Mientras busca recuperar la agenda pública mediante una nueva confrontación discursiva con el kirchnerismo, el Gobierno decidió en los últimos días evitar respuestas públicas a los gestos de autonomía de Patricia Bullrich y postergar nuevamente las discusiones internas, en un contexto en el que tampoco logra reactivar el vínculo con el PRO y las negociaciones por el Presupuesto 2027, la reforma electoral y los acuerdos territoriales siguen sin definiciones.

De cara a los comicios del 2027, desde el presidente Javier Milei hasta varios miembros de su Gabinete empezaron a estar más pendientes de cualquier aparición del peronismo duro para marcar las diferencias que tienen con ese espacio y presentarlo como el principal rival.

Un ejemplo de esto fue la buena recepción que tuvo en la Casa Rosada la declaración de Cristina Kirchner insinuando una eventual candidatura suya si es que los tribunales internacionales revisan la condena por corrupción que pesa sobre ella y ya ratificó la Corte Suprema a nivel local.

Más recientemente, quien salió a sentar una posición para diferenciarse de la oposición fue el asesor presidencial, Santiago Caputo, que está a cargo de la estrategia comunicacional de Milei.

El consultor, que desde hace aproximadamente un año comenzó a manejarse en las redes sociales con su cuenta oficial -antes se le atribuían varias paralelas-, se hizo eco de la visita a la ex presidenta y a Sergio Massa de los especialistas que le armaron la campaña digital a Luiz Inácio Lula da Silva, que dio vuelta la elección en Brasil y terminó consiguiendo su cuarto mandato.

Se trata del diputado André Janones, conocido como “el general de Lula”, y los estrategas Chico Kertész y Rafael Marroquim, que mantuvieron reuniones que generaron expectativa sobre el futuro del armado electoral del PJ.

“Dado que ninguno de ustedes entiende nada de la materia y se suben a cualquier bondi con tal de mantener cierta esperanza de hacerse con el poder, paso a explicarles que por más herramientas tecnológicas que tengas a disposición, si tu mensaje es una mierda no hay nada que te pueda salvar“, escribió Caputo.

Para el asesor de Milei,. “todos los que vendan una solución tecnológica como herramienta determinante para ganar una elección son unos fantasmas que se quieren llevar unos mangos“, ya que “lo único determinante para ganar (o perder) una elección es el mensaje”.

“Les deseo mucha suerte tratando de convencer a la sociedad argentina que no son una banda de delincuentes repitiendo las mismas ideas que fracasaron durante 100 años rodeados de las mismas caras que nos arruinaron”, cerró.

Mientras el Gobierno intenta recuperar el camino en lo discursivo, de cara a la sociedad, internamente continúa postergando las discusiones con propios y aliados.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, suspendió el martes la reunión de la mesa política que habitualmente se realiza en la Casa Rosada, por lo que ya pasaron dos semanas sin encuentros formales del reducido grupo que integran los máximos referentes del espacio.

En esta oportunidad, el argumento fue que dos de sus miembros, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, estaban de viaje en los Estados Unidos, aunque por el momento, tampoco hay una fecha confirmada para el próximo cónclave.

La suspensión también evitó una nueva reunión cara a cara entre Bullrich y el resto de la cúpula libertaria, después de las diferencias que la senadora expuso en las últimas semanas.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta aprovechó ese escenario para reunir a su propia tropa en una de las oficinas que mantiene desde hace años en el barrio porteño de Palermo.

Estuvieron presentes su jefe de campaña y legislador de la Ciudad, Juan Arenaza; los diputados Damián Arabia, Silvana Giudici, Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero, Patricia Vásquez, Sabrina Ajmechet, María Luisa Estevarena, Verónica Razzini, Carlos Almena, Lorena Petrovich y Martín Matzkin.

