POLITICA
El excuñado de Martín Insaurralde está procesado en una causa por sobreprecios en la obra pública
Víctor Mariano Donadio, excuñado de Martín Insaurralde, es investigado en la causa de enriquecimiento junto al exintendente de Lomas de Zamora como su supuesto testaferro, pero, además, está procesado y embargado por 20.000 millones de pesos por la construcción de una ruta que quedó destruida a pocos meses de su inauguración y que fue pagada con sobreprecios de alrededor del 50%.
Donadio está investigado porque su empresa Doio S.A. intervino en la adquisición del terreno donde se alzó la mansión de Fincas de San Vicente, del exjefe comunal, donde vivió con Jesica Cirio.
A pedido del fiscal Sergio Mola, el juez federal Luis Armella dictó su prohibición de salida del país y la justicia investiga si el patrimonio de Insaurralde se financió a través del direccionamiento de la obra pública municipal y si Doio SA facilitó estas maniobras financieras.
De hecho, Mola y Diego Velasco, fiscal de la PROCELAC, mencionaron los nexos entre Insaurralde y empresas proveedoras de la comuna, y las relaciones de esas mismas firmas con departamentos de lujo donde vivió con Jésica Cirio.
Investigan la cesión suscripta por Carolina Álvarez, la primera esposa de Insaurralde, y la empresa Doio en 2006. En 2011 -casi 5 años después- la transfirió a SASAXA LIBERO SA, empresa controlada por Insaurralde a través de personas de su círculo familiar.
La cesión se refiere a la casa de Insaurralde en el country Fincas de San Vicente – Club de Chacras. Allí la empresa Doio fue contratista tanto del gobierno de la provincia de Buenos Aires como del municipio de Lomas de Zamora, y en el trámite de adjudicación de la gran mayoría de ellas se encuentra la rúbrica del propio Insaurralde como intendente.
En el sitio web de la empresa Doio hay menciones a una serie de obras que realizó la firma en Lomas de Zamora mientras Insaurralde se desempeñaba como intendente (Pileta y Vestuarios Villa Albertina -2010-, Estación de Transferencia Banfield – Lomas de Zamora -2011, Honorable Concejo Deliberante -2013-, Hogar de Mujeres Fátima Catán -2013- , Cuartel de Bomberos y Centro Cívico -2013-).
Donadío tenía una relación con el contador Andrés Galera, al que conocía de la Cámara de la Construcción.
El vínculo con José López
Galera, además de ser el controlador de la empresa Revilier SA -que figura como propietaria del departamento en Puerto Madero en el que residieron Insaurralde y Cirio en 2014-, fue condenado por ser testaferro del exsecretario de Obras Públicas, José López, quien fue conocido por haber revoleado bolsos repletos de dinero provenientes de la corrupción en un convento en General Rodríguez.
Donadío fue quien recomendó a Federico Alberto Curcio, un arquitecto de su máxima confianza -luego fue su socio en la empresa Doio- para la construcción de la casa de Insaurralde en Fincas de San Vicente. También acercó al arquitecto Curcio a López, exsecretario de Obras Públicas, para ayudarlo a edificar su vivienda en Dique Luján, donde escondía los nueve millones de dólares en una valija colocada en la parte alta de un placard. Esa casa estaba a nombre de Galera.
Un caso de sobreprecios
A su vez, se comprobó que la empresa de Galera participó en la licitación compitiendo con la empresa Doio en la obra de pavimentación de la ruta 16 que, luego de ser adjudicada a esta última, derivó en una causa por irregularidades en su licitación, adjudicación y ejecución.
La pavimentación de esa ruta, conocida como “Camino de las Latas”, expuso una matriz de corrupción estructural, pues el trayecto se desmoronó a los pocos meses de ser entregado. Además, se verificó que un grupo de funcionarios y empresarios se beneficiaron con sobreprecios millonarios.
