Leonardo Fariña, el exempleado del empresario Lázaro Báez que fue condenado por lavado en la causa denominada “Ruta del Dinero K”, declara como testigo desde hace dos horas en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada.

El contador y exasesor financiero de Báez -que como arrepentido se convirtió en una pieza clave en la “Ruta del dinero K”- sostuvo que la firma insignia de su exjefe, Austral Construcciones, principal beneficiaria de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, padecía un permanente descalabro financiero y que, pese a ello, recibía nuevas adjudicaciones de obra pública.

“Tenía números antieconómicos”, dijo, y agregó: “Se sacaban ingresos del giro de la empresa, lo que llevaba a una descapitalización. Se hacía tan negro el blanco que la empresa quedaba sin giro comercial”.

“Ante la incapacidad real de la empresa de poder adjudicarse una obra, se la adjudicaban igual y el anticipo de esa obra no era utilizado para la obra, sino para tapar huecos anteriores”, sostuvo.

Fariña dijo que Báez, a contramano de su voluntad, fue “excluido” de “la Camarita”, como se conoce al tramo de la causa Cuadernos de las Coimas que investiga la presunta cartelización de la obra pública vial alrededor de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

“La Cámara tenía un sistema predeterminado. Aglomeraba empresas y decidían entre ellos mismos quién ganaba una obra y quién no. Quién entraba y quién no. Lázaro era un marginado de eso”, dijo Fariña.

Relató que, por “mandato” de Néstor Kirchner, de quien Báez era amigo y confidente, la zona de influencia del empresario patagónico se limitaba a las provincias de Santa Cruz, Chubut y Chaco. “Si estamos hablando de un conglomerado de empresas de primera línea que se adjudicó el ochenta y pico por ciento de la obra pública, la lógica marca que se debería haber presentado a hacer cualquier tipo de obra y no pasó eso”, ahondó.

Fariña sostuvo también que su exdefensor en la “Ruta del Dinero K”, el abogado Franco Bindi, quien trabajó en el Ministerio de Planificación, lo puso al corriente de que “ciertos funcionarios participaban en el cobro de determinadas comisiones para acelerar cuestiones de pagos o aceptaciones de redeterminaciones”.

“[Bindi] me explicó algunos mecanismos de funcionamiento que yo aporté a la Justicia”, amplió.

Fariña se refería específicamente a los exfuncionarios Roberto Baratta -mano derecha de Julio De Vido- y Rafael Enrique Llorens, ex subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación.

Al ser consultado sobre si Bindi trabajó también para el área de inteligencia, se limitó a sostener que, mientras fue su abogado, respondía a los intereses del empresario patagónico. “Certezas no tengo, me parece que es más un cuentapropista mercenario”, dijo.

Noticia en desarrollo

Las autoridades de la Cámara Federal de Casación se reúnen esta mañana y entre los temas a tratar incluyeron la propuesta presentada la semana pasada por el camarista Carlos Mahiques para regular la relación entre los jueces y la prensa.

En un documento dirigido al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, el padre del ministro de Justicia de Javier Milei, Juan Bautista Mahiques, repudió el martes pasado lo que llamó una “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes” y propuso medidas institucionales drásticas para blindar al Poder Judicial frente al discurso mediático.

En primer lugar, sugirió la “instalación de una vocería u organismo de prensa que sistematice desde el mismo tribunal la difusión en tiempo y forma” de las sentencias, con la intención de que la ciudadanía reciba información de una “fuente rigurosa, confiable y oficial”.

Pero lo más llamativo es que propuso regular los vínculos personales entre los actores del sistema judicial y el periodismo. Mahiques instó a incorporar normas deontológicas a los reglamentos que regulen estas relaciones y que se sancione éticamente como una “grave falta el intercambio de información o de ‘favores’ que luego son utilizados por el periodismo como ‘fuentes judiciales’ no revelables”.

El temario de hoy del Acuerdo de Superintendencia de la Casación -encuentro del que participan los presidentes de las cuatro salas y el de la Cámara- incluye, en el punto 3: “Presentación del señor titular de la vocalía nro. 7, Dr. Carlos Alberto Mahiques”. Tras la exposición que haga este juez, en la reunión de hoy se decidirá qué curso se le da a su propuesta.

En diálogo con , magistrados del tribunal advirtieron que esta iniciativa implica un avance sobre la libertad de prensa y que solo cabe archivarla. Pero otro de los camaristas dijo que no estaría mal analizar la posibilidad de crear una vocería. En este punto, la propuesta roza a la Corte Suprema, creadora del Centro de Información Judicial (CIJ), alertan en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py, donde hoy expondrá Mahiques su plan a sus colegas.

