POLITICA
Malestar de Kicillof porque la Legislatura bajó el proyecto de libre disponibilidad de fondos a los intendentes

Los intendentes de la provincia de Buenos Aires deberán limitar el uso de un fondo proveniente del endeudamiento a conseguir por el gobernador Axel Kicillof y destinar el 30% de esos recursos a obras, programas del Ministerio de Transporte o del Instituto Cultural. Es que finalmente, el plan para que tengan la potestad de usar el 100% de dichos fondos de la manera que consideren más apropiada naugrafó.
Este jueves, y luego de varias idas y vueltas, la Cámara de Diputados prácticamente dio por cerrado el tema cuando volvió a posponer por segundo día consecutivo la reunión de comisión de Presupuesto en la que se iba a abordar el pedido de los jefes comunales.
En el Ejecutivo leen que con estos movimientos se encubre una estrategia de un sector del peronismo en acuerdo con la oposición para intervenir sobre los fondos en cuestión, dado que los proyectos que se imponían le daban a una comisión bicameral la facultad de autorizar los pagos; mientras que desde la UCR y el PRO le achacan al gobierno de Kicillof que nuevamente “no cumple los acuerdos en los que se embarca” y, a la par, se preparan para acorralar al titular de IOMA, Homero Giles con una sesión especial que será el próximo lunes, ante las reiteradas críticas por el funcionamiento de la obra social del Estado provincial.
Finalmente, la comisión de Presupuesto que se iba a reunir este jueves volvió a suspender su encuentro, tal como sucedió el miércoles. Allí había un solo tema a tratar en el orden del día: un proyecto de ley del diputado del bloque UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena, que modificaba la ley de endeudamiento aprobada a fin de año en ambas cámaras y le daba a la comisión bicameral, creada en el marco del seguimiento de la deuda, la potestad de intervenir sobre el pago de los fondos a los distritos, además de -lo más crucial para los intendentes- la libre disponibilidad de los mismos. Es decir, que los intendentes puedan usarla para lo que necesiten. Es que la actual normativa establece que el 70% del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal -el creado en el marco de la autorización de deuda- se distribuya de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante sea a través de programas provinciales de los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos y Transporte y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Modificar este punto es lo que, desde hace algunos meses, los intendentes vienen pidiendo cambiar.
Entonces se fueron presentando proyectos de ley en esa dirección. Además del de Garciarena, el otro bloque del radicalismo también elevó una iniciativa y el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich otra. En tanto que en Fuerza Patria, según pudo saber Infobae, también trabajaban sobre un anteproyecto en caso de ser necesario.

La proliferación de iniciativas fue el argumento que caló para que el miércoles la comisión no se reúna. “Tenemos que acordar un proyecto unificado”, planteó un legislador oficialista. Este jueves, donde tampoco hubo reunión de comisión, el argumento que emanó desde autoridades de la comisión es que 113 distritos ya iniciaron el proceso administrativo para destinar ese 30% de fondos -que no son de libre disponibilidad- a la ejecución de obras, mientras que otros dos lo usarán para programas del Instituto Cultural.
La facultad de la comisión bicameral que se planteó en el proyecto de endeudamiento es el foco de conflicto. En la oposición recuerdan que el Ejecutivo “no contemplaba siquiera la creación de una bicameral para controlar la toma de deuda, ni cómo repartir los fondos que le iban a llegar a los municipios”, aportó un diputado PRO ante la consulta de este medio.
El Ejecutivo mira los movimientos legislativos y vuelve a poner la lupa sobre sus socios del peronismo, además de la esperable reacción de la oposición. “Nosotros no tenemos problemas con que los fondos sean de libre disponibilidad, pero lo van a tener que tratar porque los intendentes están a la espera”, plantean cerca de Kicillof ante la consulta de este medio. Este lunes, lo propio había dicho el ministro de Gobierno Carlos Bianco, asegurando que la distribución de los fondos en disputa debería ser toda por CUD.

Entonces, ante este posicionamiento, en la oposición remarcan que “Kicillof no cumple los acuerdos”, porque “esto que estamos debatiendo ahora se había planteado cuando definimos el endeudamiento”, aseguró un integrante de la comisión de Presupuesto por la oposición.
“Acordamos que sea así. En ese momento, por la interna que tiene adentro del peronismo, se definió que el 30% los fondos se usen a través de los ministerios, uno por cada sector. Entonces, si vamos a rediscutir los términos, pongamos a debatir todos los proyectos que hay”, aseguran en el PRO que tiene su propia propuesta, que es que sea de libre disponibilidad, mediante CUD, definiéndose además por los ingresos de los distritos y autorizados por la comisión bicameral. Un diputado de ese espacio remató: “Esto es por culpa del gobernador. Es para dilatar el pago”. Al 31 de agosto se debería ejecutar la segunda transferencia estipulada de hasta $50 mil millones de pesos.
IOMA, próxima parada
En tanto que el próximo lunes se convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados bonaerense pedida por la oposición. El objetivo es discutir los proyectos de ley referidos al funcionamiento de IOMA. Los bloques de La Libertad Avanza, los dos de la UCR, el PRO, Espacio Abierto-Hechos, Coalición Cívica y Unión y Libertad presentaron el 1 de junio un pedido de una sesión especial. Reúnen la cantidad necesaria de firmas y ahora deberán juntar el quórum de la mitad más uno (47 diputados sentados en sus bancas).

