POLITICA
Buscan que no prescriba uno de los casos por las coimas de la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina
Contra reloj, la jueza María Eugenia Capuchetti pugna porque no se cierre una de las causas por las coimas que pagó la poderosa constructora brasileña Odebrecht en la Argentina por obras públicas realizadas durante el kirchnerismo, como parte del escándalo del Lava Jato.
Odebrecht admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países distintos, a cambio de 3340 millones de dólares en contratos con esos Estados. De ese total, aproximadamente 735 millones de dólares correspondieron a sobornos pagados en 10 países latinoamericanos. Según la propia empresa, solo en Argentina pagó 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014.
Por esos pagos, la empresa fue condenada en los países donde admitió sobornos, expresidentes y exfuncionarios fueron presos, otros perdieron sus cargos, otros se suicidaron, pero en la Argentina no pasó nada.
Aquí, una de las causas de Odebrecht por la construcción de dos plantas potabilizadoras con AySA está en juicio a punto de llegar al veredicto; otro caso por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento está paralizado en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, y luego hay dos causas por las obras de gasoductos: una tendrá sentencia el martes y otra corre riesgo de prescribir por el paso del tiempo.
En el caso del Ferrocarril Sarmiento hay indagados desde 2018, antes de la pandemia, hace ocho años, y el fiscal Franco Picardi viene reclamando que se procese a los exfuncionarios, a los empresarios y a los brasileños de Odebrecht.
En la otra causa por los gasoductos, desprendimiento de esta investigación, habrá veredicto el martes próximo. El Tribunal Oral Criminal Federal 2 dará a conocer el fallo a Julio De Vido, que está acusado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Es una causa paralela está acusado de cohecho por los mismos hechos.
El tribunal oral está integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, los mismos de Vialidad. Con la instrucción del juez Daniel Rafecas, esa pesquisa derivó en la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos a la constructora brasileña Odebrecht, entre 2006 y 2008.
Lo que se juzga es el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. En su alegato, el fiscal general Diego Luciani describió la maniobra como un “claro e inadmisible direccionamiento” hacia Odebrecht.
Las penas más altas −cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos− fueron pedidas para el exsecretario de Energía de la Nación Daniel Cameron, a quien la fiscalía señala como autor del delito, y para el exministro de Planificación Federal De Vido, imputado como partícipe necesario.
La jueza Capuchetti pelea desde hace un año y medio para que no se archive un caso paralelo por los mismos gasoductos, que está ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal de Casación integrada por los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma. Los dos últimos son subrogantes y dejarán pronto esas suplencias.
El 7 de mayo pasado, la Sala II de la Cámara Federal dictó un fallo que pasó casi inadvertido. Dos imputados en la causa por cohecho en la construcción de los gasoductos fueron sobreseídos por prescripción de la acción penal. Son Luis Beuret y Marcio Faria Da Silva, exejecutivos de Odebrecht.
La decisión fue firmada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, con la disidencia de Martín Irurzun. Tres semanas después, la misma sala le revocó a la jueza Capuchetti el decreto por el que había citado a Faria Da Silva a prestar declaración indagatoria como sospechosos de haber pagado esas coimas.
Para entender el significado de esos dos fallos hace falta retroceder diez años. En diciembre de 2016, Odebrecht firmó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos un acuerdo de culpabilidad corporativa donde reconoció haber pagado sobornos totales por 788 millones de dólares en América Latina y África. En la Argentina los pagos fueron de 35 millones de dólares.
Tras la confesión, en Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado y apresado. Luego, ese fallo fue anulado, pero decenas de empresarios y políticos terminaron en prisión o bajo proceso. En Perú, cuatro expresidentes fueron investigados. En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas cumplió condena. En Panamá, en Colombia, en Venezuela, el caso generó condenas o procesos que avanzaron con distintos resultados.
En Argentina no hay condenas por los sobornos que Odebrecht confesó haber pagado.
