Un video grabado desde el interior de un local de ropa se convirtió en una de las piezas más compartidas de las últimas horas en las redes sociales. Su protagonista fue Rodrigo Micelli, empresario textil y dueño de una marca de indumentaria, quien decidió enviar un mensaje directo al presidente Javier Milei para describir la situación que, según aseguró, atraviesan distintos sectores de la economía.

“La estamos padeciendo todos. Para todos está duro. Hablás con el carnicero, se está quejando. Hablás con el plomero, se está quejando. Hablás con nosotros, nos estamos quejando”, afirmó en el comienzo de un video que rápidamente acumuló reproducciones y comentarios.

A lo largo de la grabación, Micelli insistió en que no buscaba realizar un reclamo político ni pedir beneficios particulares para su actividad. “Este es un mensaje para el Presidente. No le voy a manguear, no le voy a pedir nada extra. Simplemente, quiero que nos escuchen. Quiero que entiendan que realmente está complicado”, expresó.

El empresario también destacó su condición de empleador y contribuyente. “Empleo un montón de gente. Pago todos, todos, todos mis impuestos. Necesitamos que nos den una mano. El que estudió para eso es usted, nosotros no. Yo sé hacer remeras, sé hacer buzos, no sé hacer otra cosa. Y sé vender”, sostuvo.

Una de las frases que más repercusión generó fue aquella en la que pidió “una soga” para atravesar el momento actual. “Necesitamos realmente una soga. Estamos complicados. Esto una vez que se caiga, va a ser muy difícil levantarlo”, advirtió. También apeló a una metáfora para describir sus expectativas sobre el futuro. “El túnel ese que vemos, esa luz blanca, quiero que sea la salida, no que sea el tren que nos lleva puestos nuevamente”, señaló.

Tras la viralización del mensaje, Micelli fue entrevistado en Infobae en Vivo, donde amplió los motivos que lo llevaron a publicar el video y detalló cómo observa la actualidad del sector.

Consultado sobre el origen del posteo, aseguró que no imaginó el alcance que tendría. “No, a mí no me gusta meterme en política”, dijo. Sin embargo, explicó que decidió hablar porque observa dificultades crecientes para sostener la actividad. “La realidad es que está difícil, está costando mucho mantener a los empleados. La verdad que cuesta mucho más que antes”, afirmó.

Según relató, su empresa mantuvo históricamente una estrategia basada en márgenes reducidos y altos volúmenes de venta. “Nosotros siempre trabajamos de la misma manera. Margen poco y mucha cantidad”, explicó.

En ese contexto, rechazó la idea de que las importaciones sean la causa principal de los problemas actuales. “Lo importado tampoco está moviéndose. Hoy lo importado no es que nos quitó venta a nosotros. Lo que nos quitó es la situación de la venta”, sostuvo. Para Micelli, el principal problema es la reducción del consumo. “Hay menos capacidad del gastito ese extra que uno se da, un gusto que uno se puede dar”, describió.

Durante la entrevista también repasó la evolución de su negocio. Contó que fabrica ropa desde hace tres décadas y que abrió su local en Avellaneda durante la pandemia. Además, señaló que el año pasado lanzó un sistema de franquicias que alcanzó 120 aperturas en distintos puntos del país. Pese a ese crecimiento, aseguró que la situación de los puntos de venta se deterioró. “La venta en los locales está muy caída. Muy, muy caída”, afirmó.

Al mismo tiempo, remarcó que distintos costos continuaron aumentando. “Los alquileres siguen subiendo, los impuestos siguen subiendo, porque la verdad que a mí no me bajó nada. Pago más de todo”, dijo.

Sobre las importaciones, reiteró que no está en contra de la apertura comercial. Su planteo, explicó, apunta a las condiciones de competencia. “Traé remeras de China, está todo bien. Cada uno elige dónde quiere comprar y qué quiere comprar. Pero si a ellos les cobrás y a nosotros nos cobrás diez y tenés que recaudar diez, sacale cinco a nosotros y cinco a ellos”, señaló.

En ese sentido, afirmó que una remera básica fabricada por su empresa tiene un costo aproximado de entre 5.000 y 5.500 pesos y que él la comercializa a unos 7.000 pesos. También indicó que una prenda similar producida en China puede llegar al país por un valor cercano a los dos dólares.

“No me estoy oponiendo”, aclaró al hablar de las importaciones. “Nadie dice que no traigas. Vos podés comprar lo que quieras donde quieras”.

El empresario también cuestionó los precios que algunas marcas exhibieron en años anteriores. “Yo sé cuánto cuesta fabricar una remera. La mejor remera, con el mejor algodón pima, te puede costar ocho o diez lucas como mucho. No te puedo vender una remera a ochenta lucas”, afirmó.

