POLITICA
El nuevo convenio de la OIT sobre plataformas digitales
La 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reunida en Ginebra, adoptó el Convenio sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas. Se trata de un instrumento llamado a convertirse en una referencia central para la regulación internacional del trabajo en plataformas digitales y para los debates que deberán afrontar los Estados en los próximos años.
La relevancia del instrumento y las implicancias que puede tener para los distintos sistemas jurídicos nacionales justifican un análisis atento de sus disposiciones y de los principios que lo inspiran.
Una lectura integral del Convenio permite advertir que su objetivo principal consiste en establecer estándares mínimos de protección para la economía de plataformas sin imponer una categoría jurídica uniforme para todas las personas que trabajan a través de ella.
Desde su propio preámbulo, el instrumento reconoce expresamente las diferencias existentes entre los Estados miembros respecto del desarrollo de la economía de plataformas, así como la diversidad de modelos empresariales y modalidades de trabajo que caracterizan a este sector. Del mismo modo, reconoce que las plataformas digitales han generado nuevas oportunidades de trabajo e ingresos, han favorecido procesos de formalización y han contribuido al desarrollo empresarial, al tiempo que identifica desafíos que requieren respuestas regulatorias adecuadas.
Esta premisa resulta central para comprender el alcance del convenio.
En efecto, el artículo 1 define al “trabajador de plataformas digitales” como toda persona empleada o contratada para trabajar a cambio de remuneración o pago, independientemente de la clasificación de su situación en el empleo. La definición deliberadamente evita identificar a todos los trabajadores de plataformas con una única categoría jurídica y reconoce que pueden existir diferentes modalidades de vinculación.
Esa misma lógica se refleja con mayor claridad en el artículo 9, que constituye probablemente una de las disposiciones más relevantes del Convenio. Allí se establece que los Estados deberán adoptar medidas para asegurar la correcta clasificación de los trabajadores de plataformas digitales, vinculada a la existencia o inexistencia de una relación de trabajo, basándose principalmente en los hechos relativos a la ejecución del trabajo, la remuneración o el pago, y teniendo en cuenta las especificidades propias del trabajo realizado a través de plataformas digitales.
La norma es inequívoca. El Convenio no crea una presunción universal de laboralidad, no impone la reclasificación automática de todos los trabajadores de plataformas como empleados dependientes y tampoco elimina la posibilidad de que existan formas legítimas de trabajo autónomo. Por el contrario, reconoce expresamente que pueden coexistir relaciones laborales dependientes y modalidades de trabajo independientes, debiendo determinarse cada situación la realidad de los hechos y a la legislación nacional aplicable.
Así, por ejemplo, el artículo 10 distingue expresamente entre los trabajadores de plataformas digitales vinculados por una relación de trabajo y aquellos que no lo están. Respecto de los primeros, exige que la remuneración no sea inferior al salario mínimo aplicable y prevé mecanismos de compensación de gastos cuando corresponda. Respecto de los segundos, dispone que los Estados evalúen la conveniencia de extender determinadas medidas de protección.
Asimismo, el artículo 12 impone a los Estados miembros la obligación de adoptar medidas destinadas a garantizar el acceso de los trabajadores de plataformas digitales a la protección de la seguridad social, tomando como parámetro de comparación a otros trabajadores que posean la misma clasificación de situación en el empleo.
No resulta casual que el Convenio utilice reiteradamente la expresión “misma clasificación de situación en el empleo”. Tanto en materia de seguridad social (artículo 12) como de protección general (artículo 23), el instrumento toma como punto de partida la existencia de diferentes categorías jurídicas de prestación de servicios. Ello confirma que la norma no pretende homogeneizar todas las formas de trabajo desarrolladas mediante plataformas digitales ni equipararlas automáticamente al trabajo dependiente, sino garantizar estándares adecuados de protección dentro de cada categoría reconocida por la legislación nacional.
La verdadera innovación del instrumento no radica, entonces, en la creación de una nueva categoría laboral ni en la imposición de una determinada calificación jurídica. Su aporte principal consiste en establecer un conjunto de estándares mínimos de protección adaptados a las particularidades de la economía de plataformas.
Entre ellos pueden destacarse la promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la prevención de riesgos laborales, la protección frente a la violencia y el acoso, la transparencia en el uso de algoritmos y sistemas automatizados de toma de decisiones, la protección de los datos personales, el acceso a mecanismos eficaces de reclamación y reparación, la protección de migrantes y refugiados y el fortalecimiento de los sistemas de cumplimiento y fiscalización.