Hay un listado de proyectos alusivos al desempeño de la Obra Social del Estado bonaerense. Desde pedidos de informes por las deudas que acarrea con los municipios, un proyecto para crear una comisión bicameral para monitorear el funcionamiento del IOMA hasta el pedido de interpelación a su presidente, Homero Giles, entre varios otros. Incluso la autarquía del IOMA.
El encuentro, de concretarse, será el lunes a las 13 horas. Sin embargo, existe la posibilidad de que dicha sesión especial se caiga. Según supo este medio, hay conversaciones para que Giles asista a una reunión de carácter informativo y más reducida, es decir, con algunos representantes de los bloques, para así hacer caer una sesión donde la oposición juntaría el número para aprobar todos los proyectos de ley que impulsan.
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POLITICA
Río Negro: el intendente libertario suspendido por peculado y administración fraudulenta deberá enfrentar un referéndum

El intendente de Allen, Marcelo Román, quedó más cerca de tener que someter su continuidad a una votación popular. La iniciativa para revocar su mandato superó las 4579 firmas y ahora el Concejo Deliberante deberá formalizar el avance del proceso y definir la fecha del referéndum.
En paralelo, el jefe comunal enfrenta una investigación judicial por presunto peculado y administración fraudulenta, una causa por la que ya había sido suspendido preventivamente. La situación de Román puede terminar con su salida de la intendencia por dos vías diferentes.
Por un lado, los vecinos deberán decidir en el referéndum si continúa o deja el cargo, una vez que el Concejo complete los pasos previstos por la normativa municipal. Por otro, la Carta Orgánica establece que una condena firme en la causa penal derivaría en su destitución, mientras que una absolución le permitiría recuperar el cargo en caso de que siguiera suspendido.
La recolección de adhesiones comenzó formalmente el 10 de septiembre, cuando el Concejo Deliberante habilitó cinco libros para que los vecinos pudieran respaldar el pedido. El requisito establecido por la Carta Orgánica representa el 20% del padrón de 2023.
POLITICA
La Corte Suprema sesionará este viernes de forma extraordinaria y podría definir el futuro de la Ley de Tierras


La Corte Suprema sesionará este viernes, a las 9, para resolver la disputa por la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, en una reunión convocada de urgencia que podría restablecer las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, eliminadas por el artículo 154 del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.
El expediente que tiene para resolver el tribunal incluye un pedido de medida cautelar impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Si la Corte concede esa cautelar, las limitaciones que la Ley 26.737 imponía sobre la adquisición de predios rurales por ciudadanos extranjeros volverían a estar vigentes. Constitucionalistas con experiencia en el tribunal advierten que una resolución directa del máximo tribunal —sin reenviar el caso a primera instancia— sería una decisión de carácter excepcional.
La sesión extraordinaria se explica por un punto muerto interno: los tres miembros del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaron la unanimidad necesaria para avanzar. Sin tres votos no hay sentencia posible, por lo que el tribunal convocó a dos conjueces para desempatar.
Los magistrados elegidos son Diego Barroetaveña, de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos son penalistas con extensa trayectoria judicial. Barroetaveña, cercano a Rosatti, integra el Consejo de la Magistratura; Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques, juez de Casación y padre del actual ministro de Justicia.
Los dos camaristas compartían hasta hace poco su participación en tribunales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de la que renunciaron en diciembre del año pasado tras un pedido de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para que la Corte ordenara el cese de todos los jueces en esas funciones.
La urgencia del tribunal quedó plasmada en una resolución firmada a las 19:09 del miércoles por Sergio Miguel Nápoli, secretario de la Corte. El documento redujo el plazo habitual de 72 horas para que la integración quedara consentida y dispuso que, “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, el término se fijara en 24 horas. Para garantizarlo, la resolución habilitó expresamente “días y horas inhábiles”.
La causa que ahora llega a la Corte fue iniciada en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche. Árbol de Pie y los demás demandantes cuestionaron la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó íntegramente la Ley de Tierras. El planteo fue derivado a la Cámara Federal de La Plata por considerarse conexo al del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), pero ningún tribunal llegó a tratar el fondo del asunto.
Los promotores del caso subrayan que su legitimación es propia y diferente a la del CECIM: no invocan la soberanía nacional, sino “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas” sobre sus territorios ancestrales.
El contexto que precipitó esta sesión extraordinaria se remonta al martes de la semana pasada, cuando la Corte revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. El tribunal argumentó que el CECIM carecía de legitimación activa para impulsar el amparo, lo que generó una ola de críticas y una amenaza concreta de la oposición de impulsar en el Congreso la derogación de todo el DNU 70/2023, con una sesión especial prevista para el próximo jueves.
Tras la controversia, la Corte difundió un comunicado en el que aclaró que su fallo solo había resuelto una cuestión procesal y que “no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”. Sin embargo, Rosenkrantz no participó de la redacción ni convalidó ese documento, según informaron desde su vocalía.
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POLITICA
Tolosa Paz apuntó contra Caputo: “Todos seremos muy felices cuando te retires”

