POLITICA
Buscan que no prescriba uno de los casos por las coimas de la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina

Contra reloj, la jueza María Eugenia Capuchetti pugna porque no se cierre una de las causas por las coimas que pagó la poderosa constructora brasileña Odebrecht en la Argentina por obras públicas realizadas durante el kirchnerismo, como parte del escándalo del Lava Jato.
Odebrecht admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países distintos, a cambio de 3340 millones de dólares en contratos con esos Estados. De ese total, aproximadamente 735 millones de dólares correspondieron a sobornos pagados en 10 países latinoamericanos. Según la propia empresa, solo en Argentina pagó 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014.
Por esos pagos, la empresa fue condenada en los países donde admitió sobornos, expresidentes y exfuncionarios fueron presos, otros perdieron sus cargos, otros se suicidaron, pero en la Argentina no pasó nada.
Aquí, una de las causas de Odebrecht por la construcción de dos plantas potabilizadoras con AySA está en juicio a punto de llegar al veredicto; otro caso por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento está paralizado en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, y luego hay dos causas por las obras de gasoductos: una tendrá sentencia el martes y otra corre riesgo de prescribir por el paso del tiempo.
En el caso del Ferrocarril Sarmiento hay indagados desde 2018, antes de la pandemia, hace ocho años, y el fiscal Franco Picardi viene reclamando que se procese a los exfuncionarios, a los empresarios y a los brasileños de Odebrecht.
En la otra causa por los gasoductos, desprendimiento de esta investigación, habrá veredicto el martes próximo. El Tribunal Oral Criminal Federal 2 dará a conocer el fallo a Julio De Vido, que está acusado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Es una causa paralela está acusado de cohecho por los mismos hechos.
El tribunal oral está integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, los mismos de Vialidad. Con la instrucción del juez Daniel Rafecas, esa pesquisa derivó en la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos a la constructora brasileña Odebrecht, entre 2006 y 2008.
Lo que se juzga es el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. En su alegato, el fiscal general Diego Luciani describió la maniobra como un “claro e inadmisible direccionamiento” hacia Odebrecht.
Las penas más altas −cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos− fueron pedidas para el exsecretario de Energía de la Nación Daniel Cameron, a quien la fiscalía señala como autor del delito, y para el exministro de Planificación Federal De Vido, imputado como partícipe necesario.
La jueza Capuchetti pelea desde hace un año y medio para que no se archive un caso paralelo por los mismos gasoductos, que está ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal de Casación integrada por los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma. Los dos últimos son subrogantes y dejarán pronto esas suplencias.
El 7 de mayo pasado, la Sala II de la Cámara Federal dictó un fallo que pasó casi inadvertido. Dos imputados en la causa por cohecho en la construcción de los gasoductos fueron sobreseídos por prescripción de la acción penal. Son Luis Beuret y Marcio Faria Da Silva, exejecutivos de Odebrecht.
La decisión fue firmada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, con la disidencia de Martín Irurzun. Tres semanas después, la misma sala le revocó a la jueza Capuchetti el decreto por el que había citado a Faria Da Silva a prestar declaración indagatoria como sospechosos de haber pagado esas coimas.
Para entender el significado de esos dos fallos hace falta retroceder diez años. En diciembre de 2016, Odebrecht firmó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos un acuerdo de culpabilidad corporativa donde reconoció haber pagado sobornos totales por 788 millones de dólares en América Latina y África. En la Argentina los pagos fueron de 35 millones de dólares.
Tras la confesión, en Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado y apresado. Luego, ese fallo fue anulado, pero decenas de empresarios y políticos terminaron en prisión o bajo proceso. En Perú, cuatro expresidentes fueron investigados. En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas cumplió condena. En Panamá, en Colombia, en Venezuela, el caso generó condenas o procesos que avanzaron con distintos resultados.
En Argentina no hay condenas por los sobornos que Odebrecht confesó haber pagado.
Los gasoductos
La causa que ahora empuja Capuchetti arrancó casi 20 años atrás, en 2007, cuando una denuncia llegó a la Justicia federal por irregularidades en la licitación y ejecución de la obra de la ampliación de gasoductos TGS (Transportadora de Gas del Sur) y TGN (Transportadora de Gas del Norte).
