Las alianzas de La Libertad Avanza muestran fisuras en una semana clave en la que el oficialismo planea enviar al Congreso los proyectos para reforzar el reclamo soberano de Malvinas y el Presupuesto 2027.

En menos de 24 horas, el Gobierno de Javier Milei enfrentó dos derrotas parlamentarias que expusieron el debilitamiento de sus alianzas legislativas, justo cuando la Casa Rosada intentaba concentrar la agenda pública en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

En Diputados, la oposición recuperó el control de la agenda para avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad y el alivio a familias endeudadas, mientras que en el Senado la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debió dar de baja una sesión prevista para tratar un proyecto de biocombustibles de su propia autoría por falta de votos. La disputa entre las provincias hizo imposible que se pueda avanzar.

Un quórum de aliados

La Casa Rosada intentó hasta último momento frenar la sesión en la que se fijó fecha para dictaminar la prórroga de la emergencia en discapacidad —que Milei vetó, quiso derogar y judicializó— y los proyectos de alivio para deudores morosos.

Sin embargo, diputados que responden a gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) bajaron al recinto y garantizaron un quórum de 135 legisladores, muy por encima de los 129 necesarios.

Los bloques libertarios evitaron mostrarse como obstructores pese al posicionamiento público del Presidente sobre ambos temas.

Acompañaron las mociones opositoras para poner un plazo a los dictámenes, entre ellas la impulsada por el diputado Juan Marino, de extracción peronista, por la Emergencia en Discapacidad. No solo eso: luego de votar en contra de la Emergencia el año pasado y de que el Presidente la vetara, cerrara la ANDIS e intentara sacarla del Presupuesto 2026, ahora aseguran que están preparando un nuevo proyecto con la finalidad de no extender la emergencia.

En este punto, diputados de LLA se reunieron con Legal y Técnica y el Ministerio de Economía con el fin de hacer una nueva ley “que dé garantías de cumplimiento de pago y compensaciones pero sin emergencia”. El punto que no resuelve es la forma en la que se paga la deuda.

En lo que tiene que ver con morosidad, la situación fue similar. Sabiendo que perdía, el bloque de La Libertad Avanza dio un giro de 180 grados y terminó respaldando el debate de un proyecto que el propio Milei calificó como “un asunto entre privados”, en referencia al endeudamiento de las familias.

En este caso también están trabajando en un proyecto propio pero que no resuelve el estado de situación de los más de 6 millones de personas con deudas, sino que plantea la obligatoriedad de brindar más información de parte de las entidades financieras tradicionales y no tradicionales. Es decir, el que tiene el problema lo seguirá teniendo y el Gobierno no va a hacer nada por regular las tasas, solo pedirá “que se informen bien”.

Sin embargo, esa vuelta en el aire que hicieron los libertarios que pasaron de negar cualquier tipo de crisis y de acción del gobierno a votar junto al kirchnerismo podría tener un costo.

Legisladores de la Unión Cívica Radical, que conduce Pamela Verasay, y del PRO sostuvieron el argumento de no dar quórum en sesiones convocadas por el kirchnerismo, y se mostraron molestos con el accionar libertario.

Un Senado complejo

En paralelo, el Senado vivió su propio traspié. Bullrich dio de baja de manera intempestiva la sesión prevista para este jueves, en la que buscaba media sanción para la ley de biocombustibles, una iniciativa de su autoría que incorporaba propuestas de legisladores de Córdoba, Jujuy, Salta y Tucumán. El proyecto no contaba con el aval de los radicales ni con el acompañamiento garantizado de los senadores misioneros ni los santafesinos, a lo que se sumaron objeciones de libertarios.

El punto de conflicto fue la negativa de la Secretaría de Energía a incluir una salvaguarda para pequeñas y medianas empresas que no están integradas en una cadena productiva y no dependen del cupo de biocombustibles para subsistir.

La caída de la sesión expuso las mismas tensiones que ya frenaron otras iniciativas en la Cámara alta, como la Zona Fría, el Súper RIGI, los cambios a la ley de Salud Mental, la reforma política y la denominada ley Hojarasca.

Pese a las derrotas, el oficialismo consiguió dos avances en el Senado: los plenarios de comisiones dejaron dictaminados los proyectos de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, esta última considerada la principal apuesta de Milei para reducir la inflación. Bullrich apunta a llevar ambas iniciativas al recinto la semana próxima.

Sin embargo, en las últimas horas creció la controversia respecto del destino de 13 toneladas de oro que salieron del Banco Central. El presidente del BCRA asegura que están en un banco en Suiza y que los balances 2023, 2024 y 2025 y los movimientos fueron auditados por la Auditoría General de la Nación.

Sin embargo, el peronismo asegura tener información que señala que el oro está en el Banco de Inglaterra y no en Suiza. Además, la AGN emitió un comunicado señalando que lo que dijo Bausili no es cierto y que la auditoría 2025 no fue realizada.

