La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados parece haber encontrado la llave que le permite sumar victorias parlamentarias y convencer a socios que empezaban a mostrarse reticentes.

La clave no es otra que dar marcha atrás con algunas medidas gestadas en el Ejecutivo y optar por el mal menor.

Esto fue lo que ocurrió en la jornada de ayer, cuando, para proteger el DNU 70/2023, el bloque libertario cedió en la ley de Tierras y ahora propone —junto al PRO y la UCR— reeditar la ley de 2011 que buscó eliminar en dos ocasiones y que, en su momento, sus socios actuales votaron en contra.

Algo similar sucede con el debate sobre la ley de Discapacidad, donde, para desactivar el avance de la oposición en la idea de prorrogar por un año la emergencia, el oficialismo se opuso a los dictámenes del Ministerio de Economía y avanza con un proyecto propio al que buscará darle media sanción la semana próxima.

En este aspecto, la duda que recorría los pasillos ayer era qué iban a hacer en este caso los diputados del bloque de los gobernadores del norte, Argentina Federal. No quedaba claro si estaban trabajando sobre el dictamen de mayoría —el del oficialismo— o sobre algún otro.

Eso se develó en las últimas horas, cuando dos fuentes diferentes señalaron que el bloque que representa los intereses de los gobernadores de Salta, Formosa, Misiones y San Luis negocia el acompañamiento al oficialismo.

“En discapacidad, Oscar Herrera Ahuad —presidente del bloque— está trabajando el dictamen del oficialismo, así que no iría por la emergencia”, explicó una fuente parlamentaria.

En este nuevo esquema, fuentes cercanas a los bloques en negociación —LLA y AF— señalaron a Infobae que el oficialismo cedió en otros aspectos respecto de los que figuraban en el proyecto de ley que ya tiene dictamen.

“Esta semana los provinciales se reunieron y lograron cambios en el proyecto, en especial en los artículos 5 y 7, donde ahora aparecen los fondos que antes no figuraban de manera explícita”, explicaron.

Con estos cambios, que se introducirán en el recinto, y el acompañamiento casi sin restricciones del PRO, la UCR, Independencia, La Neuquinidad, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo, Primero San Luis, MID y Argentina Federal, el oficialismo suma más de 130 voluntades.

El único problema que surge del acuerdo que lleva adelante el bloque libertario, encabezado por la ex PRO Silvana Giudici y su colega, también ex PRO, Laura Rodríguez Machado, es que el Ministerio de Economía, que comanda Luis “Toto” Caputo, no se mostró alineado con el proyecto.

Esto lo dejó en claro días atrás el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante su defensa del proyecto de Presupuesto 2027 que se debate en comisión.

Ante la consulta de los diputados de los bloques de la oposición sobre a quién había que creerle —si al Ejecutivo, que envió un proyecto con los artículos 36 al 41 que avanzan sobre derechos y prestaciones, eliminando entre otras cosas el Nomenclador, o al dictamen de mayoría que se debate en el Congreso—, Guberman evitó pronunciarse de manera concluyente.

Al momento de responder, ratificó que “está el presupuesto para cumplir con las pensiones y todo el servicio” de prestaciones. Pero ante la insistencia de los diputados, el funcionario de Economía señaló que “desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa. Pero los bloques quieren otra cosa”.

La duda que queda es si el Ejecutivo, que presentó un proyecto de ley de Presupuesto con ajustes en varios sectores, incluido el de discapacidad, y que se mostró en contra del posicionamiento del bloque de LLA, respetará esa postura y eliminará los artículos del 31 al 41, o si se mantendrá firme en su posición. Por ahora, el bloque libertario hizo el trabajo y parece haber juntado los votos.

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Los vecinos de Allen, en Río Negro, deberán definir el próximo 8 de noviembre si el intendente Marcelo Román (La Libertad Avanza) continúa al frente del municipio. El Concejo Deliberante aprobó la convocatoria al referéndum por seis votos contra tres, luego de que la iniciativa impulsada por un grupo de ciudadanos cumpliera con los requisitos establecidos en la Carta Orgánica local.

La recolección de adhesiones comenzó formalmente el 10 de septiembre, cuando el Concejo Deliberante habilitó cinco libros para que los vecinos pudieran respaldar el pedido. La verificación final contabilizó 4.771 firmas válidas, con las que se alcanzó el 20% del padrón de 2023 que exige la normativa municipal para convocar a una consulta de este tipo.

En paralelo, el jefe comunal enfrenta una investigación judicial por presunto peculado y administración fraudulenta, una causa por la que ya había sido suspendido preventivamente. La situación de Román puede terminar con su salida de la intendencia por dos vías diferentes.

Por un lado, los vecinos deberán decidir en el referéndum si continúa o deja el cargo, una vez que el Concejo complete los pasos previstos por la normativa municipal. Por otro, la Carta Orgánica establece que una condena firme en la causa penal derivaría en su destitución, mientras que una absolución le permitiría recuperar el cargo en caso de que siguiera suspendido.