POLITICA
Diego Santilli: “Para que la Argentina no vuelva atrás, Milei tiene que reelegir”

Una semana después de asumir como jefe de Gabinete, Diego Santilli ratificó que “para que la Argentina no vuelva atrás, el presidente tiene que reelegir” y sostuvo que su principal tarea será construir las mayorías políticas necesarias para aprobar las reformas que impulsa Javier Milei. En una entrevista con Infobae, aseguró que buscará profundizar el diálogo con gobernadores y otras fuerzas políticas, aunque aclaró que no será un diálogo “para chamuyar” ni para sostener “el statu quo”, porque, según definió, esa lógica representa “la casta”.
Santilli recibió a Infobae en su despacho de la Jefatura de Gabinete, en el primer piso de la Casa Rosada, el mismo lugar donde anteriormente fueron entrevistados Guillermo Francos y Manuel Adorni. Junto con Nicolás Posse, es el cuarto jefe de Gabinete de la administración Milei. Llegó al cargo después de la salida de Adorni, en momentos en que la Casa Rosada busca dejar atrás semanas atravesadas por la crisis política y volver a concentrarse en la gestión y en su agenda de cambios.
La salida de Manuel Adorni, en medio de las investigaciones judiciales sobre su situación patrimonial y de la controversia que generó la presentación de sus declaraciones juradas, terminó abriendo el camino para la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete. Hacia el final de la entrevista, Infobae le preguntó si tenía toda su situación patrimonial en orden. “Declaro mis bienes hace veinte o treinta años. Está a la vista de todo el mundo, hace muchos años”, respondió.
“Estoy ante el desafío más importante de mi vida política y profesional”, afirmó. Entre las prioridades que fijó para esta nueva etapa, ubicó la reforma electoral que impulsa el Gobierno, con la eliminación de las PASO como principal objetivo legislativo. Aunque ratificó que esa sigue siendo la posición de la Casa Rosada, también dejó abierta la posibilidad de negociar alternativas en el Congreso para reunir los consensos necesarios. El objetivo, explicó, es que los argentinos “no tengan que ir seis veces a votar”, reducir el costo del sistema electoral y avanzar con el resto de la agenda legislativa del Gobierno. “Tenemos que recuperar la agenda pública” y lograr que “todo lo que el Gobierno tiene lanzado, suceda”, resumió.
El jefe de Gabinete aseguró además que los cambios en el equipo de Gobierno no implican una modificación del rumbo político de la administración libertaria. Sostuvo que la convicción del presidente Milei “es irrenunciable” y que la batalla cultural seguirá siendo uno de los pilares de la gestión. “La discusión es cómo se aborda”, explicó al diferenciar el método para construir acuerdos del contenido de las reformas. Según planteó, el diálogo con gobernadores y otras fuerzas políticas tendrá sentido únicamente si sirve para aprobar los cambios impulsados por el oficialismo.
En ese contexto, evitó polemizar con Mauricio Macri, pese a las críticas que el Presidente formuló contra el ex mandatario, destacó “el acompañamiento estoico” del PRO durante estos años y afirmó que “el PRO ayuda” a la gobernabilidad desde el Congreso. Cuando Infobae le preguntó si seguirá afiliado al PRO o si dará el salto a La Libertad Avanza, evitó responder en esos términos y prefirió una definición política más amplia: “Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei”.
En materia de gestión, confirmó que el Gobierno buscará cumplir el acuerdo alcanzado con las universidades nacionales tras el fallo de la Corte Suprema, aunque insistió en que cualquier solución deberá preservar el equilibrio fiscal. También reconoció que, por ahora, el Ejecutivo no analiza ninguna medida específica para enfrentar el aumento de la morosidad en los préstamos de familias y empresas. “No, por el momento yo no tengo nada en carpeta”, respondió.
También cuestionó con dureza la gestión de Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la inseguridad, la elevada presión impositiva sobre el sector productivo bonaerense y por rechazar varias de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. Rechazó, además, que el gobernador represente una renovación del peronismo y ratificó que continuará dialogando con gobernadores de todos los signos políticos, incluidos los peronistas, siempre que esos acuerdos sirvan para aprobar reformas y ejecutar obras.

Sobre su futuro político, Santilli evitó confirmar una candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, aunque tampoco la descartó. Dijo que la provincia “le apasiona” y que tiene “toda la vocación del mundo”, pero aclaró que cualquier definición electoral quedará subordinada al proyecto nacional. “No puede estar nunca un proyecto personal por encima de un proyecto colectivo”, sostuvo. Para el jefe de Gabinete, ese proyecto tiene hoy un objetivo central: consolidar las reformas impulsadas por el Gobierno y lograr la reelección de Javier Milei en 2027.
Para Santilli, esta nueva etapa no supone un cambio de rumbo, sino una nueva forma de construir las mayorías políticas necesarias para profundizar las reformas impulsadas por Milei. El diálogo, sostuvo, será una herramienta para alcanzar ese objetivo, pero nunca un fin en sí mismo. “Todos los que pensamos de una manera tenemos que luchar para ir hacia adelante y no para abrir el riesgo a que vuelvan los de atrás”, resumió.
La entrevista a Diego Santilli
— Tuvimos una entrevista hace pocos meses como ministro del Interior y ahora como jefe de Gabinete. Pasaron varios. Usted es el cuarto. Cuénteme esta nueva etapa.
Es uno de los desafíos más importantes de mi carrera política. Estaba muy contento con el trabajo que venía haciendo en el Ministerio del Interior. El presidente y Karina Milei me habían convocado para la relación con los gobernadores y, desde noviembre del año pasado hasta ahora, hicimos un trabajo enorme.
Impulsamos algunas de las reformas más importantes que se discutieron durante décadas. Me refiero a la modernización laboral, la ley penal juvenil, la reforma penal, la ley antimafia y todos los temas que venimos llevando adelante.
— El Presupuesto, que nunca se había aprobado.
El Presupuesto, en el marco de las pautas de equilibrio que plantea el Presidente. También la corrección en el tema glaciares, para que nos permita tener una minería responsable, cuidando nuestros glaciares, pero habilitando la actividad para competir con Chile y Perú, que son nuestra referencia más cercana.
Ellos exportan 60.000 millones de dólares y nosotros 6.000 millones. Imagínese la distancia que tenemos para crecer.
Creo que hicimos reformas muy grandes, muy importantes. El RIGI, ahora la media sanción del SuperRIGI. Entro en este desafío muy contento y muy agradecido por la confianza del presidente y de Karina Milei. Y bueno… a trabajar.
— Le tengo que preguntar inevitablemente porque el caso de Manuel Adorni, su antecesor, que derivó en su llegada. ¿Qué mirada tiene sobre todo lo que pasó en torno a Adorni y cómo el Gobierno enfrentó una situación tan compleja?
El Presidente fue claro. Primero: el que pone y saca a los funcionarios es el Presidente. Segundo: el Presidente le había planteado a Adorni que presentara su declaración jurada. La presentó y después fue el propio Adorni el que dijo que quería dar un paso al costado porque sentía que el impacto ya le había llegado a sus hijos, que son chicos en edad escolar, y a su familia. Entonces decidió dar un paso al costado.
No obstante ello, nosotros seguimos trabajando. Algunos colegas suyos me preguntaban por “los cien días” (de la crisis que abrió las investigaciones judiciales sobre la situación patrimonial de Adorni). En ese período sacamos, por ejemplo, la media sanción del Super RIGI, una ley para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores en los que la Argentina busca convertirse en una potencia.
Tomemos el caso de Polonia. Exporta 40.000 millones de dólares en industria del conocimiento. Nosotros estamos creciendo: hoy estamos en 8.800 millones y camino a los 10.000 millones. Tenemos las mismas condiciones: universidades y jóvenes con capacidades. La exportación de servicios va a ser uno de los sectores que más va a empujar el crecimiento y el Presidente está impulsando ese camino.
También obtuvimos la media sanción del SuperRIGI y pudimos avanzar con los holdouts.
— Pero todo se lo llevaba el caso Adorni.
Es cierto. Ustedes saben más que uno de comunicación. Muchas veces las buenas noticias no son noticia. “Good news, no news”.
— Exacto.
Pero, más allá de eso, es verdad que costaba instalar la agenda. Ese es uno de los desafíos que tengo: recuperar la agenda pública.
El otro desafío es la gestión transversal con los ministerios. Tenemos un equipo de ministros extraordinario, liderado por el Presidente, pero tenemos que mostrar la agenda de todo lo que están haciendo, que es profundamente transformadora y revolucionaria.
Recuperar la agenda pública forma parte de esta etapa. Y seguir con las reformas, porque este ya es el gobierno más reformista de nuestra historia democrática. Hay que seguir todavía más.