Se trataba de contratos para la expansión de la red de gasoductos del país, adjudicados durante el gobierno de Néstor Kirchner y con De Vido como ministro.
Odebrecht habría pagado unos 25 millones de dólares a funcionarios argentinos para resultar adjudicataria de los contratos con Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista.
En diciembre de 2019, el juez Rafecas separó la investigación en dos ramas. Por un lado, siguió en el expediente madre la pesquisa sobre las irregularidades en las contrataciones propiamente dichas, que es el caso por las negociaciones incompatibles, donde ahora habrá veredicto. Por el otro, averiguó sobre posibles sobornos pagados por Odebrecht para ganar las licitaciones.
Los imputados que fueron acumulándose en el expediente. Son De Vido, Cameron, directivo de Cammesa; Bautista Marcheschi, también vinculado a esa empresa; Julio Bragulat, que fue Gerente General de Cammesa; Beuret; Cristian Folgar; la constructora Norberto Odebrecht SA y su directivo Faria Da Silva, entre otros.
Una parte de la causa siguió su camino y fue elevada a juicio y, en la otra, el juez sobreseyó a casi todos los acusados, pero la Cámara Federal lo anuló y apartó a Rafecas. Su argumento era que los hechos ya estaban siendo juzgados en la causa de AySA.
La Sala II de la Cámara Federal anuló esa lógica. El juez Irurzun, en el voto que condujo el acuerdo, dijo que en la causa de las plantas potabilizadoras investiga sobornos vinculados a obras de AySA —Paraná de las Palmas y Berazategui— y no tienen nada que ver con los gasoductos.
Así entró a jugar Capuchetti, que tomó el expediente. El delito investigado aquí es el cohecho, con una pena máxima de seis años, y el último hecho investigado se ubica alrededor de 2014, con lo que se habría cumplido el plazo de prescripción.
El debate jurídico
Sin embargo, el artículo 67 del Código Penal establece que la prescripción se suspende cuando uno de los imputados es funcionario. La lógica es que un funcionario tiene herramientas, contactos y poder institucional que podrían facilitar su impunidad.
En esta discusión se centra ahora el futuro del caso, pues se abrió un debate entre jueces donde algunos sostienen que no basta con que un imputado sea funcionario, sino que debe haber tenido poder sobre un área relacionada con el caso. Para que la prescripción no opere, la jueza y el tribunal que revisa sus decisiones debieron establecer una cadena de suspensiones que cubriera el período completo.
De Vido fue ministro de Planificación Federal hasta 2015 y luego diputado nacional hasta 2017. Durante todo ese tiempo, nadie discute que el plazo estuvo suspendido. Bragulat, por su parte, fue gerente general de Cammesa hasta 2020. La fiscalía y la propia Capuchetti sostuvieron en reiteradas resoluciones que sus funciones en Cammesa activan la cláusula de suspensión de la prescripción.
El plazo, entonces, no corrió ininterrumpidamente desde los hechos hasta el 26 de mayo de 2020. Seis años desde esa fecha vencían el 26 de mayo de 2026. Pero un tercer imputado, Cristian Folgar, ingresó en 2022 a la planta temporaria de la Cámara de Diputados como personal técnico y administrativo, categoría A-06, en el despacho de la entonces diputada Margarita Stolbizer. Estuvo en ese cargo hasta el 9 de diciembre de 2025.
La pelea es por argumentar si el cargo de Folgar basta para suspender la prescripción. Durante meses, la Sala II se negó a declarar prescripta la acción penal, pero el voto de Boico estableció una condición: antes de resolver definitivamente, había que saber exactamente qué hacía Folgar en el Congreso.
El juez encargó esa información. El 11 de marzo de 2026, Diputados remitió un informe firmado por la propia Stolbizer. La exdiputada detalló que Folgar trabajó como asesor en las áreas de producción, infraestructura, energía, economía, presupuesto y hacienda.
La defensa argumentó que Folgar era un asesor técnico sectorial sin poder de decisión, sin acceso al Poder Judicial ni al Ministerio Público, en áreas que no tienen nada que ver con esta causa y por eso dijo que su intervención no suspendía la prescripción..
