El juez federal Julián Ercolini procesó a Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, por el delito de enriquecimiento ilícito y trabó un embargo sobre sus bienes hasta la suma de 1500 millones de pesos.

El desfasaje entre sus ingresos y gastos es de casi 4,3 millones de pesos, correspondientes al período 2003 al 2017. El juez aclaró que la suma es a valores a época, sin actualización por la alta inflación del período.

El principal cuestionamiento es una casa en el country Mapuche de Pilar, que la defensa dijo que era de la madre de Baratta, pero donde el exfuncionario pagaba las cuentas y hasta el servicio de cable estaba a nombre de su chofer Oscar Centeno.

Baratta era subsecretario del Ministerio de Planificación Federal y está siendo juzgado por el caso de los cuadernos de las coimas, como uno de los cobradores que retiraba bolsos con dinero de empresas y los llevaba a dependencias oficiales.

Según el fallo de Ercolini, Baratta incrementó su patrimonio de manera “apreciable e injustificada” mientras fue funcionario y durante los dos años posteriores a dejar el cargo.

La resolución de 73 páginas analiza la evolución patrimonial desde el 28 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2017.

En ese lapso Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio, hasta diciembre de 2015.

La perito oficial del Cuerpo de Peritos especializado en casos de corrupción reconstruyó los ingresos y gastos del exfuncionario.

Concluyó que hubo saldos negativos en 2005, 2008, 2010 y en todos los ejercicios de 2012 a 2017.

Después de aceptar algunas objeciones de la defensa, el desfase quedó en al menos 4.294.425,90 pesos.

Ercolini aclaró que esa suma está calculada a valores de cada año, sin actualizar, en un período de fuerte inflación. Por eso, escribió, la cifra “constituye, pues, un piso”.

La acusación se refiere a la compra de un lote y a la construcción de una casa en el Mapuche Country Club, de Pilar, que Baratta dijo que era de su madre y no suya.

El lote se escrituró en septiembre de 2012 a nombre de Marta Rosa Girola, madre de Baratta, por 70.000 dólares pagados en efectivo.

Entre diciembre de 2012 y enero de 2015 se levantó allí una casa de unos 380 metros cuadrados, con subsuelo, planta baja y primer piso.

El arquitecto Diego Manuel Gómez, que diseñó y dirigió la obra, dijo que trataba directamente con Baratta, quien le indicaba qué construir.

También declaró que cobró unos 3,7 millones de pesos en alrededor de treinta entregas, en pesos y dólares, siempre en efectivo y sin cheques ni transferencias.

Según el arquitecto, los pagos los hacía el propio Baratta o los llevaba su secretario privado, Nelson Javier Lazarte.

Gómez agregó que no conocía a la madre del exfuncionario y que al padre solo lo había visto algunas veces recorriendo la obra.

El fallo señala que las facturas de una constructora estaban emitidas a nombre de Baratta, con el domicilio de su departamento, y la cuenta del country registró gastos de Baratta y de su esposa, Dalina Bielle, hasta diciembre de 2017.

Además, los impuestos y las expensas se pagaban casi siempre en efectivo y el servicio de cable e internet de la casa estaba contratado desde 2015 a nombre de Oscar Centeno, chofer de Baratta y autor de los cuadernos que dieron origen a la causa por las coimas de la obra pública.

En mayo de 2013, la madre firmó además una oferta de donación del inmueble a favor de su hijo. Para el juez fue un “artilugio jurídico” para incorporar formalmente el bien a su patrimonio, aunque no hay registro de que la donación haya sido aceptada.

La lista de bienes que le adjudicó el juez a Baratta incluye un departamento en José Hernández 2043, en Belgrano, comprado en 2010 por 220.000 dólares, de los cuales 215.000 se entregaron en efectivo.

Además tiene dos unidades con cocheras en la calle Thames, a nombre de su esposa, cuatro autos, plazos fijos en varios bancos y cajas de seguridad; hizo viajes al exterior y pagó cuotas del Belgrano Day School.

Tiene además 27.500 euros y 25.276 dólares en efectivo, secuestrados en un allanamiento a su casa ordenado en otra causa que lo involucra junto a De Vido.

Ercolini señaló que el déficit “no presenta una distribución temporal azarosa”. Se profundiza desde 2012, coincide con la compra del lote y la construcción de la casa, y culmina en 2017, cuando pesa especialmente el dinero secuestrado.

En su indagatoria del 16 de septiembre, Baratta dijo que Ercolini carecía de imparcialidad y sostuvo que todos sus bienes se explican por su sueldo de funcionario, los ingresos de su esposa y los recursos de sus padres.

Dijo que la casa de Pilar la compraron sus padres con la indemnización que su padre cobró al retirarse de Edenor; que la decisión de construir se debe a la enfermedad de su hermana, ya fallecida, para darle un lugar de descanso y que los euros y dólares secuestrados eran de su suegra y provenían de una herencia.

El juez respondió que la existencia de esos recursos familiares quedó en parte acreditada, pero que no se probó que se hubieran usado para pagar las compras cuestionadas.

El delito de enriquecimiento ilícito prevé de dos a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

La Corte Suprema apuesta a dictar cuanto antes un nuevo fallo sobre la ley de tierras; para eso, abrevió los plazos legales en el caso que ahora tiene a estudio y, en 24 horas, podría quedar en condiciones de dar a conocer una decisión.

El expediente que tiene para resolver el máximo tribunal incluye un pedido de medida cautelar; si la concede, pondría nuevamente en vigencia las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.

