POLITICA
AFAgate: quién es la jueza que se hará cargo de la compleja causa de la quinta atribuida a Toviggino
Después de un largo ida y vuelta entre fueros, el expediente que nació como una investigación sobre la quinta de Pilar asociada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) regresó al Juzgado N° 10 del fuero Penal Económico. Pero ya no será el juez Marcelo Aguinsky, sino una mujer −la única en la primera instancia del fuero− quien quede al frente del caso.
Se trata de Verónica Straccia, quien subroga desde abril el juzgado al que ahora retorna acaso el capítulo judicial que más preocupa a las autoridades de la AFA.
La jueza, de marcado perfil bajo, larga trayectoria judicial y muy respetada en ese ecosistema, se hará cargo del expediente al menos hasta noviembre, mes en el que vencerá su suplencia.
Straccia forma parte del Poder Judicial desde hace más de 30 años. Creció profesionalmente en Lomas de Zamora, donde fue secretaria letrada durante una década. En 2003, por concurso, llegó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11, del que es titular.
“Es una reglamentarista”, la define alguien del fuero que la conoce. “Tiene un fuerte apego a las formas y bastante poca plasticidad”, agrega la misma fuente, una de las tantas que le reconocen a la jueza un gran rigor técnico.
Straccia es la cuarta magistrada que queda al frente del caso en menos de siete meses. Hereda un expediente complejo que fue ganando espesor y visibilidad en un recorrido que, además, dejó expuestas las conexiones entre el mundo del fútbol y la Justicia.
La quinta de Villa Rosa, sospechada de pertenecer al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, conforma la primera capa de las fojas que se apilan en el expediente. En parte, debido a la estrategia defensiva que ensayaron las autoridades de la AFA, que apuntaron a concentrar en esta causa todas las demás que tienen a la entidad deportiva bajo la lupa.
El caso tramita bajo la hipótesis de lavado de dinero. Entre otros elementos, sumó los contratos que la AFA trabó con TourProdEnter, la sociedad de Javier Faroni y Érica Gillette que actúa como agente de cobro y recauda los fondos de la entidad deportiva en distintas partes del mundo y está sospechada de haber desviado parte de ese dinero.
El trabajo de Straccia es valorado por los funcionarios judiciales del fuero. La consideran una persona “seria”, “reservada”, “poco influenciable” y “suficientemente capacitada” para tomar las riendas de un caso tan sensible.
Otra voz del fuero le atribuye a la magistrada una ligera tendencia “proimputado”; un sesgo, advierte la misma fuente, que es propio del fuero, no exclusivo de Straccia.
No reniega ni desmiente la imagen que tienen de ella en la Justicia, pero la jueza prefiere el trabajo en silencio. Evita los flashes y procura seguir de cerca el trabajo de su equipo. “No cree en las ventajas del home office”, grafica un judicial, que, a modo de elogio, agrega: “Es desconfiada”.
Straccia emergió a los primeros planos en 2014 con el capítulo local de la causa conocida como “SwissLeaks”. El caso se basó en información obtenida de los archivos del banco HSBC de Ginebra, Suiza, que fue extraída por un informático y entregada a las autoridades francesas. En la lista aparecían reyes, presidentes, traficantes de armas, estrellas de rock y deportistas, entre otros.
En el país, el expediente nació con una denuncia de la AFIP de Ricardo Echegaray. Alcanzó a más de 4000 personas que la jueza Straccia investigó para determinar si habían o no cometido algún tipo de evasión impositiva. En diciembre de 2021, en un fallo de 621 páginas, la jueza sobreseyó a Gabriel Martino y otros ejecutivos del banco HSBC, acusados de haber facilitado a 4040 contribuyentes argentinos la apertura de cuentas bancarias en Suiza sin declararlas ante el fisco.
El ritmo de la AFA
El expediente que ahora la llevará nuevamente a los primeros planos atravesó etapas con distintas velocidades. El primer allanamiento, ordenado por Daniel Rafecas, vinculó muy tempranamente y mediante prueba directa a Toviggino con el predio.
El juez Aguinsky, que continuó la tarea, sostuvo el vértigo: él y su equipo trabajaron durante la feria judicial de enero e incorporaron elementos que consolidaron la sospecha de que los dueños formales del predio, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, no eran, en los hechos, los verdaderos propietarios.
Cuando el caso se mudó a la Justicia federal de Campana, en respuesta a un pedido de los propios investigados, Pantano y Conte, entró en otra fase, de mayor análisis, y el ritmo inicial se apaciguó.
Quienes conocen los tiempos de Straccia no esperan que la causa recobre el impulso inicial. Es minuciosa para trabajar, dicen en el fuero, por lo que “se toma su tiempo para todo”.
