El oficialismo buscará avanzar hoy en el Senado con una parte de su agenda legislativa y dejar atrás una semana de turbulencia política marcada por la decisión de Javier Milei de vetar la designación de una aspirante a jueza por su vínculo familiar con un periodista que lo investigó.

La sesión comenzó con la presencia de casi todo el arco político, menos el peronismo, y presidida por Bartolomé Abdala ante la ausencia de Victoria Villarruel. La vicepresidenta, señalaron en su equipo, se ausentó al inicio por cuestiones de salud.

El temario contempla 73 acuerdos judiciales, el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago de US$171 millones a dos fondos buitres tenedores de bonos de deuda argentina.

No se debatirá, en cambio, el tratamiento del caso de María Verónica Michelli, la candidata a jueza de un tribunal oral de La Plata vetada por Milei por ser la cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon, que investigó el caso $LIBRA.

Tras la decisión de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, de tomar distancia de la postura presidencial y anticipar que no acompañará el pedido de retiro del pliego, el Gobierno optó por postergar esa discusión para la próxima semana.

Aun así, la controversia podría volver a colarse en el recinto. Aunque este miércoles solo se dará ingreso formal a la solicitud enviada por el Presidente para retirar la nominación, varios senadores ya anticipan que el tema seguirá generando tensión política.

La candidatura de Michelli había obtenido el respaldo de nueve de los 17 integrantes de la Comisión de Acuerdos, una mayoría conformada por legisladores de bloques habitualmente cercanos a La Libertad Avanza. Muchos de ellos rechazan ahora la posibilidad de revertir una decisión que ya habían convalidado con su firma.

Por eso, en el Senado no descartan avanzar la próxima semana directamente con el tratamiento del pliego, sin necesidad de discutir previamente el pedido de retiro impulsado por el Ejecutivo. Si la candidata lograra reunir los votos necesarios para obtener el acuerdo de la Cámara alta, la definición volvería a quedar en manos de Milei, que debería decidir si firma o no el decreto que complete su designación.

El temario

En la reunión de labor parlamentaria se acordaron tratar 50 pliegos judiciales, pero el listado final ascendió a 73, entre los que se encuentra el de María Cristina Juan -esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa $LIBRA- para el cargo de Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. También el de Emilio Rosatti, hijo del supremo Horacio Rosatti, para integrar el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

No figuran en el listado Juan Pedro Galván Greenway ni Alejandro Catania, aspirantes a integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, que deben resolver sobre la investigación que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

En la sesión también se discutirá la ratificación del acuerdo con los fondos Bainbridge y Attestor, que litigaron contra la Argentina. Contempla un pago total de US$171 millones, con una quita superior al 30% sobre la deuda reclamada. A cambio, el país evitaría medidas de embargo sobre activos públicos -como acciones de YPF- y pondría fin a los procesos de búsqueda de bienes (“Discovery”) para cobrar esas deudas.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, en tanto, es impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, e introduce una serie de modificaciones en la legislación vigente sobre manejo del fuego, alquileres y venta de tierras a extranjeros.

Además de estas iniciativas, se incluyeron dos proyectos de ley más. Uno dispone la creación de una nueva sala, de tres jueces, en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. El segundo, establece la reestructuración de la Cámara Federal de Apelaciones de San Miguel de Tucumán, ordenando a sus cinco integrantes en dos salas de dos jueces con un presidente que participa en los acuerdos en casos de empate.

Desde Ginebra, Suiza, las centrales sindicales argentinas se unieron para denunciar al Gobierno en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas del que por primera vez en 25 años el Estado argentino no envió representantes de rango desde Buenos Aires.

Jorge Sola, integrante del triunvirato de mando de la CGT, expuso ayer en representación de las tres centrales obreras y denunció “graves incumplimientos a las normas internacionales del trabajo” por parte de la gestión de Javier Milei. “Lo que hoy traemos a examen no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno Nacional está demoliendo desde diciembre de 2023″, planteó Sola.

A los dirigentes les hubiera gustado que Julio Cordero, secretario de Trabajo de la gestión libertaria, los escuchara, pero el funcionario no viajó. Cordero fue un histórico de los encuentros en Ginebra: durante décadas asistía como representante del sector empresario o del Grupo Techint. Esta vez, ni siquiera expuso de manera virtual cuando al Gobierno le tocó brindar su exposición. La voz oficial recayó en Carlos Foradori, representante permanente de la Argentina en los organismos internacionales.

El discurso de uno de los jefes de la CGT coincidió con la reglamentación de la denominada ley de modernización laboral, objetada por el sindicalismo en la Justicia. “Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señaló la central obrera en un comunicado, en el que consideró que “resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad”.

“Entre excesos reglamentarios y violaciones a la Constitución nacional, el Poder Ejecutivo vulnera nuevamente el convenio 150 atacando la libertad sindical y derechos individuales y colectivos. Sumándose a ello la aplicación de sumarios administrativos, multas millonarias, como los casos de los gremios de La Fraternidad y UTA por ejercer el legítimo derecho de huelga convocada por las centrales sindicales. Se suma a ello el caso del gremio metalúrgico de la UOM, que fue intervenido. Otro ejemplo claro de las violaciones del Gobierno argentino”, denunció Sola en Ginebra.

Y agregó: “En la ausencia de control estatal promovidapor el gobierno se plasma la aniquilación de los derechos laborales que el desmantelamiento de la administración del trabajo por parte del Estado argentino se manifiesta en el desguace de organismos estratégicos. Desde el 2023 y hasta febrero de 2026 en la Administración Pública Nacional centralizada se produjo una reducción del 29 % de la planta de trabajadores del Estado. Sin embargo, cuando se analiza los organismos específicos en donde se produjeron las mayores afectaciones, según los propios datos oficiales, recae sobre las dependencias que deben evitar la destrucción del sistema de relaciones laborales y de los derechos sociales.

En representación de la CTA de los Trabajadores estuvo Roberto Baradel y denunció el deterioro de la institucionalidad laboral y afirmó que “cuando un país reduce sus estructuras de inspección, debilita su autoridad laboral, elimina espacios de diálogo social, restringe la negociación colectiva y limita el derecho de huelga, no estamos frente a una simple reorganización administrativa, sino frente a un proceso de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a garantizar el trabajo decente y los derechos fundamentales de los trabajadores”.

Amenaza de otra huelga

En Buenos Aires, mientras tanto, diferentes sectores de la CGT y de las dos CTA no descartan avanzar hacia un nuevo paro general en rechazo de la reforma laboral.

“Esta reforma no generó ni un solo puesto de trabajo No se descarta un paro general. Vamos a defender los derechos adquiridos más allá de que vengan con una ley retrógrada. Si el gobierno no acata la ley de financiamiento universitario, por qué nosotros tenemos que aceptar una ley que tiene una carga negativa en la vida de los trabajadores”, dijo hoy Cristián Jerónimo, otro de los jefes de la CGT, en declaraciones a Futurock.

En caso de avanzar con una huelga, será la quinta de la CGT contra la gestión libertaria. La primera fue el 24 de enero de 2024, con Milei poco más de un mes en el poder.