— ¿Es una nueva etapa? Su llegada como jefe de Gabinete, el ingreso de un nuevo secretario de Comunicación y el nombramiento de Adrián Ravier como vocero presidencial. ¿Está empezando una nueva etapa del Gobierno?
El Presidente, en ese marco, tomó decisiones. Adrián Ravier es un gran vocero, un economista que entiende la materia y que va en la dirección de lo que el Presidente quiere mostrarles a los argentinos, porque las cosas están pasando. Ya venían pasando, pero ahora empiezan a verse con mayor contundencia en materia económica.
También hay un nuevo secretario de Comunicación (Fabián Fernández), que viene de YPF, con toda su experiencia profesional. Y a mí me toca asumir como jefe de Gabinete.
Paradojas de la vida: cuando uno no busca las cosas, las cosas pasan. Cuando uno las busca, a veces no pasan. La vida es eso. Pero estoy ante el desafío más importante de mi vida política y profesional.
— Nombro a todos, incluso a usted, y son perfiles muy distintos a los que había antes. Había un perfil de mayor confrontación y de “batalla cultural”, que es batalla al fin y con mucha confrontación. ¿Eso queda relegado y ahora empieza la etapa del consenso?
No.
— ¿Cómo lo tiene que entender la gente?
Yo lo entendería de esta manera. La decisión y la convicción del presidente Milei son irrenunciables. Él sostiene que la Argentina debe progresar durante 20, 30 o 40 años. Para que eso suceda, las reformas tienen que avanzar. Nosotros no nos corremos de esa convicción.
La batalla cultural también sigue. Durante años se dijeron muchas cosas falsas. Por ejemplo, que la Argentina solo salía adelante por el sector externo. ¡Sí, obviamente! Pero la pregunta es qué hacemos para que eso suceda.
Llegó el presidente Milei, logró estabilidad macroeconómica —condición sine qua non para poder exportar más— y demostró que muchas recetas que parecían indiscutibles no eran tales. Algunos decían que el dólar tenía que valer el triple para exportar. No pasó. Ni siquiera cuando el dólar valía el triple.
En cambio, cuando tenés estabilidad macroeconómica, un régimen de inversiones competitivo frente a Chile y Perú, y eliminás burocracia como lo está haciendo el ministro Federico Sturzenegger, aparecen las condiciones para producir, exportar más y cambiar la historia. Empiezan los récords de exportación, baja la inflación y el país entra en otro camino.
Ahora bien, la convicción del cambio cultural y la visión sobre hacia dónde tiene que ir la Argentina no se negocian. La discusión es cómo se aborda.
Ahí aparece el consenso. ¿Consenso para qué? ¿Diálogo para qué? No es chamuyar por chamuyar. Ese también es un rasgo de la casta: cambiar los nombres para que nada cambie. No. El Presidente dice exactamente lo contrario: las cosas tienen que cambiar.
Entonces dialogamos para conseguir reformas estructurales, para avanzar con la modernización laboral, bajar impuestos, aprobar la ley penal juvenil, la reforma penal, la ley antimafia, el RIGI y el Super RIGI; para que lleguen inversiones, exportemos más, baje la inflación y haya más trabajo formal.
Ese es el para qué del diálogo. Dialogar por dialogar nunca resolvió ninguno de los problemas de la Argentina.

