El Gobierno y las universidades públicas quedaron a un paso de cerrar un acuerdo para descomprimir el conflicto por el financiamiento del sistema universitario. Según confirmaron fuentes universitarias a TN, la Casa Rosada cedió en uno de los principales puntos de disputa: ya no exige que las casas de estudio retiren la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario para avanzar con el entendimiento.

Aunque todavía restan resolver algunos aspectos técnicos, las negociaciones se encuentran muy avanzadas. De no surgir nuevos obstáculos, el acuerdo podría quedar formalizado entre este martes y el miércoles.

De esta manera, las universidades mantendrán vigente la presentación judicial que actualmente debe resolver la Corte Suprema, mientras que el Ejecutivo avanzará con una recomposición salarial para docentes y no docentes en los términos que ambas partes vienen discutiendo desde la semana pasada.

La propuesta contempla un incremento del 24,33%, distribuido en dos etapas: un aumento del 21,33% de aplicación inmediata y otro 3% previsto para más adelante, en octubre. Según explicaron desde el sector universitario, la recomposición busca compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

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El entendimiento también incluiría otros compromisos presupuestarios. Entre ellos figura un incremento del 50% para las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas, y una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios.

Además, las conversaciones abarcan una discusión específica sobre la situación salarial del personal docente de los establecimientos preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la pérdida de ingresos registrada en los últimos años.

Las negociaciones son encabezadas por el Gobierno y las universidades nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un contexto marcado por reclamos salariales, protestas estudiantiles y una disputa judicial que permanece abierta.

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Hasta ahora, el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo era la exigencia oficial de que las universidades desistieran de la demanda presentada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma nunca fue ejecutada por el Poder Ejecutivo, que sostiene que el texto aprobado por el Congreso no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.

La comunidad universitaria, en cambio, recurrió a la Justicia para exigir su cumplimiento. La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, que fue ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente se encuentra suspendida mientras la Corte Suprema analiza un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.

Desde las universidades habían manifestado en los últimos días que no estaban dispuestas a resignar ese resguardo judicial como condición para alcanzar un acuerdo presupuestario. Según indicaron a TN, retirar la demanda tampoco contaba con consenso dentro de la propia comunidad universitaria.

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Con la decisión del Gobierno de flexibilizar esa exigencia, las partes lograron acercar posiciones y encaminar una salida negociada al conflicto. No obstante, la resolución definitiva del expediente judicial seguirá dependiendo de la Corte Suprema, que no tiene plazos establecidos para pronunciarse.

Mientras tanto, persisten las reservas entre los gremios docentes. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció un paro de actividades entre el 16 y el 20 de junio para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigir la reapertura de las negociaciones paritarias.

La organización también convocó a clases públicas y otras actividades de protesta en distintos puntos del país. Las medidas se suman a las movilizaciones realizadas durante las últimas semanas por estudiantes, docentes y autoridades universitarias para reclamar mayores recursos para el sistema.

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Con motivo del Día del Periodista, la Embajada Británica celebró este lunes un agasajo para trabajadores de prensa del que participaron los embajadores David Cairns (Reino Unido) y Nicola Lindertz (Finlandia). Durante sus exposiciones, ambos reivindicaron el rol de los medios de comunicación y la importancia de la libertad de prensa, en un mensaje que contrastó con la postura que mantiene el presidente Javier Milei respecto a un gran porcentaje de la prensa.

“La intimidación a periodistas es inaceptable. Y los intentos de desacreditar al periodismo como tal, en lugar de debatir seriamente su contenido, son perjudiciales para la cultura democrática. Una democracia saludable debe dar espacio al escrutinio, a la crítica y al desacuerdo”, planteó Cairns desde la sede de la embajada británica.

Para el embajador, los periodistas “ayudan a la ciudadanía a comprender un mundo complejo y tomar decisiones informadas”, por lo que defendió a la prensa “libre, independiente y plural”. “No es un complemento opcional de la democracia. Es parte de su infraestructura esencial, ya que asegura que el poder pueda ser interpelado”, subrayó.

“Hay una diferencia importante entre discrepar con una cobertura o con una opinión, y socavar las condiciones que permiten la existencia del periodismo independiente. Las democracias son más fuertes cuando esa diferencia se respeta”, precisó además.

El mensaje llegó durante la celebración por el día del periodista en el país y en medio de los cuestionamientos cotidianos de la administración libertaria al periodismo, especialmente del presidente Javier Milei, quien suele definir al 95% de la prensa como “delincuentes” y popularizó la frase “no odiamos suficiente al periodismo”.

A su turno, la embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz, calificó la libertad de expresión como elemento clave para la seguridad y la confianza en la sociedad. “Los medios independientes son un pilar de la democracia: informan con rigor, ayudan a controlar el poder y combaten la desinformación. Además, dan voz a personas y grupos que muchas veces no son escuchados”, planteó.

“Que la información circule libremente también es clave para enfrentar crisis y mantener la estabilidad social”, precisó Lindertz, y sumó: “Cuando hay instituciones transparentes y los periodistas pueden trabajar con libertad, la gente se siente más segura”.

Asimismo, el Reino Unido y Finlandia copresiden la Coalición por la Libertad de los Medios desde el 1° de marzo de este año, una alianza intergubernamental integrada por más de 50 países que fue creada en 2019.

“Desde ese rol, promovemos la libertad de expresión, la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. Lo hacemos porque quienes ejercen el periodismo deben poder investigar y publicar de forma independiente, sin miedo, y porque la independencia editorial es fundamental para sociedades sanas y resilientes”, argumentó el embajador británico. “Esta colaboración refleja un fuerte compromiso internacional, especialmente en un contexto donde muchos periodistas enfrentan amenazas, violencia y presiones en distintas partes del mundo”, coincidió Lindertz.

Ante los periodistas invitados al ágape, la diplomática finlandesa cerró su exposición con una defensa de la prensa “libre y justa” en épocas de desinformación y noticias falsas y postuló la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores de prensa, en particular de las mujeres. “Es fundamental que las personas tengan acceso a información confiable, de distintas fuentes”, reafirmó.

Si bien no hubo mención directa contra la administración libertaria, los discursos contrastan con la decisión del Gobierno de restringir la circulación de la prensa acreditada en los pasillos de Casa Rosada que el pasado 4 de junio cumplió un mes de vigencia sin que, por el momento, exista una fecha definida para su finalización. Se trata de un esquema de limitación de la circulación por orden directa del mandatario, pero instrumentada por el coronel mayor Sebastián Ibáñez.