Capuchetti llegó a la conclusión opuesta. En su resolución, de abril de 2026, la jueza argumentó que el asesoramiento en energía, producción e infraestructura está directamente vinculado al objeto de la investigación.
Pero la Sala II de la Cámara Federal rechazó sus argumentos. El 7 de mayo de 2026, Boico redactó el voto que obtuvo la adhesión de Eduardo Farah −con sus propios argumentos− y sostuvo que el cargo de Folgar no activaba la cláusula de suspensión.
El tribunal revocó el fallo de Capuchetti y declaró la prescripción de la acción penal respecto de Beuret y Faria Da Silva. Los sobreseyó. El juez Irurzun −que ahora dejará la Cámara Federal, sin apoyo de la gestión de Javier Milei− votó en disidencia.
La Cámara Federal encargó a Capuchetti que analice si ahora correspondía sobreseer a todos. Sin embargo, la jueza, antes de ese fallo, había llamado a indagatoria a trece personas, entre ellas al propio De Vido, Cameron, Marcheschi, Folgar, Beuret, Bragulat y Faria Da Silva. Las audiencias fueron fijadas para octubre de 2026.
La defensa de Faria Da Silva interpuso recurso de reposición en el mismo juzgado, con apelación ante la Cámara en caso de que sea rechazado. Capuchetti rechazó ese recurso y dijo que la citación a indagatoria no se apela, pues es una facultad del juez y una oportunidad de defensa del imputado.
La Sala II de la Cámara Federal, el 26 de mayo de 2026, con el voto de Boico y Farah, y la disidencia de Irurzun, hizo lugar a la queja y revocó el llamado a prestar declaración indagatoria. El fundamento fue que la prescripción ya estaba declarada y Faria Da Silva había sido sobreseído tres semanas antes. Capuchetti acató, concedió el recurso de apelación y elevó las actuaciones.
Nuevo criterio
La jurisprudencia viene sosteniendo que basta la condición de funcionario del imputado para activar la suspensión de la prescripción para todos los acusados. Pero en los últimos tiempos se abrió paso una interpretación más restrictiva, del juez Boico entre otros, que favorece a los acusados.
Hay otras causas conexas en las que se investigaron intermediarios financieros que habrían instrumentado el circuito de pago de los sobornos: sociedades offshore, cuentas en Uruguay, Andorra, Suiza, Panamá y Santa Lucía aparecen en los exhortos internacionales que el expediente fue acumulando desde 2007.
En ninguna de esas causas hubo un juicio oral y una sentencia condenatoria firme. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ledesma, Petrone y Carbajo, tiene ahora que resolver si confirma el fallo del sobreseimiento y la prescripción o si ordena continuar la investigación.
En Brasil, la Operación Lava Jato generó más de doscientas condenas. En Perú, los presidentes que recibieron dinero de Odebrecht enfrentaron la justicia. En Argentina nadie fue condenado.
constructora brasileña Odebrecht,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Milei afirmó que su relación con Patricia Bullrich es “excelente” y resaltó que “forma parte de la mesa política”

El presidente Javier Milei descartó hoy que las diferencias públicas con la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, expresen una crisis dentro del Gobierno y sostuvo que la existencia de posiciones distintas ayuda a mejorar la estrategia oficial. “Excelente”, definió su vínculo con la referente del oficialismo, al ser consultado en LN+ por sus desacuerdos en temas legislativos y políticos.
El mandatario afirmó que dentro de su administración hay diversidad de criterios y defendió esa dinámica frente a las lecturas sobre una eventual competencia interna. “Los liberales no somos monada”, planteó, y agregó que las distintas miradas permiten construir una estrategia mejor.
Bullrich se había diferenciado en las últimas semanas de posiciones del oficialismo en asuntos como el juicio político a jueces, la relación con la prensa y la discusión legislativa sobre discapacidad. Milei consideró que esas posturas no representan un problema para la coalición gobernante.
Ante la hipótesis de que la ex ministra de Seguridad pueda estar construyendo una candidatura presidencial propia, Milei evitó anticipar definiciones electorales y señaló que Bullrich respalda el objetivo de la reelección del proyecto libertario.