Los gasoductos
La causa que ahora empuja Capuchetti arrancó casi 20 años atrás, en 2007, cuando una denuncia llegó a la Justicia federal por irregularidades en la licitación y ejecución de la obra de la ampliación de gasoductos TGS (Transportadora de Gas del Sur) y TGN (Transportadora de Gas del Norte).
Se trataba de contratos para la expansión de la red de gasoductos del país, adjudicados durante el gobierno de Néstor Kirchner y con De Vido como ministro.
Odebrecht habría pagado unos 25 millones de dólares a funcionarios argentinos para resultar adjudicataria de los contratos con Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista.
En diciembre de 2019, el juez Rafecas separó la investigación en dos ramas. Por un lado, siguió en el expediente madre la pesquisa sobre las irregularidades en las contrataciones propiamente dichas, que es el caso por las negociaciones incompatibles, donde ahora habrá veredicto. Por el otro, averiguó sobre posibles sobornos pagados por Odebrecht para ganar las licitaciones.
Los imputados que fueron acumulándose en el expediente. Son De Vido, Cameron, directivo de Cammesa; Bautista Marcheschi, también vinculado a esa empresa; Julio Bragulat, que fue Gerente General de Cammesa; Beuret; Cristian Folgar; la constructora Norberto Odebrecht SA y su directivo Faria Da Silva, entre otros.
Una parte de la causa siguió su camino y fue elevada a juicio y, en la otra, el juez sobreseyó a casi todos los acusados, pero la Cámara Federal lo anuló y apartó a Rafecas. Su argumento era que los hechos ya estaban siendo juzgados en la causa de AySA.
La Sala II de la Cámara Federal anuló esa lógica. El juez Irurzun, en el voto que condujo el acuerdo, dijo que en la causa de las plantas potabilizadoras investiga sobornos vinculados a obras de AySA —Paraná de las Palmas y Berazategui— y no tienen nada que ver con los gasoductos.
Así entró a jugar Capuchetti, que tomó el expediente. El delito investigado aquí es el cohecho, con una pena máxima de seis años, y el último hecho investigado se ubica alrededor de 2014, con lo que se habría cumplido el plazo de prescripción.
El debate jurídico
Sin embargo, el artículo 67 del Código Penal establece que la prescripción se suspende cuando uno de los imputados es funcionario. La lógica es que un funcionario tiene herramientas, contactos y poder institucional que podrían facilitar su impunidad.
En esta discusión se centra ahora el futuro del caso, pues se abrió un debate entre jueces donde algunos sostienen que no basta con que un imputado sea funcionario, sino que debe haber tenido poder sobre un área relacionada con el caso. Para que la prescripción no opere, la jueza y el tribunal que revisa sus decisiones debieron establecer una cadena de suspensiones que cubriera el período completo.
De Vido fue ministro de Planificación Federal hasta 2015 y luego diputado nacional hasta 2017. Durante todo ese tiempo, nadie discute que el plazo estuvo suspendido. Bragulat, por su parte, fue gerente general de Cammesa hasta 2020. La fiscalía y la propia Capuchetti sostuvieron en reiteradas resoluciones que sus funciones en Cammesa activan la cláusula de suspensión de la prescripción.
El plazo, entonces, no corrió ininterrumpidamente desde los hechos hasta el 26 de mayo de 2020. Seis años desde esa fecha vencían el 26 de mayo de 2026. Pero un tercer imputado, Cristian Folgar, ingresó en 2022 a la planta temporaria de la Cámara de Diputados como personal técnico y administrativo, categoría A-06, en el despacho de la entonces diputada Margarita Stolbizer. Estuvo en ese cargo hasta el 9 de diciembre de 2025.
La pelea es por argumentar si el cargo de Folgar basta para suspender la prescripción. Durante meses, la Sala II se negó a declarar prescripta la acción penal, pero el voto de Boico estableció una condición: antes de resolver definitivamente, había que saber exactamente qué hacía Folgar en el Congreso.