También participaron Gerardo Milman, asesor de Bullrich en la Cámara, y el exintendente de Tres de Febrero y actual senador bonaerense Diego Valenzuela. Los únicos dirigentes de este sector que no asistieron fueron el rionegrino Aníbal Tortoriello y los cordobeses Luis Picat y Laura Rodríguez Machado.

“Hablamos sobre nuestros legisladores nacionales, de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, analizamos el escenario económico y político y los desafíos pendientes, cada uno aportando la mirada de su lugar. Compartimos información y coincidimos en la importancia de mantenernos en contacto e intercambiar miradas”, explicó a Infobae uno de los dirigentes que estuvo en la reunión.

La foto volvió a ser leída dentro del oficialismo como una señal de autonomía de la ex ministra de Seguridad, que desde hace semanas busca mantener una agenda propia sin romper con La Libertad Avanza.

“No fue nada del otro mundo, nos juntamos como siempre, vemos cómo está el mapa político, hacemos análisis, pensamos en el curso de acción y sobre el final nos sacamos una foto para poner nerviosos a algunos”, provocó una persona de su círculo íntimo.

Durante la reunión, los dirigentes también comentaron el paquete de alivio para las pequeñas y medianas empresas que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, con medidas como la suspensión de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027.

Según explicó uno de los asistentes, todos coincidieron en que las disposiciones “parecen muy positivas”, pero reconocieron que es cierto que también se señaló que Bullrich era quien venía impulsando ese tipo de reclamos desde hacía tiempo.

Ese punto generó malestar en sectores de Balcarce 50. La senadora celebró en redes sociales la decisión y recordó que había planteado la necesidad de atender la situación de las pymes.

Desde el resto del oficialismo interpretaron que buscaba adjudicarse parte del anuncio, en desmedro del funcionario y la diputada Lilia Lemoine, una de las dirigentes más cercanas a Javier y Karina Milei, respondió ese posteo con un mensaje de agradecimiento al titular del Palacio de Hacienda.

No obstante, la orden que predomina entre los dirigentes más cercanos al Presidente sigue siendo la de no profundizar la confrontación con Bullrich, aun cuando algunos sectores observan con preocupación sus declaraciones sobre la situación económica, la política internacional y su proyección hacia 2027.

En paralelo, el Gobierno mantiene congelada la relación con el PRO. La mesa que La Libertad Avanza y el partido fundado por Mauricio Macri habían acordado realizar cada 15 días en la Casa Rosada dejó de reunirse con regularidad.

La última cita formal fue el 24 de septiembre y, aunque desde ambos espacios se mantenían canales informales, todavía no hubo una convocatoria para retomar el diálogo.

“Dejá, ni queremos escribirles. Con el quilombo que tienen con Bullrich deben tener suficiente”, bromeó un alfil del macrismo al ser consultado sobre la ausencia de una nueva invitación.

La situación se complica porque el PRO mantiene una actitud oscilante frente a la agenda legislativa. El partido no acompañó algunas propuestas del Gobierno, como el proyecto sobre biocombustibles, y planteó reparos al Presupuesto 2027, donde reclama cambios tributarios, reglas de transparencia para las concesiones viales, fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires y la extensión de los regímenes de promoción automotriz y autopartista.

No obstante, por el otro lado, el partido también coincidió rápidamente con La Libertad Avanza en rechazar la posibilidad de habilitar reelecciones indefinidas de intendentes en la provincia de Buenos Aires.

Ese alineamiento no alcanza, sin embargo, para despejar las tensiones en el principal distrito electoral del país. La Libertad Avanza busca crecer con dirigentes propios y acuerdos selectivos, mientras el PRO reclama definir reglas de competencia antes de avanzar con una alianza de cara a 2027. Las diferencias se cruzan con la discusión por las PASO, el Presupuesto y la relación con los gobernadores.

En ese marco, el Gobierno vuelve a utilizar la polarización con el kirchnerismo como uno de los pocos puntos de coincidencia que ordenan a sus distintos sectores. La Casa Rosada insiste en presentar las elecciones del año que viene como una disputa entre el modelo libertario y el regreso de las estructuras políticas que cuestiona, mientras deja para más adelante la resolución de sus propios conflictos internos.

