Cristina Kirchner casi no habla en público de política desde hace meses. Pero no dejó de recibir visitas, conversar por teléfono ni seguir las discusiones de un peronismo que busca reorganizarse para 2027. El silencio de la expresidenta, en el departamento de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad, contrasta con la intensidad de los movimientos a su alrededor. La visita de Sergio Massa, el viernes anterior al Día de la Lealtad, expuso una de esas conversaciones y volvió a poner en foco la ruptura con Axel Kicillof y el malestar con gobernadores justicialistas que colaboran con Javier Milei.

El encuentro con Massa duró unos 40 minutos y había sido acordado tras una conversación telefónica. Según pudo saber Infobae de fuentes inobjetables, no hubo una negociación de candidaturas, una discusión sobre el armado bonaerense ni un pacto para bloquear las aspiraciones presidenciales de Kicillof. La charla giró en torno de las elecciones brasileñas, los próximos comicios en Estados Unidos y un asunto local: Cristina Kirchner quiso saber si el Gobierno reuniría los votos para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La evaluación entre quienes siguen esa discusión es que, por ahora, la Casa Rosada no consiguió los respaldos necesarios, pese al optimismo que transmite Diego Santilli.

La fotografía política de una visita admite interpretaciones opuestas. El encuentro confirmó la cercanía y la frecuencia del diálogo entre la expresidenta y el jefe del Frente Renovador, un eje político consolidado dentro del universo panperonista. Massa y Cristina Kirchner mantienen contacto habitual, personal o telefónico, en una relación que atravesó enfrentamientos y reconciliaciones. En 2013, él rompió con el kirchnerismo y construyó su propio espacio; en 2019 integró el Frente de Todos y, en 2023, fue candidato presidencial de la coalición. Ahora conserva una interlocución que otros dirigentes peronistas perdieron.

El contrapunto más evidente es Kicillof. Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense llevan más de un año sin hablarse. La última conversación ocurrió el 1 de octubre de 2025, cuando él la visitó durante una hora y media en San José 1111, en la previa de las elecciones legislativas. Ambos sectores calificaron la reunión como constructiva, pero no hubo una foto conjunta. Esa ausencia, que ya expresaba la fragilidad del vínculo, cobró otro significado con el paso de los meses: no hubo un nuevo encuentro ni una recomposición de la relación y nada hace pensar que en el corto plazo esa situación pueda cambiar.

En el kirchnerismo señalan que la puerta de la vivienda de Cristina Kirchner permanece abierta para los dirigentes que soliciten visitarla y obtengan autorización judicial. La frecuencia de los contactos con Massa hace más visible la ausencia de Kicillof, aunque el distanciamiento excede una visita pendiente. Está en discusión el liderazgo de un electorado que todavía reconoce la centralidad política de la ex presidenta, mientras el gobernador busca construir una conducción propia y proyectarse al escenario nacional sin tutelas desde San José 1111.

El 17 de octubre exhibió esa distancia sin necesidad de declaraciones cruzadas. Kicillof encabezó su acto en La Matanza, reivindicó a Cristina Kirchner y sostuvo que estaba injustamente presa, pero también se ofreció a recorrer el país y asumir responsabilidades de cara a las elecciones presidenciales. Máximo Kirchner estuvo en Chaco junto a Jorge Capitanich, mientras la militancia se reunió frente al domicilio de la ex presidenta. Varios intendentes participaron de más de una convocatoria. El peronismo compartió la efeméride y las consignas, pero no logró producir una escena de conducción unificada.

Massa y el vínculo con Kicillof en medio de la fractura

Massa introduce un matiz en esa fractura. Su proximidad a Cristina Kirchner no implica coincidencia con el trato político que recibe Kicillof desde sectores del kirchnerismo duro. Ante interlocutores con los que conversa sobre el futuro del Partido Justicialista (PJ), ha sostenido una premisa: “Hay que cuidarlo”. Es una diferencia con quienes interpretan que la consolidación del gobernador como aspirante presidencial exige confrontarlo y erosionar su construcción. Para Massa, preservar la figura de Kicillof no supone renunciar a sus propias posiciones, sino reconocer que el peronismo necesitará dirigentes con capacidad de convocatoria.

El silencio de Cristina Kirchner es otra pieza del tablero. Desde su detención, redujo de manera pronunciada sus intervenciones en las discusiones cotidianas, aunque el sábado salió al balcón para saludar a los militantes que fueron a San José 1111. No existe una prohibición judicial general que le impida opinar sobre política. Su condición de detenida, sin embargo, impone límites materiales, modifica sus rutinas y condiciona su participación pública. En el universo kirchnerista también interpretan que hablar menos mantiene en primer plano la situación judicial de la ex presidenta.