Algoritmos
Particularmente novedoso resulta el capítulo dedicado a los sistemas automatizados de toma de decisiones. Por primera vez, una norma internacional del trabajo establece obligaciones específicas de información respecto de los algoritmos utilizados para asignar tareas, evaluar desempeño o adoptar decisiones que afecten el acceso al trabajo, incluyendo el derecho a solicitar explicaciones y revisiones cuando determinadas decisiones automatizadas produzcan consecuencias significativas sobre la actividad de los trabajadores.
Asimismo, merece destacarse que el Convenio reconoce expresamente la necesidad de promover un entorno propicio para las empresas sostenibles y la competencia leal. Este aspecto refleja la búsqueda de un equilibrio entre la protección de quienes trabajan a través de plataformas y la preservación de los beneficios asociados a la innovación tecnológica, la inversión, la generación de ingresos y el desarrollo de nuevos modelos productivos.
La adopción de este Convenio refleja un enfoque pragmático. La OIT ha reconocido la heterogeneidad de la economía de plataformas y ha optado por establecer principios mínimos de protección sin imponer soluciones uniformes. De este modo, deja a los Estados la responsabilidad de determinar, sus ordenamientos jurídicos, a los hechos de cada caso y a las especificidades propias del trabajo en plataformas digitales, cuándo existe una relación de trabajo y cuándo nos encontramos frente a formas legítimas de trabajo autónomo.
En ese equilibrio entre protección, innovación y diversidad de modalidades de trabajo radica, probablemente, uno de los aspectos más relevantes del nuevo Convenio.
El autor es abogado y profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Ignacio Forconi,Reforma laboral,Conforme a,Reforma laboral,,Para el sector privado. El Gobierno reglamentó el régimen de promoción del empleo registrado,,“Fue en contra de los trabajadores”. ATE denunció al Gobierno ante la OIT por la reforma laboral,,Ganancias sobre alquileres. En qué casos los propietarios dejarán de pagar el impuesto y por qué la letra chica trajo sorpresas
POLITICA
Dejan firme el procesamiento de Ricardo Nissen por impulsar acciones legales contra la empresa de Joe Lewis en Lago Escondido
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento del extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen por su embestida judicial contra la empresa de Joe Lewis en Lago Escondido.
La decisión fue tomada por mayoría por la Sala I del tribunal, que rechazó el recurso del extitular de la IGJ, procesado por abuso de autoridad.
Nissen fue titular de la IGJ durante el gobierno de Alberto Fernández y fue procesado como autor del delito de abuso de autoridad por las acciones que impulsó desde ese organismo contra Hidden Lake SA, la sociedad del magnate británico Joe Lewis, dueña de las tierras que rodean el Lago Escondido, en Río Negro.
El fallo fue firmado por los camaristas Daniel Petrone y Javier Carbajo, que rechazaron, con costas, el recurso de la defensa. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia y se pronunció por apartar a dos jueces de la Cámara Federal del caso.
Con el voto de la mayoría quedó firme en Casación la resolución del 16 de abril pasado, cuando la Sala II de la Cámara Federal porteña, con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocó el sobreseimiento de Nissen, lo procesó directamente y encomendó al juzgado de primera instancia fijar las medidas cautelares.
Según la imputación, Nissen y el subinspector Manuel Cuiñas Rodríguez abusaron de su autoridad al promover actuaciones que tenían por objeto perjudicar a Hidden Lake “por razones ajenas a sus funciones”.
El 18 de abril de 2022, Nissen firmó la Resolución Particular 393, con la que ordenó pedir la nulidad de la sociedad y la intervención judicial de su administración.
La IGJ reclamó además la liquidación de su patrimonio, que incluye los terrenos que encierran el Lago Escondido, y planteó que esos bienes podían incorporarse al patrimonio estatal para el fomento de la educación común.
Argumentó incumplimientos de la empresa respecto de sentencias firmes sobre el acceso al lago y los incidentes de febrero de 2022 en Río Negro.
El pedido fue rechazado por el Juzgado Comercial N° 16 y la Sala A de la Cámara Comercial lo confirmó el 14 de junio de 2022.
Pero el 1 de febrero de 2023, Nissen y Cuiñas Rodríguez volvieron a la carga con un pedido de intervención cautelar urgente y el desplazamiento total del directorio.
Como hecho nuevo, invocaron el viaje que en octubre de 2022 hicieron jueces, funcionarios y ejecutivos del Grupo Clarín “a la estancia de Joe Lewis”, algo que, según la IGJ, no se correspondía con el objeto agropecuario de la sociedad.
