POLITICA
Le quitan la causa por la quinta de Pilar atribuida a la AFA al juez que querían los acusados
La Justicia resolvió que la causa en que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de una lujosa quinta de Pilar que se la adjudica a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sea investigada en Buenos Aires por el juzgado en lo penal económico N°10, a cargo de Verónica Straccia.
Se trata de un revés para quienes figuran como propietarios de la mansión que pretendían que el caso siga en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
La Cámara del fuero Penal Económico, con la firma de los jueces Roberto Hornos y Carolian Robiglio, decidió que la competencia es de la justicia asentada en la Capital Federal y el fuero especializado en evasión y lavado de dinero, que es el delito que se investiga.
Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, que aparecen como dueños del predio, a pesar de no tener un perfil patrimonial para serlo, habían reclamado que el caso siguiera en Campana.
En la causa se investiga si la compra realizada en mayo de 2024 por parte de Pantano y Conte, a través de Real Central S.R.L., de un predio de aproximadamente 10 hectáreas ubicado en Pilar, se hizo con fondos desviados de la AFA.
Los investigadores sospechan que Pantano, un monotributista, y Conte, su madre jubilada, oficiaron como testaferros de las autoridades de la entidad de fútbol que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
La sospecha es que la quinta de cinco hectáreas, situada en Villa Rosa, Pilar, es del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. En la quinta se hallaron fotos suyas, un bolso con su nombre, además de 50 autos de colección y otros de alta gama.
Cuando el caso se puso en movimiento, la Justicia secuestró una gran flota de autos, muchos de ellos de alta gama; un bolso y una placa homenaje con el nombre de Toviggino y un karting como los que usa su hijo, Máximo Toviggino.
Todos estos elementos afianzaron la sospecha de que los dueños reales del lugar no serían Conte y Pantano sino las autoridades de la AFA.
Otro de los indicios fue una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano con la que se pagaba por algunos de los gastos de la flota de autos.
El valor de la quinta, que tiene helipuerto y hasta un haras, fue calculado en US$20 millones y la Justicia investiga una presunta maniobra de lavado de dinero.
Hace seis meses que se discute qué juez debe investigar a los dueños de esa quinta, donde se hallaron además caballos árabes, un helipuerto, canchas de fútbol, una pista ecuestre y otros bienes que se vinculan con dirigentes de la entidad de fútbol.
El juez federal Daniel Rafecas avanzó con el caso hasta que se declaró incompetente y siguió su colega Marcelo Aguinsky en el fuero penal económico, hasta que la AFA logró llevar el caso al juzgado de Campana.
La jueza Straccia probablemente también investigue otras causas relacionadas con la AFA, como ser por fraude, desvío de fondos o lavado de dinero.
En este expediente ya se apartaron dos jueces de la Cámara de Casación.
Uno fue Carlos Mahiques, quien se apartó luego de que se denunció que festejó en esa quinta cercana a la AFA su cumpleaños, y de Daniel Petrone, que tuvo una relación social con uno de los imputados.
La causa, que arrancó con una denuncia de Elisa Carrió, terminó destapando una trama societaria que la Justicia vincula al círculo del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a presuntos desvíos de fondos desde una cuenta en Bank of America manejada por una empresa controlada por Erika Gillette, la esposa de Javier Faroni.
La resolución firmada hoy por los jueces Roberto Enrique Hornos y Carolina Robiglio pone fin -al menos por ahora- a la pelea de competencia que llevaba casi seis meses.
Fue el recurso del fiscal Carlos Cearras el que permitió revertir la suerte del caso y llevarlo de Campana a la ciudad de Buenos Aires, donde tuvo un acelerado comienzo, hasta que se paralizó.
Se investiga a Pantano y a su madre como supuestos testaferros de la AFA, pues aparecen como dueños de un predio ubicado en la calle Misiones 4097, en Villa Rosa, partido de Pilar, compuesto por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados.
En esa propiedad había autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto e instalaciones deportivas múltiples.