Ese retraimiento es la estrategia que impera para la reorganización del peronismo. Máximo Kirchner y dirigentes cercanos a la ex presidenta mantienen conversaciones con referentes de distintas provincias. Entre los interlocutores figuran el propio Capitanich, Sergio Uñac, Ricardo Quintela y dirigentes de peso de Santa Fe. La búsqueda apunta a ampliar los acuerdos y explorar candidaturas que reciban respaldo de distintas vertientes. La posibilidad de que Gerardo Zamora integre una fórmula forma parte de las hipótesis que circulan en el peronismo, pero no hay una negociación concreta. Los contactos políticos y las decisiones electorales siguen siendo asuntos distintos.

Por ahora, la batalla más inmediata no está en las candidaturas, sino en el Congreso. El Gobierno se propone eliminar o, al menos, suspender las PASO nacionales de 2027. Para Milei, se trata de una reforma que reivindica por el costo del mecanismo y su crítica a las primarias obligatorias. Para el peronismo, en cambio, la herramienta tiene valor estratégico: permite que sectores enfrentados compitan dentro de una misma coalición, legitimen a un candidato mediante el voto y lleguen a la elección general sin resolver todas las disputas en negociaciones cerradas.

Defender las primarias significa preservar un instrumento de organización interna e impedir que el Gobierno concrete una de sus principales iniciativas sobre las reglas electorales. Es una confrontación institucional con consecuencias directas para la competencia de 2027. La coincidencia reúne a dirigentes que no logran acordar sobre el candidato presidencial ni la conducción partidaria: Cristina Kirchner, Massa, Kicillof y operadores parlamentarios como José Mayans, Juliana Di Tullio y Cecilia Moreau trabajan sobre un objetivo compartido.

La disputa por las PASO y el factor Jaldo

El oficialismo necesita 37 votos para aprobar su reforma en el Senado, y los respaldos todavía no están asegurados. Santilli negocia con gobernadores y dirigentes provinciales que distinguen entre eliminar las primarias de forma definitiva y suspenderlas por una elección. Algunos mandatarios radicales se muestran dispuestos a discutir una suspensión, sin acompañar la desaparición del sistema. Esa diferencia obliga a la Casa Rosada a ajustar sus cálculos. También explica el interés de Cristina Kirchner por conocer el estado real del poroteo: una cosa es el mensaje de confianza del Gobierno; otra, la posibilidad de reunir la mayoría parlamentaria.

El peronismo tampoco dispone de un plan alternativo indiscutido. Una interna partidaria nacional presenta dificultades de organización, padrones, financiamiento y legitimidad ante sectores que desconfían entre sí. La elección general con varios candidatos de origen peronista es otra hipótesis, pero implicaría riesgos de dispersión y exigiría acuerdos previos para evitar una ruptura definitiva. Las PASO ofrecen una solución procedimental, aunque no garantizan por sí solas la unidad posterior. El mecanismo puede ordenar candidaturas, pero no reemplaza la confianza entre quienes deberían compartir un proyecto de gobierno.

Ahí aparece el factor Jaldo, que introduce un conflicto distinto y sensible. El gobernador de Tucumán utilizó el acto del 17 de octubre en el Hipódromo para reclamar autonomía frente a las conducciones nacionales. “Nadie de Buenos Aires, sea del partido que sea, me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia. Tucumán está primero”, afirmó Osvaldo Jaldo. También ratificó su voluntad de competir en 2027. Fue una definición dirigida a sus adversarios internos, en medio de una disputa creciente con el exgobernador Juan Manzur, que organizó su propia celebración de la fecha peronista.

En La Cámpora respondieron con una interpretación que invierte el argumento de Jaldo. Sostienen que el mandatario reivindica independencia frente a Cristina Kirchner y el PJ nacional, pero acepta indicaciones políticas de la Casa Rosada. En ese cuestionamiento mencionan a Milei, Karina Milei, Santilli y Santiago Caputo, a quienes atribuyen capacidad de influir en las decisiones de su bancada. La acusación de que recibe órdenes de esos funcionarios pertenece al terreno de la disputa política: no está demostrado que exista una cadena de instrucciones sobre cada votación, pero los legisladores que le responden, ante cada definición parlamentaria, optan por alinearse con la Casa Rosada. La frase que sintetiza ese reproche en La Cámpora es: “Los porteños lo tienen cortito”.