South America / Central America

Como parte del estricto operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a la Argentina el Gobierno habilitó el derribo de “aeronaves hostiles” durante su estadía en el país, del 8 al 11 de noviembre, para proteger las zonas en las que habrá actividad del jefe de la Iglesia Católica, en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en provincia de Buenos Aires. Se aplicará como “último recurso”, con la aprobación del ministro de Defensa, Carlos Presti.

El decreto 1334/2026 publicado en el Boletín Oficial mencionó que en los eventos que encabezará el Papa asistirán “numerosas autoridades nacionales y extranjeras”, además de la presencia masiva de ciudadanos, y que las circunstancias requieren “adoptar especiales medidas para preservar los intereses vitales fijados por la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y su modificatoria».

Citó que “el Comando Conjunto Aeroespacial ejerce la dirección y coordinación en forma permanente de las actividades relacionadas con la Defensa Aeroespacial integral que se realizan a nivel nacional en tiempo de paz”, y argumentó que “para un adecuado ejercicio de la disuasión, resulta necesario ampliar las ”reglas de protección aeroespacial” en las zonas de operaciones restringidas.

Los detalles del decreto que amplió el control aéreo por la visita del papa León XIV y habilitó el derribo de “aeronaves hostiles”

El decreto explicó que la medida es para garantizar “un adecuado ejercicio de la disuasión” y asegurar “la protección de los intereses nacionales y objetivos de valor estratégico en y desde dicho ámbito, adecuando las atribuciones y limitaciones a la libertad de acción en el empleo del Instrumento Militar, regulando la intensidad y modalidad en el uso de la fuerza ante las distintas situaciones que se presenten”.

Aclaró que el objetivo de la medida es “enfrentar las agresiones de origen externo, por lo que las situaciones que involucren aeronaves de origen interno quedan regidas por la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y sus modificaciones, que admite el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas solo en forma excepcional y previa declaración del estado de sitio».

El derribo solo se concretará en caso de “vectores incursores de origen externo declarados ‘hostiles’, con el objeto de anular su capacidad de vuelo impidiendo la continuidad de su trayectoria, circunstancias en las que se deberán adoptar las precauciones tendientes a evitar o minimizar la probabilidad de daños a la vida y/o bienes en la superficie (daño colateral)“.

Se usará como como acción de último recurso, luego de la confirmación de la situación prevista (acto hostil), “agotados los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje, y que se haya difundido la declaración de ‘hostil’ al vector incursor” y deberá tener la aprobación del ministro de Defensa.

papa León XIV, Papa, Carlos Presti

El Congreso entró en impasse con bajo nivel de actividad generado por las elecciones legislativas en Estados Unidos y la visita a la Argentina del papa León XIV. Con el cierre de las sesiones ordinarias cada vez más cerca, el Gobierno pierde margen de maniobra para avanzar con sus proyectos prioritarios en el Congreso. Por su parte, los aliados juegan con los tiempos para negociar desde una posición de fuerza.

Desde el oficialismo ya dejaron trascender que prevén convocar a una primera sesión el 18 de noviembre para tratar la ley de Defensa de la Soberanía y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y otra el 25 de noviembre íntegramente destinada al proyecto de Presupuesto 2027. Sin embargo, hay otros temas que resultan vitales para la oposición y podrían servir para destrabar votos clave, como la ley de biocombustibles, que siguen con atención los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, y la política de subsidios al transporte, que esta semana hizo enojar a más de un mandatario provincial.

Los planes de los libertarios sufrieron el primer traspié la semana pasada cuando no lograron avanzar con el dictamen del Presupuesto. El PRO, la UCR y los bloques provinciales se negaron a firmar el despacho hasta tener respuestas concretas sobre una larga lista de planteos.

