POLITICA
Qué es la moción de censura y qué necesita la oposición para remover al jefe de Gabinete Manuel Adorni
A fines de mayo del 2025, desde el entorno de Manuel Adorni se jactaban de haber sido los únicos en ganarle a un oficialismo en las elecciones legislativas, luego de que venciera al PRO en la Ciudad de Buenos Aires.
Poco más de un año después, el funcionario podría sumar una nueva cucarda al transformarse en el primer jefe de Gabinete en quedar expuesto a una moción de censura, incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, a partir de la ofensiva opositora para impulsar su tratamiento en el Congreso.
Si bien existen distintas interpretaciones sobre el alcance del artículo 101 de la Constitución Nacional, cuatro abogados constitucionalistas consultados por Infobae explicaron el mecanismo previsto para una eventual remoción del jefe de Gabinete. Entre los puntos en discusión aparece la posibilidad de que el presidente Javier Milei vuelva a designarlo en el cargo en caso de que el Congreso avance con su destitución, una facultad que, según la Secretaría Parlamentaria, se encuentra contemplada por la normativa vigente.
Lo cierto es que el procedimiento es extenso y requiere de la sanción de la Cámara de Diputados y de la de Senadores para su concreción. Según precisaron especialistas a este medio, el primer paso consiste en la aprobación del pedido de interpelación que habilita posteriormente el tratamiento de la moción de censura. Para eso, cualquiera de las dos cámaras debe aprobar por mayoría absoluta la solicitud.
Aprobado el pedido, el funcionario debe concurrir al Congreso, y se habilita una segunda instancia, la de ejecución, en la que se da tratamiento a la moción de censura propiamente dicha. Tanto el Senado como Diputados deben votar favorablemente la moción por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, lo que daría lugar a la remoción inmediata del funcionario.
Con la firma de varios diputados, la oposición convocó a una sesión especial en Diputados para el martes 23 de junio que incluirá en su temario seis pedidos de interpelación. En paralelo, el Partido Justicialista apura una sesión única en la Cámara Alta para interpelar a Adorni y votar su destitución.
Al respecto, el legislador del Partido Socialista Esteban Paulón denunció que el ministro coordinador “le mintió al Congreso”, y sostuvo que “entró en una serie de contradicciones que hacen muy difícil la continuidad de su rol”. “El Jefe de Gabinete es el funcionario que hace de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y para llevar adelante esa tarea se necesita que haya un vínculo de confianza. Cuando viene a una sesión informativa a brindar informe de gestión, miente abiertamente y semanas después lo reconoce en televisión nacional. “No hay esa tal confianza del parlamento para con el Jefe de Gabinete por eso está prevista la moción”, completó ante Infobae.
Por su parte, el jefe de bloque de Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez, quien presentó el primer proyecto de moción de censura contra el ministro coordinador, argumentó: “Hace 100 días que el gobierno está enredado en esta novela del jefe de Gabinete. Vino al Congreso y todo lo que dijo fue desmentido por sus acciones anteriores. Le mintió al Congreso, la prensa y a los 47 millones de argentinos”.
“El día que fue al Congreso dijimos que íbamos a insistir en el mecanismo que es el que establece la Constitución. No es un capricho ni un arrebato: que venga a dar explicaciones y para eso debe ser interpelado. Los aspectos penales deberá dilucidarlo la justicia. Desde el punto de vista político, Adorni no cuenta con la confianza del pueblo argentino y mucho menos de la Cámara de Diputados y del Senado”, desarrolló además el diputado ante este medio.
Con conocimiento del procedimiento, el oficialismo anunció la asistencia de Adorni en la Cámara de Senadores con motivo del informe de gestión que brindará a principios del mes de julio. “La moción no debería suceder porque Manuel va a presentarse al Senado a dar el Informe de Gestión de Gobierno como corresponde al Jefe de Gabinete”, contrapuso un integrante de la mesa política.
Distintos abogados constitucionalistas explicaron el alcance de la moción y coincidieron en que se trata de “una herramienta de control parlamentario con efectos limitados”. “Es una forma de control parlamentario. Se lo evalúa políticamente y se exige su remoción. Se activa cuando hay crisis política, pero es un procedimiento larguísimo”, explicó Daniel Sabsay, quien habló de una moción “fragmentada” debido a las facultades del Presidente de restituirlo en el cargo en caso de que el Poder Legislativo avance en el corrimiento del funcionario.