Otro de los temas que abordó fue la actividad comercial en Avellaneda, uno de los principales polos de venta de indumentaria del país. Recordó que entre septiembre y diciembre del año pasado llegó a vender entre 2.000 y 2.500 remeras por día. En cambio, aseguró que actualmente alcanza, con suerte, unas 1.000 unidades diarias. De todos modos, reconoció que la comparación está condicionada por factores estacionales. “Estamos en invierno. Yo le tengo mucha fe al verano”, comentó.

Al contrastar períodos equivalentes, estimó una caída de entre 10% y 15% en las ventas. “Estoy más o menos vendiendo un diez, quince por ciento menos. Pero con los gastos mucho más altos”, indicó. Según explicó, los costos de tela y confección registraron aumentos moderados y decidió no trasladarlos plenamente a los precios finales. “No los trasladé”, aseguró.

“Antes quizás cubría los gastos fijos con dos mil remeras. Hoy lo cubro con cuatro mil”, ejemplificó para describir cómo cambió la estructura de su negocio.

Micelli también habló sobre las transformaciones que observa entre sus clientes. Según contó, muchas personas comenzaron a utilizar la venta de ropa como una fuente adicional de ingresos. “Hay mucha gente que está emprendiendo”, sostuvo. Para ese segmento, su empresa desarrolló paquetes especiales para revendedores. De acuerdo con su descripción, algunos compradores adquieren lotes de prendas y luego las comercializan a través de WhatsApp o Instagram. “Es un rebusque”, resumió.

El empresario aseguró que detecta cada vez más casos de personas que complementan sus ingresos de esa manera. “Tengo mucha gente”, señaló. Además, explicó que implementó un sistema que permite cambiar parte de la mercadería no vendida, una herramienta que, según indicó, busca proteger a quienes revenden sus productos. “Es una forma de cuidarlos”, afirmó.

También señaló que observa cierres de locales en galerías comerciales. “Hay muchos locales cerrados, porque es la gente que no puede aguantar quince días sin vender”, afirmó. Consultado sobre las políticas económicas y la situación del sector, consideró que durante años existieron problemas estructurales que no se resolvieron. “Antes te faltaba estabilidad en compra. Hoy te falta estabilidad en la venta”, resumió.

Hacia el final de la entrevista, volvió a insistir en que no tiene objeciones a la competencia ni a las importaciones. “Yo soy pro competencia, a mí me gusta la competencia, me divierte, nos hace a todos mejorar algo”, aseguró.

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Mirá la entrevista completa a Rodrigo Micelli

La actividad depredadora que lleva adelante la flota de buques extranjeros apostada sobre la milla 201, pero que irrumpe de forma permanente en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina, sigue arrojando números que se agravan. Integrada en más de un 90% por unidades chinas, la armada en cuestión también integra embarcaciones españolas y portuguesas. En semanas recientes, dichos barcos fueron penalizados por la Prefectura Naval Argentina tras detectarse que efectuaban maniobras coincidentes con la captura de especies marinas mediante redes de arrastre. Ahora, un nuevo informe detalló que la flota extranjera extrae de Mar Argentino hasta cuatro veces más recursos que la industria pesquera nacional. Y que eso produce una depredación de fuerte impacto a nivel económico y laboral.

De acuerdo a un informe elaborado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), los volúmenes de extracción pesquera en la zona crecieron 65% entre 2019 y 2024. Al mismo tiempo, se informó que la flota china aumentó 85% su «esfuerzo», amenazando con un agotamiento de especies en apenas uno o dos años más.

Buques extranjeros arrasan el mar patagónico

Según el trabajo mencionado, mientras la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, las flotas internacionales llegan a capturar entre 1,5 y 3 millones de toneladas cada año.

En línea con lo anterior, Raúl Cereseto, presidente de FULASP, afirmó que «el verdadero problema no es solamente que se lleven más volumen que la pesca argentina. El daño más grave es biológico: muchas especies están siendo capturadas antes de completar su ciclo natural«.

Asimismo, el especialista explicó que en el corto plazo la discusión podría pasar de la pérdida económica al «agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y para todo el ecosistema del Atlántico Sur».

La mayoría de las capturas que llevan adelante los buques extranjeros corresponden «a calamar, merluzas y otras especies transzonales que migran permanentemente entre la plataforma continental argentina, el alta mar y las áreas actualmente explotadas por flotas internacionales».

El informe de FULASP cuenta con el aval de la Environmental Justice Foundation (EJF), una organización internacional dedicada a investigar delitos ambientales, pesca ilegal, trabajo forzoso y explotación de recursos naturales.

Dicha entidad también confirmó que en el caso del calamar Illex la combinación de sobrepesca y malas condiciones ambientales «podría provocar un colapso poblacional en apenas un año, porque es una especie de ciclo muy corto».