— En la reunión que tuvo con diputados y senadores en el Salón Héroes de Malvinas, el Presidente hizo un largo discurso, de más de tres horas, y planteó algunas prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que tiene que encarar como jefe de Gabinete, concretamente, a partir de ahora? Creo que la reforma electoral es una importante, pero después quiero meterme en ese tema. ¿Cuáles son las prioridades?
Son un montón, pero las pondría en tres ejes centrales.
El primero es la gestión: que todo lo que el Gobierno tiene lanzado suceda. Por ejemplo, los 120.000 millones de dólares en proyectos del Super RIGI, que ahora hay que aprobar. Las concesiones viales, que gracias a Dios arrancaron, con 9.000 kilómetros de rutas que pasarán al sector privado. Es infraestructura para la Argentina hecha por privados, un concepto central del presidente Milei.
También que se ejecuten las obras que los gobernadores han planteado y solicitado. Por ejemplo, la transferencia de rutas. Me viene a la cabeza la 012, con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el acueducto de Comodoro Rivadavia, con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; las rutas 40, 20 y 150 en San Juan, vinculadas al desarrollo minero y turístico; la ruta 40 en Mendoza; o el acueducto entre Catamarca y Santiago del Estero.
Hay obras de infraestructura importantes que tienen que salir adelante y que harán los gobernadores junto con el sector privado, que es la visión del Presidente… Ahora, eso tiene que pasar.
El segundo eje es recuperar la agenda pública, que es lo que hablábamos al principio.
Y el tercero son las reformas. Que el Super RIGI complete su trámite en el Senado. Que consolidemos el acuerdo con los holdouts, un problema que la Argentina arrastraba desde el default de 2001.
Tenemos que avanzar con la ley de propiedad privada; con la modificación de la Ley de Sociedades para hacerla más ágil y acorde a los tiempos del emprendedor y de las pymes; con la ley Hojarasca, que apunta a eliminar burocracia; y con las correcciones a la Ley de Inocencia Fiscal que propusieron los colegios de contadores de todo el país, sobre un trabajo muy importante que hizo el Ministerio de Economía con el ministro “Toto” Caputo.
También están las energías renovables, un capítulo que quedó pendiente en el Presupuesto, para evitar que las inversiones paguen impuestos e Ingresos Brutos. Y la compensación histórica vinculada a CAMMESA con las provincias, que viene desde la pandemia.
Y, por supuesto, la reforma electoral. En la visión del Presidente tiene que haber una reforma pensada para el ciudadano, en tres dimensiones. La primera: que el ciudadano no tenga que ir seis veces a votar. Es insoportable. La segunda: que no le cueste entre 250 y 300 millones de dólares al Estado. Y la tercera: revisar el enorme espacio cedido a la publicidad de los partidos políticos, porque la gente termina apagando la televisión y ese sistema ya no cumple el objetivo para el que fue creado. Después viene la discusión electoral de los partidos. Pero esos tres conceptos son los que sostiene el Presidente.
— Trascendió una negociación con los gobernadores para eliminar las PASO y habilitar las colectoras en la próxima elección. Preguntas concretas: ¿el Gobierno quiere la eliminación de las PASO? ¿Aceptaría suspenderlas si no tiene los votos? ¿Qué significan estas colectoras y cuál es la posición del Gobierno? ¿Es una propuesta del Gobierno o de los gobernadores?
El concepto del Gobierno es el de la ley que enviamos: la eliminación de las PASO.
El objetivo es ordenar el sistema de partidos, evitar que el ciudadano tenga que votar seis veces, ahorrar unos 300 millones de dólares y corregir un esquema de publicidad política que, en definitiva, ya casi nadie mira.

— ¿Y Ficha Limpia?
Por supuesto. Ficha Limpia forma parte de nuestra visión y está incluida en el proyecto que enviamos. Hay un debate sobre ese tema.
— ¿Adentro de la ley?
Hay un debate entre senadores y diputados. Nosotros la sostenemos dentro del proyecto, pero es una discusión que daremos más adelante. Nuestra posición es clara: queremos Ficha Limpia.
— ¿Pero podrían sacarla?
Lo discutiremos cuando llegue el momento, en el Senado y después en Diputados. Respecto de las colectoras, esa es una discusión que están llevando adelante los representantes de los partidos políticos. Pero nuestra propuesta es la que enviamos al Congreso.
Sobre la eliminación o la suspensión de las PASO, nuestra posición sigue siendo la eliminación. Después habrá que ver cuál es el consenso que se construye, pero el objetivo es que el ciudadano no tenga que ir seis veces a votar.
— Pero no está descartado que, si no hay votos, se habilite una suspensión…
Podemos discutirlo. Lo vamos a discutir en el Senado. Es una de las conversaciones que estamos teniendo con los senadores y con Patricia.
— ¿Las colectoras también podrían ser una alternativa?
Puede ser una alternativa para los partidos políticos. Es un planteo que ellos están haciendo respecto de cómo competir. Nosotros vamos a competir con La Libertad Avanza. Después habrá que discutir con diputados y senadores cuál será el formato definitivo.

— Una pregunta que no le hice cuando introdujimos la entrevista. ¿Usted le pidió al Presidente ser gobernador para aceptar el cargo? ¿Ser el candidato a gobernador?
De ninguna manera. Yo no le pediría algo así al Presidente.
Te dije antes que estoy ante el desafío más importante de mi carrera política. Estoy acá para dejar todo en la Jefatura de Gabinete.
— No fue una condición: “Agarro, pero voy a ser el candidato”.
No. Ponerle condiciones a un presidente, y menos a Javier Milei, no me parece adecuado. Mucho menos a Javier o a Karina Milei.
Te decía al principio que parece un chiste: cuando uno va detrás de determinadas cosas, muchas veces no suceden; cuando uno se despoja de eso, empiezan a pasar.
Creo que alguna vez lo dije en un programa, cuando iba a ser candidato. Dije que no me importaba en qué lugar firmar. Algunos me cargaron por eso, pero respondí que iba a firmar donde hiciera falta porque quería acompañar.
En 2023 la sociedad tomó una decisión. Había dos propuestas de cambio y ganó la que lideraba Javier Milei. Desde ese día nosotros lo acompañamos, incondicionalmente y sin pedir nada a cambio.
Cuando llegó el proceso electoral del año pasado hicimos lo mismo. Firmé tercero en la lista.
Después pasó lo que pasó y, otro domingo más, el Presidente me pidió que me hiciera cargo, después de una elección muy difícil, en la que habíamos perdido por 14 puntos en septiembre y terminamos ganando en octubre.
— Es el bombero del Presidente, parece.
No, no soy el bombero.
Yo creo en los proyectos colectivos. Estoy convencido de los proyectos colectivos.
— Lo digo porque tuvo que salir después del lío con José Luis Espert y ahora vuelve a aparecer después del caso Manuel Adorni.
Es como te decía: cuando uno busca las cosas, muchas veces no suceden; cuando uno se despoja, pasan. Creo que la vida tiene bastante de eso.
— Y volviendo al tema de la provincia de Buenos Aires. ¿Mantiene la idea o la intención de ser candidato a gobernador?
Yo creo en los proyectos colectivos.
— No me la tire a la tribuna.
No, no. Proyecto colectivo significa que la Argentina no vuelva atrás. Y para que la Argentina no vuelva atrás estoy convencido de que el presidente Milei tiene que reelegir. Esa es mi convicción.
El Presidente tiene que reelegir porque este proceso debe profundizarse, con más desarrollo, más crecimiento y más empleo formal. Hace quince años que en la Argentina no se genera un puesto de trabajo formal y hace veinte que no nace una pyme neta.
Entonces uno se pregunta qué nos pasó.
En ese marco digo que me apasiona la provincia de Buenos Aires, me encanta y tengo toda la vocación del mundo. Pero es un proyecto colectivo.
No puede haber nunca un proyecto personal por encima de un proyecto colectivo. Sobre todo, cuando está en juego una Argentina próspera y grande.