La diputada peronista cuestionó al ministro de Economía por la caída de la actividad y el consumo. También puso en duda su diagnóstico sobre el crecimiento y reclamó su salida del Gobierno.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz aprovechó la despedida de Lionel Messi de la selección argentina para lanzar una dura crítica contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y reclamar su salida del Gobierno. Con una ironía sobre el apodo de “Messi de las finanzas” que recibió el funcionario, la dirigente peronista cuestionó los resultados del programa económico y sostuvo que, a diferencia del capitán argentino, su retiro sería motivo de celebración.
“Ahora parece que el Gobierno quiere organizarle la despedida al Messi de las finanzas, Toto Caputo”, escribió Tolosa Paz en su cuenta de X. La legisladora acusó al ministro de haber manejado la economía nacional durante seis de los últimos once años y lo definió como “una máquina de destruir”. El mensaje llegó dos días después del homenaje al futbolista en el estadio Monumental, que reunió a dirigentes de distintos espacios políticos en un reconocimiento poco habitual por su transversalidad.
Tolosa Paz buscó confrontar el discurso oficial de recuperación con los indicadores de actividad y consumo, dos variables que se convirtieron en uno de los principales puntos de disputa entre el Gobierno y la oposición. El cuestionamiento también apuntó a la estrategia de Caputo de presentar la desaceleración como una pérdida de velocidad del crecimiento y no como una recesión.
“Caputo, ¿en qué país vivís? Vos decís ‘crecemos hace 29 meses’ y el INDEC te desmiente en la cara: -2,9% en julio, el derrumbe más grande desde el año 2020”, afirmó la diputada. El dato corresponde a la caída mensual desestacionalizada de la actividad económica, mientras que la comparación interanual registró una contracción del 1,4%. Según las cifras oficiales, fue el retroceso mensual más pronunciado desde abril de 2020, durante las restricciones por la pandemia.
La crítica tuvo como antecedente inmediato las declaraciones que Caputo realizó el sábado pasado en París, durante el cierre de la Argentina Week. Allí, el ministro rechazó que la economía estuviera atravesando una recesión y defendió su interpretación de los indicadores. “Estamos creciendo desde hace 29 meses, ahora a un nivel más bajo”, sostuvo. Para fundamentarlo, recurrió a la serie tendencia-ciclo del INDEC, que mostraba una variación positiva del 0,2% mensual, en contraste con la fuerte caída de la serie desestacionalizada.
Mientras el equipo económico insiste en que la estabilización macroeconómica permitirá recuperar la actividad y atraer inversiones, el peronismo procura instalar en el debate público las dificultades que atraviesan los sectores vinculados al mercado interno. La industria manufacturera cayó 4,6% interanual en julio y el comercio retrocedió 5,1%, mientras que la minería y la pesca registraron avances. Esa disparidad entre sectores alimenta la discusión sobre el alcance de la recuperación.
Tolosa Paz también cuestionó las proyecciones oficiales de crecimiento. “Los que antes proyectaban que crecíamos 1,3%, ahora dicen que nos hundimos 1,1%. Tu presupuesto establecía que la Argentina crecería el 5%, después lo bajaste al 3,5% y ya está en 1,2% con suerte”, escribió. Con esos números, que presentó como parte de su crítica política, la diputada intentó poner el foco en las sucesivas revisiones de las expectativas económicas y en la distancia entre los pronósticos y los resultados.
“El consumo no cae por el riesgo kuka, sino que se retrae porque la gente no llega a fin de mes, porque le destrozaste el bolsillo y provocaste una brutal transferencia de ingresos”, sostuvo. La referencia apuntó a uno de los argumentos utilizados por Caputo para explicar la cautela de los inversores: la incertidumbre política asociada con un eventual regreso del kirchnerismo. Desde París, el ministro había vinculado parte de la evolución del riesgo país con esa preocupación.
La ofensiva de la legisladora se inscribe en un momento en el que la discusión económica comienza a adquirir una dimensión electoral de cara a 2027. Para la oposición, el deterioro de los ingresos y las dificultades de recuperación de la industria y el comercio ofrecen un terreno para cuestionar la política oficial. El Gobierno, en cambio, sostiene que el equilibrio fiscal, la desinflación y la recuperación del crédito constituyen las bases de un crecimiento más sostenido. Son dos interpretaciones enfrentadas sobre la marcha de la economía y, también, sobre los resultados que cada espacio buscará exhibir ante los votantes.
“Te presentaron como ‘el Messi de las finanzas’, pero a diferencia del verdadero, todos seremos muy felices cuando te retires y dejes de hacerle daño a un pueblo que endeudaste como nadie hizo en la historia”, escribió Tolosa Paz.
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