El juez encargó esa información. El 11 de marzo de 2026, Diputados remitió un informe firmado por la propia Stolbizer. La exdiputada detalló que Folgar trabajó como asesor en las áreas de producción, infraestructura, energía, economía, presupuesto y hacienda.
La defensa argumentó que Folgar era un asesor técnico sectorial sin poder de decisión, sin acceso al Poder Judicial ni al Ministerio Público, en áreas que no tienen nada que ver con esta causa y por eso dijo que su intervención no suspendía la prescripción..
Capuchetti llegó a la conclusión opuesta. En su resolución, de abril de 2026, la jueza argumentó que el asesoramiento en energía, producción e infraestructura está directamente vinculado al objeto de la investigación.
Pero la Sala II de la Cámara Federal rechazó sus argumentos. El 7 de mayo de 2026, Boico redactó el voto que obtuvo la adhesión de Eduardo Farah −con sus propios argumentos− y sostuvo que el cargo de Folgar no activaba la cláusula de suspensión.
El tribunal revocó el fallo de Capuchetti y declaró la prescripción de la acción penal respecto de Beuret y Faria Da Silva. Los sobreseyó. El juez Irurzun −que ahora dejará la Cámara Federal, sin apoyo de la gestión de Javier Milei− votó en disidencia.
La Cámara Federal encargó a Capuchetti que analice si ahora correspondía sobreseer a todos. Sin embargo, la jueza, antes de ese fallo, había llamado a indagatoria a trece personas, entre ellas al propio De Vido, Cameron, Marcheschi, Folgar, Beuret, Bragulat y Faria Da Silva. Las audiencias fueron fijadas para octubre de 2026.
La defensa de Faria Da Silva interpuso recurso de reposición en el mismo juzgado, con apelación ante la Cámara en caso de que sea rechazado. Capuchetti rechazó ese recurso y dijo que la citación a indagatoria no se apela, pues es una facultad del juez y una oportunidad de defensa del imputado.
La Sala II de la Cámara Federal, el 26 de mayo de 2026, con el voto de Boico y Farah, y la disidencia de Irurzun, hizo lugar a la queja y revocó el llamado a prestar declaración indagatoria. El fundamento fue que la prescripción ya estaba declarada y Faria Da Silva había sido sobreseído tres semanas antes. Capuchetti acató, concedió el recurso de apelación y elevó las actuaciones.
Nuevo criterio
La jurisprudencia viene sosteniendo que basta la condición de funcionario del imputado para activar la suspensión de la prescripción para todos los acusados. Pero en los últimos tiempos se abrió paso una interpretación más restrictiva, del juez Boico entre otros, que favorece a los acusados.
Hay otras causas conexas en las que se investigaron intermediarios financieros que habrían instrumentado el circuito de pago de los sobornos: sociedades offshore, cuentas en Uruguay, Andorra, Suiza, Panamá y Santa Lucía aparecen en los exhortos internacionales que el expediente fue acumulando desde 2007.
En ninguna de esas causas hubo un juicio oral y una sentencia condenatoria firme. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ledesma, Petrone y Carbajo, tiene ahora que resolver si confirma el fallo del sobreseimiento y la prescripción o si ordena continuar la investigación.
En Brasil, la Operación Lava Jato generó más de doscientas condenas. En Perú, los presidentes que recibieron dinero de Odebrecht enfrentaron la justicia. En Argentina nadie fue condenado.
constructora brasileña Odebrecht,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno quiere limitar el mandato del jefe de los fiscales y ocupar otras 300 vacantes de jueces
El Gobierno se propone de acá fin de año cubrir todas las 300 vacantes de jueces nacionales y federales, incluidas las de la estratégica Cámara Federal de la Capital, los tribunales orales federales y asegurarse con cubrir con postulantes propios el 40 por ciento del Poder Judicial.
