El exministro de Economía Roberto Lavagna declaró hoy como testigo en el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas y advirtió que, en 2005, cuando Néstor Kirchner estaba al frente del gobierno nacional, se detectaron sobreprecios en el área de Vialidad. “Había algunos márgenes de sobreprecios del orden, en promedio, del 20%”, afirmó el exfuncionario durante la audiencia en los tribunales de Comodoro Py.

Lo hizo tras una pregunta del abogado defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sobre indicios de cartelización y/o direccionamiento de la obra pública durante su gestión.

Lavagna explicó que, durante una reunión bilateral con el Banco Mundial, que había enviado fondos para el área Vialidad en 2005, el organismo internacional anticipó que iniciaría una investigación porque sospechaban sobre irregularidades en la ejecución de programas de esa área.

“Ante esta información, ni bien regresó la delegación, tratamos el tema internamente y pedí que se hiciera un informe exploratorio del área que más nos preocupaba que era Vialidad”, relató el exministro.

Según detalló, de ese primer estudio -que se realizó entre mayo y agosto de ese año- “surgió que había dudas sobre cierto proceso de cartelización de los contratos y que había algunos márgenes de sobreprecios del orden, en promedio, del 20%”. Ante estas revelaciones, el exfuncionario solicitó que se hiciera con urgencia un informe más exhaustivo -ya no de carácter exploratorio- para investigar en mayor profundidad esta situación y dio intervención a la Comisión de Defensa de la Competencia.

“Nuestra intención era no ser tomados por sorpresa por un eventual informe del Banco Mundial, ya que ellos habían manifestado que iban a empezar una investigación. Eso fue en el mes de agosto o septiembre”, explicó el exministro de Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde.

El exfuncionario afirmó que los informes realizados advirtieron sobre “dos casos paradigmáticos” en los que se “probó la existencia de cartelización”. “Uno fue el de las cementeras y otro fue el gas para los hospitales”, indicó Lavagna.

Más temprano, Beraldi le había preguntado si durante su gestión al frente del Ministerio de Economía y debido a su intervención en la elaboración del presupuesto anual, en algún momento advirtió que se destinaran partidas presupuestarias a obra pública que buscasen beneficiar a algún contratista en particular. “No, claramente no”, respondió Lavagna.

En ese marco, recordó que él había hablado sobre las sospechas de que existía una cartelización en un encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción en 2005 y que eso generó molestias entre algunos empresarios del rubro que estaban presentes.

“Dije que había algunos indicios preliminares de cartelización, de sobrecostos, y que se había tomado la decisión de involucrar a la Comisión de Defensa de la Competencia en el tema”, resaltó Lavagna.

Además, relató cómo se dio su salida del gobierno de Kirchner en noviembre de 2005. Su corrimiento se produjo después de que denunciara la cartelización. “No voy a decir en la renuncia, porque yo no renuncié. Puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente”, comentó.

Y agregó: “Parece una sutileza, pero en la Argentina hay demasiados abandonos de cargos y no quise estar en esa situación. Como el pedido fue del Presidente, lo dejé en claro”.

El oficialismo buscará avanzar hoy en el Senado con una parte de su agenda legislativa y dejar atrás una semana de turbulencia política marcada por la decisión de Javier Milei de vetar la designación de una aspirante a jueza por su vínculo familiar con un periodista que lo investigó.

La sesión comenzó con la presencia de casi todo el arco político, menos el peronismo, y presidida por Bartolomé Abdala ante la ausencia de Victoria Villarruel. La vicepresidenta, señalaron en su equipo, se ausentó al inicio por cuestiones de salud.

El temario contempla 73 acuerdos judiciales, el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago de US$171 millones a dos fondos buitres tenedores de bonos de deuda argentina.

No se debatirá, en cambio, el tratamiento del caso de María Verónica Michelli, la candidata a jueza de un tribunal oral de La Plata vetada por Milei por ser la cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon, que investigó el caso $LIBRA.

Tras la decisión de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, de tomar distancia de la postura presidencial y anticipar que no acompañará el pedido de retiro del pliego, el Gobierno optó por postergar esa discusión para la próxima semana.

Aun así, la controversia podría volver a colarse en el recinto. Aunque este miércoles solo se dará ingreso formal a la solicitud enviada por el Presidente para retirar la nominación, varios senadores ya anticipan que el tema seguirá generando tensión política.

La candidatura de Michelli había obtenido el respaldo de nueve de los 17 integrantes de la Comisión de Acuerdos, una mayoría conformada por legisladores de bloques habitualmente cercanos a La Libertad Avanza. Muchos de ellos rechazan ahora la posibilidad de revertir una decisión que ya habían convalidado con su firma.

Por eso, en el Senado no descartan avanzar la próxima semana directamente con el tratamiento del pliego, sin necesidad de discutir previamente el pedido de retiro impulsado por el Ejecutivo. Si la candidata lograra reunir los votos necesarios para obtener el acuerdo de la Cámara alta, la definición volvería a quedar en manos de Milei, que debería decidir si firma o no el decreto que complete su designación.

El temario

En la reunión de labor parlamentaria se acordaron tratar 50 pliegos judiciales, pero el listado final ascendió a 73, entre los que se encuentra el de María Cristina Juan -esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa $LIBRA- para el cargo de Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. También el de Emilio Rosatti, hijo del supremo Horacio Rosatti, para integrar el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

No figuran en el listado Juan Pedro Galván Greenway ni Alejandro Catania, aspirantes a integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, que deben resolver sobre la investigación que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

En la sesión también se discutirá la ratificación del acuerdo con los fondos Bainbridge y Attestor, que litigaron contra la Argentina. Contempla un pago total de US$171 millones, con una quita superior al 30% sobre la deuda reclamada. A cambio, el país evitaría medidas de embargo sobre activos públicos -como acciones de YPF- y pondría fin a los procesos de búsqueda de bienes (“Discovery”) para cobrar esas deudas.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, en tanto, es impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, e introduce una serie de modificaciones en la legislación vigente sobre manejo del fuego, alquileres y venta de tierras a extranjeros.

Además de estas iniciativas, se incluyeron dos proyectos de ley más. Uno dispone la creación de una nueva sala, de tres jueces, en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. El segundo, establece la reestructuración de la Cámara Federal de Apelaciones de San Miguel de Tucumán, ordenando a sus cinco integrantes en dos salas de dos jueces con un presidente que participa en los acuerdos en casos de empate.