POLITICA
Buscan que no prescriba uno de los casos por las coimas de la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina
Contra reloj, la jueza María Eugenia Capuchetti pugna porque no se cierre una de las causas por las coimas que pagó la poderosa constructora brasileña Odebrecht en la Argentina por obras públicas realizadas durante el kirchnerismo, como parte del escándalo del Lava Jato.
Odebrecht admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países distintos, a cambio de 3340 millones de dólares en contratos con esos Estados. De ese total, aproximadamente 735 millones de dólares correspondieron a sobornos pagados en 10 países latinoamericanos. Según la propia empresa, solo en Argentina pagó 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014.
Por esos pagos, la empresa fue condenada en los países donde admitió sobornos, expresidentes y exfuncionarios fueron presos, otros perdieron sus cargos, otros se suicidaron, pero en la Argentina no pasó nada.
Aquí, una de las causas de Odebrecht por la construcción de dos plantas potabilizadoras con AySA está en juicio a punto de llegar al veredicto; otro caso por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento está paralizado en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, y luego hay dos causas por las obras de gasoductos: una tendrá sentencia el martes y otra corre riesgo de prescribir por el paso del tiempo.
En el caso del Ferrocarril Sarmiento hay indagados desde 2018, antes de la pandemia, hace ocho años, y el fiscal Franco Picardi viene reclamando que se procese a los exfuncionarios, a los empresarios y a los brasileños de Odebrecht.
En la otra causa por los gasoductos, desprendimiento de esta investigación, habrá veredicto el martes próximo. El Tribunal Oral Criminal Federal 2 dará a conocer el fallo a Julio De Vido, que está acusado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Es una causa paralela está acusado de cohecho por los mismos hechos.
El tribunal oral está integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, los mismos de Vialidad. Con la instrucción del juez Daniel Rafecas, esa pesquisa derivó en la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos a la constructora brasileña Odebrecht, entre 2006 y 2008.
Lo que se juzga es el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. En su alegato, el fiscal general Diego Luciani describió la maniobra como un “claro e inadmisible direccionamiento” hacia Odebrecht.
Las penas más altas −cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos− fueron pedidas para el exsecretario de Energía de la Nación Daniel Cameron, a quien la fiscalía señala como autor del delito, y para el exministro de Planificación Federal De Vido, imputado como partícipe necesario.
La jueza Capuchetti pelea desde hace un año y medio para que no se archive un caso paralelo por los mismos gasoductos, que está ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal de Casación integrada por los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma. Los dos últimos son subrogantes y dejarán pronto esas suplencias.
El 7 de mayo pasado, la Sala II de la Cámara Federal dictó un fallo que pasó casi inadvertido. Dos imputados en la causa por cohecho en la construcción de los gasoductos fueron sobreseídos por prescripción de la acción penal. Son Luis Beuret y Marcio Faria Da Silva, exejecutivos de Odebrecht.
La decisión fue firmada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, con la disidencia de Martín Irurzun. Tres semanas después, la misma sala le revocó a la jueza Capuchetti el decreto por el que había citado a Faria Da Silva a prestar declaración indagatoria como sospechosos de haber pagado esas coimas.
Para entender el significado de esos dos fallos hace falta retroceder diez años. En diciembre de 2016, Odebrecht firmó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos un acuerdo de culpabilidad corporativa donde reconoció haber pagado sobornos totales por 788 millones de dólares en América Latina y África. En la Argentina los pagos fueron de 35 millones de dólares.
Tras la confesión, en Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado y apresado. Luego, ese fallo fue anulado, pero decenas de empresarios y políticos terminaron en prisión o bajo proceso. En Perú, cuatro expresidentes fueron investigados. En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas cumplió condena. En Panamá, en Colombia, en Venezuela, el caso generó condenas o procesos que avanzaron con distintos resultados.
En Argentina no hay condenas por los sobornos que Odebrecht confesó haber pagado.
Los gasoductos
La causa que ahora empuja Capuchetti arrancó casi 20 años atrás, en 2007, cuando una denuncia llegó a la Justicia federal por irregularidades en la licitación y ejecución de la obra de la ampliación de gasoductos TGS (Transportadora de Gas del Sur) y TGN (Transportadora de Gas del Norte).
Se trataba de contratos para la expansión de la red de gasoductos del país, adjudicados durante el gobierno de Néstor Kirchner y con De Vido como ministro.