Pero el ambicioso plan de la Casa Rosada va acompañado por una propuesta sorpresiva: la idea de acortar el mandato del Procurador General de la Nación a dos períodos y terminar así con el carácter vitalicio de su gestión. No está definido si la propuesta será dos períodos de 4 años, dos de 5 o dos de 6, según reconoció una alta fuente legislativa en diálogo con .
El Presidente aún no tiene definido si avanzará con la integración de las dos vacantes de la Corte Suprema en el segundo semestre o lo dejará para 2028, según reconocieron distintas fuentes del Poder Ejecutivo.
“Aún no lo tiene resuelto”, ratificaron en el Congreso, en referencia al futuro de la Corte Suprema.
A pesar de la indefinición, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, visitó hace tres meses a Javier Milei para reforzar la idea de que complete las vacantes con candidatos del Poder Judicial y no de la política. Más aún, para Lorenzetti deben provenir de la justicia federal, porque la Corte es federal y porque las últimas vacantes fueron cubiertas con candidatos de la justicia nacional.
La semana pasada volvieron a aparecer sobre la mesa los nombres de candidatos como Mariano Borinsky, la jueza Karina Perilli y Agustina Diaz Cordero, del lado de los jueces, hasta María Ibarzabal Murphy, la titular de la Secretaría de Legal y Técnica y cercana a Santiago Caputo.
En paralelo, el Gobierno quiere avanzar con el debate de un proyecto de ley que limite el mandato del Procurador General de la Nación.
Actualmente, el cargo es vitalicio, hasta los 75 años, al igual que el de los jueces.
Desde 2017, el cargo está vacante y lo ocupa de manera interina, con eficiencia y sin estridencias, el procurador adjunto, Eduardo Casal.
En el Gobierno piensan que la entrada en vigor del sistema acusatorio, que fija en manos de los fiscales la investigación de los delitos, dará al Procurador General un poder enorme. Entre sus funciones tiene la facultad de controlar y designar a los fiscales que pueden disponer de la acción penal, es decir, decidir si siguen o no adelante con un caso.
“Es mucho poder, la idea es no dejarlo vitalicio, aún no se decidió si se van a plantear la posibilidad de dos mandatos consecutivos de 4 años, de 6 años o de 5 años de duración”, dijo a una fuente oficial que trabaja en el tema.
La danza de nombres para la Corte Suprema reactivó en la oposición la circulación de un viejo proyecto de ley de la senadora Carolina Moisés, que propone que el mandato del Procurador General, en lugar de ser vitalicio, tenga 8 años de mandato, con opción a 4 más. Se mantienen el requisito de los dos tercios de los votos del Senado para su designación.
Este proyecto comenzó a circular por despachos de diversos jueces, se comentó su contenido en la Procuración General de la Nación y los operadores políticos que transitan entre el Congreso y los tribunales, llevaron y trajeron esta ofrenda para dialogar. Se transformó en parte de la negociación por el eventual candidato a Procurador General. Todos quieren poner su propio nombre y la posibilidad de atenuar su poder es vista como una forma de facilitar un acuerdo.
El oficialismo del Senado puntualiza que actualmente la prioridad en las negociaciones pasa por la reforma política y la eliminación de las PASO. Pero los acuerdos por el futuro de la Justicia están entrelazados en las conversaciones. La presencia de 13 gobernadores en la asunción de Diego Santilli no pasó inadvertida en el Senado y en el Palacio de Justicia. Fue interpretada como señal de sólido apoyo a estas ideas.
La otra prioridad -explicaron las fuentes- es cubrir todas las vacantes judiciales de aca a fin de año y tratar cada vez que se abra el Senado entre 20 y 30 pliegos por sesión.
La primera sesión está prevista para el 16 de julio y para agosto están citadas próximas audiencias. Hay ya enviados casi 140 pliegos y piensan en el Gobierno mandar los 300 antes de finde año, según dijeron en el Senado y en el Ministerio de Justicia a .