Hay quienes dan como un hecho que la jueza delegará la investigación en la fiscalía, según son sus costumbres. De ser así, será la primera vez que eso ocurra: ninguno de los jueces que intervinieron en el caso optó por poner la pesquisa en cabeza del fiscal.
El responsable de marcar la marcha de la investigación será entonces el fiscal Claudio Navas Rial, que ya está familiarizado con el caso.
Las últimas medidas ordenadas por el juez anterior, Adrián González Charvay, serán centrales para la causa que heredó Straccia.
El magistrado encomendó a expertos de la Corte un análisis contable sobre tres ejes: los movimientos de Real Central, propietaria formal del predio; una tarjeta de crédito de Pantano con la que se pagaron algunos gastos de la costosa flota de autos hallada en la quinta, y el flujo de fondos de TourProdEnter, la sociedad vinculada a Faroni que, según reveló , habría desviado al menos 40 millones de dólares de la AFA.
quinta de Pilar asociada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Mientras mira de cerca la evolución de la economía, el Gobierno suma un frente de presión por su estrategia sobre Malvinas
En los últimos días se conoció un dato positivo para el Gobierno respecto a la situación económica, con la confirmación de una leve baja en la morosidad de las familias. Sin embargo, creció la mora en las empresas. En este contexto, la gestión de Javier Milei sumó complicaciones a su estrategia de reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. Además de las medidas del Reino Unido, desde el gobierno de Estados Unidos le hicieron reclamos concretos por las sanciones a empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.
Según el Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA), se registró una tenue baja de la morosidad de los créditos de las familias, 0,1 puntos porcentuales en agosto, que llegó a 12,8% mensual. El documento indicó que “la dinámica mensual se explicó por una caída de 0,98% en el saldo real en situación irregular, mientras que el financiamiento total no presentó cambios de magnitud en términos reales”.
A nivel total del sistema financiero, el atraso en los pagos se ubicó en agosto en 7,75% en la cartera de préstamos, contra el 7,73% del mes anterior. En préstamos personales fue del 17% del total, con un alza de 0,3% con respecto a julio (16,7%).
POLITICA
El gobierno porteño afirmó que reparar los destrozos en el Congreso costará 90 millones de pesos
La Ciudad de Buenos Aires informó que deberá destinar una suma estimada en $90 millones para reparar los daños provocados por manifestantes violentos que irrumpieron en el Congreso, luego de la fallida sesión en Diputados y en paralelo a la 5ta Marcha Federal Universitario. Los destrozos afectaron mobiliario urbano, veredas, canteros y superficies verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores, indicó el gobierno porteño.
El reclamo universitario de desarrolló en forma pacífica para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, se desvirtuó con la irrupción de los violentos que desataron serios incidentes al enfrentarse con las fuerzas federales. Además de destrozos en el espacio público hubo detenidos y heridos.
La erogación necesaria aún podría crecer, indicaron las autoridades porteñas, una vez que se completen las evaluaciones técnicas, lo que refleja el impacto material de la jornada. La zona más castigada fue el corredor de Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, donde se concentraron los enfrentamientos mientras del otro lado del escenario transcurría el acto central de la movilización.
Los disturbios se desataron minutos antes de que los rectores de las universidades públicas comenzaran a leer un documento con el reclamo para que el Gobierno Nacional cumpla con la ley de financiamiento, ratificada en cinco oportunidades por el Poder Legislativo y cuya implementación continúa bloqueada por la administración de Javier Milei. En otro sector de la plaza, hombres encapuchados comenzaron a arrojar cascotes contra la formación que custodiaba el vallado perimetral del palacio legislativo. Las piedras, según las crónicas de los periodistas presentes, llovían sobre los escudos de los gendarmes y rebotaban contra sus cascos de plástico.
Los grupos que iniciaron el conflicto surgieron en medio de una zona donde se identificaban banderas de sectores políticos de izquierda. La respuesta de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue inmediata: los agentes saturaron el área para proteger las vallas y respondieron con disparos de balas de goma y gas lacrimógeno. El gas obligó a numerosos manifestantes —muchos con el rostro cubierto— a retroceder por las calles aledañas, en un enfrentamiento que se extendió por más de dos horas.
Poco después, un camión hidrante llegó al cruce de Rivadavia y Entre Ríos. El vehículo necesitó la asistencia de un camión tanque para conectar la manguera y abastecerse de agua antes de desplegar su chorro contra los grupos más agresivos. Los proyectiles, lanzados con gomeras por manifestantes, alcanzaban incluso la posición de los cronistas, lo que obligó a extremar las precauciones durante la cobertura.
