POLITICA
La pobreza infantil cayó al 42,3% en 2025 y alcanzó su nivel más bajo desde 2018, según UNICEF Argentina

La pobreza infantil en la Argentina cayó al 42,3% durante el segundo semestre de 2025 y alcanzó su nivel más bajo desde 2018, según un informe difundido este martes por UNICEF Argentina. El estudio indicó que la mejora observada a lo largo del último año redujo en más de 1,3 millones la cantidad de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares pobres, aunque el organismo advirtió que la recuperación sigue siendo frágil y proyectó una suba para el primer semestre de 2026.
De acuerdo con el trabajo elaborado sobre la base de datos oficiales, 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes residían en hogares pobres al cierre de 2025, frente a los 6,3 millones registrados un año antes. La indigencia infantil, por su parte, descendió al 9,4%, lo que equivale a 1,1 millones de chicos que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria.

UNICEF proyectó que, durante el primer semestre de 2026, la pobreza infantil podría ubicarse en torno al 44,4%, mientras que la indigencia subiría al 10,8%. Según el organismo, la evolución de los ingresos familiares, el comportamiento de las canastas básicas, el mercado laboral y las transferencias sociales serán factores determinantes para explicar esa posible reversión parcial de la tendencia descendente observada durante los últimos meses.
El informe, titulado Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños. Argentina 2016-2025, se presentó durante una actividad organizada por UNICEF en el Círculo Italiano de Buenos Aires, donde también se difundió un análisis sobre la evolución reciente del presupuesto nacional destinado a la niñez y la adolescencia.
Aunque el dato central fue la caída registrada durante 2025, el trabajo permitió dimensionar la magnitud del deterioro previo y de la posterior recuperación. El punto más crítico de la serie se registró durante el primer semestre de 2024, cuando la pobreza infantil alcanzó el 67,1% y la indigencia llegó al 27,3%. En ese período, alrededor de 8,1 millones de niñas, niños y adolescentes vivían en hogares pobres y 3,3 millones se encontraban en situación de pobreza extrema.
La comparación con los datos actuales mostró una mejora significativa. Entre ese pico y fines de 2025, cerca de tres millones de chicos dejaron de vivir en hogares pobres y más de dos millones abandonaron la condición de indigencia. Sin embargo, UNICEF remarcó que el problema mantiene una magnitud elevada: más de cuatro de cada diez menores de 18 años siguen viviendo en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica total.

La brecha con la pobreza general
La investigación confirmó una tendencia estructural a lo largo de toda la serie analizada: la pobreza afecta con mayor intensidad a niñas, niños y adolescentes que al conjunto de la población. Mientras que la pobreza general se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, entre niñas, niños y adolescentes alcanzó el 42,3%. La misma diferencia apareció en la indigencia: 6,3% para la población total y 9,4% para los menores de edad.
Para UNICEF, esta sobrerrepresentación de la infancia entre los sectores más vulnerables es uno de los rasgos más persistentes de la estructura social argentina. La mejora observada durante el último año redujo la incidencia del fenómeno, pero no alteró esa característica de fondo.
El informe también incorporó un análisis sobre la profundidad de la pobreza: no solo midió cuántas personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, sino también qué tan lejos están de superarla.
En ese sentido, la denominada brecha de pobreza alcanzó en 2025 su nivel más bajo de toda la serie. Los hogares con niñas y niños que permanecen bajo la línea de pobreza necesitarían incrementar sus ingresos en promedio un 34,4% para salir de esa condición. En el caso de la indigencia, la brecha se ubicó en 32%.
Para los especialistas, este dato es relevante porque indica que los hogares pobres se encuentran actualmente más cerca de superar esa situación que en años anteriores. Sin embargo, la persistencia de millones de personas por debajo de los umbrales básicos expuso que el desafío sigue siendo amplio.