Odebrecht habría pagado unos 25 millones de dólares a funcionarios argentinos para resultar adjudicataria de los contratos con Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista.
En diciembre de 2019, el juez Rafecas separó la investigación en dos ramas. Por un lado, siguió en el expediente madre la pesquisa sobre las irregularidades en las contrataciones propiamente dichas, que es el caso por las negociaciones incompatibles, donde ahora habrá veredicto. Por el otro, averiguó sobre posibles sobornos pagados por Odebrecht para ganar las licitaciones.
Los imputados que fueron acumulándose en el expediente. Son De Vido, Cameron, directivo de Cammesa; Bautista Marcheschi, también vinculado a esa empresa; Julio Bragulat, que fue Gerente General de Cammesa; Beuret; Cristian Folgar; la constructora Norberto Odebrecht SA y su directivo Faria Da Silva, entre otros.
Una parte de la causa siguió su camino y fue elevada a juicio y, en la otra, el juez sobreseyó a casi todos los acusados, pero la Cámara Federal lo anuló y apartó a Rafecas. Su argumento era que los hechos ya estaban siendo juzgados en la causa de AySA.
La Sala II de la Cámara Federal anuló esa lógica. El juez Irurzun, en el voto que condujo el acuerdo, dijo que en la causa de las plantas potabilizadoras investiga sobornos vinculados a obras de AySA —Paraná de las Palmas y Berazategui— y no tienen nada que ver con los gasoductos.
Así entró a jugar Capuchetti, que tomó el expediente. El delito investigado aquí es el cohecho, con una pena máxima de seis años, y el último hecho investigado se ubica alrededor de 2014, con lo que se habría cumplido el plazo de prescripción.
El debate jurídico
Sin embargo, el artículo 67 del Código Penal establece que la prescripción se suspende cuando uno de los imputados es funcionario. La lógica es que un funcionario tiene herramientas, contactos y poder institucional que podrían facilitar su impunidad.
En esta discusión se centra ahora el futuro del caso, pues se abrió un debate entre jueces donde algunos sostienen que no basta con que un imputado sea funcionario, sino que debe haber tenido poder sobre un área relacionada con el caso. Para que la prescripción no opere, la jueza y el tribunal que revisa sus decisiones debieron establecer una cadena de suspensiones que cubriera el período completo.
De Vido fue ministro de Planificación Federal hasta 2015 y luego diputado nacional hasta 2017. Durante todo ese tiempo, nadie discute que el plazo estuvo suspendido. Bragulat, por su parte, fue gerente general de Cammesa hasta 2020. La fiscalía y la propia Capuchetti sostuvieron en reiteradas resoluciones que sus funciones en Cammesa activan la cláusula de suspensión de la prescripción.
El plazo, entonces, no corrió ininterrumpidamente desde los hechos hasta el 26 de mayo de 2020. Seis años desde esa fecha vencían el 26 de mayo de 2026. Pero un tercer imputado, Cristian Folgar, ingresó en 2022 a la planta temporaria de la Cámara de Diputados como personal técnico y administrativo, categoría A-06, en el despacho de la entonces diputada Margarita Stolbizer. Estuvo en ese cargo hasta el 9 de diciembre de 2025.
La pelea es por argumentar si el cargo de Folgar basta para suspender la prescripción. Durante meses, la Sala II se negó a declarar prescripta la acción penal, pero el voto de Boico estableció una condición: antes de resolver definitivamente, había que saber exactamente qué hacía Folgar en el Congreso.
El juez encargó esa información. El 11 de marzo de 2026, Diputados remitió un informe firmado por la propia Stolbizer. La exdiputada detalló que Folgar trabajó como asesor en las áreas de producción, infraestructura, energía, economía, presupuesto y hacienda.
La defensa argumentó que Folgar era un asesor técnico sectorial sin poder de decisión, sin acceso al Poder Judicial ni al Ministerio Público, en áreas que no tienen nada que ver con esta causa y por eso dijo que su intervención no suspendía la prescripción..
Capuchetti llegó a la conclusión opuesta. En su resolución, de abril de 2026, la jueza argumentó que el asesoramiento en energía, producción e infraestructura está directamente vinculado al objeto de la investigación.
Pero la Sala II de la Cámara Federal rechazó sus argumentos. El 7 de mayo de 2026, Boico redactó el voto que obtuvo la adhesión de Eduardo Farah −con sus propios argumentos− y sostuvo que el cargo de Folgar no activaba la cláusula de suspensión.