No obstante, Sabsay aclaró que la habilitación de la interpelación contra Adorni tiene “un costo político alto”, más allá de si el Congreso concreta o no su remoción.
Por su parte, el abogado especialista en derecho constitucional Félix Lonigro expuso los límites de la misma al sostener que el artículo tiene inconsistencias que dan lugar a diversas interpretaciones. “Es un mamarracho. El jefe de Gabinete es un cadete de lujo. Un rol burocratizado y el artículo está muy mal redactado”, expresó, y agregó: “Se va a ir haciendo camino al andar porque nunca se utilizó”.
Pese a las coincidencias en el procedimiento, hay algunas discrepancias en torno a la facultad del Presidente en caso de querer volver a nombrar al ministro coordinador.
El abogado constitucionalista Gustavo Ferreyra planteó que restituirlo nuevamente durante la misma gestión implicaría una “causal de destitución” por “mal desempeño”. “La decisión del parlamentaria, en caso de que el Congreso logre su remoción, comporta el ejercicio de una competencia constitucional exclusiva, motivo por el cual, volver a designar al funcionario removido alteraría las bases propias del control ejercido y su desnaturalización”, argumentó.
En la misma línea se expresó Andrés Gil Domínguez, quien abona a la interpretación que establece que la designación no puede volver a darse hasta que no cambie la composición del Congreso o mientras dure el mandato del Presidente dado que supone “una pérdida de confianza del Congreso irreversible”.
En una tercera opinión, Lonigro tomó distancia y aseguró que el mandatario tiene la potestad de insistir en caso de requerirlo. “No hay nada escrito por eso la moción es variable a la interpretación, pero el Presidente podría emitir un decreto y volver a designarlo. No ocurre eso con el juicio político”, discrepó Lonigro.
POLITICA
Jaldo lanzó un mensaje a la interna del peronismo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia, Tucumán está primero”
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, convirtió ayer el acto por el 81° aniversario del Día de la Lealtad Peronista en una señal hacia la conducción nacional, donde reivindicó la autonomía política de la provincia y ratificó: “Nuestra provincia está primero”. La convocatoria reunió a miles de personas en el Hipódromo provincial.
El mandatario, que además es vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) tucumano, sostuvo que el oficialismo debe renovar su compromiso con la población y defender la gestión provincial. “Somos el partido mayoritario, somos el partido que gobierna la provincia, somos el partido del que dependen dos millones de tucumanos”, afirmó ante dirigentes, funcionarios, legisladores y militantes.
Jaldo destacó la presencia de agrupaciones llegadas desde distintos puntos del territorio y definió la movilización como una de las más numerosas del país. “Este 17 de octubre acá en Tucumán va a quedar grabado en la retina y en el corazón de cada uno de los que han participado de este importante acto”, expresó.
Durante su discurso, el gobernador planteó que la responsabilidad del peronismo provincial trasciende la organización partidaria. “No solo tenemos que conducir los destinos de nuestro espacio político, sino que tenemos que todos los días atender las necesidades que tienen los tucumanos y, dentro de nuestras posibilidades, ir mejorando la calidad de vida”, señaló.
El mensaje más directo estuvo dirigido a la discusión interna del justicialismo y a la relación de las provincias con los referentes de Buenos Aires. “Nadie de Buenos Aires, sea del partido que sea, me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia. Tucumán está primero”, enfatizó Jaldo.
El mandatario pidió que cada distrito conserve capacidad para definir su estrategia electoral y política. “Cada provincia tiene la autonomía y hay que practicar el verdadero federalismo dentro del Partido Justicialista”, sostuvo durante el acto, según informó Jaldo en el Hipódromo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia”.
En el plano nacional, Jaldo llamó a los distintos sectores del peronismo a alcanzar acuerdos de cara a las próximas elecciones. Y consideró que el espacio debe construir una fórmula competitiva, respaldada por un programa de gobierno.
“Seguramente, cuando se tomen las decisiones sobre los candidatos, vamos a ir todos juntos a acompañar. Poniéndonos de acuerdo vamos a elegir la mejor fórmula, la más competitiva”, afirmó. Luego aclaró que el objetivo debe ir más allá de una victoria electoral: “No una fórmula solo para ganar, sino una fórmula que nos permita gobernar bien la República Argentina”.