La flota depredadora suma más barcos extranjeros

El predominio chino en la flota que, integrada por al menos 600 embarcaciones, saquea el Atlántico Sur al borde de la milla 201 sigue siendo contundente pero, a la par de esa masividad, también viene incrementándose la presencia de buques de otros países con la misma naturaleza depredadora.

En ese sentido, en lo que va del año Prefectura Naval Argentina también detectó y penalizó el ingreso ilegal a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de unidades de bandera española y portuguesa, en todos los casos efectuando maniobras coincidentes con la captura de especies marinas mediante redes de arrastre.

Se estima que la pesca ilícita en la ZEE, con foco en la captura del calamar, representa un negocio que alcanza los 1.000 millones de dólares.

Recientemente, el gobierno que lidera Javier Milei rubricó un pacto con el Comando Sur de la Armada de los Estados Unidos que habilita el patrullaje norteamericano en el extremo sur del país por el lapso de 5 años. La Libertad Avanza (LLA) asegura que el objetivo es neutralizar la pesca ilícita, aunque la decisión levantó polvareda en tanto habilita el despliegue de buques estadounidenses en el mar soberano.

Además de los alcances de lo pactado, la controversia también está en la forma en que se conoció el acuerdo: fue la misma embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y el Comando Sur de los Estados Unidos quienes, a través de sus espacios en redes sociales, comunicaron la novedad. Por el contrario, el área de Defensa nacional hasta ahora omitió toda referencia al entendimiento firmado.

En concreto, indicó el área militar estadounidense, la potencia efectuará patrullaje en la zona marítima nacional en el marco del programa denominado «Protección de los Bienes Comunes Globales«.

La Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la localidad cordobesa de Brinkmann enfrenta su cierre inminente por quedarse sin personal para operar. Ubicado en el noreste de la provincia mediterránea, el distrito depende mayoritariamente de las actividades agropecuarias, con una marcada especialización en la lechería.

Los tres técnicos que conforman el equipo actual de la agencia, la unidad territorial encargada de llevar la investigación científica al productor, adhirieron al plan de retiro voluntario impulsado por el organismo.

Esta medida, diseñada para reducir de manera significativa la planta de personal, tenía como plazo inicial de adhesión fines de mayo, con una prórroga hasta el 10 de junio. Según el portal especializado Bichos de Campo, la amenaza de eventuales pases a disponibilidad una vez vencido ese plazo aceleró la cantidad de solicitudes, que ya totalizan 900 en el instituto.

De esta manera, la dependencia de Brinkmann quedará sin personal para atender las necesidades del sector productivo local, dejando sin asesoramiento ni acompañamiento técnico a los productores de una región con fuerte impronta agropecuaria.

El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, había manifestado su postura respecto a las agencias de extensión rural, afirmando que si dependiera de él cerraría todas. Sin embargo, en este caso la clausura de la agencia no responde a una orden directa sino a la falta total de recursos humanos.

El municipio de Brinkmann emitió un duro comunicado de oposición a la medida. El gobierno municipal aseguró que “durante casi 60 años el INTA Brinkmann, a través de sus profesionales y en conjunto con los productores y las familias rurales, llevaron adelante tareas y programas que mejoraron la producción, cuidando el medio ambiente y el uso eficiente de los recursos”.

Destacó el Programa Pro Huerta, “a través del cual cientos de personas encontraron en la producción de alimentos una forma de sustento a sus economías familiares”.

Asimismo, afirmó que “la ciencia aplicada al desarrollo de las economías regionales, la investigación al servicio de la producción y los recursos del Estado en beneficio de las comunidades del interior han sido, entre muchos otros, los beneficios que la presencia del INTA en todo el país, ha dejado a cada uno de los rincones de la Argentina”.

Rechazaron “el cierre del INTA en Brinkmann, el proceso de achique inconsulto y a su vaciamiento feroz en todo el territorio de la República Argentina”.

Por otra parte, desde el municipio advirtieron que “si finalmente el Gobierno Nacional decide el cierre de las oficinas de Brinkmann- su edificio (construido con el aporte de toda la comunidad de Brinkmann y por iniciativa y trabajo de un grupo de brinkmanenses) no sea un bien sujeto a las reglas del mercado. Y que permanezca como patrimonio de toda la ciudad y de utilidad para el bien común”.

“Un Estado y un sistema científico, técnico y productivo al servicio de las comunidades del interior es no sólo responsabilidad de todos sino una necesidad para una Argentina realmente grande, justa y soberana”, concluyó el comunicado.

Mientras tanto, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín falló a favor de ATE y ordenó la suspensión de la Resolución 24/2026 del INTA, para evitar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades.

La decisión firmada por el Juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto también detalla que la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y sus agencias de extensión constituyen estructuras destinadas a la investigación científica, la transferencia tecnológica, la asistencia técnica a productores y el fortalecimiento de la agricultura familiar, actividades vinculadas con objetivos expresamente promovidos por la Constitución Nacional y diversas leyes nacionales.