Esta semana quedó habilitado el envío de los pliegos para cambiar la Cámara Federal. Se cumplieron los plazos de impugnaciones, y se enviarán ahora al Senado, que tras la renuncia de Manuel Adorni, puede sesionar sin riesgo de que todo se convierta en un debate sobre el fantasma de la destitución.
Para la Cámara Federal, el Gobierno debe enviar el pliego de sus candidatos para cubrir para cubrir las vacantes de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Ambos fueron trasladados hace diez años por el entonces presidente Mauricio Macri pero la Corte Suprema anuló esos traslados y ordenó concursar los cargos.
Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola, allegado al ministro Juan Bautista Mahiques, y el propio Bertuzzi o la fiscal Cecilia Incardona para la otra vocalía. Esta decisión corresponde al ministro de Justicia y al Presidente.
El diseño de una nueva Cámara Federal se completa en los planes del Gobierno con la apertura de una tercera vacante, pues el juez Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio, en un mes, y su pliego no fue elevado por el Poder Ejecutivo al Senado para una reválida de su acuerdo.
La aprobación de este concurso provocó disgusto en el juez Lorenzetti, no por los candidatos, sino porque junto con Carlos Rosenkrantz propusieron cambiar el reglamento de concursos para hacer más transparentes las designaciones y el asunto quedó congelado en el Consejo de la Magistratura, que encabeza Horacio Rosatti.
Lorenzetti y Rosenkrantz seguirán reclamando estos cambios en el reglamento de selección de jueces y pedirán un nuevo Código de Ética de los magistrados: entienden que es una deuda de la Argentina y lo que consideran una atribución de la Corte.
La conformación de la nueva Cámara Federal ya está generando debate en tribunales, donde Mariano Llorens aspira a conformar un núcleo de coincidencias con Bertuzzi, Yadarola y Eduardo Farah, dejando aislado a Roberto Boico, que llegó con el apoyo del kirchnerismo.
Hasta hablan de “gobernar” las dos salas de la Cámara Federal. Para Boico, quedar en la vereda de enfrente de Llorens es como colocarse una cucarda en el pecho.
Las vacantes en Comodoro Py a llenar este año se completan con los juzgados federales, con cuatro lugares, y la Cámara de Casación Penal, con otras cuatro vacantes.
Hay un concurso ya corregido para cubrir tres vacantes de la Cámara de Casación, que ahora algunos jueces que quedaron relegados en sus notas quieren hacer revisar por “asesores técnicos”.
El Consejo de la Magistratura está ocupado con otras cuestiones. Como la mayoría de los mandatos de los consejeros, especialmente de los jueces y abogados, vencen a fin de año, ya están pensando en esas elecciones.
Y el presidente de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña planteó su deseo de ser reelecto y presentó una medida cautelar. La ley del Consejo prohíbe la reelección, pero en su interpretación es posible.
Su candidatura rompió la lista Bordó de la Asociación de Magistrados que tiene hegemonía en las elecciones de jueces. El juez Andrés Basso, presidente de la Asociación y juez de tribunal oral, tiene sus propias aspiraciones. La interna provocó fisuras entre los jueces que venían ganando las elecciones en los últimos años y controlando ahora el Consejo Directivo.
Hay oposición a esta reelección, del kirchnerismo, ya que Vanesa Siley, Mariano Recalde y el diputado Rodolfo Tahilade enviaron una nota a Micaela Soledad Figueredo, secretaria de asuntos jurídicos del Consejo de la Magistratura donde señalan que Barroetaveña “pretende forzar” la ley y que su intención “no tiene sustento normativo”, contradice a la Corte y “violenta” las reglas.
Se opuso también, desde la otra vereda, María Eugenia Talerico, de Será Justicia. Y el asunto tampoco es bien visto en el seno de la Corte Suprema.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Villarruel muestra su influencia en el Senado y aplicó un cambio para evitar el caos en las comisiones
Mientras el oficialismo senatorial, que comanda Patricia Bullrich, busca con ansiedad algún sendero que destrabe la pesada mochila de leyes que envió el Ejecutivo desde hace ya varios meses, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, tomó una determinación para frenar una lesión poco visible en el día a día, pero que puso en riesgo la labor en el Congreso: salvo casos de extrema necesidad, frenará los cambios de último momento de legisladores en las comisiones, una situación que derivó en realidades descontroladas.
