POLITICA
En Corrientes se hará el primer juicio por terrorismo a una organización vinculada al Tren de Aragua
Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “El Yiyi”, está detenido en el complejo penal de Ezeiza. Se lo considera un preso de “alto riesgo”. Cayó durante un operativo de la Policía Federal en Corrientes el 2 de mayo de 2023, en el acceso al barro privado Santa Ana, donde vivía. Ahora, irá a juicio por terrorismo, acusado de liderar una organización vinculada al Tren de Aragua.
Había ingresado al país en 2019 con documentación falsa. Usaba una cédula colombiana a nombre de Jeraldo Marcial Sierra Tobio. Logró un DNI argentino y se asentó en un edificio de la avenida Juan de Garay.
El área de Interpol de la Policía Federal lo detectó por sus huellas. Saltó un pedido de extradición de Venezuela. Allí lo buscaban como integrante de la organización criminal Tren de Aragua. Se lo acusaba de extorsión, homicidio, terrorismo, tráfico de armas y asociación para delinquir.
Qué se le imputa
Tras una serie de idas y vueltas formales entre el Juzgado Penal a cargo de Gustavo Fresneda y la Cámara, a Boscán Bracho se lo juzgará como líder de una organización criminal transnacional dedicada al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Además, pesan sobre él cargos por lavado de activos y financiación del terrorismo. Hace unos meses se dispuso su extradición.
Fresneda aplicó la figura de la asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal”. El delito está contemplado en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786 promulgada en marzo del 2025. El apartado prevé una pena de 8 a 20 años de prisión por este crimen.
En la misma situación que el líder están sus lugartenientes, Enmanuel David Urdaneta Bracho (alias “Memei”) y Adaly María Domínguez Contreras, primo y pareja de “Yiyi”, respectivamente. El primero, operaba en territorio correntino. La segunda, en Ciudad de Buenos Aires. La banda se completa con otras 10 personas. Son en total 11 venezolanos, una colombiana y un argentino.
En la pesquisa actúa un equipo importante de fiscales. Trabajan en la investigación el fiscal federal general Carlos Schaefer, el fiscal federal Flavio Ferrini y la fiscal federal subrogante Melina Perborell, de la Unidad Fiscal Corrientes. A ellos se suma el fiscal federal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich. Además, actúa el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. También participan los auxiliares fiscales Nicolás Marquevich y Juan Martín Mariño, de la Unidad Fiscal Corrientes; Ramiro García Martínez, de la UFECO; y Alberto Barbuto, de la PROCELAC.
Cómo actuaba y qué es el Tren de Aragua
La investigación judicial reveló una organización asentada en Argentina con capacidad logística y económica. En la estructura había roles diferenciados. Se verificaron maniobras de lavado y financiamiento ilícito mediante transferencias informales de dinero, cuentas bancarias y billeteras virtuales sin respaldo económico y adquisición de bienes con fondos presuntamente ilícitos.
En su modus operandi, la banda utilizó la fachada de negocios lícitos para lavar dinero. Los rubros fueron desde operaciones agropecuarias hasta una peluquería. Además, quedó demostrado que la organización escalonó el arribo a la Argentina de miembros que ingresaron de manera clandestina. Asimismo, se detectó que la banda siguió funcionando aún con “Yiyi” preso. Desde la cárcel, daba instrucciones operativas.
Ante la gravedad de los hechos investigados, la Justicia consideró que todos los acusados deben continuar en prisión preventiva. Tanto el juez Fresneda como la Cámara avalaron la postura de fiscalía de que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación si recuperaban la libertad ambulatoria.
La organización Tren de Aragua fue incluida en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET) a través de la Resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional. Fue luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la designara como “Organización Terrorista Extranjera”.
POLITICA
Tras el fallo de la Corte, el Gobierno acelera negociaciones con aliados para blindar en Diputados el DNU sobre la Ley de Tierras
El Gobierno inició contactos con bloques aliados y gobernadores para blindar el DNU 70/2023 en el Congreso después de que el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras reactivara los intentos opositores para rechazar el decreto en Diputados. En la Casa Rosada reconocen que el tema volvió a generar una dificultad política, pero consideran que tienen margen para negociar durante los próximos meses.
“El DNU lo vamos a blindar. Ya arrancamos los contactos con bloques y gobernadores para que acompañen”, aseguran en el Ejecutivo. La estrategia apunta principalmente a evitar que Diputados se sume al rechazo que el Senado aprobó en marzo de 2024, condición necesaria para que el decreto pierda vigencia bajo el régimen actual.
La Ley 26.122 establece que un DNU queda derogado cuando es rechazado expresamente por las dos cámaras. El Senado votó contra el 70/2023 por 42 votos negativos, 25 positivos y cuatro abstenciones, pero la Cámara de Diputados nunca completó ese procedimiento. Por eso, el decreto continúa vigente en los puntos que no fueron modificados posteriormente por leyes o decisiones judiciales.
El nuevo movimiento se produjo después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado el artículo 154 del decreto, mediante el cual Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El máximo tribunal concluyó que el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata no tenía legitimación para impulsar la acción en los términos planteados.
Noticia que está siendo actualizada.
Gobierno, ley de tierras, DNU
POLITICA
Gritos, forcejeos e insultos entre la oposición y legisladores oficialistas en la comisión por Malvinas
El plenario de comisiones en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas comenzó en un clima de marcada tensión, luego de que el fallo de la Corte Suprema conocido ayer restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.