— Hablando de la provincia de Buenos Aires, usted viene criticando muy duramente a Axel Kicillof. Tanto por su gestión como porque hoy aparece como uno de los dirigentes que busca posicionarse para una candidatura presidencial. ¿Por qué esa insistencia en ser tan crítico?
Lo que me saca de lugar es escuchar a Carlos Bianco, que es el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, decir que estábamos mejor en 2023 que ahora.
¿Cómo estábamos mejor en 2023 con 57% de pobreza? ¿Con 60% de pobreza infantil? ¿Con 20% de indigencia? ¿Con una inflación acumulada de 1.147% durante los cuatro años del gobierno anterior?
¿Y con un gobernador que no se hace cargo de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires ni enfrenta el delito?
Si querés ir más lejos, hace pocos meses el presidente resolvió el desastre que dejó el caso YPF, una contingencia de 18.000 millones de dólares que podía costarle muchísimo a la Argentina.
Entonces digo: ¿de qué están hablando?
Todo el esfuerzo que hizo la sociedad durante estos dos años fue para salir del desastre que dejó el gobierno anterior.
Por lo menos deberían llamarse un poco a silencio.
— Hablando de la provincia y de los gobernadores. En su asunción estuvieron presentes trece gobernadores. Hay un grupo importante que acompaña al Gobierno. ¿También va a convocar a los gobernadores peronistas, por ejemplo Axel Kicillof, para dialogar?
Es buena la pregunta. Pero vuelvo a lo mismo: ¿dialogar para qué? ¿Para una foto? Si el propio Kicillof no fue al Pacto de Mayo. No quiere bajar impuestos; al contrario, los aumenta. La presión fiscal sobre la industria en la provincia de Buenos Aires es 34% más alta que en Córdoba y 30% más alta que en Santa Fe.
No quiso acompañar la ley de reiterancia, que apunta a terminar con la puerta giratoria. No acompaña la ley penal juvenil, que ya resolvió prácticamente todo el mundo. No acompañó el RIGI y, de esa manera, la provincia pierde inversiones. Entonces vuelvo a la misma pregunta: ¿dialogar para qué?
Si es dialogar para chamuyar y para sacarse una foto, no. Él es quien no quiso avanzar en ningún acuerdo.

— Hablo de Axel Kicillof, pero también de Gildo Insfrán o Ricardo Quintela.
El otro día estuve en el CFI con los gobernadores del Norte.
Estaban el gobernador de La Rioja y el gobernador de Formosa.
— O sea, con todos sí; con Axel Kicillof no.
Él es quien no quiso. Ahora después aparecen títulos diciendo que me convocan o que me llaman. Pero vuelvo a lo mismo: en la Argentina estamos demasiado acostumbrados al diálogo para no hacer nada, al diálogo para sostener el statu quo. No.
El diálogo para el statu quo, no.
— El gobernador plantea que la Nación le debe mucho dinero y que le retiene fondos…
Nación también reclama lo que le deben por los hospitales.
— Dígame.
¿Quién está pagando hoy las cuentas de los hospitales? Nación.
Pregúntele al ministro Mario Lugones. Entonces ojo con eso. Y cuando la Nación tuvo que rollear su deuda, estuvo.
— ¿Y va a seguir estando?
Cuando tenga que rollear deuda, va a estar. Esa es la posición política y filosófica del Presidente.
Yo me reuní con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, con quien tenemos diferencias muy importantes. Sin embargo, encontramos un acuerdo respecto de la caja jubilatoria, por ejemplo.
— Siguiendo con la política. Le pregunto por una frase que pronunció el Presidente, primero en la Fundación Faro y después en una entrevista por streaming, cuando dijo que el gobierno de Mauricio Macri había “estafado a los argentinos” al reperfilar la deuda. ¿Qué piensa de esa frase?
Primero quiero destacar y agradecerle al PRO por el acompañamiento estoico que tuvo durante todo este tiempo.
Me tocó verlo cuando era ministro del Interior y había que trabajar con Diputados, pero también en todas las reformas que impulsamos.
Tenemos un excelente diálogo, aunque no siempre coincidimos, con Cristian Ritondo en Diputados, con Martín Goerling en el Senado, con Fernando de Andreis y con los gobernadores del PRO.
Quiero destacar eso.
Después, el Presidente hace sus exposiciones y muestra datos de la historia económica. Ustedes saben que permanentemente contrasta datos y series históricas.
No me olvido de que, en diciembre, cuando yo era ministro del Interior, el Presidente me dijo: “Vamos a tener un enero difícil, un febrero difícil y un marzo peor”. Ahí le planteé: “¿Pero si ganamos la elección?”.
Y me respondió: “Abril va a ser el piso. Mayo va a empezar a mejorar, junio también y, a partir de ahí, los meses van a ser cada vez más positivos”.
Es un Presidente que decidió no quitarle los depósitos a la gente ni aplicar recetas del pasado que terminaron destruyendo a la sociedad, a las pymes y a los ciudadanos.
Por eso la salida es mucho más seria y contundente, aunque también más larga.
Ese es el camino.
Y, como él mismo dice, los libertarios no somos una manada. Eso implica aceptar visiones diferentes y posiciones distintas.
En ese marco, lo más importante es que quienes pensamos de manera parecida —no digo igual, parecida— estemos juntos hacia adelante. Yo me quedo con eso.