En la práctica, revertiría los efectos que tuvo su propio fallo del martes de la semana pasada. Ese día, invocando un motivo procesal, revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo del decreto 70/2023, de Javier Milei, que derogó esa ley.

El fallo de la Corte Suprema motivó duras críticas y una amenaza de la oposición con hacer caer en el Congreso todo el DNU 70/2023 -y no solo el artículo contra la ley de tierras-. La oposición pretende tratar el tema en una sesión especial el jueves de la semana próxima.

En medio de los cuestionamientos, la Corte decidió volver sobre el tema. Resolvió que va a tratar un planteo vinculado con su fallo anterior: una “aclaratoria” solicitada por una asociación ambientalista, dos comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que defienden la ley de tierras y quieren que les precisen si el fallo del máximo tribunal alcanza también al amparo colectivo presentado por ellos o no.

A diferencia de la semana pasada, los tres jueces de la Corte ahora no están de acuerdo en cómo seguir con este tema y, como sin tres votos no hay fallo posible, ayer convocaron a dos conjueces. Todo indica que Carlos Rosenkrantz no está dispuesto a tomar una decisión que vuelva a cambiar el panorama. En la vereda de enfrente estarían Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

Los conjueces que se sumarán para este caso son los camaristas Diego Barroetaveña (de Casación) y Juan Ignacio Pérez Curci (de la Cámara Federal de Mendoza). Fueron sorteados ayer y las reglas del proceso indican que las partes tienen 72 horas para recusarlos. Sin embargo, la Corte acortó hoy ese plazo.

A las 19:09 de este miércoles, Sergio Miguel Nápoli, secretario de la Corte, firmó una resolución que anuncia que “por disposición del Tribunal, se notifica a las partes que han sido designados conjueces en la presente causa los Dres. Barroetaveña y Pérez Curci, que han aceptado el cargo” y que “en atención a las particulares circunstancias de la causa” (particularidades que no detalla), “corresponde abreviar el plazo para que dicha integración quede consentida, el que se fija en 24 horas”. La resolución agrega: “A ese solo efecto, habilítanse días y horas inhábiles”.

Si decide que este amparo colectivo debe recibir un tratamiento por separado del caso de la semana pasada, la Corte, con sus tres titulares y sus dos conjueces, debe determinar qué trámite le da al expediente. Una opción es devolverlo a la justicia federal de La Plata o de Bariloche, donde se inició. Difícilmente sea eso lo que discute, considerando el apuro que expresó.

La otra opción sería que la propia Corte tratara ella -sin enviar el caso a primera instancia- la medida cautelar. Sería una medida excepcional, dictable solo si considera que se cumplen los requisitos y que la urgencia es tal que no hay otra alternativa.

Los conjueces

Barroetaveña y Pérez Curci son penalistas, cuentan con una larga carrera judicial y no es la primera vez que son nombrados conjueces. Tienen algo más en común: los dos integraban tribunales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta que renunciaron, en diciembre del año pasado. Barroetaveña presidía el Tribunal de Ética de la asociación que encabeza Claudio Tapia; Pérez Curci formaba parte de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA. Renunciaron después de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió a la Corte que dispusiera el cese de las funciones de todos los jueces en los tribunales de la AFA.

El nuevo planteo

El nuevo planteo lo hicieron ante la Corte la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora Odarda, que presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Alberto Fernández. Ellos habían presentado una acción colectiva para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto 70/2023 de Javier Milei, que derogó por completo la ley de tierras. Este planteo fue tratado por la Cámara Federal de La Plata como un caso conexo al del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que solicitaba lo mismo. En el caso de los excombatientes, la Cámara Federal de La Plata les dio la razón, pero la Corte revocó ese fallo con el argumento de que el Cecim, que había invocado que estaba en juego la soberanía, no tenía legitimación activa para promover el caso.

La aclaratoria de Árbol de Pie y los demás promotores de este caso fue presentada el jueves pasado. Solicita “que se precise” si el fallo de la Corte de la semana pasada “produce algún efecto” sobre su expediente y, “en su caso, cuál es su alcance, teniendo especialmente en consideración que los actores de autos [los miembros de Árbol de Pié, Odarda y las comunidades indígenas] han invocado títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en Cecim, que no han sido objeto de pronunciamiento”.

Sostienen que su planteo no debe seguir la suerte del de los excombatientes porque ellos alegan una legitimación diferente. Remarcan que lo que ellos invocan no tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional, sino que son “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente relacionados con sus territorios ancestrales y con la incidencia que sobre ellos podría producir la eliminación del régimen de protección establecido por la Ley 26.737 [la ley de tierras]″.

Lo que ya “aclaró”

Tras las críticas que generó el fallo del martes pasado y la reacción de la oposición (que amenaza con hacer caer en el Congreso todo el decreto 70/2023), la Corte hizo circular un comunicado “aclaratorio” en el que sostuvo que ella solo había resuelto un aspecto procesal, con una decisión que “se ajusta estrictamente” a todos los precedentes del tribunal. Afirmó que la sentencia no afectaba “a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales” (la de Árbol de Pie es una de ellas) y que “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”. Además, criticó a quienes, para “presionar sobre el tema” de la ley de tierras, promovieron “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.

Si bien circuló como un comunicado de la Corte Suprema, no lo hizo por los canales oficiales del tribunal y en la vocalía de Rosenkrantz informaron a que este juez no había participado ni consentido la redacción ni la difusión de ese documento. Y el jueves, en un encuentro de jueces de tribunales orales, Rosenkrantz reclamó “tener temple para soportar las críticas”.