La propiedad fue adquirida el 30 de mayo de 2024 por una sociedad llamada Real Central S.R.L. Hasta pocos días antes de la compra, se llamaba Central Park Drinks S.R.L., constituida en febrero de 2021 entre Diego Adrián Lucero y Luciano Nicolás Pantano, con un capital social de apenas 300.000 pesos repartido en partes iguales.
El 16 de mayo de 2024, catorce días antes de comprar la quinta, Lucero le había cedido antes su parte a Ana Lucía Conte, y ese 16 de mayo Pantano le cedió a Conte 1350 de sus 1500 cuotas, quedándose él con apenas 150.
En la misma jornada, Conte renunció a su cargo de gerente, la sociedad cambió de nombre a Real Central S.R.L. y el capital social se multiplicó de 300.000 a 58.000.000 de pesos, casi 200 veces. Catorce días después, la empresa, ahora dotada de mayor capital, compraba la quinta de Pilar.
Para los denunciantes, ese aumento de capital “de ninguna manera” alcanzaba para justificar el giro financiero necesario para semejante operación inmobiliaria.
Según una escritura incorporada por el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, la compraventa entre Malte S.R.L. y Central Park Drinks/Real Central se firmó en un escribanía de la calle Montevideo 1693, en pleno centro de Buenos Aires, un dato que terminó siendo clave para que la causa quedara en capital.
Ampliación de denuncia
La causa dio un giro decisivo cuando, en el mismo expediente, los denunciantes Del Gaiso y Matías Yofe presentaron una ampliación basada en una investigación publicada por a fines de diciembre de 2025.
Según esa ampliación, la empresa TourProdEnter LLC —firma estadounidense contratada por la AFA como agente comercial exclusivo para recaudar ingresos en el exterior— habría desviado cerca de 483.000 dólares hacia sociedades vinculadas al círculo íntimo de Pablo Ariel Toviggino, tesorero de la AFA.
Las transferencias, según los registros bancarios desde una cuenta de TourProdEnter LLC en Bank of America —controlada en los papeles por Erica Gillette, esposa del productor artístico Javier Faroni—, se realizaron en diez giros entre el 18 de diciembre de 2024 y el 17 de julio de 2025.
El grueso del dinero, 468.000 dólares, fue a parar a SOMA S.R.L., una sociedad originalmente constituida en Santiago del Estero pero con domicilio actual en Posadas 1111, piso 8°, departamento “E”, en el barrio de Recoleta —el mismo domicilio donde figura registrada Malte S.R.L., la sociedad que le vendió la quinta de Pilar a Real Central.
SOMA S.R.L. estuvo integrada por Darío Fabián Toviggino, hermano de Pablo Toviggino, y luego fue gerenciada por Mauro Javier Paz, ex director de la Liga de Fútbol Femenino de la AFA, a quien la denuncia señala como presunto testaferro dentro del entramado.
La presentación judicial remarca que Pablo Toviggino fue accionista de SOMA hasta enero de 2016, cuando formalmente cedió sus cuotas, pero “múltiples indicios” indicarían que continuó ligado de hecho a la sociedad.
Entre los giros a SOMA hubo dos montos especialmente altos: 120.000 dólares el 9 de abril de 2025 y 157.000 dólares el 12 de mayo de 2025, cifras que —según la denuncia— exceden ampliamente la capacidad económica declarada de los socios formales de la empresa.
El argumento central de la Cámara Penal Económico es que lo que determina la competencia territorial no es dónde está ubicado el inmueble adquirido, sino donde se tomaron las decisiones societarias y dónde se firmó la operación.
Y tanto Central Park Drinks/Real Central S.R.L. como su antecesora tenían —y tienen— domicilio social en la Ciudad de Buenos Aires: primero en Ruiz de los Llanos 59 y luego en Paraná 861, el mismo edificio donde también está domiciliada Malte S.R.L. y donde se encuentra constituida Lindor S.A., la sociedad que resultó ser propietaria de los vehículos de alta gama secuestrados en un allanamiento vinculado a la causa.