— Pero no me responde concretamente sobre esa frase.
Todos han dicho cosas desde distintos lugares. Creo que hay que pararse sobre las cosas que nos unen.
— ¿Macri ayuda o Macri obstaculiza al Gobierno?
El PRO ayuda.
— Hablo de Mauricio Macri.
El PRO ayuda. Sus representantes están votando y acompañando las reformas. ¿Y sabés por qué las acompañan? Porque también estaban en su plataforma. No es a cambio de algo. Es porque son temas que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo.
— Quiero ir a cuestiones muy puntuales, ya entrando en el tramo final de la entrevista. ¿Qué va a pasar con el financiamiento universitario después del fallo de la Corte?
Se hizo un acuerdo con las universidades.
— Las universidades sostienen que el fallo obliga a algo que va más allá de ese acuerdo. Se lo pregunto porque sé que usted participó de esa negociación.
En la Argentina todos hicimos un esfuerzo durante estos dos años, especialmente los ciudadanos. Todos hicimos un esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene que permitirnos cumplir nuestras obligaciones. Es verdad que debemos respetar el Presupuesto y la Ley de Responsabilidad Fiscal. Tenemos que cumplir todas las normas.
Ahora, también es cierto que si eso genera un desequilibrio fiscal, puede terminar provocando un problema todavía mayor para todos. Se llegó a un acuerdo con las universidades y ese acuerdo fue presentado ante la Corte. Quiero destacar el trabajo de la ministra Sandra Pettovello, que terminó con la intermediación social y, junto con la ministra de Seguridad, también con los piquetes.
Nosotros vamos a empezar a cumplir ese acuerdo y, al mismo tiempo, tenemos que encontrar el equilibrio para que las universidades sigan creciendo y haciendo el trabajo tan importante que realizan en todo el país.
— ¿El Gobierno está pensando en alguna medida concreta frente al aumento de la morosidad, tanto de las familias como de las empresas?
Muchos bancos están tomando decisiones en ese sentido. También veo que algunas provincias están reestructurando situaciones de deuda. Si alguien tenía una deuda con una tasa del 200% y esa tasa baja, ahí ya aparece un mecanismo de alivio.
Pero la posición del Presidente es muy clara: no cree en la intervención del Estado ni en los subsidios. Cada sector irá encontrando soluciones a medida que bajen las tasas de interés, el riesgo país y continúe bajando la inflación.
Si uno mira el riesgo país del bono emitido durante la gestión del presidente Milei, está en torno a los 60 puntos básicos. Hoy el riesgo país ronda los 420 puntos, cuando el Gobierno lo recibió cerca de los 2.000. Ahí está el camino: bajar la tasa. Los números empiezan a aparecer y la inflación sigue cediendo.
— ¿Pero no hay en carpeta ningún plan concreto para atacar este problema?
No.
— ¿No, o no por ahora?
No. Por el momento no tengo nada en carpeta.

— Hablamos de muchos temas y usted, como jefe de Gabinete, está en la línea de fuego de todos ellos. ¿Qué asunto le preocupa más o cuál cree que puede generar una complicación?
Lo que estamos viendo es que la economía crece. Doce de los dieciséis sectores de la economía ya están creciendo. Necesitamos que ese crecimiento llegue también al comercio y al ciudadano de a pie. Y necesitamos que todo lo que el Gobierno tiene lanzado suceda.
Cuando digo “todo”, hablo de los 9.000 kilómetros de concesiones viales, de los RIGI, de las inversiones en las provincias, de la producción y de las exportaciones.
Estoy ocupado en esas tres dimensiones que te planteé al principio.
— Fue diputado, vicejefe de Gobierno, ministro del Interior y ahora jefe de Gabinete. Tiene la posibilidad de competir para gobernador. ¿Alguna vez pensó en ser presidente?
Nunca lo pensé.
— ¿Nunca?
Nunca. Siempre tuve objetivos mucho más cercanos. Cuando fui ministro de Seguridad tenía un objetivo concreto. Ahí es donde diferencio al que quiere que nada cambie —eso para mí es la casta— del que quiere transformar. Recibí una ciudad con una tasa de homicidios de 5,4 cada 100.000 habitantes y la dejé en 2,4.
Enfrentamos al narcotráfico. Las tres principales organizaciones criminales terminaron completamente detenidas. Fuimos al frente. Transformamos. Eso es concreto.
Nunca pensé en la Presidencia porque siempre trabajé sobre objetivos mucho más palpables.
— ¿No es un tema?
No.
— ¿Va a seguir siendo afiliado al PRO o se va a afiliar a La Libertad Avanza?
Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei.
— No me responde.
Para mí, en la etapa que viene, los colores no definen. Lo que va a definir el futuro es si volvemos para atrás o seguimos para adelante.
— Si usted quiere la reelección del presidente Milei, eso implica que no quiere cualquier otro candidato. Por ejemplo, si Mauricio Macri quisiera volver a ser candidato a presidente.
Yo creo en la reelección del presidente Milei. Lo dije y lo sostengo. Estoy convencido de que el presidente Milei tiene que reelegir.
— El PRO puede presentar un candidato. De hecho, algunos dirigentes ya lo plantean.
Por supuesto. El PRO puede presentar un candidato y el radicalismo también, si quiere. Ahora, yo creo que todos los que pensamos de una manera tenemos que luchar para ir hacia adelante y no abrir el riesgo de que vuelvan los de atrás.
— Usted nació políticamente en el peronismo, después fue parte del grupo fundador del PRO y ahora integra el Gobierno de Javier Milei. ¿Qué le está pasando hoy al peronismo? Usted habla permanentemente con gobernadores e intendentes peronistas. ¿Cómo lo ve?
No me gusta opinar sobre otros partidos.
El peronismo estará discutiendo una reestructuración, una renovación o como quieran llamarla.
Es una discusión que tiene que dar el propio peronismo.
— Con Cristina Kirchner presa y Axel Kicillof disputando el liderazgo… ¿Qué ve que está pasando?
Es un tema del peronismo.
Tengo que ser respetuoso de eso.
Nosotros tenemos que ocuparnos de que el enorme esfuerzo que hizo la sociedad durante estos dos años continúe hacia adelante.
Lo peor que nos puede pasar es volver a una Argentina pendular, que va para un lado y después para el otro, sin consolidar nunca un rumbo.

— ¿Axel Kicillof representa la renovación del peronismo?
Para mí, no. Pero, más allá de eso, es una discusión que debe resolver el peronismo.
Lo voy a explicar con una lectura muy personal. Europa tuvo los dos grandes epicentros de las guerras mundiales: Francia y Alemania. La Unión Europea nació como un proceso de paz, para que eso no volviera a ocurrir. Después vino la unión aduanera y, más tarde, la moneda común. Pero el origen fue un proceso de paz.
Los países a los que más les costó hacer los esfuerzos que hoy está haciendo la Argentina —como España, Portugal, Italia o Grecia— terminaron haciéndolos. Sus ciudadanos hicieron un enorme sacrificio. Y fijate cómo crecieron desde 1993 hasta hoy.
Se desarrollaron, redujeron la pobreza y después empezaron a enfrentar otros problemas, que son los problemas del crecimiento. Ese fue el corsé que encontraron para no volver atrás.
La Argentina tiene que evitar el movimiento pendular que la llevó una y otra vez de un extremo al otro. Si logramos bajar la presión fiscal, producir más y exportar más, vamos a resolver uno de los problemas históricos del país, que es la falta de dólares.
Y, ojalá, vamos a tener el problema inverso: el de una economía que genera cada vez más divisas. Fijate que el presidente y el ministro de Economía ya consiguieron este año las reservas que necesitaba el programa económico. También quedó asegurado el pago de los vencimientos de deuda de este año y del próximo. Eso le da previsibilidad a la Argentina.
Por eso estoy convencido de que el presidente Milei tiene que reelegir.
— La última. Adorni dejó la Jefatura de Gabinete en medio de una investigación judicial sobre su patrimonio y de una fuerte polémica por sus declaraciones juradas. Le hago una pregunta muy concreta: ¿usted tiene todo en orden?
Sí. Declaro mis bienes hace veinte o treinta años.
— ¿Está todo en orden?
Está a la vista de todo el mundo, hace muchos años.
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POLITICA
Fentanilo mortal: dictaron secreto de sumario en la causa e investigan a los organismos de control

El juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak dictó el secreto de sumario en la causa por el fentanilo contaminado vinculado a 90 muertes. La medida judicial se tomó ayer después de que la fiscal María Laura Roteta solicitara nuevas medidas de prueba para avanzar sobre los funcionarios y exfuncionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación que deben controlar la calidad de los medicamentos que salen a la venta.
En el voluminoso expediente, que tiene 13 procesados, ya había fuertes indicios de que las dos reparticiones incumplieron sus funciones y de que podría haber existido connivencia entre los responsables de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma —cuyo propietario es Ariel García Furfaro— y la cadena de control estatal responsable de supervisar que los laboratorios cumplan a rajatabla las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
La medida dictada por Kreplak fue sorpresiva. Se esperaba que la fiscal Roteta presentara su dictamen tras la feria judicial, con el impulso de acciones de pesquisa contra las autoridades y exfuncionarios nacionales. Los tiempos se aceleraron.

En el período investigado, el Instituto Nacional de Medicamentos estaba a cargo de Gabriela Mantecón Fumado. El 21 de agosto de 2025, el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, mediante la Resolución 2415/2025 publicada en el Boletín Oficial, decidió apartarla preventivamente del cargo. La medida se tomó luego de una investigación de Infobae en la que se estableció que hubo demoras para actuar sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.
La desvinculación preventiva se dio a conocer horas después de la detención de Ariel Fernando García Furfaro, dueño de HLB Pharma.
La ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. El 6 de enero pasado el Gobierno Nacional formalizó su renuncia.
Bisio, quien ocupaba la dirección desde 2023 pero integraba el organismo desde hacía dos décadas, alegó “razones personales” en su nota de dimisión enviada al ministro Lugones. Fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste tras un año marcado por la crisis del fentanilo y sus derivaciones.

“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”
La fiscalía anticipó su criterio sobre el tema en varias oportunidades a lo largo del expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.
Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la pesquisa: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”, sostuvieron los fiscales.
También describieron que “la suma de estas irregularidades y deficiencias -dolosas o culposas-, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.

La fiscal Roteta fue muy crítica —al igual que el juez— sobre la actitud pasiva de la ANMAT en el retiro de las ampollas contaminadas de Fentanilo HLB Pharma distribuidas en droguerías, clínicas y hospitales de todo el país. “La información recabada y comunicada al juzgado, relativa al retiro efectivo de los medicamentos cuya calidad se vio comprometida, resulta escasa y a todas luces insuficiente”.
La fiscalía también le pidió al juez Kreplak que advirtiera las consecuencias que podrían enfrentar los funcionarios si no cumplían con el retiro del potente anestésico adulterado: “Se informe a las autoridades del organismo sobre las eventuales consecuencias penales que podría acarrear el incumplimiento de tal orden, que constituye una obligación de resultados concretos”.
En la causa está acreditado que fue el juzgado a cargo de la investigación, y no la ANMAT, quien se hizo cargo de retirar el medicamento contaminado.
La fiscal María Laura Roteta describió en detalle su posición crítica sobre la responsabilidad y el accionar de los organismos de control, señaló omisiones, demoras, falta de rigor y una respuesta ineficiente ante el escándalo del fentanilo contaminado, y advirtió sobre posibles consecuencias penales.

“No surgen controles posteriores”
El juez también se manifestó de manera crítica sobre la ANMAT y el INAME. En su resolución de 401 fojas del 25 de septiembre de 2025, a través de la cual procesó a los 13 imputados —entre ellos el propietario de los cuestionados laboratorios, Ariel García, su hermano Diego y su madre Nilda Furfaro—, expresó:
-“La ANMAT constató que Ramallo estaba elaborando en áreas no habilitadas utilizando como envases ampollas plásticas no autorizadas (estas deficiencias son consideradas críticas). Además, detectó otras irregularidades: falta de grupo electrógeno, documentación de máquinas en inglés y a nombre de otra firma cuando debería estar en español y a nombre de Ramallo, falta de medidores de presión en el sistema de tratamiento de aire, falta de planos, entre otras. Como consecuencia de la inspección, el 15 de enero de 2024 la ANMAT expresó que ‘DE LA INSPECCIÓN REALIZADA SURGE QUE EL LABORATORIO NO CUMPLE CON LA DISPOSICIÓN VIGENTE DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA EL RUBRO SOLICITADO’ (la mayúscula es original del expediente). Dejó indicado que el laboratorio debe corregir las deficiencias advertidas. El expediente sigue en trámite actualmente y no surge del mismo que se haya constatado la subsanación de las falencias advertidas”.
-“Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo de 2022 se llevaron a cabo inspecciones sobre Ramallo. ANMAT constató deficiencias y otorgó distintos plazos para subsanarlas, tales como temperaturas fuera de parámetros aceptables, condiciones de dosificación que incumplen las Buenas Prácticas de Fabricación en áreas de fraccionado en bolsas flexibles de PVC. Las deficiencias advertidas por ANMAT fueron notificadas al laboratorio el 22 de marzo de 2022. Ramallo presentó un plan de acción para subsanar las falencias detectadas que fue considerado aceptable por ANMAT. Sin embargo, no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto».