El dirigente tucumano también reivindicó la decisión de su provincia de competir en los comicios y mencionó la participación de referentes del espacio, entre ellos el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
En otro tramo de la intervención, el gobernador se refirió a las objeciones que, según dijo, buscan impedir su postulación. “El 9 de mayo Osvaldo Jaldo va a estar en las urnas del peronismo”, aseguró, en alusión a las elecciones previstas para 2027.
Por último, el dirigente también convocó a la militancia a participar de la campaña y a defender los intereses de la provincia. El acto en el Hipódromo de ayer funcionó como una demostración de fuerza del peronismo tucumano y como un anticipo de la disputa electoral que se abrirá en los próximos meses.
Osvaldo Jaldo,Día de la Lealtad,Miguel Ángel Acevedo,Tucumán,peronismo
POLITICA
La UBA se desligó de los incidentes en la marcha y exigió que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario
Emiliano Yacobitti le respondió este jueves a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien había intentado minimizar la quinta Marcha Federal Universitaria poniendo por encima los incidentes que terminaron con 31 personas detenidas. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) destacó que “cientos de miles de personas se movilizaron” para reclamar en favor de la educación pública y le recordó a la funcionaria que “nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente”, por lo que debería empezar por cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Monteoliva compartió en redes sociales un video con imágenes de actos violentos durante la protesta frente al Congreso, indicó que “el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia” y que “nadie está por encima de la ley”. Yacobitti respondió a ese posteo: “Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos”.
Luego, en diálogo con TN, el vicerrector destacó la “movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes”, y desligó a quienes exigían el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno de quienes protagonizaron actos violentos.
“El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes. Obviamente, soy el primero en repudiar cualquier tipo de hecho de violencia. En ese sentido, la policía fue ineficiente porque lo primero que tiene que hacer es identificar a los violentos para que todos podamos manifestarnos con tranquilidad”, expresó Yacobitti.
Y profundizó: “La policía tiene que decir quiénes son, porque si no siempre hay una minoría que genera hechos de violencia y que pretende con eso manchar lo que fue una movilización gigantesca donde más de un millón de personas en todo el país se movilizó. Esta es la quinta Marcha Universitaria y en ninguna hubo ningún incidente”.
El representante de la UBA, si bien desligó a los estudiantes, repudió la violencia y pidió “identificar a los violentos y caerles con lo más duro de la ley”.
“Lo que no puede pasar es que alguien diga que los universitarios son violentos. La Ciudad de Buenos Aires está llena de cámaras donde se puede identificar a cualquiera. Lo que tiene que hacer la policía es, si hay gente que tira piedras, identificarla y que le caiga el peso de la ley, así como le tiene que caer el peso de la ley al Presidente por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, insistió.
Para Yacobitti, los incidentes manchan un reclamo genuino por parte de la comunidad universitaria. “Es lo más funcional a lo que más reclamamos en contra. Nosotros estamos reclamando de manera pacífica que hay que cumplir la ley. ¿Cómo no vamos a repudiar con toda la fuerza posible al que va y le tira una piedra a un policía? Lo que tendría que hacer la policía, con toda la infraestructura que hay, es decir ‘estos son los responsables’“, señaló.
“Si en lugar de hablar de los cientos de miles de personas que se movilizaron en todo el país para defender las universidades, se habla de cinco gatos locos que fueron a tirar piedras al Congreso para provocar y ser funcionales a quienes no quieren defender las universidades públicas, les hace el juego. ¿Cómo puede ser que los violentos que tiran piedras nunca sean identificados?“, expuso el vicerrector.
Y concluyó: “El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?“.
POLITICA
El Gobierno denunció penalmente a los manifestantes detenidos por los disturbios en el Congreso
El Gobierno Nacional, a través del equipo jurídico del Ministerio de Seguridad, denunció penalmente a los manifestantes que protagonizaron los incidentes registrados durante la marcha universitaria de este jueves por la tarde en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La presentación contempla los cargos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y delito de daño agravado.
La presentación sostiene que los implicados actuaron deliberadamente con los rostros cubiertos para evitar ser identificados. Primero dañaron bienes públicos para proveerse de objetos contundentes y luego los arrojaron contra miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales que cumplían funciones en el lugar.
