La pobreza infantil en la Argentina cayó al 42,3% durante el segundo semestre de 2025 y alcanzó su nivel más bajo desde 2018, según un informe difundido este martes por UNICEF Argentina. El estudio indicó que la mejora observada a lo largo del último año redujo en más de 1,3 millones la cantidad de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares pobres, aunque el organismo advirtió que la recuperación sigue siendo frágil y proyectó una suba para el primer semestre de 2026.

De acuerdo con el trabajo elaborado sobre la base de datos oficiales, 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes residían en hogares pobres al cierre de 2025, frente a los 6,3 millones registrados un año antes. La indigencia infantil, por su parte, descendió al 9,4%, lo que equivale a 1,1 millones de chicos que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria.

UNICEF proyectó que, durante el primer semestre de 2026, la pobreza infantil podría ubicarse en torno al 44,4%, mientras que la indigencia subiría al 10,8%. Según el organismo, la evolución de los ingresos familiares, el comportamiento de las canastas básicas, el mercado laboral y las transferencias sociales serán factores determinantes para explicar esa posible reversión parcial de la tendencia descendente observada durante los últimos meses.

El informe, titulado Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños. Argentina 2016-2025, se presentó durante una actividad organizada por UNICEF en el Círculo Italiano de Buenos Aires, donde también se difundió un análisis sobre la evolución reciente del presupuesto nacional destinado a la niñez y la adolescencia.

Aunque el dato central fue la caída registrada durante 2025, el trabajo permitió dimensionar la magnitud del deterioro previo y de la posterior recuperación. El punto más crítico de la serie se registró durante el primer semestre de 2024, cuando la pobreza infantil alcanzó el 67,1% y la indigencia llegó al 27,3%. En ese período, alrededor de 8,1 millones de niñas, niños y adolescentes vivían en hogares pobres y 3,3 millones se encontraban en situación de pobreza extrema.

La comparación con los datos actuales mostró una mejora significativa. Entre ese pico y fines de 2025, cerca de tres millones de chicos dejaron de vivir en hogares pobres y más de dos millones abandonaron la condición de indigencia. Sin embargo, UNICEF remarcó que el problema mantiene una magnitud elevada: más de cuatro de cada diez menores de 18 años siguen viviendo en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica total.

La brecha con la pobreza general

La investigación confirmó una tendencia estructural a lo largo de toda la serie analizada: la pobreza afecta con mayor intensidad a niñas, niños y adolescentes que al conjunto de la población. Mientras que la pobreza general se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, entre niñas, niños y adolescentes alcanzó el 42,3%. La misma diferencia apareció en la indigencia: 6,3% para la población total y 9,4% para los menores de edad.

Para UNICEF, esta sobrerrepresentación de la infancia entre los sectores más vulnerables es uno de los rasgos más persistentes de la estructura social argentina. La mejora observada durante el último año redujo la incidencia del fenómeno, pero no alteró esa característica de fondo.

El informe también incorporó un análisis sobre la profundidad de la pobreza: no solo midió cuántas personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, sino también qué tan lejos están de superarla.

En ese sentido, la denominada brecha de pobreza alcanzó en 2025 su nivel más bajo de toda la serie. Los hogares con niñas y niños que permanecen bajo la línea de pobreza necesitarían incrementar sus ingresos en promedio un 34,4% para salir de esa condición. En el caso de la indigencia, la brecha se ubicó en 32%.

Para los especialistas, este dato es relevante porque indica que los hogares pobres se encuentran actualmente más cerca de superar esa situación que en años anteriores. Sin embargo, la persistencia de millones de personas por debajo de los umbrales básicos expuso que el desafío sigue siendo amplio.

Dónde se concentra la pobreza infantil

Uno de los aportes del informe fue la identificación de los grupos en los que la pobreza continúa concentrándose con mayor intensidad.

Los datos mostraron que las desigualdades educativas siguen entre los principales factores asociados a la vulnerabilidad económica. Entre las niñas y niños que viven en hogares con clima educativo muy bajo, la pobreza alcanzó el 68,8%. La incidencia también resultó particularmente elevada entre quienes residen en barrios populares, donde llegó al 68,3%.

La situación fue todavía más crítica cuando el principal sostén económico del hogar se encontró desempleado. En esos casos, la pobreza afectó al 74,8% de niñas, niños y adolescentes.

El estudio también puso el foco en las diferencias asociadas a la composición familiar. Entre los hogares monoparentales encabezados por mujeres, la pobreza alcanzó el 52,8%.

