La movilización por San Cayetano volvió a reunir a sindicatos, movimientos sociales y partidos de izquierda, que tras confluir en la Plaza de Mayo prometieron intensificar los reclamos callejeros.

La jornada comenzó en el santuario de Liniers con una concentración encabezada por las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y culminó en Plaza de Mayo, en donde se sumaron los sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT), de las dos CTA y sectores de izquierda.

El cierre tuvo una breve introducción a cargo de Alejandro Gramajo, conductor de la UTEP, quien agradeció a aquellos “que han caminado más de 13 kilómetros para seguir defendiendo al pueblo trabajador” y dio lugar a la lectura de un documento que cuestionó con dureza el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, el texto cuestionó la premisa oficialista sobre el equilibrio fiscal al manifestar que “se sostiene sobre un creciente endeudamiento y la especulación financiera”, en detrimento de la producción y el empleo.

En otro pasaje se afirmó que el deterioro de las condiciones sociales “no es una crisis inevitable, sino el resultado de decisiones políticas”.

La lectura se centralizó así en el impacto sobre “los sectores más vulnerables”.

En ese marco, el documento defendió “el trabajo registrado, los convenios colectivos, las organizaciones sindicales” y “un Estado presente”.

Finalmente, convocó a fortalecer la unidad del movimiento obrero y de las organizaciones populares para enfrentar las políticas oficiales.

Frente al escenario, que se montó delante de la Pirámide de Mayo (mirando al Cabildo), hubo un recinto destinado a referentes sociales, curas villeros e invitados: el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie. Allí se pudo ver a dirigentes como Emilio Pérsico, el diputado nacional Juan Grabois, el Padre “Toto” de Vedia y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

“Le estamos pidiendo un milagro a San Cayetano que es tierra, techo y trabajo”, señaló Pérez Esquivel, que fue uno de los oradores antes del cierre.

Las CTA de los Trabajadores y la Autónoma arribaron por Diagonal Norte y acompañaron de cerca, junto al gremio de los estatales ATE.

En tanto, la CGT ingresó por Diagonal Sur y tuvo un papel secundario.

El grueso de la central obrera se mantuvo sobre la avenida lateral Yrigoyen y no subió a la plaza, que lució a medio llenar. Aun así, hubo presencias de casi todos los sindicatos y de buena parte de los directivos de la primera plana que se congregaron en la cabecera de la columna cegetista.

Ahí estuvieron los triunviros Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), junto con José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros.

La nueva movilización se desarrolló un día después de la masiva protesta frente al Congreso contra el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada del Gobierno, una jornada que derivó en graves incidentes por los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos de manifestantes, en su mayoría cuando las columnas de las organizaciones políticas y dirigentes que desfilaron ya se habían retirado.

Tras el final, Grabois cuestionó el uso de la fuerza policial durante la movilización de ayer, al señalar que el Gobierno “nos tiene acostumbrados a operativos de ese tipo” y afirmar que el despliegue de fuerza refleja “una debilidad en las ideas” por parte de la administración de Milei.

Pablo Moyano, que más temprano se mostró con la columna de Camioneros, también se refirió a la sesión de ayer en el Senado. “Se logró un objetivo, que fue voltear la ley de tierras, que era venderlas al extranjero”, afirmó. En esa línea, lanzó una provocadora frase contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien responsabilizó por la iniciativa: “Sturzenegger, la tenés adentro porque no pudiste vender las tierras al extranjero”, lanzó Moyano.

A pesar de los incidentes, Moyano desafió: “La calle va a seguir intensificándose con los reclamos”.

El titular de La Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo, fue otro de los secretarios generales presentes que marchó con la columna de su sindicato, de extracción más kirchnerista. “Cuando ves que el nivel de los ingresos cae y el nivel de endeudamiento de las familias aumenta, empieza a tener otro componente la calle”, aseveró.

Las organizaciones de izquierda, por su lado, se plegaron tras concentrar en Plaza Constitución, encabezadas por el Polo Obrero, con el foco de rechazo al cierre definitivo del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo).

Semanas atrás, un reclamo encabezado por la UTEP y el Polo Obrero en Puente Pueyrredón por la restitución del programa había derivado en incidentes con las fuerzas policiales.