El saldo de la jornada arrojó 31 personas detenidas y ocho efectivos heridos, pertenecientes a GNA, Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía Federal. De acuerdo con fuentes policiales, tres integrantes de Gendarmería y uno de Prefectura resultaron lesionados por el impacto de elementos contundentes.
Los efectos del operativo traspasaron la calle y llegaron hasta el interior del recinto parlamentario. Según indicaron fuentes consultadas por Infobae, el gas lacrimógeno se sintió incluso en el anexo del Congreso, donde varios diputados debieron retirarse de los despachos del Palacio Legislativo tras sentirse descompuestos. Entre ellos, la diputada Cecilia Moreau tuvo que recostarse para recuperarse. “Nunca había pasado esto, le pusieron más fuerza al gas”, señalaron las mismas fuentes.
La movilización coincidió, además, con el intento de la oposición en la Cámara de Diputados de derogar el DNU 70/2023, el decreto que desreguló cientos de actividades al inicio de la gestión libertaria. Sin embargo, el oficialismo logró evitar el quórum necesario gracias a un puñado de ausencias de gobernadores aliados.
En las redes sociales, la funcionaria Alejandra Monteoliva cuestionó a quienes protagonizaron los disturbios. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, escribió en su cuenta de X.
Y agregó: “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”.
Las detenciones se concretaron antes de que Gendarmería procediera a desalojar la Plaza Congreso, en una operación que puso fin a una jornada marcada por los reclamos universitarios y los destrozos cuya factura preliminar de $90 millones recaerá sobre las arcas del gobierno porteño.
POLITICA
El Gobierno demora la reforma política por falta de acuerdos en el Senado y revisa su estrategia para las elecciones de 2027
El Gobierno dilata la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con la reforma política y recalcula su estrategia de negociación con los gobernadores y bloques aliados. En la Casa Rosada aseguran que no volverán a impulsar el tratamiento hasta tener garantizados los respaldos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO nacionales de 2027, uno de los principales objetivos electorales de Javier Milei.
“Hasta que no haya acuerdo cerrado no vamos a convocar”, aseguran en Nación. La definición aleja la posibilidad de acelerar el debate durante los próximos días y modifica las expectativas de sectores del oficialismo que proyectaban obtener un dictamen y llevar la iniciativa al recinto durante la última semana de octubre. En Balcarce 50 reconocen que las conversaciones todavía no alcanzaron el nivel de consenso necesario para fijar un cronograma parlamentario.
La falta de avances se mantiene incluso después de la última reunión de la mesa política, realizada el martes en la Casa Rosada. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a TN que no hubo novedades que permitan adelantar una nueva convocatoria. En el bloque de La Libertad Avanza del Senado transmiten una evaluación similar y advierten que todavía deben mantenerse conversaciones individuales con legisladores de los espacios dialoguistas.
El principal obstáculo está en la Cámara Alta, donde el oficialismo necesita reunir 37 votos para modificar el régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y debe buscar los 16 respaldos restantes entre la UCR, el PRO, los bloques provinciales y sectores del peronismo disidente. En la conducción parlamentaria advierten que los entendimientos con los gobernadores no garantizan automáticamente el acompañamiento de todos los representantes de sus provincias.
La negociación tampoco está cerrada dentro de la propia mesa política. Mientras Diego Santilli y otros sectores del Gobierno buscan acelerar los entendimientos para asegurar la votación, en despachos cercanos al armado electoral de La Libertad Avanza sostienen que las definiciones sobre las alianzas para 2027 llegarán recién hacia fin de año. La intención es preservar capacidad de negociación y evitar concesiones territoriales antes de conocer con mayor precisión el escenario electoral.
En ese sector del Ejecutivo consideran que no existe una necesidad inmediata de revelar las condiciones que pretende imponer el oficialismo en cada provincia. La lectura es que la candidatura presidencial de Milei constituye su principal herramienta de negociación frente a gobernadores que no cuentan con una alternativa nacional propia. Por eso, relativizan las versiones sobre acuerdos ya cerrados y aseguran que, aunque hubo acercamientos, todavía falta resolver la distribución de candidaturas y las condiciones de competencia.
La discusión se concentra ahora en dos modificaciones que el Presidente considera prioritarias: la suspensión de las PASO nacionales y la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única de Papel. El proyecto original proponía eliminar definitivamente las primarias, pero en Nación reconocen que la negociación ya se orienta a suspenderlas durante 2027. Esa alternativa permitiría evitar su realización en la próxima elección presidencial sin derogar de manera permanente el sistema.
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