POLITICA
El Gobierno apuesta a una mega sesión en Diputados para fin de mes con el Super-RIGI como prioridad
El Gobierno busca armar una sesión grande en Diputados para fines de junio y, en paralelo, ordenar en el Senado el tratamiento del resto de las reformas que envió al Congreso. En la Casa Rosada sostienen que el objetivo es “agrupar todo lo que se pueda” para llevar al recinto una tanda amplia de proyectos en la última semana del mes, con el Súper RIGI y la ley de lobby como ejes principales.
La agenda empieza a moverse este miércoles en comisiones. El oficialismo tiene previsto abrir el debate del Súper RIGI en un plenario de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. También comenzará el tratamiento de la ley de lobby, bajo el nombre formal de Régimen de Gestión de Intereses, en Asuntos Constitucionales y Legislación General.
En Balcarce 50 quieren que ambos proyectos tengan al menos dos reuniones informativas y que lleguen con dictamen a mediados de junio. La fecha tentativa para la sesión grande dependerá del nivel de consenso con los bloques aliados, pero en el oficialismo trabajan con el escenario de una sesión para la última semana de junio.
El Súper RIGI es la prioridad económica del paquete. El régimen apunta a incentivar inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos o todavía poco desarrollados en el país, como inteligencia artificial, data centers, baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y cadenas vinculadas al uranio. El esquema incluye beneficios fiscales, aduaneros y regulatorios para proyectos de alto volumen de inversión.
El debate con los aliados no estará exento de tensiones. En el PRO y la UCR piden revisar el impacto sobre provincias y municipios, en particular por los límites a Ingresos Brutos y tasas locales. También aparecen planteos para incorporar requisitos de proveedores nacionales y precisar mejor qué actividades quedarán comprendidas dentro de la categoría de “industrias del futuro”. En el oficialismo creen que esos puntos pueden corregirse en comisión sin alterar el régimen.
La ley de lobby es el segundo proyecto que el Ejecutivo quiere empujar en Diputados. El texto crea un registro de gestores de intereses, reportes trimestrales, obligaciones para declarar beneficiarios finales y un capítulo especial sobre intereses extranjeros. La discusión no se limita a la transparencia de reuniones: también abre preguntas sobre el organismo de control, las sanciones administrativas y las penas previstas para gestiones clandestinas o reportes falsos.
La intención del Gobierno es sumar a esa misma sesión otros proyectos si llegan en condiciones. Uno de los principales candidatos es el paquete de propiedad privada, que se votará este jueves en el Senado junto con el acuerdo para pagar US$171 millones a holdouts con sentencias firmes en el exterior. Si ambas iniciativas obtienen media sanción, el oficialismo intentará incorporarlas al temario de Diputados antes de fin de mes.
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El caso de los holdouts tiene un condimento adicional: en el Gobierno advierten que el acuerdo necesita aprobación legislativa antes del 30 de junio. Por eso, si el Senado avanza este jueves, Diputados quedará bajo presión para tratarlo rápido. La Casa Rosada busca evitar que ese expediente quede aislado y prefiere incluirlo en una sesión más amplia.
En Diputados también están pendientes el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. El primero aparece como una iniciativa con menor nivel de conflicto político. El segundo, en cambio, sigue atravesado por presiones internas y externas: es uno de los pedidos vinculados al acuerdo comercial con Estados Unidos, pero genera resistencia en sectores de laboratorios nacionales y en bloques opositores.
Por ahora, en el Gobierno no confirman si el tratado de patentes será incorporado a la sesión grande. El proyecto ya tiene dictamen, pero la Casa Rosada evita fijar una fecha. En algunos despachos sostienen que la decisión dependerá de la negociación con aliados, de la posibilidad de evitar nuevas modificaciones al texto y de las señales que lleguen desde Washington sobre la implementación del entendimiento bilateral.
El Senado presenta un cuadro más complejo. El oficialismo todavía no definió una estrategia cerrada para ordenar todos los proyectos que se acumulan en la Cámara alta. Además del tratamiento de propiedad privada y holdouts, allí ya ingresaron iniciativas como los cambios en etiquetado frontal y la reforma del régimen de sociedades trabajada por el equipo de Federico Sturzenegger.
También están en la Cámara alta los proyectos que llegaron con media sanción de Diputados, como Ley Hojarasca y Zonas Frías. En la Casa Rosada no los ubican dentro de la prioridad inmediata, pero tampoco quieren dejar que se acumulen sin una hoja de ruta. El problema es que cada uno abre negociaciones distintas con gobernadores, bloques provinciales, aliados y sectores afectados.
