El expresidente de ARSAT Facundo Leal fue citado a declaración indagatoria en una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción vinculadas a contrataciones realizadas dentro de la empresa estatal. La decisión fue tomada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien también convocó a otros acusados para que presten declaración a partir de fines de junio.

La investigación apunta a posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude contra la administración pública. En paralelo, la Justicia avanza sobre el análisis del patrimonio de Leal luego del hallazgo de 2,4 millones de dólares en efectivo durante allanamientos realizados en propiedades vinculadas al exfuncionario.

Según fuentes judiciales, el magistrado ordenó una serie de medidas para reconstruir el origen de los fondos encontrados. Entre ellas, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los imputados, requirió información al Banco Central y solicitó las declaraciones juradas correspondientes a la Oficina Anticorrupción.

Además, todos los citados a indagatoria quedaron sujetos a una prohibición de salida del país y a medidas cautelares sobre sus bienes, incluyendo inmuebles que fueron allanados durante la investigación.

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Por otra parte, Leal continuará detenido luego de que fuera procesado con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La resolución está vinculada a la droga secuestrada durante un procedimiento realizado en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Durante su declaración, el exfuncionario sostuvo que las sustancias eran para consumo personal y presentó argumentos respaldados por un informe médico que acreditaría su adicción. Sin embargo, el juez consideró que las cantidades halladas excedían ese supuesto y resolvió avanzar con el procesamiento.

La causa por drogas fue remitida a los tribunales federales de Comodoro Py, al entender que los hechos investigados ocurrieron dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

En los allanamientos realizados a fines de mayo, los investigadores encontraron más de 2,4 millones de dólares en efectivo, dinero en distintas monedas extranjeras y diversas sustancias estupefacientes, entre ellas ketamina, MDMA, cocaína y un vapeador con cannabis. También se secuestraron elementos vinculados al consumo de drogas.

Otro de los puntos que generó atención durante la investigación fue el hallazgo de equipamiento tecnológico que inicialmente despertó sospechas sobre posibles tareas de espionaje. Sin embargo, un peritaje realizado por especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal concluyó que los dispositivos no fueron utilizados para actividades de inteligencia ilegal y que no contenían información relevante para otras causas judiciales.

La causa principal por presunta corrupción se originó a partir de una investigación sobre un robo ocurrido en instalaciones utilizadas por ARSAT. Durante las actuaciones, la Justicia detectó posibles irregularidades en la contratación de una empresa de logística encargada de almacenar equipamiento para un proyecto de la compañía estatal.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la firma habría obtenido contratos mediante mecanismos que habrían evitado procesos licitatorios formales. La pesquisa también analiza si existieron pagos indebidos a funcionarios para facilitar esas contrataciones.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran conversaciones extraídas de teléfonos celulares secuestrados a exdirectivos y responsables de compras de ARSAT, que para los investigadores podrían aportar elementos sobre el funcionamiento de la presunta maniobra.

En paralelo, Leal quedó involucrado en otra investigación judicial vinculada a su paso por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). El fiscal federal Ramiro González impulsó una pesquisa preliminar tras una denuncia que sostiene que podrían haberse cometido hechos de corrupción relacionados con adjudicaciones de obras y contratos.

La presentación judicial también alcanzó a otros funcionarios que ocuparon cargos dentro del organismo. Como primeras medidas de prueba, la Fiscalía solicitó informes patrimoniales, documentación administrativa y antecedentes de contrataciones realizadas durante la gestión investigada.

Además, se requirió información a distintos organismos de control para determinar si existen denuncias previas o irregularidades detectadas en las adjudicaciones bajo análisis.

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