El escenario contrasta con la etapa que siguió al triunfo libertario en las elecciones de medio término de octubre pasado, cuando el oficialismo logró sancionar la reforma laboral y modificaciones a la ley de Glaciares con relativa fluidez. La primera señal de cambio se dio con la ley de Propiedad Privada impulsada por Sturzenegger, en la que La Libertad Avanza debió resignar capítulos sustanciales, entre ellos las modificaciones a la ley de Tierras.

Malvinas y el Presupuesto 2027

La disputa parlamentaria se produjo apenas días después de que Milei apostara por la causa Malvinas para reposicionar la agenda pública, con el anuncio de un endurecimiento de sanciones a empresas por explotación petrolera en la Plataforma Continental Argentina. El Gobierno creó además un sistema de coordinación de política exterior bajo la órbita de la Cancillería, e incorporó a los funcionarios Pablo Quirno y Carlos Presti a la mesa política para avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El Congreso recibirá la semana próxima dos iniciativas que funcionarán como termómetro de la solidez de las alianzas oficialistas: el paquete de leyes vinculado a Malvinas y el Presupuesto 2027, cuyo texto el oficialismo aspira a presentar el 15 de septiembre.

El Gobierno celebró las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre Malvinas y evalúa la posibilidad de avanzar con alguna modalidad de participación de Estados Unidos en la disputa con el Reino Unido.

En la Casa Rosada consideran que el pronunciamiento del mandatario norteamericano fortalece la estrategia que Javier Milei puso en marcha durante las últimas semanas. “Es importante”, aseguran en Nación sobre el ofrecimiento.

Ante la posibilidad de aceptar formalmente una mediación estadounidense, sin embargo, en el Ejecutivo aclaran que todavía no hay una definición sobre el mecanismo que podría utilizarse ni sobre los pasos diplomáticos que seguiría la Argentina.

Trump volvió a referirse a las Malvinas este sábado durante una visita a Irlanda. El presidente estadounidense sostuvo que Argentina y el Reino Unido atraviesan una disputa que podría convertirse en un “desastre potencial” y afirmó que, si termina involucrado, cree que estaría en condiciones de ayudar a resolverla.

La lectura política de la Casa Rosada es favorable. “Todo lo que sea tema Malvinas nos sirve”, resumen en el Gobierno. En Nación consideran que las declaraciones ayudaron a mantener el reclamo en la agenda internacional y remarcan que la intención de Milei es profundizar la ofensiva diplomática, económica y legislativa iniciada a comienzos de septiembre.

En el Ejecutivo sostienen además que los sucesivos pronunciamientos de Trump no son hechos aislados. Aseguran que la Argentina mantiene desde hace meses conversaciones con funcionarios y referentes de la administración estadounidense sobre Malvinas y que las señales públicas del presidente republicano son leídas como consecuencia de ese trabajo previo.

“Lo que viene sucediendo no es casualidad”, expresan en ámbitos oficiales. La Casa Rosada ubica esos contactos dentro del alineamiento estratégico con Washington y destaca que Estados Unidos es actualmente uno de sus principales aliados en materia diplomática, económica, tecnológica, militar y de seguridad.

La diferencia con las declaraciones anteriores es que Trump avanzó ahora sobre su eventual participación directa en una salida diplomática. Hasta el momento, Washington había dado señales políticas favorables a revisar aspectos de su posición histórica, pero no se había instalado con tanta claridad la posibilidad de que el mandatario norteamericano interviniera personalmente.

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La Casa Rosada evita por eso anticipar si pedirá formalmente una mediación. La posición argentina sigue siendo que Buenos Aires y Londres deben retomar negociaciones por la soberanía, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas, y cualquier participación estadounidense deberá ser analizada en función de ese objetivo.

El tema tendrá una instancia política relevante durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Milei y Trump tienen previsto volver a encontrarse en ese marco, donde Malvinas quedará atravesada por una agenda bilateral más amplia entre ambos gobiernos.

Para el Ejecutivo, ese contacto permitirá medir hasta dónde está dispuesto a avanzar Washington. La Casa Rosada quiere saber si el ofrecimiento de Trump puede traducirse en una acción diplomática concreta o si permanecerá, por ahora, como una señal política destinada a alentar el diálogo entre la Argentina y el Reino Unido.

La estrategia argentina excede de todos modos una eventual mediación. Milei decidió llevar nuevamente el reclamo a la Asamblea General de la ONU, suspendió el viaje que evaluaba realizar a Londres y puso en marcha un paquete de medidas para elevar el costo de las actividades económicas desarrolladas en las islas sin autorización nacional.

El Gobierno enviará además al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones vigentes y ampliar su alcance. La Casa Rosada estudia extenderlas más allá de los hidrocarburos hacia pesca, minería, ganadería, agricultura, turismo y otras actividades productivas vinculadas con las islas.

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En paralelo, el Ejecutivo reforzó su despliegue en Tierra del Fuego. La estrategia contempla acelerar la Base Naval Integrada de Ushuaia, desarrollar un sistema permanente de vigilancia del Atlántico Sur con radares, telecomunicaciones e inteligencia de señales y fortalecer las capacidades logísticas vinculadas con la Antártida.