El juzgado desestimó ese segundo pedido porque no había una resolución administrativa que lo habilitara. Nissen la dictó el 23 de febrero de 2023 (Resolución 112), pero la Cámara Comercial volvió a rechazar la intervención el 4 de abril de ese año.
La defensa de Nissen sostuvo que actuó dentro de las facultades legales de la IGJ y que una eventual equivocación en su valoración correspondía al control administrativo o comercial, no al derecho penal.
Argumentó Nissen que no se probó el dolo directo que exige el artículo 248 del Código Penal ni se identificó qué interés personal o espurio lo habría guiado.
Objetó que Irurzun se apoyara en un fallo del Superior Tribunal de Río Negro de agosto de 2023, posterior a ambas resoluciones.
También pidió la nulidad porque la Cámara lo procesó directamente, sin pasar por el juez de instrucción, lo que a su juicio violaba la garantía de la doble instancia.
Petrone admitió el recurso y concluyó que los agravios solo expresaban “una valoración diversa” de la prueba, sin demostrar arbitrariedad ni contradicciones lógicas.
Recordó además que el procesamiento es “solo un juicio de probabilidad”. Sobre el procesamiento dictado por la Cámara, sostuvo que ninguna norma se lo impedía y que la intervención de la Cámara de Casación preservaba la doble instancia. Su colega Javier Carbajo adhirió.
Slokar, en cambio, propuso anular el procesamiento, apartar a Irurzun y Farah del expediente y devolver el caso al juzgado de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento, pero quedó en minoría.
La defensa hizo reserva del caso federal, por lo que podrá intentar llegar a la Corte Suprema.
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POLITICA
Tomaron la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y permanecerá así hasta la marcha del 15 de octubre
La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se encuentra tomada y permanecerá de esa manera hasta el jueves 15 de octubre, cuando su comunidad educativa se movilizará hacia la zona de Tribunales en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue acompañada por clases públicas y otras actividades que renovaron las críticas al Gobierno nacional por la demora en poner en vigencia la normativa.
La ocupación comenzó luego de una jornada de clases abiertas en la sede de Puan, donde estudiantes y docentes debatieron el escenario universitario y las medidas para los días previos a la movilización. Estudiantes de la facultad confirmaron a Infobae que la permanencia se extenderá hasta la marcha del jueves.
La convocatoria prevé que la columna parta desde la puerta de la facultad al mediodía, aunque el horario definitivo todavía no fue resuelto. La iniciativa reunirá a integrantes de la comunidad educativa, mientras otras unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires definirán sus propios planes de lucha en asambleas convocadas para este martes y miércoles.
El miércoles habrá un paro de trabajadores no docentes, una medida que los estudiantes dijeron que respetarán durante la toma. La protesta en Filosofía y Letras forma parte de una semana de actividades en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con reclamos vinculados al financiamiento de las universidades, la emergencia en discapacidad, la Ley de Tierras y el rechazo al DNU 70/23.
El dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, Luca Bonfante, difundió un cronograma de acciones estudiantiles que incluye clases públicas desde las 14:00, un corte en Puan y Rivadavia a las 18:30 y el inicio de la ocupación de la facultad en ese mismo horario. También fueron anunciadas clases abiertas y cortes frente a la Facultad de Derecho.
La agenda del miércoles contempla un semaforazo en la Facultad de Ingeniería junto con trabajadores de esa casa de estudios, desde las 17:00. A la misma hora se prevé un corte en Plaza Houssay, en la intersección de Córdoba y Junín, y una asamblea en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
La jornada continuará a las 18:00 con un corte en Callao y Corrientes junto a profesorados y una asamblea en la Facultad de Psicología. En la Facultad de Ciencias Sociales fue anunciada una asamblea seguida de una vigilia desde las 19:00, mientras que para el jueves las organizaciones convocaron a concentrarse frente al Congreso desde las 12:00.
Bonfante cuestionó la respuesta de las autoridades frente a los conflictos abiertos y planteó la necesidad de unificar las protestas. “La estrategia de las autoridades y las burocracias que nos llevó a este momento no va más. La universidad no puede cortarse sola. Hay que unir todas las luchas y pelear por una Huelga General”, afirmó.
La ley universitaria y el conflicto con el Gobierno
La protesta se desarrolla después de una resolución judicial que ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, identificada como ley 27.795, fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y busca garantizar recursos para la educación superior.