Dónde se concentra la pobreza infantil
Uno de los aportes del informe fue la identificación de los grupos en los que la pobreza continúa concentrándose con mayor intensidad.
Los datos mostraron que las desigualdades educativas siguen entre los principales factores asociados a la vulnerabilidad económica. Entre las niñas y niños que viven en hogares con clima educativo muy bajo, la pobreza alcanzó el 68,8%. La incidencia también resultó particularmente elevada entre quienes residen en barrios populares, donde llegó al 68,3%.
La situación fue todavía más crítica cuando el principal sostén económico del hogar se encontró desempleado. En esos casos, la pobreza afectó al 74,8% de niñas, niños y adolescentes.
El estudio también puso el foco en las diferencias asociadas a la composición familiar. Entre los hogares monoparentales encabezados por mujeres, la pobreza alcanzó el 52,8%.
Según UNICEF, esa situación respondió a una combinación de factores que incluyó una menor cantidad de adultos generadores de ingresos, mayores responsabilidades de cuidado y dificultades para compatibilizar el trabajo remunerado con las tareas domésticas y de crianza.
Por ese motivo, el organismo sostuvo que las políticas destinadas a reducir la pobreza infantil deben combinar transferencias monetarias con sistemas de cuidado, herramientas que favorezcan la inserción laboral de las mujeres y mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La calidad del empleo apareció como otro factor decisivo. Los datos mostraron que tener trabajo ya no constituye una garantía suficiente para escapar de la pobreza.
Entre los hogares donde la persona de referencia cuenta con un empleo asalariado formal, la pobreza infantil alcanzó el 21,5%. En cambio, cuando el principal sostén económico trabajó en condiciones de informalidad, la tasa ascendió al 55,2%.
La diferencia reflejó el peso que tienen los salarios, la estabilidad laboral y el acceso a la seguridad social en la protección de los hogares con niñas y niños.

Transferencias sociales, privaciones no monetarias y presupuesto
Otro capítulo analizó el papel de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza extrema. A través de simulaciones con datos de la Encuesta Permanente de Hogares, UNICEF concluyó que la indigencia infantil sería seis puntos porcentuales más alta si no existieran programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y otros mecanismos de asistencia.
“Estos instrumentos de protección de ingresos cumplen un papel central para proteger el piso alimentario, con un efecto importante especialmente en la pobreza extrema. La AUH, la Prestación Alimentar y otros apoyos monetarios contribuyen a evitar que una parte de los hogares con niñas, niños y adolescentes caiga por debajo de la línea alimentaria”, afirmó Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina.
Según el organismo, la evidencia mostró que las transferencias tienen un efecto más intenso sobre la indigencia que sobre la pobreza total. Esto ocurrió porque muchos hogares se encuentran cerca de la línea alimentaria y esos ingresos adicionales evitan que caigan por debajo de ese umbral, aunque no siempre alcanzan para superar la canasta básica total.
Sin embargo, UNICEF insistió en que la pobreza infantil no puede analizarse únicamente a través de los ingresos. Por esa razón, el informe incorporó una medición de privaciones no monetarias vinculadas con vivienda, saneamiento, acceso al agua, hábitat, educación y protección social.
Los resultados mostraron que el 42,8% de las niñas, niños y adolescentes presenta al menos una privación en alguna de estas dimensiones.
A diferencia de la pobreza monetaria, estas carencias tienen una dinámica más lenta y suelen responder a déficits estructurales acumulados durante años. Por eso, el organismo sostuvo que las transferencias de ingresos son necesarias, pero insuficientes para resolver los problemas de fondo.
En ese contexto, Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina, sostuvo que la reducción de la pobreza infantil exige una estrategia más amplia que la mera asistencia monetaria.
“Los resultados del informe muestran que las políticas de protección de ingresos son necesarias para sostener pisos básicos, pero su impacto aumenta cuando disponen de movilidad automática y se articulan con intervenciones focalizadas en los grupos poblacionales más afectados junto a políticas sectoriales orientadas a privaciones estructurales”, señaló.
Para UNICEF, la agenda pendiente incluye mejorar la calidad del empleo adulto, fortalecer los sistemas de cuidado, ampliar la cobertura de servicios básicos, garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y sostener las inversiones en educación, infraestructura social y protección de derechos.
Durante la presentación del informe, el organismo también difundió un análisis sobre la evolución reciente del presupuesto destinado a la niñez y la adolescencia.
Según UNICEF, en 2025 el presupuesto nacional orientado a la infancia registró una recuperación real del 4% respecto de 2024, impulsada principalmente por las políticas de protección de ingresos, que explican cerca del 88% del gasto nacional destinado a niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, las primeras ejecuciones presupuestarias de 2026 mostraron señales de mayor restricción. Entre enero y mediados de mayo, la ejecución destinada a infancia se ubicó 6% por debajo de la registrada en igual período del año anterior, afectada por reducciones en partidas vinculadas a educación, nutrición, alimentación, protección de derechos y primera infancia.
El organismo advirtió además que, si no se amplían los créditos presupuestarios vigentes, el financiamiento nacional destinado a la niñez podría registrar una caída real del 16% durante 2026.
El trabajo también relevó las estrategias utilizadas por los hogares para sostener su economía cotidiana. Siete de cada 10 hogares con niñas, niños y adolescentes declararon haber recurrido durante el último año a alguna forma de ayuda económica, endeudamiento, utilización de ahorros o venta de pertenencias para afrontar gastos corrientes. Entre los hogares sin chicos, esa proporción es 10 puntos menor.
Para UNICEF, este dato mostró que detrás de la mejora observada en los indicadores todavía persisten niveles significativos de fragilidad económica.
La advertencia quedó reforzada por las proyecciones para 2026. Si bien la pobreza infantil se ubicó en su nivel más bajo desde 2018, el organismo consideró que la recuperación todavía no está plenamente consolidada. La evolución del empleo, los ingresos reales, la inflación y las políticas de protección social serán variables decisivas para determinar si la mejora registrada durante 2025 logra sostenerse o si, como anticipan las estimaciones de corto plazo, se produce una reversión parcial durante los próximos meses.
POLITICA
Tras el fallo de la Corte, el Gobierno acelera negociaciones con aliados para blindar en Diputados el DNU sobre la Ley de Tierras

