El Gobierno designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, un área especialmente sensible para la gestión de Javier Milei, en reemplazo de Pablo Di Liscia. Este último había sido nombrado en el cargo hace menos de un mes, pero un accidente de tránsito y su posterior internación le impidieron continuar en funciones.

“La nueva designación responde a la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área. La prioridad es fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorías para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad”, dice el comunicado oficial al que tuvo acceso .

El nombramiento se oficializaría mañana en el Boletín Oficial, según fuentes del Ministerio de Salud.

Desde julio de 2025, Masaragian se desempeñaba como administrador nacional de Establecimientos de Salud, un organismo descentralizado del Ministerio de Salud conducido por Mario Lugones. Allí se hizo cargo de la “gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales”. Previamente, fue director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales en la misma cartera.

“Su trayectoria en la gestión hospitalaria y de servicios asistenciales constituye un antecedente crucial para esta nueva responsabilidad dentro del Ministerio, que le agradece por su gestión al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y le desea lo mejor para esta nueva etapa”, agrega el comunicado.

En el mismo mensaje, el Gobierno “le desea una pronta recuperación” a Di Liscia, quien permanece en terapia intensiva e intubado luego de haber sufrido un accidente de tránsito mientras circulaba en moto, lo que le provocó varias fracturas.

A raíz de su ausencia, Lugones dejó la Secretaría de Discapacidad en manos de Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera de Salud, de manera interina, en una resolución de la semana pasada.

Por su parte, Di Liscia había sido nombrado en el cargo el 22 de septiembre, apenas una semana antes del siniestro vial, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien renunció en medio de las tensiones internas del Gobierno por los recortes presupuestarios.

Vilches, a su vez, había asumido tras la salida forzada de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (que fue disuelta tras el escándalo y reconvertida en una secretaría del Ministerio de Salud), apartado en agosto del año pasado en medio de la difusión de una serie de audios atribuidos a él, en los que hablaba sobre irregularidades en el organismo y mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. El 22 de septiembre pasado, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y de otras 18 personas investigadas por presuntos desmanejos en el área.

Con una ambiciosa agenda parlamentaria, el Gobierno inició la semana en el Congreso con el desembarco del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para dar comienzo al debate del Presupuesto 2027. El funcionario confirmó la intención del oficialismo de sesionar el 18 de noviembre después de la visita del papa León XIV, un cronograma que dejaría al Senado con escaso margen para tratarlo antes del cierre del período de sesiones ordinarias.

La jornada estuvo marcada por fuertes críticas al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, reclamos por mayores partidas para discapacidad y cuestionamientos a las proyecciones de inflación del Gobierno, además de pedidos de explicaciones por la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase.

El debate en la Comisión de Presupuesto, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, comenzó con un pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sobre la hoja de ruta. En respuesta, se confirmó la visita de mañana del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el objetivo del Gobierno de obtener dictamen a fines de octubre para luego llevar el proyecto al recinto.

Acto seguido, Martínez anunció que su bloque presentó ante la presidencia de la comisión un pedido al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para dar cumplimiento a la ley de financiamiento universitario, uno de los focos críticos para el Gobierno cuando faltan dos días para la quinta marcha federal en reclamo de mayor presupuesto.

Es en esa línea que el diputado de UP reclamó aumentar las partidas destinadas en el Presupuesto 2027 y propuso compensar ese incremento con una reducción de otros gastos del Tesoro, a fines de “no alterar el resultado financiero”.

La queja del bloque peronista ante Benegas Lynch se sustenta en un reciente fallo del juez Martín Cormick, que exigió al Gobierno la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución declaró inconstitucional parte del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había frenado la implementación de la norma, pese a que el Congreso había rechazado el veto presidencial el año pasado.

El texto oficial presentado por el Gobierno proyecta para el año que viene una partida de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades, mientras que los rectores advierten que para ajustarse a la ley se necesitaría casi un 50% más de lo contemplado. En concreto, exigen un financiamiento de $11 billones.

Si bien Benegas Lynch consideró “razonable” la petición, esquivó la cuestión al asegurar que “no es la competencia” de la comisión dar indicaciones de gestión a la Jefatura de Gabinete. Después se aclaró que aquellas precisiones se darán con la exposición de invitados de la cartera de Educación.

Durante su exposición, el funcionario evitó dar detalles sobre el financiamiento educativo. En cambio, se centró en la situación económica que encontró el Gobierno al asumir, especialmente apuntó al déficit financiero, la elevada brecha cambiaria y el riesgo país.

En cuanto a las proyecciones económicas, Guberman anticipó un crecimiento del 4% para el próximo año, frente al 3% previsto para este, una inflación del 18% y un tipo de cambio de $1.848.

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