En su nota de la semana pasada, Mahiques denunció una “promiscuidad informativa” y un “periodismo oportunista y mercenario” que debe ser enfrentado por un interlocutor judicial formado que “desmonte el fácil argumento de ‘buenos y malos’, la intolerancia maniquea y extrema, y que desenmascare a los inquisidores morales de doble estándar”.

El juez, a quien recientemente el Senado le dio acuerdo para continuar en el cargo más allá del tope de los 75 años de edad, sostuvo que el resguardo de una información pública “recta y objetiva” es una exigencia republicana que se está viendo vulnerada por un tratamiento mediático que privilegia el impacto emocional por sobre el análisis fáctico.

Mahiques denunció un proceso de “acoso mediático” contra los integrantes del Poder Judicial y puntualizó que los temas judiciales han sido objeto de “innumerables comentarios, artículos o editoriales en portales digitales y -con particular virulencia en la grilla televisiva y on line de la empresa S.A. La Nación+-”.

Denunció que un grupo de comunicadores, a los que calificó peyorativamente como “epígonos”, se dedican a deslizar sospechas y afirmar falsedades sobre los magistrados. Mahiques acusó a estos sectores de aludir a los jueces —incluyéndose a sí mismo— “con términos y calificaciones pretendidamente sarcásticas o caricaturescas cuando no decididamente injuriosas”.

Para el magistrado, no se trata de hechos aislados, sino de un patrón de hostilidad protagonizado por lo que llama “nuevos sicofantes” que montan operaciones contra el Poder Judicial. Mahiques advirtió que estos ataques tienen un “efecto corrosivo ocasionado a la imagen, la dignidad y la legitimidad de la Justicia como un poder del Estado”.

Anunció que analiza tomar medidas legales en lo que respecta a lo que se escribe o dice sobre él: “De mi parte habré de evaluar si ese hostigamiento pretendidamente informativo, por su encono y sesgo descalificador, tiene relevancia en el ámbito civil o penal como merecedor de reparación o de sanción a sus responsables físicos o jurídicos”.

Se declaró víctima de desprotección: “Los jueces y funcionarios, Sr. Presidente, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de ‘preservación de las fuentes’”.

Mahiques, de 75 años, fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugenia Vidal. Renunció después de seis meses. Fue nombrado camarista en la Casación ordinaria (tribunal que trata delitos comunes, como homicidios y robos) y desde allí fue trasladado, con la firma de Mauricio Macri, a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.

Mahiques fue uno de los magistrados que quedó envuelto en el caso Lago Escondido, en 2022, por un viaje que hicieron con empresarios y lobbistas a la estancia de Joe Lewis, en la Patagonia, y por la difusión de presuntos chats que daban cuenta de cómo los integrantes de ese viaje intentaron que los detalles de la invitación no trascendieran. Estuvo imputado -junto con su hijo que hoy es ministro- cuando la causa estaba en el Sur, pero luego el caso pasó a los tribunales de Comodoro Py, donde la causa fue anulada y todos los acusados fueron sobreseídos sin que la fiscalía apelara.

En febrero pasado, su nombre quedó asociado a las investigaciones de la AFA, cuando reveló que había celebrado su último cumpleaños en la quinta de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la federación de fútbol. Su hijo, exfiscal general porteño, juró como ministro de Justicia en marzo y en una de sus primeras medidas envió al Senado el pliego para que su padre siga en el cargo cinco años más (lo que fue aprobado el 19 de mayo).

En el cierre de su presentación de la semana pasada, Mahiques citó al juez italiano Giovanni Falcone (asesinado en 1992 en un atentado explosivo de la Cosa Nostra): advirtió sobre la aplicación de una “lógica mafiosa” por parte de los poderosos que buscan condicionar a la Justicia para obtener resoluciones favorables a sus intereses. Según la nota, el método consiste en un proceso de degradación pública: “Primero los ensucian, luego los aíslan, y finalmente los matan”.

Mahiques concluyó que, en el caso de los medios de comunicación, este ataque representa una “muerte lenta por desgaste personal y erosión simbólica” de los jueces. Por ello, consideró urgente “re-institucionalizar el debate entre los jueces y los medios” y hallar un modo de “mesurar la desmesura” antes de que el Poder Judicial sea reducido a un simple “servidor del discurso mediático”.