El Gobierno inició contactos con bloques aliados y gobernadores para blindar el DNU 70/2023 en el Congreso después de que el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras reactivara los intentos opositores para rechazar el decreto en Diputados. En la Casa Rosada reconocen que el tema volvió a generar una dificultad política, pero consideran que tienen margen para negociar durante los próximos meses.
“El DNU lo vamos a blindar. Ya arrancamos los contactos con bloques y gobernadores para que acompañen”, aseguran en el Ejecutivo. La estrategia apunta principalmente a evitar que Diputados se sume al rechazo que el Senado aprobó en marzo de 2024, condición necesaria para que el decreto pierda vigencia bajo el régimen actual.
La Ley 26.122 establece que un DNU queda derogado cuando es rechazado expresamente por las dos cámaras. El Senado votó contra el 70/2023 por 42 votos negativos, 25 positivos y cuatro abstenciones, pero la Cámara de Diputados nunca completó ese procedimiento. Por eso, el decreto continúa vigente en los puntos que no fueron modificados posteriormente por leyes o decisiones judiciales.
El nuevo movimiento se produjo después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado el artículo 154 del decreto, mediante el cual Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El máximo tribunal concluyó que el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata no tenía legitimación para impulsar la acción en los términos planteados.
Noticia que está siendo actualizada.
Gobierno, ley de tierras, DNU
POLITICA
Gritos, forcejeos e insultos entre la oposición y legisladores oficialistas en la comisión por Malvinas

El plenario de comisiones en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas comenzó en un clima de marcada tensión, luego de que el fallo de la Corte Suprema conocido ayer restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.
La tensión terminó de quedar expuesta esta tarde, cuando diputados de la oposición y el oficialismo se cruzaron a los gritos y con insultos en pleno debate. El hecho se desató cuando Juan Grabois intervino para defender a Myriam Bregman.
En un encendido discurso, la diputada del FIT intentó exponer sus diferencias con el proyecto oficialista, mientras era increpada por el santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, que cuestionaba su posición.
En ese momento, Juan Grabois se levantó, caminó hasta donde estaba Guzmán y lo encaró. El episodio, replicado en redes sociales, incluyó forcejeos e insultos. El conflicto escaló cuando, desde la otra punta de la sala, se levantó el tucumano Gerardo Huesen, quien, a los gritos, acusó de “cagón” al legislador de Unión por la Patria.