Según UNICEF, esa situación respondió a una combinación de factores que incluyó una menor cantidad de adultos generadores de ingresos, mayores responsabilidades de cuidado y dificultades para compatibilizar el trabajo remunerado con las tareas domésticas y de crianza.

Por ese motivo, el organismo sostuvo que las políticas destinadas a reducir la pobreza infantil deben combinar transferencias monetarias con sistemas de cuidado, herramientas que favorezcan la inserción laboral de las mujeres y mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

La calidad del empleo apareció como otro factor decisivo. Los datos mostraron que tener trabajo ya no constituye una garantía suficiente para escapar de la pobreza.

Entre los hogares donde la persona de referencia cuenta con un empleo asalariado formal, la pobreza infantil alcanzó el 21,5%. En cambio, cuando el principal sostén económico trabajó en condiciones de informalidad, la tasa ascendió al 55,2%.

La diferencia reflejó el peso que tienen los salarios, la estabilidad laboral y el acceso a la seguridad social en la protección de los hogares con niñas y niños.

Transferencias sociales, privaciones no monetarias y presupuesto

Otro capítulo analizó el papel de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza extrema. A través de simulaciones con datos de la Encuesta Permanente de Hogares, UNICEF concluyó que la indigencia infantil sería seis puntos porcentuales más alta si no existieran programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y otros mecanismos de asistencia.

“Estos instrumentos de protección de ingresos cumplen un papel central para proteger el piso alimentario, con un efecto importante especialmente en la pobreza extrema. La AUH, la Prestación Alimentar y otros apoyos monetarios contribuyen a evitar que una parte de los hogares con niñas, niños y adolescentes caiga por debajo de la línea alimentaria”, afirmó Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina.

Según el organismo, la evidencia mostró que las transferencias tienen un efecto más intenso sobre la indigencia que sobre la pobreza total. Esto ocurrió porque muchos hogares se encuentran cerca de la línea alimentaria y esos ingresos adicionales evitan que caigan por debajo de ese umbral, aunque no siempre alcanzan para superar la canasta básica total.

Sin embargo, UNICEF insistió en que la pobreza infantil no puede analizarse únicamente a través de los ingresos. Por esa razón, el informe incorporó una medición de privaciones no monetarias vinculadas con vivienda, saneamiento, acceso al agua, hábitat, educación y protección social.

Los resultados mostraron que el 42,8% de las niñas, niños y adolescentes presenta al menos una privación en alguna de estas dimensiones.

A diferencia de la pobreza monetaria, estas carencias tienen una dinámica más lenta y suelen responder a déficits estructurales acumulados durante años. Por eso, el organismo sostuvo que las transferencias de ingresos son necesarias, pero insuficientes para resolver los problemas de fondo.

En ese contexto, Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina, sostuvo que la reducción de la pobreza infantil exige una estrategia más amplia que la mera asistencia monetaria.

“Los resultados del informe muestran que las políticas de protección de ingresos son necesarias para sostener pisos básicos, pero su impacto aumenta cuando disponen de movilidad automática y se articulan con intervenciones focalizadas en los grupos poblacionales más afectados junto a políticas sectoriales orientadas a privaciones estructurales”, señaló.

Para UNICEF, la agenda pendiente incluye mejorar la calidad del empleo adulto, fortalecer los sistemas de cuidado, ampliar la cobertura de servicios básicos, garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y sostener las inversiones en educación, infraestructura social y protección de derechos.

Durante la presentación del informe, el organismo también difundió un análisis sobre la evolución reciente del presupuesto destinado a la niñez y la adolescencia.

Según UNICEF, en 2025 el presupuesto nacional orientado a la infancia registró una recuperación real del 4% respecto de 2024, impulsada principalmente por las políticas de protección de ingresos, que explican cerca del 88% del gasto nacional destinado a niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, las primeras ejecuciones presupuestarias de 2026 mostraron señales de mayor restricción. Entre enero y mediados de mayo, la ejecución destinada a infancia se ubicó 6% por debajo de la registrada en igual período del año anterior, afectada por reducciones en partidas vinculadas a educación, nutrición, alimentación, protección de derechos y primera infancia.

El organismo advirtió además que, si no se amplían los créditos presupuestarios vigentes, el financiamiento nacional destinado a la niñez podría registrar una caída real del 16% durante 2026.

El trabajo también relevó las estrategias utilizadas por los hogares para sostener su economía cotidiana. Siete de cada 10 hogares con niñas, niños y adolescentes declararon haber recurrido durante el último año a alguna forma de ayuda económica, endeudamiento, utilización de ahorros o venta de pertenencias para afrontar gastos corrientes. Entre los hogares sin chicos, esa proporción es 10 puntos menor.