La tensión terminó de quedar expuesta esta tarde, cuando diputados de la oposición y el oficialismo se cruzaron a los gritos y con insultos en pleno debate. El hecho se desató cuando Juan Grabois intervino para defender a Myriam Bregman.
En un encendido discurso, la diputada del FIT intentó exponer sus diferencias con el proyecto oficialista, mientras era increpada por el santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, que cuestionaba su posición.
En ese momento, Juan Grabois se levantó, caminó hasta donde estaba Guzmán y lo encaró. El episodio, replicado en redes sociales, incluyó forcejeos e insultos. El conflicto escaló cuando, desde la otra punta de la sala, se levantó el tucumano Gerardo Huesen, quien, a los gritos, acusó de “cagón” al legislador de Unión por la Patria.
Grabois y Huesen quedaron cara a cara ante la mirada del resto de los diputados, algunos de los cuales intervinieron para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.
Noticia en desarrollo
fallo de la Corte Suprema,Conforme a
POLITICA
Fundación Techo analizó el fallo por la Ley de Tierras: “Puede venir un inglés a comprar un pedazo de la Patagonia”
La Corte Suprema dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras al revocar una resolución que había favorecido al Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. El tribunal consideró que la entidad no tenía legitimación para pedir la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y no resolvió el planteo de fondo.
Juan Maquieyra, integrante de la ONG Techo, se refirió al fallo y reclamó que el Gobierno incluya recursos para obras de integración sociourbana en el presupuesto que analiza el Congreso. Según planteó en Infobae Al Mediodía, la falta de partidas para barrios populares coincide con una norma que eliminó restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Corte Suprema revocó una resolución favorable al Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata y dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. El tribunal no definió la constitucionalidad de fondo del decreto: consideró que la organización demandante no tenía legitimación para solicitar la inconstitucionalidad de esa norma.
Maquieyra cuestionó el alcance de la decisión. “A mí me parece insólito meterse a dejar a disponibilidad de cualquiera que quiera comprar la tierra argentina”, afirmó.
El representante de Techo sostuvo que la situación resulta contradictoria con los planteos oficiales sobre soberanía nacional y mencionó el reclamo argentino por las Islas Malvinas. “Puede venir un inglés a comprar un pedazo de la Patagonia ahora, cerquita de Malvinas”, expresó.
También anticipó que la organización seguirá de cerca las definiciones políticas posteriores al fallo. Para Maquieyra, la medida es “realmente grave”.
Urbanizar barrios populares
El foco central del reclamo de la ONG está en la ausencia de recursos para obras de agua potable, cloacas, electricidad y accesos en barrios populares. “No hay partidas para integración sociourbana”, afirmó Maquieyra sobre el proyecto de presupuesto.
El dirigente señaló que el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), destinado a financiar esas intervenciones, quedó “totalmente desfinanciado”. La entidad no plantea como condición conservar ese instrumento, sino asegurar recursos para las obras mediante el mecanismo que el Gobierno considere.
“Si el Gobierno quisiera hacerlo por otro mecanismo que no sea el FISU, nosotros estamos para sentarnos en la mesa y conversarlo”, sostuvo Maquieyra. La organización presentó una iniciativa junto con Cáritas y bloques parlamentarios para declarar la emergencia de los barrios populares y garantizar financiamiento.
Según el integrante de Techo, más de diez bloques y cerca de 140 diputados acompañan la propuesta. El objetivo es sostener intervenciones en zonas donde las familias enfrentan déficits de infraestructura y servicios esenciales.
Un millón y medio de chicos vive con problemas de acceso a servicios
Maquieyra afirmó que 1,5 millones de niños y niñas viven en barrios con dificultades para acceder a servicios básicos. “Cuando abren la canilla del baño no saben si sale agua potable”, expresó.
También describió riesgos asociados a instalaciones eléctricas precarias y problemas de conectividad durante las lluvias. “Niños y niñas que cada vez que llueve mucho no pueden ir a la escuela”, afirmó.
Para Techo, esas condiciones afectan de forma directa las trayectorias educativas. Maquieyra cuestionó que se hable de inclusión y calidad educativa cuando algunos alumnos no pueden asistir a clases por el estado de los accesos a sus viviendas.
El representante de la ONG diferenció las transferencias de ingresos de las políticas de vivienda e infraestructura. Mencionó a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la integración sociourbana como dos herramientas de alcance social que requieren continuidad.
Proyecto de Techo en el Congreso
Techo y Cáritas llevaron al Congreso un proyecto que prevé recursos graduales para las obras. Maquieyra sostuvo que la inversión requerida sería inferior al 1% del producto bruto interno (PBI).
“La propuesta no dice: ‘De un día para el otro meté los 20 mil dólares que hay que poner’”, explicó. Según indicó, el monto representa menos de la mitad de lo que recaudaría el Estado con cambios en el impuesto a las ganancias judiciales.
Maquieyra señaló que la iniciativa fue presentada ante funcionarios nacionales y que la entidad está dispuesta a discutir modificaciones al texto. “Esta no es una propuesta contra el Gobierno, esta es una propuesta a favor de un millón y medio de chicos”, afirmó.
El dirigente remarcó que el planteo busca asegurar agua potable, electricidad segura, condiciones de vivienda y accesos que permitan a los estudiantes asistir a la escuela aun cuando llueve.
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