Grabois y Huesen quedaron cara a cara ante la mirada del resto de los diputados, algunos de los cuales intervinieron para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Noticia en desarrollo
fallo de la Corte Suprema,Conforme a
POLITICA
Fundación Techo analizó el fallo por la Ley de Tierras: “Puede venir un inglés a comprar un pedazo de la Patagonia”

La Corte Suprema dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras al revocar una resolución que había favorecido al Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. El tribunal consideró que la entidad no tenía legitimación para pedir la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y no resolvió el planteo de fondo.
Juan Maquieyra, integrante de la ONG Techo, se refirió al fallo y reclamó que el Gobierno incluya recursos para obras de integración sociourbana en el presupuesto que analiza el Congreso. Según planteó en Infobae Al Mediodía, la falta de partidas para barrios populares coincide con una norma que eliminó restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Corte Suprema revocó una resolución favorable al Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata y dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. El tribunal no definió la constitucionalidad de fondo del decreto: consideró que la organización demandante no tenía legitimación para solicitar la inconstitucionalidad de esa norma.
Maquieyra cuestionó el alcance de la decisión. “A mí me parece insólito meterse a dejar a disponibilidad de cualquiera que quiera comprar la tierra argentina”, afirmó.
El representante de Techo sostuvo que la situación resulta contradictoria con los planteos oficiales sobre soberanía nacional y mencionó el reclamo argentino por las Islas Malvinas. “Puede venir un inglés a comprar un pedazo de la Patagonia ahora, cerquita de Malvinas”, expresó.
También anticipó que la organización seguirá de cerca las definiciones políticas posteriores al fallo. Para Maquieyra, la medida es “realmente grave”.
Urbanizar barrios populares
El foco central del reclamo de la ONG está en la ausencia de recursos para obras de agua potable, cloacas, electricidad y accesos en barrios populares. “No hay partidas para integración sociourbana”, afirmó Maquieyra sobre el proyecto de presupuesto.
El dirigente señaló que el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), destinado a financiar esas intervenciones, quedó “totalmente desfinanciado”. La entidad no plantea como condición conservar ese instrumento, sino asegurar recursos para las obras mediante el mecanismo que el Gobierno considere.
“Si el Gobierno quisiera hacerlo por otro mecanismo que no sea el FISU, nosotros estamos para sentarnos en la mesa y conversarlo”, sostuvo Maquieyra. La organización presentó una iniciativa junto con Cáritas y bloques parlamentarios para declarar la emergencia de los barrios populares y garantizar financiamiento.

Según el integrante de Techo, más de diez bloques y cerca de 140 diputados acompañan la propuesta. El objetivo es sostener intervenciones en zonas donde las familias enfrentan déficits de infraestructura y servicios esenciales.
Un millón y medio de chicos vive con problemas de acceso a servicios
Maquieyra afirmó que 1,5 millones de niños y niñas viven en barrios con dificultades para acceder a servicios básicos. “Cuando abren la canilla del baño no saben si sale agua potable”, expresó.
También describió riesgos asociados a instalaciones eléctricas precarias y problemas de conectividad durante las lluvias. “Niños y niñas que cada vez que llueve mucho no pueden ir a la escuela”, afirmó.
Para Techo, esas condiciones afectan de forma directa las trayectorias educativas. Maquieyra cuestionó que se hable de inclusión y calidad educativa cuando algunos alumnos no pueden asistir a clases por el estado de los accesos a sus viviendas.
El representante de la ONG diferenció las transferencias de ingresos de las políticas de vivienda e infraestructura. Mencionó a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la integración sociourbana como dos herramientas de alcance social que requieren continuidad.
Proyecto de Techo en el Congreso
Techo y Cáritas llevaron al Congreso un proyecto que prevé recursos graduales para las obras. Maquieyra sostuvo que la inversión requerida sería inferior al 1% del producto bruto interno (PBI).
“La propuesta no dice: ‘De un día para el otro meté los 20 mil dólares que hay que poner’”, explicó. Según indicó, el monto representa menos de la mitad de lo que recaudaría el Estado con cambios en el impuesto a las ganancias judiciales.
Maquieyra señaló que la iniciativa fue presentada ante funcionarios nacionales y que la entidad está dispuesta a discutir modificaciones al texto. “Esta no es una propuesta contra el Gobierno, esta es una propuesta a favor de un millón y medio de chicos”, afirmó.
El dirigente remarcó que el planteo busca asegurar agua potable, electricidad segura, condiciones de vivienda y accesos que permitan a los estudiantes asistir a la escuela aun cuando llueve.
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