El INAME, que depende de la ANMAT, registró deficiencias en las plantas de elaboración de Ariel García Furfaro desde 2018. Algunos ejemplos que constan en la causa:
-Mayo de 2019: se detectó que HLB Pharma operaba en un nivel no aceptable. Se recomendó la clausura, pero la sanción quedó reducida a “inhibición” durante el trámite administrativo.
-Marzo de 2020: se hallaron deficiencias mayores en la producción de medicamentos y soluciones parenterales, pero el acta de inspección las calificó como “aceptable con exigencias correctivas”.
-En 2021: el INAME archivó un expediente citando una inspección de ese año como prueba de corrección de deficiencias, sin comprobar efectivamente la solución de los problemas.
-14 de febrero de 2022: se constató que Laboratorio Ramallo “no cuenta con procedimiento de análisis de tendencias” y que los desvíos ocurren por fallas en equipos asociados a la producción de soluciones parenterales.
-25 de febrero de 2022: se ordenó el retiro del mercado de un lote de Solución de Dextrosa al 5% HLB tras hallarse partículas y desarrollo compatible con crecimiento microbiano.
-19 de mayo de 2023: se dispuso el retiro del mercado de un lote de Diclofenac HLB por la presencia de partículas negras en suspensión.
-7 de octubre de 2024: en una inspección previa, se inmovilizaron varios productos, que luego fueron liberados comercialmente.
-28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024: en una inspección “no programada” al Laboratorio Ramallo se detectaron deficiencias críticas y mayores en todos los niveles de control que comprometían directamente la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Se recomendó la clausura inmediata, pero no se ejecutó.
-18 de diciembre de 2024: se produjo el lote de fentanilo contaminado (31202), trece días después de la inspección que ya sostenía que el laboratorio no debía continuar con su actividad productiva.
-6 de marzo de 2025: la ANMAT prohibió el producto Propofol HLB, lote 60000, al detectarse que no contaba con etiqueta de trazabilidad, y ordenó el recupero de las unidades.

Entre 2018 y 2025, los organismos de control también registraron los siguientes cuestionamientos sin que se actuara sobre las plantas de producción:
-Ausencia de libro de elaboración actualizado ni registros completos de lotes fabricados.
-Elaboración y comercialización de al menos 69 lotes en envases plásticos tipo BFS (blow-fill-seal), tipo de envase no habilitado por la ANMAT.
-Falta de validación de procesos, estudios piloto y análisis de estabilidad para los lotes fabricados en plástico.
-Liberación de productos por personal sin participación de control de calidad, y algunos lotes sin hojas de elaboración ni reportes analíticos.
-Tercerización de elaboraciones para HLB Pharma Group S.A. sin comunicación previa a la ANMAT sobre cambios de acondicionamiento.

El juez también detalló múltiples hallazgos de la ANMAT y el INAME sobre el laboratorio, pero no se registraron seguimientos posteriores para verificar la subsanación de falencias en la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, uso de envases plásticos no autorizados, falta de documentación, control de calidad, ausencia de libros de producción, daños en instalaciones, productos comercializados en presentaciones no autorizadas, fragmentos extraños en medicamentos y falta de trazabilidad de lotes.
Sobre las medidas adoptadas, el juez señala que la ANMAT prohibió el uso de ciertas áreas y lotes, y condicionó la rehabilitación a una nueva inspección con resultado favorable, pero remarca que “no consta en el expediente la subsanación de las falencias ni la clausura efectiva”, salvo la “inhibición de actividades productivas” dictada con la Disposición ANMAT 3158/2025, tras el escándalo por el fentanilo contaminado. Es decir, después de que se conocieron las primeras muertes reportadas por el Hospital Italiano.
POLITICA
El apretón de manos de Milei con “la casta sindical” (parte II)

Era casi la medianoche del 10 de febrero y una última gestión de un sindicalista de buen vínculo con los oficialismos de turno logró que se modifique el texto del proyecto de reforma laboral que se iba a tratar al día siguiente en el Senado. En vez de “terminar con los peajes”, como amenazaba Federico Sturzenegger al referirse a los aportes solidarios, se los limitó a un 2%. “Se quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedaron los que perjudican a los trabajadores”, sintetizó esa mañana Rodolfo Aguiar, jefe de los estatales de ATE y una voz crítica del triunvirato de mando de la CGT. Su declaración desnudó el pacto.
El lunes pasado, cinco meses después de aquel apretón de manos por cambiar el texto de ley que finalmente fue aprobada por mayoría, Javier Milei modificó por decreto la letra chica de la reglamentación con otra señal favorable para la caja sindical. A través de la normativa 612/26, que fue firmada también por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se dispuso que el tope del 2% para las cuotas solidarias deberá calcularse sobre el total de las remuneraciones que perciben mensualmente los trabajadores y no solo sobre el salario básico convencional. Además, se volvió a habilitar los aportes empresarios a las organizaciones sindicales siempre que tengan un destino específico. Una manera de blanquear el aporte extra que hacen los empleadores a las obras sociales sindicales al margen del obligatorio que se destina a la seguridad social. Es decir, la caja sindical se mantiene intacta, a contramano de la idea original del “Coloso”, como llama Milei a su ministro de Desregulación.
Después de esta concesión, la CGT se movilizó el miércoles casi de manera testimonial al Congreso para adherir al reclamo de los jubilados, cuyo haber mínimo es hoy de apenas $481.989, con bono incluido. Sucedió algo similar el 11 de febrero, cuando obtuvo media sanción la reforma laboral edulcorada con los cambios pactados casi de madrugada. Aquella vez, al igual que hace tres días, los dirigentes cegetistas buscaron con una foto fugaz escenificar su espíritu combativo. Lo volverán a hacer el 7 de agosto, cuando movilicen a la Iglesia de San Cayetano. Conservar la guardia alta es por ahora el atajo que encontró el triunvirato de mando de la CGT para evitar fugas o una nueva fractura. Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, los tres referentes de la central obrera, decidieron no hablar ante la prensa los tres juntos por temor a dejar expuestas sus diferencias.
Ninguno de los tres estuvo a cargo de las últimas gestiones con la Casa Rosada. El nexo fue Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra y uno de los sindicalistas más influyentes desde la década del 90 hasta la actualidad. Se sentó en la mesa de negociación con el menemismo, cuando se flexibilizaron convenios y se congelaron paritarias, y también estuvo durante la Alianza, cuando Fernando de la Rúa intentó avanzar con una reforma laboral similar a la de Milei, que se cayó por denuncias de pago de sobornos. Martínez integró el año pasado el Consejo de Mayo, diseñado por Karina Milei con presencia única de aliados, y ahora es el interlocutor sindical principal con el Gobierno. Su vínculo es con los Menem, sobre todo con Lule, pero también frecuenta con cada vez más asiduidad a Santilli y sus colaboradores. La llegada del “Colo” a la jefatura de Gabinete fue celebrada entre la dirigencia gremial.
Antes del Mundial, Martínez intervino en la reunión de consejo directivo para frenar una propuesta para avanzar con el quinto paro general contra la gestión libertaria. Ya estaba en marcha la gestión para flexibilizar el cobro de la cuota solidaria y los aportes empresariales a las obras sociales. En paralelo, el jefe de la Uocra, a través de su abogada, Marta Pujadas, y el asesor legal de la CGT, Pablo Topet, avanzan con una estrategia judicial para objetar la ley de Modernización Laboral en el fuero Contencioso Administrativo con la intención de revertir los límites al derecho a huelga y conservar la prelación de los convenios colectivos. Esperan ansiosos una definición tras la feria judicial.
De lograr un fallo favorable, sería otro golpe para la reforma laboral de Milei, que tampoco logró adhesiones entre las cámaras empresarias citadas por Capital Humano para renegociar los convenios sectoriales. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, llamó a revisar 446 convenios colectivos, pero su convocatoria tuvo hasta el momento poco eco. Tras la aprobación de la reforma laboral, Cordero bajó el perfil y sigue con inquietud el avance de la causa judicial por la intervención de la obra social del gremio de los ruralistas (Osprera). El juez federal Sebastián Casanello comenzará en agosto con las indagatorias y el principal apuntado es Sergio Aguirre, un socio de Martín Menem que se benefició con un contrato millonario con Osprera. Cordero no participó de las contrataciones que dispuso la intervención, pero sí facilitó el primer paso para que la Justicia intervenga el gremio y luego la obra social, una decisión impulsada inicialmente por la Superintendencia de Servicios de la Salud.
La otra caja: obras sociales
Tan importante como los aportes empresariales y la cuota solidaria, una comitiva de la CGT reabrió negociaciones con el ministro de Salud, Mario Lugones, por el financiamiento de las obras sociales, la otra caja por la que los gremios están dispuestos a todo.
La crisis del sistema sanitario comenzó a agudizarse porque hay cada vez más trabajadores en la informalidad, lo que equivale a menos aportes. En un reciente documento, la CGT alertó sobre el tema. “El promedio de recaudación del sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67 % de la población de obras sociales nacionales. Pero lo que resulta más importante es el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO), que rondaría los $110.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra por encima de la recaudación promedio del sistema”.
Las conversaciones entre los gremialistas y Lugones giran en torno a una reestructuración del sistema, que contemple ingresos, aportes y subsidios, según admitieron a fuentes oficiales y sindicales. Los gremios presionan para diseñar un nuevo PMO y revisar las prestaciones a monotributistas, cuyo aporte económico al sistema es casi cuatro veces menor al PMO. “Hay que trabajar en un menú de planes médicos acorde al bolsillo de la gente”, sugirió un dirigente sindical que conoce desde hace décadas los números del sistema. Por ahora, Lugones no se muestra predispuesto a acelerar con la reforma más allá del intercambio con la dirigencia sindical.
El manejo de las prestadoras médicas se volvió un dolor de cabeza para algunos sindicalistas. La Obra Social de los Empleados de Comercio (Osecac), la más grande del país, tiene un déficit mensual de $5000 millones. La de Hugo Moyano también está en rojo, con casi 3000 millones de pérdida. Así y todo, son un atajo para los negocios personales y familiares. El caso más conocido es el de Camioneros, donde se entrelazan las empresas de la esposa de Moyano. Pero algo parecido ocurre con Unión Personal (UP), la prestadora médica de los estatales de UPCN que administra Viviana Caravetta, pareja del histórico Andrés Rodríguez. A pesar de tener un déficit mensual de entre 7000 y 11.000 millones de pesos, UP selló convenios millonarios con dos empresas vinculadas al presidente de River Plate, Stefano Di Carlo. Una ironía: el jefe de control y cobranzas de UP es Gustavo Bruno, quien a su vez integra la Comisión Revisora de Cuentas del club de Núñez. Apenas un detalle de una comisión directiva que reúne bajo un mismo techo a libertarios, camporistas, peronistas, santillistas y macristas. Todo sea por los colores.
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POLITICA
Neuquén rechazó otorgar la personería jurídica a dos comunidades mapuches y crece el conflicto