El PRO reclamó precisiones sobre las deudas de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, un reclamo que afecta directamente al histórico bastión amarillo y se mezcla con las negociaciones electorales entre los libertarios y Jorge Macri. Por otro lado, el bloque que conduce Cristian Ritondo impulsa una reducción del IVA al huevo y sus productos derivados, ya que tendría un fuerte impacto positivo para la producción avícola en la provincia de Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, también del PRO.

Tanto las bancadas del PRO, como la UCR y los gobiernos provinciales exigen una reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que por ley debería destinarse al mantenimiento de las rutas pero el Gobierno no ejecuta. En la misma línea, las provincias piden mayor información y procesos más “transparentes” para las concesiones viales, que según el Gobierno, llegarían a los 9.000 kilómetros.

Por su parte, las provincias que no transfirieron con sus cajas previsionales a la ANSES también pretenden obtener precisiones sobre los fondos que serán asignados a cada una para compensar el déficit. En el proyecto figura una partida de $503.325 millones que desde las provincias ya califican como insuficiente. Además, varios distritos tienen pendientes una respuesta sobre eventuales autorizaciones para tomar deuda.

Otro punto que incluso genera divisiones internas es el financiamiento universitario. El proyecto de Presupuesto asigna un poco más de $7 billones para todas las casas de altos estudios nacionales mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones para sostener su funcionamiento. En ese contexto, el sector de la UCR alineado con los gobernadores pone el foco en las universidades que el radicalismo controla políticamente y en las que están ubicadas sus distritos, mientras que los radicales disidentes nucleados en Provincias Unidas, como Martín Lousteau, tienen un planteo más “general” en sintonía con el CIN.

Pero en la última semana se sumó un nuevo foco de conflicto luego de que la Secretaría de Transporte acordara mayores subsidios para las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde noviembre. Y también reconoció una deuda de cerca de $39.000 millones por errores en las proyecciones de recaudación (vía pago de boleto) desde junio hasta septiembre.

Esta decisión generó un fuerte malestar en el interior del país. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que influye sobre cinco votos clave en la Cámara de Diputados, fue contundente a través de las redes sociales: “Recursos hay, evidentemente, pero no se distribuyen de manera equitativa. El discurso de ‘no hay plata’ se contradice con estas decisiones, donde Nación cede ante la presión de las empresas porteñas mientras sigue postergando al interior”, posteó.

En el mismo tono confrontativo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, planteó: “Si existen recursos para sostener el transporte, deben distribuirse con un criterio federal. No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas a las provincias y, al mismo tiempo, ampliar la asistencia al AMBA. Asistimos en esta materia a una política discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo. No hay diferencias y los cordobeses las seguimos padeciendo”.

Este problema se suma a las demoras en la ley de biocombustible, que aumentaron el malestar tanto en Córdoba como en Santa Fe. Este proyecto había comenzado a debatirse en Diputados hace dos semanas tras haber obtenido media sanción en el Senado. El rápido tratamiento del proyecto que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil fue un guiño del oficialismo a Llaryora y Pullaro, que jugaron a favor del oficialismo en temas importantes como el intento de derogación del DNU 70/23, la ley de Discapacidad y el endeudamiento familiar.

Pero la propuesta quedó trabada por reclamos muy concretos de provincias productoras de biodiésel, como Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos. Desde el PRO -aunque también tienen apoyo de otros sectores provinciales- proponen mantener la participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas (“no integradas”), bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras de Santa Fe y Córdoba, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores.

Según dejaron trascender los diputados de Provincias Unidas, donde pisan fuerte los gobernadores Córdoba y Santa Fe, las negociaciones de subsidios, fondos previsionales y biocombustibles deberán avanzar en conjunto con las del Presupuesto. Esa es la forma que tendrán para hacer valer su peso político.

Ante este panorama, se descuenta que el Gobierno deberá llamar a sesiones extraordinarias al menos durante diciembre para lograr la aprobación definitiva del Presupuesto en el Senado.