Aunque de manera casi testimonial, la CGT repitió con la marcha de San Cayetano su estrategia de reforzar las protestas en las calles. Ahora, como adelantó , la conducción de Azopardo 802 ya trabaja en la organización para la última semana de agosto de una “gran marcha federal”, con epicentro en el Ministerio de Economía, bajo consignas por “el endeudamiento de las familias trabajadoras”.

Aunque puertas adentro los dirigentes admiten la dificultad para recuperar el poder de convocatoria y la capacidad de movilización de otras épocas, apuestan a capitalizar “el creciente malestar social” para confluir en “una protesta significativa” ante el Palacio de Hacienda.

La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de la justicia laboral que había multiplicado la indemnización que debía pagar una ART a un empleado por un accidente, a pesar de que el propio trabajado no lo había reclamado.

Así lo resolvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes entendieron que la Cámara del Trabajo había colocado a la única apelante en una peor situación que en la primera instancia.

La Corte Suprema entendió que la Cámara del Trabajo había violado el límite de su competencia.

El caso se inició por la demanda de un trabajador contra una ART.

El técnico electricista, Sergio Pagani, trabajaba en el traslado de materiales de carga y cobraba unos 10.000 pesos por mes.

En agosto de 2017 se encontraba realizando la instalación de un circuito de cámaras en una concesionaria de autos cuando cayó de una escalera y se golpeó una rodilla contra el piso.

Siguió con su tarea, pero como el dolor seguía, fue días después a una guardia y le diagnosticaron rotura de meniscos.

En 2019, el Servicio de Homologación de la Comisión Médica Nº 10 de la Ciudad de Buenos Aires determinó que el hombre presentaba una “incapacidad laboral permanente parcial definitiva” del 5% como consecuencia del siniestro.

Pagani cuestionó judicialmente esa evaluación y afirmó que la conclusión de la Comisión Médica era errónea dado que, según manifestó, sufría mayores secuelas incapacitantes, tanto físicas como psíquicas.

En primera instancia, el juez le dio la razón, reconoció al trabajador un 16% de incapacidad y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar un resarcimiento de 240.585 pesos más los intereses de acuerdo con actas de la justicia laboral.

La ART apeló diciendo que el monto indemnizatorio se calculó apartándose de lo dispuesto en la ley, pero la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo desestimó el reclamo de la aseguradora.

“Contrariamente a lo sostenido por la accionada entiendo que la condena recaída en autos no solo resulta insuficiente, sino que incluso violenta normas del más claro orden público”, argumentó la Cámara y agregó que advertía “con asombro” que con intereses el monto total ascendía a “994.405,27 pesos”.

Entendió que era poca plata. “Dicho importe no representa siquiera el 60% de lo que hoy sería el tope mínimo para el grado de minoración que presenta el demandante”, señaló la Cámara Laboral.

Afirmó que “nunca podría perforarse por debajo el piso mínimo establecido por el régimen tarifario especial”.

Como consecuencia, la Cámara aumentó la indemnización a 1.619.177,84 pesos más intereses, desde 2022.

La ART apeló.

La aseguradora argumentó que la sentencia era arbitraria porque, aun cuando la actora no lo hubiera solicitado y no hubiera apelado el pronunciamiento de primera instancia, se decidió aplicar el tope establecido por la resolución 51/2022 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y eso violentaba “el principio de congruencia que, en resguardo del derecho de defensa, debe regir el proceso”.

La Corte Suprema hizo lugar al reclamo de la ART al entender que se incurrió en una “reformatio in peius”, que es la regla que prohíbe al juez de segunda instancia empeorar la pena o el fallo inicial si quien apela es solo el condenado.

“Tal como surge de la reseña, la alzada ha colocado a la única apelante en una peor situación que la resultante del pronunciamiento de primera instancia, violando el límite de su competencia, circunscripto a las cuestiones controvertidas”, dijo la Corte Suprema. Y estimó que “corresponde, por consiguiente, en tanto no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias derivadas de la causa, descalificar la sentencia apelada”.

Así el máximo tribunal revocó el fallo apelado y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.