El vínculo con Estados Unidos atraviesa varios de esos capítulos. El Gobierno busca profundizar la cooperación con Washington en Defensa, infraestructura estratégica, tecnología y seguridad, mientras avanza además con requisitos para proveedores de infraestructura crítica y otras herramientas que acercan la política argentina a las prioridades de la administración Trump.

La definición pendiente es si ese alineamiento dará ahora un paso adicional en la cuestión Malvinas. La Casa Rosada considera que el ofrecimiento de Trump es una señal favorable y analiza sus alcances, pero todavía no resolvió aceptar formalmente una mediación. El próximo encuentro entre Milei y el presidente estadounidense en Naciones Unidas aparece como una de las primeras oportunidades para avanzar sobre esa posibilidad.

Gobierno, Donald Trump, Islas Malvinas

Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, fue trasladado durante la madrugada del viernes a la Unidad Penal N°9 – Granja Penal “El Potrero, de Gualeguaychú, para cumplir su condena por administración fraudulenta.

El exmandatario provincial fue trasladado desde la UPP1 de Paraná junto al exministro Pedro Báez y su cuñado Juan Pablo Aguilera, también condenados por el mismo hecho de corrupción. El operativo comenzó cerca de las 4:30 y concluyó alrededor de las 8:20, cuando ingresaron al penal de Gualeguaychú bajo custodia del Servicio Penitenciario provincial.

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná lo había condenado a Urribarri en abril de 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Lo declaró culpable de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Había sido detenido previamente en su domicilio de Concordia y alojado de manera transitoria en la cárcel de la capital entrerriana.

El esquema de penal granja

La llegada de los tres condenados se enmarca en un establecimiento que combina un régimen de seguridad con tareas agropecuarias, talleres de oficios y producción de alimentos.

La Unidad Penal 9 está ubicada sobre la ruta nacional 136, a la altura del kilómetro 26,5, y tiene capacidad para unos 500 reclusos. Dispone de diez pabellones para varones y uno para mujeres. Los internos son distribuidos según el tipo de causa que enfrentan y el régimen se apoya en la reinserción social mediante el trabajo.

La actividad agropecuaria es uno de los rasgos centrales de El Potrero. En el predio se crían cerdos, ovejas y gallinas, mientras que los detenidos participan en la faena, la producción de alimentos y el mantenimiento de la granja. La unidad cuenta además con una sala de faena de ovinos y una panadería que abastece de comida al penal, y ofrece tareas de albañilería, carpintería, tapicería y costura como parte de la capacitación laboral.

Uno de los proyectos desarrollados dentro de la cárcel es un taller de confección artesanal de pelotas de fútbol instalado en la biblioteca. La iniciativa surgió a partir de los conocimientos de un interno y luego se extendió a otros establecimientos penitenciarios de la provincia.

Además, durante el último año, la Unidad Penal 9 incorporó un Centro Operativo de Monitoreo para vigilar las áreas críticas del establecimiento en tiempo real. El sistema incluye domos de alta definición, cámaras en puntos estratégicos y un dron de observación táctica, y permite supervisar el perímetro, atender situaciones críticas, controlar aspectos sanitarios y registrar incidentes durante las 24 horas.

El detalle de las condenas

Báez, exministro de Cultura y Comunicación, y Aguilera, expresidente del Partido Justicialista entrerriano y cuñado de Urribarri, recibieron penas de seis años y seis meses de prisión efectiva. El primero fue condenado por su intervención como funcionario y el segundo como autor material de los delitos investigados.

La sentencia determinó que Báez completará su pena en mayo de 2031, Aguilera en enero de 2033 y Urribarri el 15 de julio de 2034. La resolución de la Corte Suprema habilitó al Ministerio Público Fiscal a pedir la detención inmediata de los tres condenados.

La investigación examinó maniobras iniciadas en 2010, cuando Urribarri encabezaba el gobierno provincial. La acusación sostuvo que se direccionaron contrataciones de publicidad estatal hacia empresas vinculadas a Aguilera mediante un esquema de testaferros y cartelización para captar fondos de la pauta oficial.

El proceso reunió a 13 imputados y abarcó cinco hechos principales. Entre ellos figuraron la contratación de la firma Global Means antes de su existencia formal, el manejo durante cinco años de la cartelería oficial a través de Tep SRL y Next SRL, y las operaciones identificadas como la causa del “Sueño Entrerriano”.

Las maniobras también incluyeron contratos para promocionar una Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador publicitario en Mar del Plata durante la temporada de verano. La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena el 31 de mayo de 2024 y rechazó una impugnación extraordinaria en agosto de ese año.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos habilitó en octubre de 2024 el recurso ante la Corte Suprema, que dejó firme el fallo. Urribarri se convirtió así en el primer gobernador argentino que ingresó efectivamente a prisión por una condena firme por corrupción.

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