El presidente Javier Milei había vetado la iniciativa, pero ambas cámaras rechazaron esa decisión con la mayoría de dos tercios prevista por la Constitución. Al promulgarla, el Ejecutivo condicionó su ejecución a que el Congreso estableciera las fuentes de financiamiento, una cláusula que en los hechos impedía su puesta en marcha.
El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional esa condición incluida en el decreto 759/2025. El magistrado entendió que el mecanismo funcionaba como un veto encubierto y anuló la disposición.
Días antes de la actual toma, estudiantes universitarios realizaron una sentada en el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. Participaron jóvenes de la UBA, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín, quienes exigieron el cumplimiento de la ley y un aumento de la Beca Progresar.
La movilización universitaria del 15 de octubre coincidirá con un paro nacional de 24 horas convocado por la Asociación Trabajadores del Estado. El sindicato concentrará desde las 13:30 frente al Congreso, donde bloques opositores solicitaron una sesión especial para tratar el DNU 70/23.
POLITICA
La frase que un inversor le dijo a Quirno sobre la Argentina durante un desayuno en Singapur
El canciller Pablo Quirno reveló la frase que le dijo un inversor durante un desayuno en Singapur, país del sudeste asiático al que viajó en busca nuevas oportunidades de negocio y comercio para la Argentina.
“Tuve un desayuno en Singapur el viernes pasado con un grupo de inversores, todos de la economía real, y uno terminó diciendo: ‘El mundo depende de que a la Argentina le vaya bien’. Es difícil entender el interés en la Argentina, que excede la coyuntura del día a día, contó Quirno en el programa Pan y Circo, de Radio Rivadavia.
En ese sentido, el canciller destacó el peso que ganó la Argentina en el escenario internacional y vinculó ese posicionamiento con el rumbo económico del Gobierno. “No nos sorprendamos. El peso que hoy está teniendo la Argentina en la discusión global… Estamos defendiendo un modelo de libertad económica, de individualidad y de protección de la propiedad privada que no está sucediendo en el mundo como ocurre en la Argentina”, sostuvo.
Y completó: “La Argentina es el único país del G20 que tiene superávit fiscal y energético. Eso es producto de la convicción del presidente Milei. Seguimos aprobando proyectos vinculados al RIGI, que son inversiones y se traduce en el interés de los grupos económicos por la Argentina”.
La visita oficial a Singapur, que culminó este martes, incluyó reuniones con el ministro de Energía, Comercio e Industria, Tan See Leng; la ministra a cargo de las Relaciones Comerciales, Grace Fu; y el vicepresidente sénior de DayOne Data Centers, Jimmy Yu. Quirno también mantuvo un encuentro con su par, Vivian Balakrishnan, y concluyó la agenda junto al primer ministro singapurense, Lawrence Wong.
La visita del Papa, Malvinas y Luis Caputo
En otro tramo de la entrevista, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se refirió a la visita de León XIV a la Argentina, en duda luego de que el Santo Padre fuera sometido a una intervención para extirparle un nódulo pulmonar. La operación fue realizada con éxito el martes en el hospital Gemelli.
“Seguimos con mucha atención lo que sucede con la salud del Papa. Estamos pendientes de las buenas noticias que parecen estar viniendo luego de la intervención a la que fue sometido”, dijo Quirno.
Respecto a una posible postergación del encuentro, dispuesto a ocurrir por el momento entre el 8 y 11 de noviembre, pidió cautela: “Siempre hay que esperar. La prioridad para nosotros es el estado de salud del Papa. Son decisiones que tomará el Vaticano según la recuperación. La información que nos viene del Vaticano, dada nuestra relación, es que la intención del Papa antes de esta intervención era realizar una visita tan esperada por los argentinos. Nosotros estamos a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa”.
En torno a la causa Malvinas, Quirno profundizó respecto de una presentación que nuestro país hizo el martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), órgano judicial independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para frenar la explotación de hidrocarburos.
“Lo que hemos hecho hoy es un paso adicional que ya había sido anticipado, en lo que es una estrategia diseñada con el Presidente. Hace dos semanas, anunciado por la Oficina del Presidente, acudimos a la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar) para iniciar un procedimiento arbitral entre el Reino Unido y la Argentina por la decisión de explotar nuestros recursos petroleros en Malvinas”, precisó.
Y resumió: “Como ese proceso arbitral tiene un tiempo de hacerse efectivo, nosotros fuimos al Tribunal del Mar a solicitar una medida cautelar que suspenda las actividades del proyecto Sea Lion hasta tanto se constituya el tribunal arbitral. Vamos por dos canales para defender de la mejor manera nuestros intereses”.
Noticia en desarrollo.
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