Además, los jueces remarcaron que la investigación está en una etapa “embrionaria”, sin imputados formalmente indagados.
la causa,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Francisco Hauque, uno de los investigados en el caso de las SIRA y de las casas de cambio: «Alberto Fernández estaba al tanto de todo»
El señalado como exsocio de Elías Picirillo, Francisco Hauque, negó tener ningún tipo de relación comercial con él. “Solo le presté dinero”, afirmó en el programa ¿La Ves? de TN, luego de informar que la suma que le dio fue de cerca de US$3.000.000.
“Alberto Fernández lo sabía”, denunció sobre las maniobras por las que se lo investiga a Picirillo. “También sabía (Matías) Tombolini”, indicó el financista en referencia al exsecretario de Comercio.
No obstante, evitó relacionar con la investigación al exministro de Economía Sergio Massa y los funcionarios relacionados a su gestión en el gobierno de Fernández.
“Estar en tu programa es una póliza de seguro de vida”, manifestó Hauque, a la vez que aseguró que se demostró que “Piccirillo junto a otros sectores oscuros del poder” le “metieron la droga”. “Estoy amenazado y tengo custodia policial”, sumó.
En cuanto fue consultado sobre el trasfondo de la investigación actual, el denunciante de Piccirillo sostuvo que ambos “son perejiles”. “En varias ocasiones estuve sentado en mesas donde compartí mucho con Elías, y en esas reuniones pude presenciar muchas situaciones que parecen de ciencia ficción”, señaló.
En su testimonio, Hauque dijo que fue Valeria Fernández, la auditora externa del Banco Central que ahora está imputada en la causa SIRA, quien le acercó el “modelo de negocio” a Juan Pablo Biondi, secretario de Comunicación y Prensa entre 2019 y 2021. Este expediente investiga una supuesta red de cobro de coimas para agilizar permisos de importación y acceso a dólares oficiales.
“Biondi se lo lleva a Miguel Ángel Pesce, que estaba al tanto de todo”, sostuvo sobre el expresidente del Banco Central. Además, también apuntó contra el exmandatario Alberto Fernández: “Él participaba como en todos los negocios”.
Hauque se desligó de las acusaciones sobre que él participaba de las maniobras ilícitas a través de casas de cambio, aunque reconoció que tuvo una agencia en 2019, que tiempo después cerró. “Yo de la operatoria en sí no tengo los conocimientos de cómo funcionaba esa trama”, se defendió.
Noticia que está siendo actualizada.-
Elías Piccirillo, Corrupción, investigacion
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Llaman a declarar a los expolicías acusados de liberar la zona en la masacre de San Patricio
Cuatro ex efectivos de la comisaría 37 de la Policía Federal fueron llamados a indagatoria por la masacre de San Patricio, ocurrida en 1976, como se conoce al asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas durante la última dictadura.
La medida fue dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3.
La medida alcanza al oficial ayudante Miguel Ángel Romano (hoy de 72 años), al sargento Atilio Edgardo Juárez (81), al agente Serafín Losada (76) y al oficial principal Héctor Roberto Olivetto (82).
La Justicia sospecha que fueron los responsables de liberar la zona para que los autores materiales pudieran perpetrar el crimen de los sacerdotes y los seminaristas palotinos en esa parroquia del barrio de Belgrano.
Las indagatorias, programadas para realizarse entre el 23 y el 30 de junio, apuntan a la responsabilidad de esos efectivos en la liberación de la zona para que se pudieran perpetrar los asesinatos, así como en el encubrimiento posterior de la masacre, ya que esa seccional policial tuvo a su cargo las primeras actuaciones del sumario.
La madrugada del 4 de julio de 1976, un grupo de tareas irrumpió en la casa parroquial de San Patricio –ubicada en Estomba y Echeverría– y acribilló a los sacerdotes Alfredo Leaden (delegado provincial de la congregación), Alfredo Kelly (por entonces párroco de San Patricio) y Pedro Duffau, y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Los cuerpos fueron hallados por el organista Rolando Savino, alineados sobre una alfombra roja con inscripciones que los acusaban de ser “adoctrinadores de mentes vírgenes”.
El hecho se produjo dos días después del atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, y la masacre de los palotinos se enmarcó en una serie de represalias cometidas por las fuerzas represivas.
Durante años, la investigación estuvo plagada de irregularidades, como la falta de preservación de la escena del crimen y la demora de siete meses en entregar la evidencia balística al juzgado.
