finalmente, fue disuelta en 2024.
Pese a que gran parte de las áreas, programas y estructuras territoriales fueron eliminados o reducidos, algunas funciones vinculadas a la asistencia de víctimas permanecen dentro de la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques. Allí funciona la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, de la que depende la Dirección Nacional de Atención Integral a las Víctimas y Acceso a la Justicia, que apuesta a coordinar la atención de víctimas mediante mecanismos de seguimiento de casos, asistencia inmediata y acompañamiento territorial.
A su vez, bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos funcionan la Dirección Nacional de Protección y Asistencia y la Dirección de Protección e Igualdad, además de áreas para el acompañamiento y restitución de derechos de víctimas del delito de trata de personas. Actualmente, no exisnte estructurales equivalentes a las que impulsaban políticas específicas de género, diversidad y capacitación sobre el conjunto de la administración.
La convocatoria de este miércoles contrasta con la voluntad del Poder Ejecutivo de impulsar un proyecto de ley, diseñado por la senadora Carolina Losada, que busca endurecer las penas por los delitos de “falsa denuncia” y “falso testimonio”. Al respecto, un informe de Amnistía Internacional sostiene que las denuncias falsas “representan solo el 0,09% de más de 8 millones de causas analizadas (2023–2025)“, y refleja que el problema real está en la ausencia de denuncias: solo el 10% de las mujeres que sufren violencia sexual denuncia, y en casos de femicidio, apenas el 18% de las víctimas había denunciado previamente.
POLITICA
Un alto funcionario de la diplomacia de EE.UU. llegará a la Argentina con la seguridad y el programa de visas como temas centrales

En un nuevo gesto de la buena relación entre la Argentina y Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump enviará al país a dos de sus principales funcionarios en materia de política exterior.
Christopher Landau, subsecretario de Estado y número dos de Marco Rubio, llegará a Buenos Aires el 21 de octubre junto con Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
El viaje se concretará antes de la visita oficial del vicepresidente estadounidense, JD Vance, prevista para noviembre. Parte de la agenda de Landau y Segura estará destinada a afinar y cerrar los últimos detalles de las actividades que Vance realizará en la Argentina.
Landau es quien monitorea y sigue al detalle la aplicación de las políticas impulsadas por la Casa Blanca y coordinadas con Rubio. Su llegada representa la visita de más alto nivel de la diplomacia estadounidense desde el regreso de Trump a la presidencia.
POLITICA
En medio de la tensión por Malvinas, Argentina busca liderar la logística antártica regional mientras avanza el proyecto portuario de las islas

La 37ª Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) volvió a realizarse Tierra del Fuego después de 30 años: entre el 5 y el 8 de octubre, Ushuaia recibió a los responsables de los seis programas antárticos de América Latina.
El encuentro se produjo en un momento de tensión diplomática abierta por Malvinas. El 22 de septiembre, la Cancillería argentina presentó una protesta formal ante el Reino Unido por la extensión de licencias hidrocarburíferas en las aguas que rodean las islas. En paralelo, la administración británica avanza en el fortalecimiento de su infraestructura portuaria: el proyecto para reemplazar la terminal actual de Puerto Argentino apunta a ampliar la capacidad para recibir buques de gran porte y posicionarlo como un punto de acceso alternativo al continente antártico.
Frente a ese proceso, el gobierno argentino anunció una ampliación de recursos para la Base Naval Integrada de Ushuaia, con el objetivo explícito de consolidar al país como polo logístico de referencia en la región. La ciudad ya figura entre las cinco puertas de entrada reconocidas internacionalmente a la Antártida, junto con Punta Arenas, Ciudad del Cabo, Hobart y Christchurch, y se encuentra a unos 1.000 kilómetros de la península antártica.

Según un análisis de competitividad elaborado por FINNOVA, la fundación que impulsó la candidatura de Ushuaia como sede de la RAPAL, esa ubicación puede implicar un ahorro de al menos dos días de navegación respecto de otras alternativas, según cada operación. Esa ventaja posiciona a la ciudad en la disputa por captar servicios de abastecimiento, transporte de personal y apoyo a campañas científicas.
Participaron del encuentro delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay —los seis miembros plenos del foro—, con Colombia y Venezuela presentes como observadores. La agenda abarcó la coordinación de campañas antárticas, el aprovechamiento conjunto de capacidades logísticas y el impulso a proyectos científicos de alcance regional.

“La RAPAL tiene el objetivo de fortalecer la posición de Latinoamérica en el marco del Sistema del Tratado Antártico”, señaló Fernando Chiesa, cofundador de FINNOVA, que estuvo a cargo de la organización local del evento en articulación con la Cancillería, la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y el Instituto Antártico Argentino (IAA).
Proyecto para estudiar microplásticos en la Antártida
Entre las iniciativas concretas que se debatieron figura un programa latinoamericano para detectar la presencia de microplásticos en el continente antártico, coordinado por Argentina. El proyecto busca armonizar los métodos de muestreo y análisis que aplica cada país con base en protocolos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
La logística regional también concentró parte de las discusiones. El sector privado ya registra presencia en la actividad antártica argentina: en febrero de este año se concretó el primer vuelo civil desde Ushuaia hacia la reconstruida Base Petrel, a bordo de un King Air B200 y con apoyo del Comando Conjunto Antártico. FINNOVA impulsó además PolarUsh, el Clúster Polar Ushuaia, con el fin de articular empresas e instituciones capaces de brindar servicios a los distintos programas antárticos de la región.
El 7 de octubre se realizó, en paralelo a la RAPAL, un Foro de Ciencia, Logística e Innovación Antártica orientado a vincular las necesidades de los programas nacionales con las capacidades de investigadores, instituciones académicas y empresas privadas. La discusión de fondo fue cómo convertir la proximidad geográfica de Argentina, su infraestructura y sus capacidades científicas en una mayor participación en las operaciones hacia la Antártida, en un momento en que el continente blanco y el Atlántico Sur vuelven a ocupar un lugar central en la agenda geopolítica de la región.
Representantes de FINNOVA en Ushuahia – Reunión de (RAPAL) en Ushuaia
POLITICA
Río Negro: el intendente libertario suspendido por peculado y administración fraudulenta deberá enfrentar un referéndum

El intendente de Allen, Marcelo Román, quedó más cerca de tener que someter su continuidad a una votación popular. La iniciativa para revocar su mandato superó las 4579 firmas y ahora el Concejo Deliberante deberá formalizar el avance del proceso y definir la fecha del referéndum.
En paralelo, el jefe comunal enfrenta una investigación judicial por presunto peculado y administración fraudulenta, una causa por la que ya había sido suspendido preventivamente. La situación de Román puede terminar con su salida de la intendencia por dos vías diferentes.
Por un lado, los vecinos deberán decidir en el referéndum si continúa o deja el cargo, una vez que el Concejo complete los pasos previstos por la normativa municipal. Por otro, la Carta Orgánica establece que una condena firme en la causa penal derivaría en su destitución, mientras que una absolución le permitiría recuperar el cargo en caso de que siguiera suspendido.
La recolección de adhesiones comenzó formalmente el 10 de septiembre, cuando el Concejo Deliberante habilitó cinco libros para que los vecinos pudieran respaldar el pedido. El requisito establecido por la Carta Orgánica representa el 20% del padrón de 2023.
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