Las obras en la Ruta Provincial Nº 16 (el tramo de 12 kilómetros que une la Ruta 58 y la 210, atravesando Presidente Perón, Esteban Echeverría y Almirante Brown) habían sido adjudicadas a Doio S.R.L., liderada por Donadío.
La licitación original (N° 10/2009) preveía un presupuesto de $36.500.000 financiado por el Estado Nacional. Sin embargo, mediante una serie de “redeterminaciones de precios” y adendas justificadas por supuestas obras anexas, el costo se disparó a $57.641.065,23.
Doio S.R.L. no calificaba para ganar. Según los registros, su capacidad para obras de ingeniería era de apenas $13,4 millones, un tercio de lo exigido por el pliego. Aun así, los funcionarios municipales forzaron su aprobación en un segundo llamado a licitación.
Ya con la obra en sus manos, Doio cobró un anticipo financiero del 15% ($5.475.000) que no estaba contemplado originalmente. Se certificaron y cobraron 67.000 metros cúbicos de “movimiento de suelo” que jamás se hicieron. También se cobró por la construcción de dos intersecciones viales cuando solo se hizo una y se utilizó maquinaria y personal muy inferior al declarado.
Para garantizar que nadie objetara esto, Donadío colocó como “Representante Técnico” a Federico Curcio, el arquitecto de López.
La pericia oficial determinó que la obra tuvo sobreprecios del 43% y que los materiales utilizados eran de pésima calidad. La ruta nunca se terminó de manera definitiva. Doio S.R.L. entregó la obra con un acta de “recepción provisoria” el 20 de enero de 2014 y cobró el 99,87% del total del contrato.
Al poco tiempo, el asfalto cedió. La ruta se rompió aceleradamente debido a fallas estructurales graves: no se le hizo tratamiento a la base de suelo (que era barroso e inestable), los materiales eran deficientes y no se realizó la segunda capa de compactación asfáltica exigida.
En septiembre de 2015, una inspección de Vialidad Provincial confirmó que la calzada estaba minada de baches y fisuras profundas. Ante el inminente peligro para la seguridad vial, la gestión provincial posterior tuvo que volver a repavimentar la ruta por completo, utilizando un paquete estructural más resistente.
Los procesados en esta causa son Donadío, el exintendente de Presidente Perón Alfonso Aníbal Regueiro, que firmó los decretos clave; aprobó el direccionamiento y habilitó los pagos irregulares; los funcionarios municipales Julio César Oneri (Secretario de Obras Públicas) y Fernando Pablo Ortega (Secretario de Hacienda); la Comisión de Preadjudicación (Miguel Dahbar, Rosa Miño y Rosana Ruiz); el arquitecto Curcio e inspectores y supervisores municipales que hicieron la vista gorda. También fue procesado Gustavo Marcelo Gentili (exdirector del Occovi), que garantizó el flujo de los fondos nacionales.
El letargo judicial
El expediente sufrió un letargo escandaloso. El primer juez de la causa fue Federico Villena, quien estuvo a cargo de la investigación durante ocho años. En abril de 2025, Villena dictó la falta de mérito para los acusados por falta de pruebas, sin considerar los peritajes.
La Cámara Federal de La Plata le dio la razón al fiscal, anuló la resolución por “arbitraria”, denunció el “letargo ostensible” y apartó a Villena del caso.
La causa recayó entonces en el juzgado actualmente a cargo de Luis Armella. El 21 de octubre de 2025, el juez procesó a todos los implicados y les trabó un embargo de 20.000 millones de pesos.
Sin embargo, hoy existe una pelea entre el fiscal Sergio Mola y Armella, pues se apeló el embargo con una medida suspensiva.