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La reforma electoral corre por otro carril. En el Ejecutivo la consideran una prioridad política, pero admiten que no creen que llegue a votarse en junio. El proyecto requiere concesiones y acuerdos más amplios, porque el oficialismo todavía no tiene los votos para sostener el texto original. En Balcarce 50 asumen que esa discusión será más larga y probablemente se compagine con otros debates después del primer tramo del Mundial.
Los cambios en Salud Mental y Discapacidad tampoco tienen agenda definida. En el Gobierno reconocen que son temas sensibles y que, por ahora, no están dentro del paquete que buscan llevar al recinto en las próximas semanas. La prioridad inmediata pasa por las reformas económicas, de transparencia y propiedad privada, además de los acuerdos que tienen plazos políticos o judiciales más ajustados.
A ese tablero se sumará la reforma de Inocencia Fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Ejecutivo enviará al Congreso una versión renovada del régimen, después de recibir observaciones de contadores y especialistas tributarios. La iniciativa apunta a dar más seguridad jurídica y relanzar el ingreso de dólares del colchón al circuito formal. En el oficialismo entienden que el proyecto ingresará por el Senado.
Gobierno, Diputados, Senado
POLITICA
En su próximo viaje a España, Milei volverá a marcar diferencias con Sánchez y respaldará a la oposición antes de las elecciones
Tal como lo hizo con Flávio Bolsonaro en Brasil, Javier Milei tiene decidido aprovechar su próximo paso por España para sumar fuerzas a la oposición y confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones adelantadas por el oficialismo.
En ese contexto, Milei tiene previsto alternar encuentros académicos y empresariales con actividades políticas, como reunirse con dos referentes de la oposición con los que mantiene una fuerte sintonía ideológica: la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el diputado nacional Santiago Abascal.
La primera es una de las principales referentes del Partido Popular -la derecha tradicional española- que conduce Alberto Núñez Feijóo, mientras que el segundo es el líder de Vox, que representa a un sector más radicalizado y ultraconservador.
Si bien la mayor cercanía política de Milei es con este último espacio, el Presidente tiene un buen vínculo con ambos dirigentes, a quienes busca alentar de cara a los próximos comicios en el país europeo. En el caso de Díaz Ayuso, la dirigente le otorgó una distinción en Madrid en 2024 y Milei la recibió en la Casa Rosada en enero de este año. Por su parte, Milei considera a Abascal un amigo personal y ha participado en varios de los foros encabezados por su partido, escenario que utilizó frecuentemente para polarizar con Pedro Sánchez.
Si bien en Casa Rosada aclararon a TN que el viaje a Madrid ya estaba previsto antes de que el PSOE adelantara las elecciones, un funcionario del círculo presidencial remarcó que con este contexto la gira cobrará una mayor relevancia en términos políticos.
La nueva visita –programada para el lunes 19 de octubre– fue comunicada este lunes durante una reunión de Gabinete, donde Milei y sus ministros analizaron el escenario electoral en Brasil tras el triunfo de Flávio Bolsonaro y el giro político que se había producido con la disolución de las Cortes.
Los detalles de la agenda presidencial todavía no fueron definidos. Sin embargo, en Balcarce 50 adelantaron que el mandatario tiene previsto dar una charla en el marco de una cátedra que dicta en Madrid el economista Jesús Huerta de Soto, un referente de la Escuela Austríaca muy citado y valorado por Milei, a quien incluso llegó a condecorar con la Orden de Mayo durante su visita a la Casa Rosada en abril de 2025.
Además, el mandatario tendrá una reunión con empresarios para explicar las bases de su modelo e incentivar inversiones al país -una práctica habitual en sus giras- y no se descartan otras actividades de índole política atravesadas por la coyuntura electoral local. En cambio, no están previstos encuentros oficiales con otras autoridades locales.
Con su presencia, Milei busca reforzar su figura como gran influencia a nivel global, con capacidad de incidir en los procesos electorales. “En los últimos 10 meses han habido 7 elecciones en la región (…) todos los candidatos apoyados por el Presidente Milei ganaron esas elecciones”, enfatizó el canciller Pablo Quirno este domingo tras confirmarse la ventaja para el bolsonarismo en la primera vuelta de Brasil con el 47% de los votos.
“Siempre va a haber un apoyo del Presidente hacia todos aquellos que defiendan las ideas de la libertad”, subrayó el vocero presidencial, Adrián Ravier, este martes en conferencia de prensa. Y agregó: “No serían ni Sánchez ni Lula las personas que representan esos valores en los que nosotros creemos”.