Según consta en el expediente, cerca de las dos de la madrugada del 4 de julio, se observaron dos automóviles Peugeot 504 (uno rojo y otro claro) estacionados frente a la parroquia con varias personas en su interior.
Ante la denuncia de un vecino por estos movimientos sospechosos, la seccional 37ª envió un móvil policial integrado por Romano, Juárez y Losada. Según la investigación, Romano identificó a los ocupantes de los vehículos, quienes se presentaron como miembros de una fuerza de seguridad que realizaría un operativo “antisubversivo”.
En lugar de actuar para evitarlo, el personal policial aseguró las condiciones para el operativo bajo el procedimiento de “zona liberada”. Incluso, advirtieron a un custodio de un domicilio cercano que no saliera si escuchaba disparos porque iban a “reventar la casa de unos zurdos”. Poco después, testigos vieron a personas armadas ingresar a la casa parroquial.
A su vez, ni el comisario Rafael Fensore ni el Jefe de Servicio Olivetto dejaron constancia en las actas de la denuncia del vecino, ni de la identificación de los vehículos y personas realizada esa noche.
El llamado a indagatoria de Rafecas se produce en la antesala de una fecha de gran peso simbólico: el próximo 4 de julio se cumplirán 50 años de la masacre.
Hasta hace poco, la causa se tramitaba en el marco de la megacausa ESMA, pero el testimonio de un arrepentido, Víctor Luchina, permitió dar un giro hacia la responsabilidad de la estructura de Coordinación Federal y la Comisaría 37ª, lo que derivó la investigación al juzgado de Rafecas.
Para los familiares y la comunidad religiosa, esta decisión judicial representa un avance fundamental tras décadas de impunidad. Ramiro Varela, referente de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, destacó la importancia del momento: “Este movimiento que ha tenido la causa en las últimas horas es el más importante en los últimos 40 años porque previo a esto el movimiento más significativo habían sido los procesamientos dictados en 1986”.
Varela explicó que la responsabilidad de la Comisaría 37ª es clara en tres aspectos: “la liberación de la zona, la autoría material y finalmente el encubrimiento posterior”.
Por su parte, el abogado querellante Pablo Llonto se refirió a la demora de la Justicia durante una intervención en la Cámara de Diputados: “Cuatro policías van a ser llamados a indagatoria por un crimen que va a cumplir 50 años el 4 de julio. Nunca hubo un llamado a indagatoria por un crimen que le dolió a la Argentina y que le dolió a nuestra Iglesia. Esa es la lentitud de nuestros jueces”.
Búsqueda de justicia
En diciembre de 2024 y por decisión de la Legislatura porteña, la parroquia de San Patricio fue declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. La comunidad palotina impulsa que esa declaración de sitio de interés histórico, cultural y educativo se convierta en el puntapié de un objetivo mayor: que el predio sea declarado monumento histórico nacional.
“Nuestra labor no se circunscribe únicamente a la construcción de la memoria, sino que comprende también la permanente búsqueda de la verdad y el reclamo de justicia en relación con este crimen de lesa humanidad que constituye el mayor ataque contra la Iglesia Católica en nuestro país”, subrayó Varela.
Paz García Pastormerlo,Conforme a
En una entrevista en Infobae al Regreso, Eduardo Valdés, diputado nacional por Unión por la Patria, expuso la estrategia opositora ante la continuidad de Manuel Adorni y defendió la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner tras la confirmación de su condena.
Durante la conversación, Valdés planteó que “hay varios proyectos ya ahora, en estas horas, de pedido de moción de censura de Adorni, pero se lo ganó”, en referencia a las contradicciones en las declaraciones patrimoniales del jefe de Gabinete.
Valdés apuntó contra Adorni y el oficialismo por las contradicciones patrimoniales
El legislador peronista sostuvo que Manuel Adorni “se ganó” la moción de censura por haber dado versiones opuestas sobre su patrimonio en el Congreso y en recientes declaraciones mediáticas. “Lo que ha dicho ayer o antes de ayer es inversamente a lo que él dijo hace 20 días en la Cámara de Diputados cuando fue a hacer el informe, donde manifestó que todos sus bienes están declarados”, argumentó Valdés, y subrayó la gravedad institucional de la situación: “La violación de las instituciones no son a un partido o al otro partido”.