“Patricia juega a la mancha con los aviones, así que no la subestimen”, respondió el Presidente. También pidió no minimizar el trabajo de la mesa política del Gobierno, que reúne a dirigentes de distintos sectores de La Libertad Avanza y sus aliados.
Consultado sobre una posible fórmula presidencial junto a Bullrich, Milei sostuvo que no corresponde adelantar nombres. Explicó que el Ejecutivo divide sus tareas en tres áreas: gestión, batalla cultural y política. En este último plano, ubicó a la mesa política, de la que participan la senadora, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Lo que está trabajando la mesa política, de la cual Patricia es parte”, remarcó Milei al explicar que Bullrich integra el espacio que conduce las negociaciones políticas del oficialismo.
“Déjelos trabajar tranquilos”, expresó al referirse a las negociaciones electorales. El jefe de Estado indicó que una definición de su parte sobre eventuales candidaturas podría imponer límites al trabajo de ese espacio.
“Lo que surja de las negociaciones políticas dependerá de lo que está trabajando la mesa política, de la cual Patricia es parte. Digo, mi hermana es parte, Santi Caputo es parte, Diego Santilli es parte, Martín Menem es parte. Son ellos los que están haciendo la política. (Si respondo sobre la fórmula presidencial) yo les estaría poniendo una restricción. Entonces, así como a mí no me gusta que me pongan restricciones en las palancas que tengo que manejar yo, que la política haga su trabajo”, agregó.
El debate dentro de la mesa política
Milei también negó que exista una interna grave entre los integrantes de la conducción política del Gobierno. Frente a una pregunta sobre posibles tensiones entre Bullrich, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que la coincidencia total sería contraproducente.
“Si todos opinan lo mismo, no hay nadie pensando”, afirmó. Para el mandatario, el debate entre funcionarios forma parte de la dinámica de una fuerza de gobierno y no debe confundirse con una disputa que ponga en riesgo la coordinación oficial.
En ese tramo de la entrevista, cuestionó a los analistas políticos que, según su visión, presentan esos debates como conflictos internos. Milei los acusó de buscar controversias para publicar “notas” que describió con términos descalificadores y equiparó su tarea a la del periodismo de espectáculos.

El conductor le señaló que los intercambios de ideas son distintos de las descoordinaciones en la gestión. Como ejemplo, mencionó las idas y vueltas sobre una iniciativa vinculada con el área de discapacidad.
Milei admitió que puede haber desinteligencias en la gestión
El Presidente aceptó que, ante el volumen de medidas que impulsa su administración, pueden ocurrir “algunas desinteligencias”. Sin embargo, les restó dramatismo y sostuvo que los únicos que no cometen errores son quienes no realizan ninguna acción.
“Los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada. Bueno, nosotros hacemos un montón de cosas y a veces puede haber algunas desinteligencias, puede pasar. Cuando usted está haciendo tantas cosas todo el tiempo, bueno, puede pasar, no es la culpa de nadie”, añadió durante el reportaje en LN+.
Respecto de la discusión sobre discapacidad, evitó precisar el contenido final de la propuesta oficial. Señaló que el Poder Ejecutivo enviará su planteo y que el debate continuará en el Congreso, en el marco del tratamiento del Presupuesto.
“Va a haber una propuesta del Ejecutivo y el Congreso trabajará sobre esa propuesta”, indicó. Luego insistió en que la situación “no es tan dramática”.
La visita del Papa
Por último, Milei anticipó que recibirá “con mucha alegría” la visita de León XIV a la Argentina y la definió como un acontecimiento de relevancia religiosa e institucional. “Me parece un evento fenomenal estar recibiendo al Papa”, expresó, y añadió que valora que el evento se produzca durante su administración: “Tengo la dicha de que ocurra también en mi gobierno”.
Al referirse a la gravitación de la Iglesia Católica, el Presidente señaló: “Usted lo puede mirar desde el punto de vista de la fe: 2026 años de historia de la Iglesia, desde el primer Papa, Pedro, hasta León XIV. O también lo puede mirar como jefe de Estado, un jefe de Estado que tiene más de 2000 millones de fieles”. “¿Usted se da cuenta de la magnitud?”, planteó.