Además de la propia disputa ideológica, la relación de Milei con Sánchez -al igual que con Lula- fue tirante desde su llegada a la Presidencia, con numerosos cruces públicos que amenazaron con provocar un incidente diplomático.
Por su parte, el líder del PSOE está concentrado en consolidar la posición de su espacio ante el electorado luego de su decisión de disolver el Congreso, tras el rechazo de dos decretos impulsados por el oficialismo en materia de vivienda. Los comicios estaban previstos originalmente para 2027, pero Sánchez acusó un escenario de ingobernabilidad por la resistencia opositora en medio de un clima de movilizaciones alimentadas por el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid.
POLITICA
Diputados retomó el debate sobre Malvinas: la oposición pide tratar algunos puntos por separado para apoyar
La Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional con la exposición de más de una decena de especialistas y representantes de organizaciones civiles. La semana pasada, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores había terminado en escándalo por un enfrentamiento entre el diputado Juan Grabois y algunos legisladores libertarios.
El oficialismo apuntaba a firmar el dictamen del proyecto esta semana pero el fallo de la Corte Suprema que eliminó los límites para que extranjeros compren tierras y la convocatoria de la oposición a una sesión especial para derogar el mega DNU 70/23 demoraron sus planes.
Ante la consulta de Infobae, fuentes del bloque LLA aseguraron que de todas maneras apunta a incluir el proyecto en el temario de la sesión que pedirán para el miércoles 21, por lo que deberán firmar el dictamen la semana que viene. Pero el debate continuará este miércoles con la participación de la Secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en lo que se anticipa como una reunión de alto voltaje político.
Los expositores, en su mayoría convocados a instancias de la oposición, coincidieron en criticar algunos puntos centrales del proyecto, como la conformación del Consejo de Seguridad Nacional y algunas definiciones clave que, según su visión, dejan la puerta abierta para un accionar discrecional del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) planteó que el Gobierno “ya cuenta con las herramientas para frenar el saqueo de nuestros recursos en el Atlántico Sur”, solo debe aplicarlas. “El verdadero objetivo que persiguen es generar dispositivos de control social. La verdadera finalidad de este gobierno es perseguir a las disidencias y a la oposición política. Por eso pedimos que se rechace este proyecto de ley porque malversa la cuestión Malvinas”, continuó.
A su turno, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, aseguró que el proyecto tiene “serios problemas de constitucionalidad” porque propone darle “un amplio poder al Ejecutivo y a las áreas de Inteligencia” sin controles institucionales.
“Pretende abandonar la definición rigurosa de qué es una amenaza. No se pueden hacer definiciones vagas o nebulosas porque deja abierta la puerta a la discrecionalidad estatal. Por ejemplo, se amplían las hipótesis de riesgo, por ejemplo, por desinformar o intervenir en los procesos decisorios de las autoridades”, argumentó.
El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló que el Título 1, que reúne los artículos del 1 al 40, podría lograr un amplio nivel de consenso. “Si ponemos allí el foco, podría haber diferencias, pero es factible llegar a un acuerdo. Le estaríamos haciendo un gran favor al reclamo de Malvinas”, explicó.
Entre otros puntos, el Título 1 propone la ampliación de las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales. En ese sentido, extiende el alcance de la Ley 26.659: ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos naturales, renovables o no renovables, en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina, sin habilitación de una autoridad argentina.
También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores. Prevé multas, suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina e inhabilitaciones. También incorpora responsabilidad para proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.
Además, mantiene la responsabilidad administrativa y penal si una empresa intenta eludirla mediante fusiones, escisiones, transferencias de activos u otras reorganizaciones que encubran la continuidad de la actividad. Además, habilita juicios en ausencia para los delitos contemplados en la iniciativa.
Entre los puntos que cuestiona la oposición se destacan la creación del Sistema y del Consejo de Seguridad Nacional. Propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia. Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.
Por otro lado, crea nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional. Considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones. Las sanciones pueden incluir multas, revocación de permisos y contratos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para operar en sectores vinculados con la seguridad nacional.
POLITICA
Virginia Gallardo presentó un proyecto para que los delitos con prisión perpetua no prescriban
La diputada de La Libertad Avanza por Corrientes, Virginia Gallardo, presentó un proyecto de ley para reformar parcialmente el Código Penal, con tres ejes centrales: eliminar la prescripción para los delitos sancionados con prisión perpetua, actualizar otros plazos de prescripción y endurecer las penas para los delitos de abuso sexual.