El tribunal revocó el fallo de Capuchetti y declaró la prescripción de la acción penal respecto de Beuret y Faria Da Silva. Los sobreseyó. El juez Irurzun −que ahora dejará la Cámara Federal, sin apoyo de la gestión de Javier Milei− votó en disidencia.
La Cámara Federal encargó a Capuchetti que analice si ahora correspondía sobreseer a todos. Sin embargo, la jueza, antes de ese fallo, había llamado a indagatoria a trece personas, entre ellas al propio De Vido, Cameron, Marcheschi, Folgar, Beuret, Bragulat y Faria Da Silva. Las audiencias fueron fijadas para octubre de 2026.
La defensa de Faria Da Silva interpuso recurso de reposición en el mismo juzgado, con apelación ante la Cámara en caso de que sea rechazado. Capuchetti rechazó ese recurso y dijo que la citación a indagatoria no se apela, pues es una facultad del juez y una oportunidad de defensa del imputado.
La Sala II de la Cámara Federal, el 26 de mayo de 2026, con el voto de Boico y Farah, y la disidencia de Irurzun, hizo lugar a la queja y revocó el llamado a prestar declaración indagatoria. El fundamento fue que la prescripción ya estaba declarada y Faria Da Silva había sido sobreseído tres semanas antes. Capuchetti acató, concedió el recurso de apelación y elevó las actuaciones.
Nuevo criterio
La jurisprudencia viene sosteniendo que basta la condición de funcionario del imputado para activar la suspensión de la prescripción para todos los acusados. Pero en los últimos tiempos se abrió paso una interpretación más restrictiva, del juez Boico entre otros, que favorece a los acusados.
Hay otras causas conexas en las que se investigaron intermediarios financieros que habrían instrumentado el circuito de pago de los sobornos: sociedades offshore, cuentas en Uruguay, Andorra, Suiza, Panamá y Santa Lucía aparecen en los exhortos internacionales que el expediente fue acumulando desde 2007.
En ninguna de esas causas hubo un juicio oral y una sentencia condenatoria firme. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ledesma, Petrone y Carbajo, tiene ahora que resolver si confirma el fallo del sobreseimiento y la prescripción o si ordena continuar la investigación.
En Brasil, la Operación Lava Jato generó más de doscientas condenas. En Perú, los presidentes que recibieron dinero de Odebrecht enfrentaron la justicia. En Argentina nadie fue condenado.
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En la última reunión de Gabinete, frente a la díscola Patricia Bullrich, Javier Milei dijo que no le importaría perder las elecciones con tal de defender a un inocente, en alusión directa a Manuel Adorni. Pero en el propio oficialismo, donde ya nadie reivindica al jefe de Gabinete, advierten que sostenerlo no sólo pone en juego su credibilidad ante la opinión pública y su reelección, sino que deja en jaque la agenda del Presidente en el Congreso.
El Gobierno tiene una serie de proyectos en marcha, con distintos grados de avance, desde la eliminación de la PASO, al de inviolabilidad de propiedad privada, a la ley Hojarasca, al súper RIGI, a la ley de Lobby, entre otras iniciativas que aún tiene planeado presentar y aprobar antes del 10 de diciembre, antes de que el clima legislativo se enrarezca en el año electoral.
Con la oposición dura y los aliados unidos en masa contra Adorni, se verían obligados a volver a los decretos y a pedir que lo ayuden con los vetos o respaldo a los DNU en momentos extremos. El Gobierno ya sufrió la venenosa adrenalina, constante, de sentirse acorralados en el Congreso, durante los primeros dos años de administración. Y ahora, desde que tienen mayor margen de maniobra, hay consenso entre los libertarios en que nadie quiere volver a sentirla.
Un referente de diálogo con Karina Milei, los Menem y Santiago Caputo deslizó que en caso de que decidieran desplazar a Adorni, también deberían relanzar el Gobierno. Lo cual implicaría, de movida, replantear el Gabinete.
Por ahora no hay una estrategia delineada, porque Karina Milei no dio la orden de activar la defensa. “Esto recién arranca”, dijo un armador libertario para dilatar los tiempos de definiciones. Y admitió: “Se está gestando un número fuerte en frente. Va a estar complejo”. “Lo de Adorni une a todos, increíble”, se lamentaron en la Casa Rosada.