Consultado por la posibilidad de que León XIV aborde cuestiones como la justicia social o la igualdad durante su paso por el país, Milei respondió: “El Papa hablará de lo que tenga que hablar y dirá lo que tiene que decir. ¿Y cuál es el problema?”. Además, desestimó las críticas por el retuit de una publicación de La Libertad Avanza sobre la agenda papal: “Es una estupidez. Era para que la gente vea la agenda del Papa”.
POLITICA
Comienza un juicio contra dos jefes camioneros por bloqueos a una empresa distribuidora

Los sindicalistas camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, que lideraban la seccional San Nicolás, Ramallo y San Pedro del sindicato que conducen Hugo y Pablo Moyano, enfrentarán desde este lunes a las 8 un juicio oral por haber bloqueado la empresa Rey Distribución SRL, ubicada en San Pedro. Los hechos que se juzgarán se produjeron entre 2017 y 2021, y tuvieron su pico de tensión en abril de 2022, cuando los líderes regionales del sindicato fueron detenidos y, en protesta, el gremio cortó los ingresos a la ciudad de San Nicolás y paró la recolección de residuos durante tres días. Cabaleyro y Espíndola, ambos en prisión domiciliaria, están acusados de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
Cabaleyro y Espíndola encabezaron protestas en la puerta de Rey Distribución SRL (una firma de distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados) en el año 2021: hubo un primer bloqueo el 15 de enero, y otro que se extendió entre el 22 y el 26 de febrero. En abril de 2022, fueron detenidos por orden de la jueza de San Nicolás María Eugenia Maiztegui. Los dueños de la firma habían denunciado el accionar gremial en 2021, e incluyeron hechos de presunta extorsión iniciados en 2017, como pedidos de dinero bajo amenaza de “paralizar o trabajar con dificultades en la empresa”, según consta en el expediente.
Cabaleyro era el secretario general de camioneros en San Nicolás y ocupaba una banca de concejal por el Frente de Todos; Espíndola era dirigente del sindicato. Tras ser apresados, el gremio lanzó una protesta que incluyó el corte de los accesos a la ciudad de San Nicolás y el freno del servicio de recolección de residuos. La cúpula de camioneros, con Hugo y Pablo Moyano a la cabeza, estuvo en la ciudad para liderar la protesta, que se extendió entre el viernes 8 de abril de 2022 y la noche del domingo 10, cuando se restableció la recolección de residuos. Los contenedores de la ciudad rebalsaban de basura.
Los dos sindicalistas camioneros están bajo arresto domiciliario desde hace tres años, luego de pasar aproximadamente un año y medio en la cárcel. En caso de ser hallado culpable, Cabaleyro enfrenta una pena posible de entre seis y 15 años. Espíndola, en cambio, acordó la realización de un juicio abreviado con una pena de seis años.
Los denunciantes, que tienen como abogada a la senadora provincial Florencia Arietto (La Libertad Avanza) aspiran a una condena en un caso que consideran “inédito”; la defensa de los sindicalistas, a cargo del abogado Mauricio Gugger, buscará establecer la conducta de los gremialistas en “el ejercicio legítimo del derecho de huelga” por temáticas como el encuadre sindical, sanciones o diferencias salariales. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás, presidido por Alejandro López. Las fiscales serán María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio. Entre los testigos convocados a declarar está el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar (PJ), y la delegada regional del Ministerio de Trabajo bonaerense Sofía Rotundo.
“Estamos esperando, como familia, con muchas ansias, desde hace mucho tiempo. Estuvimos impulsando llegar a esta instancia de juicio oral y público, solicitando que se permitiera la presencia de medios de comunicación. Tenemos mucha esperanza de sacar a luz la verdad. Estamos muy convencidos de que Cabaleyro y Espíndola saldrán condenados, por el bien de la verdad y de la sociedad. Es un caso inédito, un sistema de extorsión que se tiene que terminar porque impide el desarrollo, la inversión y el trabajo. Es una mafia que te quita las ganas de trabajar. Confiamos mucho en la Justicia”, dijo a Ariel Rey, uno de los propietarios de la distribuidora. Rey es concejal en San Pedro (ganó las elecciones locales de 2025 al frente de la lista de La Libertad Avanza, y actualmente integra un bloque denominado “San Pedro Puede”).