La denuncia, a la que accedió Infobae, señala además que la fecha no fue casual: el Congreso sesionaba ese día, lo que lleva al Ministerio a sostener que los disturbios habrían tenido entre sus objetivos “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” convocada para esa jornada.
En paralelo a la redacción del texto judicial, el ministerio avanza en la recolección de imágenes que servirán como prueba para sustentar las acusaciones. El material audiovisual recopilado busca identificar a los responsables de los destrozos y las agresiones que se produjeron en la zona de la Plaza de los Congresos y su entorno durante la movilización. Esa tarea de documentación resulta central para individualizar a cada uno de los acusados en el expediente que se presentará ante la Justicia.
El escrito describe un patrón sostenido de agresiones. Los ataques con objetos peligrosos se replicaron en distintos momentos de la jornada y dejaron efectivos de las fuerzas federales con lesiones. La denuncia caracteriza a los uniformados como “sujetos pasivos y permanentes” de esa violencia, pese a encontrarse desplegados bajo el protocolo establecido por el propio Ministerio para garantizar el orden y el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
La jornada dejó un saldo de al menos 25 personas detenidas a lo largo de los enfrentamientos que tuvieron lugar en las calles aledañas al edificio legislativo. Entre los casos que trascendieron, uno concentró particular atención: la Policía de la Ciudad de Buenos Aires aprehendió a un menor de 14 años en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre tras ser sorprendido arrojando piedras contra un móvil policial.
Ante la situación, se realizó una consulta con la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFLA) Este, que ordenó la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes para hacerse cargo del procedimiento, dado que la normativa vigente establece un tratamiento diferenciado para menores de edad involucrados en hechos de esta naturaleza.
Los choques también dejaron heridas en las propias filas de las fuerzas de seguridad. En total, ocho efectivos resultaron lesionados durante el operativo desplegado en torno al Congreso. El desglose incluye cuatro agentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y dos de la Policía Federal Argentina (PFA).
Los uniformados recibieron piedras y otros objetos contundentes por parte de grupos que se desprendieron de la columna principal de manifestantes y protagonizaron las escenas de mayor tensión de la tarde.
Pero los daños no se limitaron al plano físico de los efectivos. La violencia que se desató en torno al Parlamento dejó marcas profundas en el espacio público. De acuerdo con una estimación preliminar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los destrozos ascienden a $90 millones.
El mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes de la Plaza de los Congresos y las áreas circundantes fueron los más afectados por la acción de los grupos violentos que operaron en la zona.
La protesta, convocada en defensa de la educación pública universitaria, derivó en incidentes con las fuerzas de seguridad que custodiaban el perímetro del edificio legislativo. Los desmanes se concentraron durante las horas de la tarde, cuando sectores radicalizados avanzaron sobre las líneas de contención policial y provocaron las escenas de violencia que ahora son objeto de la investigación judicial.
Con la denuncia penal en marcha, el Ministerio de Seguridad apunta a llevar adelante acciones judiciales concretas contra quienes participaron en los hechos de violencia. Los cargos elegidos —resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado— dan cuenta del encuadre que el Gobierno le otorga a los episodios frente al Congreso. La recolección de pruebas en video y fotografía, en tanto, será determinante para sostener cada una de las imputaciones ante los tribunales competentes.
Civil Conflict,Demonstrations,Riots,South America / Central America,Civil Unrest
Locura por ver a Messi en Oviedo: 16.000 personas en la cola virtual y entradas agotadas en 13 minutos
La promesa del tenis que superó un tumor, sufrió la pérdida de su padre y encontró en su mamá el sostén para soñar con ser profesional
Cuál es el problema con la suba de las tasas de interés en Estados Unidos y qué efecto tiene en la Argentina
“Feliz día a la mejor mamá del mundo”: el doble gesto del Chato Prada con Lourdes Sánchez y la reacción de ella
Jaldo lanzó un mensaje a la interna del peronismo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia, Tucumán está primero”
El líder hutí que se considera un guía espiritual y dirige su guerra desde refugios clandestinos
Autos chinos en Argentina: el caso de Noruega reaviva las alertas por espionaje y riesgos para la seguridad nacional
El Índice de Incertidumbre Económica de septiembre alcanzó el nivel más alto de 2026, según la UCA
La FIFA busca justificar el indulto a Balogun tras la llamada de Trump