El embrollo, muy alejado de las lágrimas republicanas que se suelen actuar, complica una cuestión trascendental que, al parecer, sólo interesa a quienes de verdad adoptan con profesionalismo la labor en el Congreso. Es decir, el trámite para que una ley salga lo mejor posible. Para ello, las comisiones representan la base del trámite parlamentario. De hecho, los senadores se matan por integrar las que mueven hilos de poder, como la de Acuerdos -pliegos judiciales y militares, más ascensos diplomáticos-, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, etcétera. Ni hablar de las jugosas, como las bicamerales que “supervisan” a los organismos de inteligencia -tiene fondos reservados y ahí se “grita” el presente-, o la siempre pícara y juguetona de la Biblioteca.
En las primeras, los temas que se debaten y analizan son, muchas veces, delicados. En el primer semestre de 2026 y, según un relevamiento realizado por Infobae -en base a anuncios realizados al inicio de cada cónclave, de fácil supervisión en versiones taquigráficas-, las modificaciones se convirtieron en moneda corriente. Muchas, a último minuto. Entonces, lo que queda vigente es que políticos con supuesta experiencia en una cierta cantidad de comisiones participan de un puñado de encuentros y, a la hora de firmar dictamen, aparece otro colega.
Hay algo peor: son los asesores de los legisladores quienes, con el correr de las semanas, pincelan idas y vueltas para acordar un despacho que, al final, es rubricado por otro compañero de bloque. Como siempre, el reglamento de la Cámara alta suele despejar dudas y permite, de una forma más ordenada, acercar la lupa. Por caso, el artículo 93 plantea: “Los miembros de las comisiones permanentes duran en ellas hasta la próxima renovación del Senado, de no mediar su renuncia. Los de las comisiones especiales e investigadoras, hasta el cumplimiento del plazo establecido en la resolución de su creación o del fijado en la prórroga que hubiere otorgado el cuerpo, en su caso, salvo que la comisión haya cumplido con su objeto antes del plazo establecido”.
Veamos, ahora, los artículos 101 y 102. El primero expresa: “Si en alguna comisión no se alcanza quorum luego de dos citaciones, cualquiera de sus miembros puede ponerlo en conocimiento de la Presidencia”. Y agrega: “Verificado este trámite y subsistiendo la falta de quorum, la comisión puede sesionar y dictaminar con la presencia de un tercio de sus miembros”. El otro, en tanto, señala: “Para el caso de inasistencia injustificada de un senador a dos reuniones de comisión, corresponde el apercibimiento de la Cámara. La inasistencia injustificada a cuatro reuniones consecutivas de comisión, significará un descuento en su dieta. Es obligación del presidente de cada comisión informar al presidente de la Cámara lo relativo a las inasistencias mencionadas, la que dará cuenta en la primera sesión, a fin de que se someta lo informado a consideración del pleno, el cual resolverá sobre la aplicación de la sanción”.
Para evitar dolores de cabeza, los enroques siempre fueron una herramienta a utilizar. No obstante, las personas más memoriosas no recuerdan una aceleración tan grande de estas jugadas, ni siquiera, en comparación con la época de Gabriela Michetti durante la era Cambiemos. Los más perjudicados son quienes ofician de secretarios de las comisiones, obligados a hacer malabares mientras cuentan los presentes para chequear el quorum ante modificaciones repentinas sobre las que, para estar seguros, deben verificarse y validarse con su decreto correspondiente. Todo, de manera exprés, como si se tratara de filetear -en unos pocos segundos- cien gramos de fiambre. La pequeña diferencia es que se refiere al armado de leyes que implicarán consecuencias para la ciudadanía.