De todas formas, auguraron que el tema va a surgir en las charlas previstas para los próximos días con los diputados como los gobernadores. Tanto de parte de Menem, como del Ministro del Interior, Diego Santilli. Este último viene de reunirse con el socio entrerriano Rogelio Frigerio, que se comprometió a apoyar la reforma política. Y para la semana que viene tiene en agenda recibir a los mandatarios -amigables- de Chaco, Leandro Zdero, y de San Juan, Marcelo Orrego, que tiene especial buena relación con Karina Milei. También con el opositor de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.
Hasta ahora la agenda giraba en torno a reunir los votos para la reforma política. Ahora se sumará como tema central la defensa de Adorni. Y hay poco margen para sumar adhesiones. Creen que ni siquiera podrian negociar con el bloque de los radicales, donde varios tienen que reelegir el año que viene.
“Soltar”
Mientras, crecen los rumores de que Karina Milei está en proceso de “soltar” a Manuel Adorni y de que Martín Menem, su mano derecha, dejó de creerle al ministro coordinador. En sus respectivos entornos no lo niegan, pero nadie quiere dar precisiones, aún.
Las suspicacias sobre una erosión en la mirada de “el Jefe” sobre su protegido Adorni se dispararon el jueves, cuando la secretaria general le llevó una torta por su cumpleaños a Patricia Bullrich en la reunión de la mesa política que él había liderado. Y, después, por la disposición de los participantes en la foto que se difundió del festejo. Allí, Adorni fue relegado al costado izquierdo, tal como Santiago Caputo, vilipendiado por Karina, que se ubicó en el extremo derecho.
El gesto a Patricia Bullrich fue interpretado más bien contra Adorni. Y Karina Milei lo reforzó el sábado, cuando -como adelantó Infobae- se sumó al festejo sabatino de jefa de bloque de senadores de LLA. Incluso en el entorno de la cumpleañera se sorprendieron por la presencia de la hermana del Presidente, después de varios días en los que el Gobierno dejó trascender su malestar con la ex PRO.
Mientras Adorni sigue convencido de que está blindado. “Todo Marcha Acorde al Plan”, dicen que dice. Y le restaron importancia a los gestos de Karina Milei a Bullrich: “Fue porque la invitaron”, dijeron.
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POLITICA
Senado: la oposición dialoguista le quita su respaldo y la continuidad de Adorni pende de un hilo
La continuidad de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete pende de un hilo. En el Senado, los principales referentes de la oposición dialoguista ya la dijeron a la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), que no pueden garantizar que no prospere esta misma semana el pedido para interpelar y avanzar con una moción de censura contra el cuestionado funcionario, con impulso del kirchnerismo.
Según pudo saber de fuentes de la oposición dialoguista, en el Senado ya se habla del “efecto Kueider”, en alusión al senador entrerriano que iba a ser suspendido hasta que se aclarara su situación judicial, pero que en cuestión de horas terminó expulsado del cuerpo como consecuencia de un efecto cascada que llevó a que nadie quisiera pagar el costo político de sostenerlo.
En este caso, la situación de Adorni podría degradarse de manera acelerada ante el pedido de interpelación presentado la semana pasada por el bloque kirchnerista. “Nadie nos garantiza que no terminen votando esta misma semana una moción de censura”, precisaron fuentes de la bancada oficialista.
Si esto ocurriera, el jefe de Gabinete quedaría expuesto a su remoción del cargo si la semana próxima, el martes 23, Diputados votase otra moción de censura. En ambos casos, se necesita de la mayoría absoluta (37 votos en el Senado y 129 en la Cámara baja) para dejar a Adorni sin cargo.
La noticia ya está en conocimiento de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que sigue sosteniendo a Adorni a pesar de que con cada nueva explicación de sus correrías patrimoniales no hace más que hundirse un poco más en el pantano de la indignación que provoca en todo el arco opositor.
El jefe de Gabinete había exacerbado el malestar de la oposición en el Senado al anunciar el jueves último que iba a concurrir en julio, sin precisar una fecha, a dar su informe sobre la marcha del Gobierno. El rechazo opositor no se hizo esperar, sobre todo porque Adorni sigue sin presentarse ante la Cámara alta, cuando debió haberlo hecho en marzo y en mayo.
Desde que asumió el cargo, en noviembre del año pasado, el ministro coordinador sólo asistió una vez al Congreso a cumplir son su obligación constitucional.