La semana pasada hubo un ejemplo concreto. Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández, los tres integrantes del bloque Independencia vinculados a Jaldo, no concurrieron a la sesión en la que la oposición intentó avanzar contra el DNU 70/2023. El tablero registró 121 presentes y faltaron ocho para alcanzar el quórum. Sus ausencias no fueron las únicas ni explican por sí solas el resultado, pero contribuyeron a que el oficialismo evitara la discusión sobre uno de los decretos centrales de la gestión de Milei. Es el tipo de episodio que profundiza el reproche de los sectores kirchneristas.

El enfrentamiento también tiene una dimensión tucumana. Manzur se fotografió con Cristina Kirchner y quedó situado en la vereda opuesta a Jaldo, su antiguo compañero y también rival político. El gobernador construye una relación propia con el Poder Ejecutivo nacional y defiende esa estrategia con el argumento de las necesidades provinciales. El kirchnerismo distingue esa conducta de la de fuerzas territorialmente autónomas, como las que gobiernan Misiones o Neuquén, cuya identidad no depende de la conducción del PJ. El reproche hacia Jaldo es diferente: llegó al gobierno como peronista y sigue reclamando esa pertenencia mientras acuerda posiciones legislativas con Milei.

Las tensiones quedaron condensadas en aquellos 40 minutos de San José 1111. Cristina Kirchner y Massa hablaron de elecciones en otros países y dedicaron a la política argentina una pregunta concreta sobre los votos del Gobierno. No resolvieron las candidaturas ni la pelea bonaerense. Pero esa pregunta señaló dónde se juega, antes de cualquier definición personal, una parte decisiva del proceso que deberá atravesar el peronismo: preservar o reemplazar las reglas con las que intentará resolver sus disputas mientras prepara la confrontación electoral con Milei.

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El Gobierno reconoce que no logró cerrar un acuerdo interno por la nueva ley de Discapacidad y mantiene abierta la posibilidad de que Javier Milei vete total o parcialmente el proyecto si su aprobación compromete el esquema presupuestario. La Casa Rosada admite que persisten las diferencias entre el equipo económico y la conducción de La Libertad Avanza en Diputados, pese a las reuniones que se realizaron durante las últimas semanas para unificar posiciones.

“No se acordó nada”, aseguran en Nación. En el oficialismo advierten que el Presidente no convalidará automáticamente las modificaciones que impulsen los legisladores oficialistas si generan obligaciones fiscales que el Ejecutivo considere incompatibles con el equilibrio de las cuentas públicas. “Si sale una ley que afecte el presupuesto, se vetará”, agregan.

La definición contrasta con la estrategia que prepara la conducción de Diputados. La Libertad Avanza prevé llevar el proyecto al recinto el miércoles 21 de octubre con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, que participaron de la negociación del dictamen de mayoría. En el bloque de LLA consideran que retroceder sobre el texto acordado puede poner en riesgo los respaldos y facilitar una nueva ofensiva opositora para prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad.

En otro sector de la Casa Rosada reconocen que la decisión política es avanzar con la votación sin reabrir una discusión que pueda desordenar los acuerdos parlamentarios. “Discapacidad es un tema sensible y se va a votar el miércoles como salió del recinto. No hay margen para complicarlo”, sostienen en esas filas. La referencia apunta al contenido central del dictamen, aunque los aliados todavía negocian precisiones sobre determinados artículos y las partidas destinadas a financiar las prestaciones.

La disputa se originó después de que el bloque libertario impulsara un proyecto que no había sido convalidado integralmente por Economía, Salud ni Legal y Técnica. La iniciativa consiguió 42 firmas en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, frente a las 36 del dictamen opositor. El texto mantiene mecanismos de protección y prestaciones que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo proponía modificar o eliminar.

La diferencia llevó al Gobierno a organizar una reunión específica el 29 de septiembre. Participaron Luis Caputo, Diego Santilli, Nicolás Mayoraz y María Ibarzabal Murphy, con el objetivo de revisar los aspectos jurídicos, presupuestarios y parlamentarios de la iniciativa. Aunque desde el sector político transmitieron entonces que las conversaciones avanzaban, las consultas realizadas durante los últimos días confirman que todavía no existe una posición unificada.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expuso públicamente esa contradicción el 13 de octubre durante el debate del Presupuesto en Diputados. Ante las preguntas de la oposición sobre cuál de los dos textos representaba la posición oficial, reconoció que el Poder Ejecutivo pretendía una solución diferente de la impulsada por los bloques. “Nosotros, desde el Ejecutivo, hubiéramos querido otra cosa”, sostuvo, y dejó la definición legislativa en manos del Congreso.