Valdés explicó que la solicitud de censura “no es que es el bloque de Unión por la Patria solamente”, y destacó: “Hoy me sorprendió que estaba Schiaretti entre los firmantes”. Consultado sobre si llegarían a los 129 votos necesarios, reconoció: “Eso te lo cuento el día ese, porque nosotros trabajamos, pero bueno, hay otros que operan”.
El diputado también diferenció la posición del PRO, señalando que aunque “el PRO lo apoya”, la conducción del bloque—presidida por Ritondo—maneja sus propios tiempos: “A veces yo veo comunicados del PRO, mirá, te soy sincero, hace una semana hubo un comunicado del PRO, y Jorge Macri estaba en vivo en un canal de televisión, y dijo: ‘Cuando venía para acá me enteré de ese comunicado, pero me enteré por la radio del remis’”.
Debate sobre la ley de inocencia fiscal y el blanqueo: diferencias y riesgos
El panel abordó la discusión sobre la Ley de Inocencia Fiscal y los sucesivos blanqueos de capitales en la Argentina. Valdés sostuvo: “No me gusta la Ley de Inocencia Fiscal, pero no me parece que debe ser usada por personas políticamente expuestas”.
En ese sentido, Valdés advirtió sobre el riesgo de que los blanqueos faciliten maniobras del narcotráfico: “Hoy contratan a los contadores para ver cómo los propios narcos generan lobbies para blanquear la plata mal habida”. Explicó que trabaja en una aclaratoria para excluir a personas políticamente expuestas de los beneficios del blanqueo.
Matías Barbería y Martín Tetaz detallaron que el borrador del Gobierno para modificar la ley busca ampliar el patrimonio máximo permitido y facilitar la exteriorización de fondos, pero, según Barbería, “no está esta aclaratoria, no en el borrador, que no es oficial, circula”.
Valdés remarcó su postura: “Ha habido blanqueos en época de Cristina, en época de Néstor, en época de Macri. Ahora, es excesivo la Ley de Inocencia Fiscal, les digo la verdad, es excesivo”. Defendió la transparencia: “Yo soy de los que hace la declaración jurada, la que creo en los políticos, en la que uno cuando asume un cargo es políticamente puesto”.
A un año de la condena a Cristina Kirchner: defensa, crítica a la justicia y fractura peronista
En el aniversario de la condena en la causa Vialidad, Valdés defendió enfáticamente la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner: “Nosotros sentimos que se han dado una serie de situaciones para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner”.
El diputado reconstruyó el derrotero judicial de la ex presidenta, asegurando que “cuando Cristina va a casación penal, le tocan Hornos y Borinsky y Barroetaveña. Hornos y Borinsky, comprobado por acceso a la información pública, iban a jugar al pádel a Olivos con Mauricio Macri”.
Valdés cuestionó la imparcialidad de la Corte Suprema, recordando que la condena incluyó la inhabilitación absoluta: “Lo más grave de la condena a Cristina no son los siete años de prisión, son la inhabilitación absoluta para administrar”. Comparó la persecución judicial con la sufrida por Hipólito Yrigoyen, afirmando: “A Cristina, en el momento que más intención de votos tenía, le prohíben la inhabilitación absoluta”.
El panel señaló la división interna en el peronismo sobre cómo manejar la situación judicial de la ex presidenta, una tensión que Valdés reconoció al afirmar: “Hay un sector del peronismo muy vinculado a la expresidenta que dice: Cristina libre tiene que ser un tema central de la campaña. Y hay otro sector que dice: de ninguna manera, la única forma en la que Cristina sea realmente liberada es que el peronismo llegue al poder”.
Hacia el cierre, Valdés reiteró: “Clamo la inocencia de las personas que conozco cómo viven y no tengo vergüenza. Yo sé que sería mucho más popular en esta audiencia que yo dijera lo contrario, pero quiero ser honesto, es lo que creo”.
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