El fiscal Mola interpuso recursos exigiendo urgencia, acusando al juzgado de paralizar las cautelares, lo que permite a los acusados ganar tiempo para ocultar o transferir sus bienes y evitar resarcir al Estado.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Ante la mejoría de Mirtha Legrand, Martín Llaryora propuso celebrar sus 100 años en el estadio Kempes
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, propuso realizar en el estadio Mario Alberto Kempes una celebración por los 100 años de Mirtha Legrand.
Su planteo ocurrió durante su participación en el programa La noche de Mirtha, conducido por su nieta Juana Viale, en un tramo de la charla dedicado a la salud de la histórica conductora.
La referencia surgió mientras se desarrollaba un intercambio distendido sobre Córdoba y su capacidad para atraer inversiones. En ese contexto, Llaryora resaltó las condiciones de la provincia y reivindicó el potencial del interior del país.
“Córdoba ha hecho cosas muy importantes, no todos tienen la capacidad y potencia de Córdoba. En el interior se vive mejor que en la capital”, afirmó.
Luego, la conversación se centró en la salud de Mirtha, quien se recupera en su casa desde principios de octubre tras permanecer internada durante 18 días en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de neumopatía.
Consultada sobre su evolución médica, Viale aseguró que se recupera favorablemente.
“Ella está cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, señaló. A raíz de ese comentario, Llaryora intervino y lanzó una propuesta en tono de broma.
“Bueno, los 100 años los hacemos en el Kempes”, dijo el gobernador. Y agregó entre risas: “Uno busca inversiones; está todo el día”.
Tras escuchar al gobernador, Juana Viale expresó: “‘Córdoba, allá vamos’, como decía la abuela”, avalando así el eventual homenaje por el centenario de la diva de la televisión argentina -quien cumple años el 23 de febrero- en el emblemático espacio cultural y deportivo del país.
Mirtha continúa su recuperación en su casa
La diva, de 99 años, recibió el alta médica el 6 de octubre y desde ese día se encuentra en su domicilio recuperándose del cuadro respiratorio que sufrió.
El 7 de septiembre había sido internada por un cuadro respiratorio bronquial y permaneció en el Sanatorio Mater Dei hasta el domingo 13, cuando recibió el alta. Pero apenas cinco días después, tuvo que volver al centro médico y, luego de pasar por la guardia, quedó nuevamente internada.
Ese mismo día, el sanatorio emitió un parte médico oficial en el que informó el motivo de la hospitalización: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.
En abril de este año, Legrand atravesó un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis y la alejó durante algunos días de su agenda laboral.
Martín Llaryora,recibió el alta médica,Mirtha Legrand,Córdoba,Conforme a
Las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria del Senado dictaminaron esta tarde el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998, pero que Diputados recién votó en agosto pasado. Al haber modificado el texto en la Cámara baja -se hizo reserva del capítulo II-, el tema volvió en segunda revisión y ahora, con el despacho firmado, el acuerdo quedó listo para ser sancionado, en caso de que el oficialismo cierre con aliados y solicite ir al recinto el jueves próximo.
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de firmar un dictamen, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros.
Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.
Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.
“Es uno de los pocos países no adheridos a este tan importante tratado. Lo que rige en patentes es un acuerdo anterior, de 1884”, aseguró el libertario y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni (Formosa). Por su parte, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, manifestó: “Cooperación no significa resignar la soberanía en términos de lo que es aquello que los argentinos son capaces de inventar”.
La porteña apuntó a “despejar es equívocos” y dejó en claro que la propuesta “no crea una patente mundial, no obliga a la Argentina a conceder patentes, y tampoco le quita la facultad de decidir qué invenciones merecen protección, conforme a nuestra legislación”.
Para la porteña, “la Argentina tiene científicos, universidades y empresas para innovación”, lo que “permite -de sancionar el acuerdo- que todos esos actores del mundo tecnológico puedan proyectarse internacionalmente”. En esa línea, detalló: “Es una gran herramienta para instituciones como el Conicet o empresas privadas que investigan y que logran generar nuevos productos o posibilidades para el adelanto de la ciencia”.