Para UNICEF, este dato mostró que detrás de la mejora observada en los indicadores todavía persisten niveles significativos de fragilidad económica.

La advertencia quedó reforzada por las proyecciones para 2026. Si bien la pobreza infantil se ubicó en su nivel más bajo desde 2018, el organismo consideró que la recuperación todavía no está plenamente consolidada. La evolución del empleo, los ingresos reales, la inflación y las políticas de protección social serán variables decisivas para determinar si la mejora registrada durante 2025 logra sostenerse o si, como anticipan las estimaciones de corto plazo, se produce una reversión parcial durante los próximos meses.

La investigación judicial sobre la situación patrimonial de Manuel Adorni sumó en los últimos días dos movimientos relevantes. Por un lado, ya fue extraída y descargada la totalidad del contenido del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista encargado de las obras en distintas propiedades del jefe de Gabinete. Por otro, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en la preparación de un requerimiento de justificación patrimonial para que Adorni explique una serie de movimientos económicos que considera sin consistencia suficiente.

Según pudo saber TN, los investigadores realizaron una extracción completa del celular de Tabar y ya cuentan con todo el material descargado para su análisis. En ese dispositivo figuran conversaciones relacionadas con las obras, además de documentación vinculada a compras y facturas.

Todo ese material ya se encuentra bajo análisis judicial y forma parte de las medidas impulsadas en el expediente que investiga el crecimiento patrimonial del funcionario.

En paralelo, el fiscal Pollicita trabaja en un requerimiento de justificación patrimonial que será presentado independientemente de otros elementos de prueba que todavía espera la causa. La medida apunta a solicitar explicaciones sobre distintos movimientos económicos que el representante del Ministerio Público considera que podrían tener inconsistencias.

Para que el requerimiento se lleve adelante primero la fiscalía debe recibir el informe de la DAFI. Allí terminará de ver los números finos del patrimonio del jefe de Gabinete. Sin embargo, fuentes judiciales le adelantaron a TN que el requerimiento se hará de cualquiera manera, ya que se detectaron inconsistencias vinculadas a pagos en negro.

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Entre los aspectos que busca aclarar la fiscalía aparecen gastos que habrían sido realizados en efectivo. Según la información incorporada al expediente, se trata de desembolsos vinculados a un viaje a Aruba, pagos efectuados a la escribana Adriana Mónica Nechevenko y cuotas abonadas a mujeres policías que participaron de una operación hipotecaria en el departamento de la calle Asamblea.

Fuentes vinculadas a la investigación explicaron que este requerimiento funciona como un pedido formal de explicaciones sobre el origen y la trazabilidad de determinados fondos. La medida se encuentra en preparación y avanzará una vez que arribe el informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO/DAFI), que aún no fue incorporado al expediente, como de la declaración jurada que Adorni prevé presentar ante la Oficina Anticorrupción.

Si las explicaciones de Adorni convencen, será sobreseído. De lo contrario se lo imputará y será llamado a indagatoria.

La novedad se conoce mientras el Gobierno asegura que la declaración jurada del jefe de Gabinete será presentada esta semana. En la Casa Rosada sostienen que el documento está siendo revisado antes de su envío formal y confían en que permitirá responder los cuestionamientos que se acumularon durante los últimos meses sobre la evolución patrimonial del funcionario.

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El tema se encuentra bajo observación desde hace más de tres meses. A principios de mayo, el presidente Javier Milei salió públicamente en defensa de Adorni. “Es una persona honesta, una persona de bien. Las cosas que me presentó estaban en orden. Me consta que no está sucio, está limpio”, afirmó entonces el mandatario.

La declaración ante la Oficina Anticorrupción deberá incluir explicaciones sobre la capacidad económica del funcionario para afrontar compromisos que, entre gastos y deudas, superarían los 725 mil dólares. Esa cifra comprende la compra y refacción de dos propiedades (un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá), además de viajes familiares y la adquisición de una camioneta, entre otros desembolsos.

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La situación judicial de Adorni también se encuentra bajo análisis del juez federal Ariel Lijo. Semanas atrás trascendió que el magistrado evaluaba convocarlo a una declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista entre el 21 y el 30 de julio.

Actualmente, Lijo tiene a su cargo dos expedientes vinculados al jefe de Gabinete. Uno de ellos investiga la evolución de su patrimonio, mientras que el otro analiza su relación con Marcelo Grandio, un periodista amigo del funcionario que obtuvo contratos con el Estado y que pagó un viaje en jet privado a Punta del Este utilizado por Adorni y su familia

Manuel Adorni, enriquecimiento ilicito

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