Fue el pasado 29 de abril, cuando con el presidente Javier Milei, su hermana y medio gabinete en los palcos de la Cámara de Diputados dijo que no había omitido ninguna información en sus declaraciones juradas patrimoniales. Aquellas palabras quedaron desmentidas con su última explicación sobre los dólares que dijo haber encontrado en su casa paterna y la adquisición de US$200.000 en bitcoins que le habrían reportado una ganancia US$300.000.
En un intento por calmar las aguas y ante las sospechas de que el funcionario pretendía estirar hasta fin del mes próximo su visita al Senado, Bullrich abrió rápidas negociaciones con los sectores dialoguistas y acordó fijar para el próximo 2 de julio la sesión informativa.
Sin embargo, el vértigo de los acontecimientos y, sobre todo, el fuerte rechazo que generaron las vidriosas explicaciones de Adorni para justificar su repentino crecimiento patrimonial, terminaron por comprometer la situación del jefe de Gabinete, que a cada minuto se hace más insostenible.
Pedido de licencia
Según pudo saber este diario de fuentes libertarias, en su última conversación Bullrich le propuso a la hermana presidencial que Adorni “al menos pida licencia” hasta conocer los próximos pasos que tomarán el fiscal Gerardo Pollicita y se tenga un panorama más claro de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito que tiene al jefe de Gabinete como protagonista.
La propuesta no fue aceptada por Karina Milei, a quien todos señalan como el principal soporte político del jefe de Gabinete.
Mientras tanto, el tiempo corre. El próximo miércoles, a las 18, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a todos los presidentes de bloque a una reunión de Labor Parlamentaria para definir el temario de la sesión que, hasta ahora, el oficialismo pretende celebrar al día siguiente para tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
En esa reunión, el caso Adorni tendrá un papel protagónico a raíz de un pedido del bloque kirchnerista, que pretende discutir una resolución pidiendo la interpelación del jefe de Gabinete a los efectos de discutir su moción de censura.
La iniciativa propone convocar al funcionario a la semana siguiente de aprobada la resolución para que se haga presente en el recinto de la Cámara alta para su interpelación. Pero el desarrollo de los acontecimientos podría acelerar los tiempos y encendió las alarmas en los despachos oficialistas de la Cámara alta.
Por lo que pudo saber este diario, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), ya le habría adelantado a Bullrich que su bloque no estaría dispuesto a pagar el costo político de bloquear cualquier pedido que implique tratar el caso Adorni en el recinto esta semana que comienza.
En la misma sintonía se manifestaron los jefes de las bancadas de Pro, Martín Goerling (Misiones); de Provincias Unidas, el peronista correntino Carlos Espínola, y las peronistas provinciales Flavia Royón (Salta) y Carolina Moisés (Convicción Federal).
En otras palabras, La Libertad Avanza casi que no tendría aliados que lo ayuden a sostener a Adorni si el tema de su moción de censura quedara habilitado para su tratamiento en el recinto el próximo jueves.
Gustavo Ybarra,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Días de hartazgo y desconcierto. Crece la presión interna en la Casa Rosada para que Adorni deje su cargo,,El método de la vieja casta. Adorni y la renuncia que el país espera,,Contra las cuerdas. Las huellas que Adorni no consigue tapar
POLITICA
AFAgate: quién es la jueza que se hará cargo de la compleja causa de la quinta atribuida a Toviggino
Después de un largo ida y vuelta entre fueros, el expediente que nació como una investigación sobre la quinta de Pilar asociada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) regresó al Juzgado N° 10 del fuero Penal Económico. Pero ya no será el juez Marcelo Aguinsky, sino una mujer −la única en la primera instancia del fuero− quien quede al frente del caso.
Se trata de Verónica Straccia, quien subroga desde abril el juzgado al que ahora retorna acaso el capítulo judicial que más preocupa a las autoridades de la AFA.
La jueza, de marcado perfil bajo, larga trayectoria judicial y muy respetada en ese ecosistema, se hará cargo del expediente al menos hasta noviembre, mes en el que vencerá su suplencia.
Straccia forma parte del Poder Judicial desde hace más de 30 años. Creció profesionalmente en Lomas de Zamora, donde fue secretaria letrada durante una década. En 2003, por concurso, llegó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11, del que es titular.
“Es una reglamentarista”, la define alguien del fuero que la conoce. “Tiene un fuerte apego a las formas y bastante poca plasticidad”, agrega la misma fuente, una de las tantas que le reconocen a la jueza un gran rigor técnico.