Por otra parte, Bullrich resaltó: “Hoy lanzan un avance e, inmediatamente, otro investigador lo publica y se pierde la posibilidad de tener una patente. Con esto, la primera información queda registrada y le da una protección adicional. Es decir, genera previsibilidad y mejores herramientas”.
No pensó igual el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco). Y, como ya suele ocurrir desde hace un tiempo, desde Convicción Federal -ex cristinistas, en principio-, el catamarqueño Guillermo Andrada dividió su apoyo -según el caso- entre las posturas de la porteña, y las del ex gobernador y ex jefe de Gabinete.
“Si nos perjudica de manera notoria, entonces es preciso exponerlo con un detalle de análisis de costo-beneficio. De lo contrario, en vez de favorecer la soberanía, aumentamos el grado de dependencia”, sostuvo Capitanich.
Asistieron un puñado de invitados por la oposición que, en conjunto, criticaron el acuerdo. “No podemos escuchar que los medicamentos se van a encarecer cuando son carísimos de por sí, comparados con cualquier parte del mundo”, respondió Bullrich.
celeste salguero/comunicaciòn
POLITICA
Senado: se demoran las firmas para dictaminar la ley de salud mental y hay disidencias de los aliados
Tras algunas disidencias en aliados y la falta de un par de firmas, las comisiones de Salud; y de Legislación General del Senado no lograron blindar esta tarde un dictamen de la nueva ley de salud mental, tras meses de negociaciones entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). El oficialismo libertario confía que obtendrá las rúbricas para el despacho de mayoría: si no lo hace hoy, el tema no quedará habilitado para la semana próxima.
En concreto, el proyecto plantea la prioridad para médicos -psiquiatras, en preferencia- sobre psicólogos -quienes también formarán los equipos interdisciplinarios- a la hora de tomar las decisiones más delicadas. Y las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en dicha acción, mientras que se revalida y sostiene la cooperación entre Nación y provincias en cuanto al financiamiento.
Por otra parte, se ampliará el concepto de adicciones -por ejemplo, la ludopatía-, se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes, se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y quedará prohibida la práctica de manicomios. También existirá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.
Además, todos los trabajadores involucrados en el proceso deberán contar con capacitación permanente. Otro ítem que generó conflicto y terminó de inclinar la balanza del articulado -hoy frenado- fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones. Es decir, plata.
En cuanto a familiares, se limitará la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una potencial internación en unidades de adultos, la misma quedará restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.
En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.
“Se trata de mejorar aquello que la experiencia demostró que necesita un cambio”, manifestó la senadora libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis). En tanto, su colega fueguina Belén Monte de Oca destacó: “La ley generaba muchos prejuicios a las personas que pasan por situaciones de salud mental o quienes tiene algún tipo de adicción”.
Por su parte, el filo K Fernando Salino (San Luis) direccionó la mira hacia la “base del problema, que es presupuestaria”. No obstante, la clave para que este tema llegara al plenario fue, en particular, el compromiso de sostener el financiamiento actual. Esto no pareció necesario y suficiente para la radical Gabriela Valenzuela (Corrientes), uno de los acompañamientos en disidencia. No suele pedir mucho la palabra y, cuando la solicitó, dijo: “Creo que estamos viviendo una crisis respecto a la salud mental. Sobre todo, en las provincias”.
Ya cerca de las 19 y, ante la imposibilidad de conseguir el dictamen, desde La Libertad Avanza pensaban en algún legislador de la oposición que presente mañana un despacho de minoría. ¿Para qué? Ante un nuevo documento que lleve otra/s firma/s, la sumatoria de ambos textos implicaría la mitad más uno del plenario y la habilitación de la discusión. En definitiva, no aterrizará en el recinto la semana próxima por no contar con los siete días reglamentarios ni tener los dos tercios de voluntades para ser tratado sobre tablas.
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