La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra en una nueva etapa de análisis debido a las nuevas declaraciones juradas que presentó el funcionario, que incluyen rectificaciones a lo que había informado hasta ahora.

Fuentes con acceso a la investigación judicial relataron a que la Oficina Anticorrupción ya envió la nueva presentación (correspondiente a 2025) y las declaraciones rectificativas de las dos anteriores que hizo el jefe de Gabinete, pero que no pudo remitir el anexo reservado correspondiente a su esposa, Bettina Angeletti, debido a que todavía no fue presentado por el funcionario.

La ausencia del formulario reservado resulta especialmente sensible en un contexto en el que Adorni modificó aspectos centrales de sus declaraciones juradas. La falta del anexo correspondiente a su esposa impide contar con una fotografía completa del patrimonio familiar, cuya composición él rectificó para explicar sus gastos. La inexistencia de esa documentación puede alimentar interrogantes sobre la posibilidad de que se produzcan nuevas modificaciones o adecuaciones en la información declarada antes de que el cuadro patrimonial quede definitivamente consolidado y la Justicia pueda avanzar con un pedido para que Adorni justifique el origen de sus bienes.

Fuentes cercanas al jefe de Gabinete alegaron que tiene hasta el 31 de julio para presentar el anexo reservado, fecha en la que vence el plazo para entregar las declaraciones juradas a la OA. Sin embargo, Adorni dijo públicamente que estaba “a disposición de la Justicia en lo que requiera”.

No es la primera vez que Adorni demora la presentación del anexo correspondiente a los bienes de su esposa. Ya lo había hecho en su declaración anterior. Recién acompañó ese anexo, que debió haber entregado el año pasado, en abril de este año, con la causa por enriquecimiento ya avanzada en su contra. Sólo entonces dio cuenta de la compra de la casa en el country Indio Cua.

Ahora, lo que Adorni detalle en el formulario correspondiente a su mujer adquiere relevancia porque el propio funcionario atribuyó su nueva versión del patrimonio familiar, en buena parte, a los ingresos y bienes de su esposa. En la entrevista con José Del Río, en LN+, el funcionario sostuvo que la situación económica de la familia no podía analizarse únicamente sobre la base de sus ingresos personales, sino que debía contemplarse la trayectoria laboral de Bettina y los ahorros acumulados por ambos durante décadas.

De acuerdo con las explicaciones brindadas en esa entrevista por el jefe de Gabinete, su esposa desarrolló toda su carrera en el sector privado, con una trayectoria de entre 23 y 25 años de actividad laboral. Según indicó, durante aproximadamente quince años ocupó “cargos gerenciales”, percibiendo ingresos que formaron parte del “ingreso familiar” disponible.

Asimismo, enfatizó que Angeletti nunca ocupó cargos en la administración pública.

Adorni también aseguró que ambos decidieron unificar sus ahorros después de que se casaron y que durante 25 años mantuvieron parte de esos fondos fuera del sistema formal. En sus palabras, se trató de dinero ahorrado “en negro” que no declararon para resguardarse de la “vieja política”.

Adorni rectificó en su declaración jurada pública información sobre la casa en el country Indio Cuá. Según sostuvo, el inmueble no figuró en su declaración jurada original porque lo había informado como de exclusiva propiedad de su esposa. A raíz de las observaciones surgidas sobre su patrimonio, decidió rectificar la información y declarar ahora una titularidad compartida del cincuenta por ciento para cada uno.

Tanto Adorni como su esposa se inscribieron en los últimos días en el régimen simplificado de Ganancias previsto por la ley de Inocencia Fiscal.

Qué dice la reglamentación

El sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales prevé que la presentación se compone de dos formularios. El primero, el F-1245, contiene la información patrimonial, personal y laboral del funcionario y se presenta de manera electrónica. El segundo es el Formulario F-1246, denominado Anexo Reservado, que debe ser completado cuando el declarante está casado, convive con una pareja o tiene hijos menores.

Ese formulario reservado se presenta en formato papel y en sobre cerrado y forma parte de una única obligación legal. Es decir, no se trata de una declaración independiente ni de un trámite complementario optativo, sino de una pieza integrante de la misma presentación patrimonial. El formulario público fue rellenado el miércoles por la noche. Sin embargo, hasta el momento no se presentó el sobre físico del anexo de Angeletti, según la información disponible en los tribunales.