La iniciativa fue presentada con autorización de la Mesa Política y lleva también las firmas de Laura Rodríguez Machado, Carolina Basualdo, Nancy Picón Martínez, Pamela Verasay, Gladys Medina, Johanna Longo, Gladys Humenuk, Giselle Castelnuovo y Gabriela Flores, representantes de LLA, la UCR, San Juan y Tucumán.
El proyecto modifica el artículo 62 del Código Penal e incorpora un nuevo artículo 62 bis para establecer que la acción penal no prescriba cuando se trate de delitos sancionados con la pena más grave del sistema. Además, incorpora el artículo 65 bis y modifica el artículo 65 para que tampoco prescriba la ejecución de la pena en esos mismos casos.
La propuesta se enmarca en una serie de iniciativas vinculadas con la violencia y la inseguridad que el Gobierno nacional prevé enviar al Congreso, en un eje que también aparece como uno de los temas de cara a la campaña electoral de 2027.
Qué cambia en la prescripción de los delitos con prisión perpetua
El texto señala que el ordenamiento actual establece que las penas perpetuas prescriban a los 20 años. Según los fundamentos del proyecto, ese plazo puede hacer que una sentencia firme quede sin posibilidad de ejecución por el solo transcurso del tiempo.
“Si para determinados delitos el propio Código Penal establece la pena más grave de todo el sistema, no resulta coherente que el Estado pierda para siempre la posibilidad de perseguirlos simplemente porque pasó el tiempo”, plantea el documento presentado por las legisladoras.
La fundamentación también cita un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en la causa “Price, Brian Alan y otros s/ homicidio simple”. En esa resolución, el máximo tribunal sostuvo que corresponde al legislador nacional determinar el régimen de prescripción atendiendo a razones de seguridad jurídica, economía procesal e interés general.
Además de establecer la imprescriptibilidad para los delitos sancionados con prisión perpetua, la reforma modifica los plazos generales de prescripción de la acción penal. El límite máximo para los delitos reprimidos con prisión temporal pasaría de 12 a 15 años, mientras que el correspondiente a hechos sancionados únicamente con inhabilitación temporal se extendería de uno a tres años.
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El proyecto también reorganiza el artículo 67 del Código Penal. Actualmente, esa norma reúne las causales de suspensión y de interrupción de la prescripción, pese a que se trata de dos institutos con efectos jurídicos diferentes.
La iniciativa mantiene en el artículo 67 las causales de suspensión e incorpora un nuevo artículo 67 bis destinado exclusivamente a las causales de interrupción.
Entre las modificaciones, se agregan como causales de suspensión el período de vigencia de una suspensión del proceso a prueba y el tiempo de cumplimiento de las condiciones de una conciliación o reparación integral del perjuicio.
En cuanto a la interrupción de la prescripción, el proyecto incorpora la declaración de rebeldía y el auto de solicitud de extradición como actos que impiden que el paso del tiempo beneficie a quien se sustrae de un proceso judicial.
Endurecimiento de las penas por abuso sexual
El tercer eje de la reforma alcanza a los artículos 119 y 120 del Código Penal, que tipifican los delitos contra la integridad sexual.
La propuesta eleva los máximos de las escalas penales correspondientes al abuso sexual simple, al abuso sexual gravemente ultrajante y al abuso sexual con acceso carnal. También amplía las penas previstas para los supuestos agravados.
Uno de los cambios incorpora al “apoyo designado judicialmente” como nuevo sujeto agravante dentro del artículo 119. Se trata de una actualización terminológica que equipara esta figura del derecho privado con otros vínculos de confianza o autoridad sobre la víctima, como ascendientes, tutores o curadores.
El aumento de los máximos de las penas no elimina la valoración judicial en cada caso, sino que amplía el margen disponible para graduar la sanción de acuerdo con las circunstancias del hecho.
El proyecto también elimina, en los artículos reformados, las referencias a la pena de reclusión, que serían reemplazadas en todos los casos por la denominación única de prisión. Según las autoras, se trata de un ajuste destinado a mantener la uniformidad terminológica dentro del Código Penal.
La iniciativa es la tercera que presenta Gallardo desde que asumió su banca en diciembre del año pasado.
La primera estuvo vinculada con la declaración de la emergencia hídrica en Corrientes. La segunda estuvo relacionada con los premios Martín Fierro, un tema ligado a su anterior profesión.
Según el texto difundido por las legisladoras, la reforma “busca fortalecer la coherencia interna del Código Penal, asegurar una respuesta estatal efectiva frente a los hechos de mayor gravedad y proporcionar reglas más claras para la actuación de jueces, fiscales y demás operadores del sistema de justicia”, sin alterar las garantías que rigen el proceso penal.
Delitos sexuales, proyecto, Virginia Gallardo
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