Straccia es la cuarta magistrada que queda al frente del caso en menos de siete meses. Hereda un expediente complejo que fue ganando espesor y visibilidad en un recorrido que, además, dejó expuestas las conexiones entre el mundo del fútbol y la Justicia.
La quinta de Villa Rosa, sospechada de pertenecer al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, conforma la primera capa de las fojas que se apilan en el expediente. En parte, debido a la estrategia defensiva que ensayaron las autoridades de la AFA, que apuntaron a concentrar en esta causa todas las demás que tienen a la entidad deportiva bajo la lupa.
El caso tramita bajo la hipótesis de lavado de dinero. Entre otros elementos, sumó los contratos que la AFA trabó con TourProdEnter, la sociedad de Javier Faroni y Érica Gillette que actúa como agente de cobro y recauda los fondos de la entidad deportiva en distintas partes del mundo y está sospechada de haber desviado parte de ese dinero.
El trabajo de Straccia es valorado por los funcionarios judiciales del fuero. La consideran una persona “seria”, “reservada”, “poco influenciable” y “suficientemente capacitada” para tomar las riendas de un caso tan sensible.
Otra voz del fuero le atribuye a la magistrada una ligera tendencia “proimputado”; un sesgo, advierte la misma fuente, que es propio del fuero, no exclusivo de Straccia.
No reniega ni desmiente la imagen que tienen de ella en la Justicia, pero la jueza prefiere el trabajo en silencio. Evita los flashes y procura seguir de cerca el trabajo de su equipo. “No cree en las ventajas del home office”, grafica un judicial, que, a modo de elogio, agrega: “Es desconfiada”.
Straccia emergió a los primeros planos en 2014 con el capítulo local de la causa conocida como “SwissLeaks”. El caso se basó en información obtenida de los archivos del banco HSBC de Ginebra, Suiza, que fue extraída por un informático y entregada a las autoridades francesas. En la lista aparecían reyes, presidentes, traficantes de armas, estrellas de rock y deportistas, entre otros.
En el país, el expediente nació con una denuncia de la AFIP de Ricardo Echegaray. Alcanzó a más de 4000 personas que la jueza Straccia investigó para determinar si habían o no cometido algún tipo de evasión impositiva. En diciembre de 2021, en un fallo de 621 páginas, la jueza sobreseyó a Gabriel Martino y otros ejecutivos del banco HSBC, acusados de haber facilitado a 4040 contribuyentes argentinos la apertura de cuentas bancarias en Suiza sin declararlas ante el fisco.
El ritmo de la AFA
El expediente que ahora la llevará nuevamente a los primeros planos atravesó etapas con distintas velocidades. El primer allanamiento, ordenado por Daniel Rafecas, vinculó muy tempranamente y mediante prueba directa a Toviggino con el predio.
El juez Aguinsky, que continuó la tarea, sostuvo el vértigo: él y su equipo trabajaron durante la feria judicial de enero e incorporaron elementos que consolidaron la sospecha de que los dueños formales del predio, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, no eran, en los hechos, los verdaderos propietarios.
Cuando el caso se mudó a la Justicia federal de Campana, en respuesta a un pedido de los propios investigados, Pantano y Conte, entró en otra fase, de mayor análisis, y el ritmo inicial se apaciguó.
Quienes conocen los tiempos de Straccia no esperan que la causa recobre el impulso inicial. Es minuciosa para trabajar, dicen en el fuero, por lo que “se toma su tiempo para todo”.
Hay quienes dan como un hecho que la jueza delegará la investigación en la fiscalía, según son sus costumbres. De ser así, será la primera vez que eso ocurra: ninguno de los jueces que intervinieron en el caso optó por poner la pesquisa en cabeza del fiscal.
El responsable de marcar la marcha de la investigación será entonces el fiscal Claudio Navas Rial, que ya está familiarizado con el caso.
Las últimas medidas ordenadas por el juez anterior, Adrián González Charvay, serán centrales para la causa que heredó Straccia.
El magistrado encomendó a expertos de la Corte un análisis contable sobre tres ejes: los movimientos de Real Central, propietaria formal del predio; una tarjeta de crédito de Pantano con la que se pagaron algunos gastos de la costosa flota de autos hallada en la quinta, y el flujo de fondos de TourProdEnter, la sociedad vinculada a Faroni que, según reveló , habría desviado al menos 40 millones de dólares de la AFA.
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