Fabián de Sousa, exsocio del empresario Cristóbal López en el Grupo Indalo, intentó sin éxito cerrar el caso Oil Combustibles, en el que aún está siendo investigado. Su pedido de prescripción por el paso del tiempo fue rechazado por el tribunal oral que lo juzgó.

De Sousa y Cristóbal López están absueltos en esta causa en la que se investiga la retención del impuesto a los combustibles de la petrolera, pero ese fallo fue recurrido a la Corte Suprema, que pidió a la Cámara de Casación dictar una nueva sentencia. Es decir, tienen su absolución en revisión.

La Casación insistió con la absolución y el caso volvió a la Corte, que otra vez debe ahora fallar. Si mantiene su criterio de revocar la absolución, el asunto se dirimirá en Casación.

En tanto, Ricardo Echegaray fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión. Ese fallo sí quedó firme. Se lo encontró culpable de haber favorecido a Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles. Los jueces de la Sala I, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, rechazaron por unanimidad el recurso de la defensa.

Echegaray fue exonerado de su cargo en la ARCA tras quedar firme la posibilidad de ejecutar la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

López y De Sousa resultaron absueltos en este mismo expediente porque la Casación interpretó que Echegaray cometió delito al dar un plan de pagos especiales, pero los empresarios que los solicitaron no lo cometieron.

Ahora, De Sousa, mientras se definen estas cuestiones, fue ante el tribunal oral que lo absolvió para pedir la prescripción del caso por el paso del tiempo. Esto implicaría que la causa se cierre a su respecto.

Pero los jueces del Tribunal Oral Federal 3 rechazaron su pedido por unanimidad, aunque cada uno con sus argumentos.

El Tribunal Oral Federal 3 resolvió que la acción penal contra Fabián de Sousa sigue vigente porque Ricardo Echegaray continuaba -en el momento en que se formuló el pedido- revistando en ARCA, cargo que ocupó hasta el mes pasado.

Dos de los tres jueces avalaron el argumento de fondo; el tercero directamente dijo que no puede declararse el caso prescripto cuando el asunto está en manos de la Corte y la absolución “no es cosa juzgada”.

La defensa de Sousa dijo que desde la citación a juicio del 28 de junio de 2018 —último acto que interrumpe el plazo- pasaron más de seis años, el máximo previsto para el delito de defraudación contra la administración pública.

Pero el Código Penal dice que la prescripción se suspende mientras cualquiera de los imputados por el mismo hecho continúe en ejercicio de un cargo público. Y Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, seguía en su cargo hasta hace un mes atrás, cuando fue exonerado tras quedar firme su condena a cuatro años y ocho meses de prisión.

La defensa dijo que debe analizarse el cargo del funcionario y si puede entorpecer la causa, pero los jueces rechazaron este argumento, pues dijeron que la ley solo menciona que la suspensión de la prescripción se da por el carácter de funcionario, no por la naturaleza de su función.

El juez Fernando Machado Pelloni sostuvo que ninguna interpretación puede habilitar la prescripción cuando hay de por medio un funcionario, porque eso forma parte de una “verdad jurídica objetiva” ligada a la reserva de ley y al artículo 36 de la Constitución, que sanciona los delitos contra el Estado.

Machado Pelloni también desmontó uno de los argumentos centrales de la defensa: la idea de que la absolución original de De Sousa se basó en una mera interpretación teórica del tipo penal y que, por lo tanto, el proceso ya estaba, en los hechos, agotado.

El juez Andrés Fabián Basso dijo que De Sousa ya fue absuelto dos veces en este expediente —la primera vez confirmada por Casación y luego revocada por la Corte Suprema, que ordenó un nuevo fallo que también resultó absolutorio por mayoría—, y que esa absolución sigue vigente como “situación jurídica actual del imputado”, aunque no esté firme.

El tercer voto, del juez Javier Feliciano Ríos, señaló que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y esta dice que el carácter de funcionario interrumpe la prescripción.

Ríos citó además un antecedente muy reciente y de peso: el voto del juez Gustavo Hornos en la causa Ruckauf, resuelta por la Sala IV de Casación apenas un mes antes, el 14 de mayo de 2026, donde se sostuvo que la norma busca imponer “un trato penal más riguroso” a quienes ejercen función pública, como contracara de la confianza que la sociedad deposita en ellos.

Así, el planteo de De Sousa fue rechazado y la última palabra aún la tienen la Corte y la Cámara de Casación.