La gota que rebalsó el vaso fue una ley de ecocidio, con penas de hasta 25 años de prisión -dictaminada a inicios de junio- que generó una fuerte polémica. Tras el despacho, libertarios tuvieron que desdecirse en relación con lo que habían rubricado a las apuradas y generó un fuerte malestar en Balcarce 50, que en paralelo promociona el RIGI -ya vigente- y el súper RIGI para proyectos mineros y energéticos, entre otros.
Además de la advertencia y eventual freno de esta mecánica, Villarruel impuso esta semana su criterio y pospuso una reunión de Labor Parlamentaria que apuraba Bullrich para sesionar. Ni siquiera los aliados acompañaron a la porteña. La titular de la Cámara alta también recibió al sindicalista ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. El platinado gremialista -referenciado en la izquierda socialista- se sacó fotos ese mismo día, un piso arriba de la oficina de la vicepresidenta, nada menos que con el interbloque cristinista, que maneja José Mayans. El formoseño mantiene una relación muy cordial con la líder del Senado y compañera de fórmula del jefe primer mandatario, el libertario Javier Milei.
POLITICA
En medio de la tensión, Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a verse en la vigilia del 9 de Julio en Tucumán
En medio de su ruptura, Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a coincidir el próximo miércoles en la vigilia ante la Casa de Tucumán por el Día de la Independencia de la Argentina. La última vez que el Presidente y su vice compartieron un festejo patrio, Milei evitó saludar a Villarruel y ella le dio la espalda durante la interpretación del Himno Nacional.
La presencia de Villarruel fue confirmada a TN por un colaborador, que señaló que la vicepresidenta fue invitada junto a todas las autoridades nacionales por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
“Nosotros ya estamos circulando las invitaciones a todas las autoridades nacionales, a todas sin excepción”, había remarcado Jaldo en una búsqueda de no tomar partido en la interna que disputan Milei y su vicepresidenta. En ese sentido, remarcó: “Tucumán no excluye a nadie”.
Por su parte, el Presidente también confirmó su asistencia a la noche de la vigilia. Según explicaban en Casa Rosada, ese compromiso fue uno de los motivos por los que se decidió cancelar el viaje previsto a Estados Unidos para participar de los festejos auspiciados por Donald Trump por el Día de la Independencia norteamericana.
Será la segunda oportunidad en la que el Presidente encabezará la jornada patria. Ya lo había hecho en 2024, fecha en la que reunió a 18 gobernadores para firmar el Pacto de Mayo. Desde entonces, algunos de sus puntos fueron puestos en marcha, mientras que otros -como la Ley de propiedad privada- continúan bajo discusión.
Un nuevo encuentro de Milei y Villarruel
Por la ruptura total entre ambos, el Presidente y su vice solo coinciden en ocasiones institucionales como la apertura de sesiones del Congreso y algunos actos patrios. La última vez que ambos se encontraron fue durante los festejos en Rosario por el Día de la Bandera.
Allí, Nación no invitó a Villarruel, quien finalmente asistió por un llamado del Gobierno de Santa Fe. En ese contexto, la titular del Senado no fue ubicada en el acto ante el Monumento de la Bandera junto a los funcionarios nacionales, sino que permaneció entre los ministros provinciales.
A su vez, cuando pasó a su lado, el Presidente y los funcionarios que lo seguían evitaron acercarse a saludar a la vice. “Parece que es difícil saludar a una vicepresidente en plena democracia. Hay que preguntarles por qué son maleducados”, había replicado Villarruel a la prensa luego del acto.
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Por su parte, Villarruel devolvió el gesto cuando durante la entonación de las primeras estrofas del Himno Nacional se dio vuelta para darles la espalda al Presidente y sus ministros.
Además, luego cuestionó la presencia de Manuel Adorni, quien una semana después dejaría el cargo en medio de su investigación por presunto enriquecimiento ilícito. “Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni. No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que él», punzó la vice.
Javier Milei, Victoria Villarruel, Tucumán
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