Por el lado de los sindicalistas acusados, en el juicio se hará hincapié en el derecho de huelga. “Llegamos con grandes expectativas de poder demostrar que los delitos que se imputan no son más que el ejercicio legítimo del derecho de huelga”, afirmó Gugger a . “Va a ser un juicio interesante, porque se van a tratar cuestiones constitucionales y dogmáticas. Hay confusiones entre el alcance del derecho penal y el alcance del derecho sindical y laboral colectivo”, añadió el abogado de Cabaleyro y Espíndola.
Habrá audiencias de lunes a viernes, en un juicio que tendrá siete citas previstas. Arietto pidió que el juicio fuera por jurado popular y con acceso de la prensa, solicitud que fue rechazada. Además de los jefes sindicales, serán juzgados seis trabajadores despedidos de la empresa, a quienes se les imputa el delito de turbación de la propiedad, que llegan en libertad al proceso.
del sindicato,Javier Fuego Simondet,San Nicolás,San Pedro,Justicia,Conforme a
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Milei defendió su programa y negó que la economía vaya a entrar en recesión: “Hay una desaceleración del ritmo de expansión”

Javier Milei negó este domingo que la economía esté por entrar en una recesión y explicó la caída de la actividad en julio -que tocó niveles récord desde la pandemia en 2020- como un resultado del cambio de modelo que impulsa su gestión.
“Usted fecha una recesión cuando tiene dos trimestres consecutivos de caída. Una de las cosas que pasa con los indicadores desestacionalizados…se arma en función de la historia. Si su economía está teniendo muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”, sostuvo Milei en diálogo con LN+.
Y agregó: “Si usted mira la serie del EMAE, va a ver que tiene mucha volatilidad. Por eso nosotros enfatizamos el indicador tendencia-ciclo, porque como la economía está teniendo muchos cambios estructurales, los ponderadores de los desestacionalizados están arrojando cualquier cosa”.
La postura del Presidente llegó luego de que el Indec revelara la semana pasada una caída de la actividad en julio del 2,9%, cifra que el JP Morgan ubicó como el peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020″.
En ese contexto, Milei negó enfáticamente que haya una recesión, y sostuvo que “lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión”. “Obviamente cuando está teniendo cambios estructurales, hay sectores que se expanden y otros que se contraen”, ratificó el mandatario, y agregó: “La economía está cambiando, está reasignando recursos, y hay una parte de la economía que se queda atrás”.
A su vez, señaló que la economía se expandió en el último semestre un 1,7% respecto al anterior, sumado al crecimiento del 6,7% durante su primer año de Gobierno y el alza por encima del 4% durante 2025. “Este año podrá terminar entre 2% y 3%, y el que viene lo mismo. Vamos a lograr 4 años seguidos de crecimiento, algo que no lográbamos hace mucho tiempo”, remarcó.
Consultado por el alza en la desocupación, Milei respondió que la cifra actual – que alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre de 2026- no son “sustancialmente distintas” a las de 2023 y que esta continúa en sintonía con el promedio histórico del país, del 9,8%. “Con lo cual tampoco es un problema”, afirmó.
A su vez, subrayó que durante su gestión “se crearon 510 mil puestos de trabajo”, algo que no sucedía desde 2011, aunque reconoció que buena parte es empleo informal. “El salto de la informalidad empezó en 2020, con la pandemia. Cambió la modalidad de trabajo”, justificó el mandatario.
Sin embargo, por fuera de los cambios estructurales, el Presidente también responsabilizó a la oposición de que las cifras de empleo no mejoren. “No puede obviar que del otro lado está todo el tren fantasma y varios monstruos más. Cuando va a hacer una contratación, es una decisión de largo plazo. Hay un montón de inversiones que están esperando. Usted no se va a jugar a formalizar y terminar de materializar ciertas inversiones si del otro lado viene Frankenstein y Drácula”, sentenció.
Noticia que está siendo actualizada.-
Javier Milei
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