Dos comunidades mapuches de Neuquén endurecieron su reclamo luego de que el Gobierno provincial rechazara otorgarles la personería jurídica, una decisión que les impide acceder al reconocimiento legal necesario para gestionar la propiedad comunitaria de los territorios que habitan y participar en instancias de consulta previa sobre proyectos que puedan afectar sus derechos.
Se trata de las comunidades Raliñanco Cárdenas y Kelv Kura, las mismas que durante 2025 mantuvieron un acampe frente a la Casa de Gobierno neuquina para exigir su reconocimiento formal.
La decisión del Ejecutivo, que conduce Rolando Figueroa, trascendió a partir de una protesta realizada por integrantes de ambas comunidades en la Exposición Rural de Palermo, donde se manifestaron frente al stand institucional de la provincia con banderas y pancartas para expresar su rechazo. Posteriormente realizaron una protesta similar frente a la sede del Gobierno provincial en la ciudad de Neuquén.
La resolución fue firmada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y rechaza el pedido de reconocimiento legal presentado por ambas comunidades, trámite indispensable para obtener la personería jurídica y avanzar en gestiones administrativas vinculadas a su organización y representación.
Desde las comunidades cuestionaron con dureza la medida y afirmaron que nunca padecieron “una política tan violenta y negadora como la actual”. Además, anticiparon que continuarán con las acciones de protesta.

“No vamos a renunciar jamás a nuestros derechos. No es un funcionario quien va a decidir si somos mapuches o no”, expresaron.
El lonko Nelson Cárdenas, autoridad de la comunidad Rañileo-Cárdenas, sostuvo durante la protesta en La Rural que la personería jurídica representa “el documento de identidad” de las comunidades indígenas.
“Somos la clara muestra de la resiliencia del pueblo mapuche. No lograron hacernos desaparecer hace 150 años ni lo van a lograr ahora, a pesar de todas las maniobras que están inventando para no otorgarnos nuestra personería”, afirmó.
Las comunidades también denunciaron que “el Gobierno neuquino se niega a aplicar la legislación nacional y la Constitución de Neuquén en lo que respecta al reconocimiento de las comunidades indígenas”.
Las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica y sin incidentes. Sin embargo, generaron malestar dentro del Ejecutivo provincial, que hasta el momento no emitió declaraciones públicas sobre la decisión.
La personería jurídica es el mecanismo mediante el cual el Estado reconoce formalmente la existencia y organización de una comunidad indígena. Ese reconocimiento constituye un requisito para ejercer distintos derechos colectivos y territoriales contemplados por la Constitución Nacional, la Constitución de Neuquén y la normativa vigente.
Según denunciaron las comunidades y la Confederación Mapuche de Neuquén, la negativa forma parte de una serie de decisiones adoptadas por el Ejecutivo provincial que restringen el reconocimiento legal de otras comunidades indígenas.
El conflicto tiene un antecedente reciente. En 2025, integrantes de ambas comunidades acamparon durante varios días frente a la Casa de Gobierno para reclamar el otorgamiento de la personería jurídica. La protesta concluyó con un operativo de desalojo llevado adelante por la Policía de Neuquén, que profundizó la tensión entre el Gobierno provincial y las organizaciones mapuches.
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