Connect with us

POLITICA

El caso Adorni y el regreso del game of chicken como política de Estado

Published

on



La escena vuelve a repetirse. Manuel Adorni quiso poner fin a las sospechas que penden sobre su cabeza política y, otra vez, abrió un nuevo capítulo en la saga que tiene como eje sus movimientos patrimoniales. La corrección de sus declaraciones juradas y las respuestas públicas que dio la semana pasada no sólo sumaron contradicciones. También mostraron el regreso de una faceta estructural de la coreografía de poder del Gobierno de Javier Milei, pero ahora recargada. El game of chicken como política de Estado: eso de responder a los desafíos de la oposición o de la ciudadanía acelerando al máximo, a ver quién se corre primero. Dio forma a la gestión mileísta ni bien llegó al poder. Y hechos de los últimos días indican que se potenció hasta lo impensado.

En la última semana, hubo dos ejemplos del todo o nada con el que responde Milei a las presiones que intentan desviarlo de su camino. En un caso, el de Adorni, las chances del Gobierno son una obra en construcción: está pendiente el último ladrillo que determine quién gana la pulseada, si el oficialismo o la oposición. En el otro, el conflicto con las universidades, al Gobierno le torcieron la mano aunque lo presentó como una victoria. Vale la pena pensar por qué en un caso frena y en el otro, acelera.

Advertisement

Con el pie en el acelerador

El caso Adorni, todavía abierto, es una aceleración y escalada en la construcción de una realidad paralela que desafía los hechos evidentes a los ojos de la Argentina. Más allá de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito que está lejos de llegar a un veredicto, el último miércoles, por LN+, el mismo Adorni dejó claro que mintió abiertamente el 29 de abril en su presentación en la Cámara de Diputados: “Nunca existió ocultación alguna”, había sostenido en abril. El miércoles pasado, “la ocultación” salió a la luz de boca, y también de puño y letra, del mismo Adorni.

Y, sin embargo, Milei ratificó el apoyo a su jefe de Gabinete. Por el momento, aún con esa prueba incuestionable sobre la mesa, Milei no está dispuesto a poner el pie en el freno con todo o a dar un volantazo hacia la banquina para evitar la colisión: sigue sosteniendo a Adorni.

Advertisement

El game of chicken se eleva ahora a la enésima potencia: el acelerador rompe el velocímetro. Se ve en varios puntos. Primero, permanece en su cargo un jefe de Gabinete responsable de un “crimen político” grave, mentirle abiertamente a todos: a la Cámara de Diputados en presentación oficial, al Presidente que celebró aquella intervención, al pleno de los ministros del Gabinete que salieron en su apoyó aquel día y a la ciudadanía toda.

La escena del “crimen” fue un informe de gestión obligatorio por mandato constitucional. Con eso solo, sin necesidad de esperar a una sentencia judicial, en una democracia clásica alcanzaría para renunciarlo. En cambio, en una democracia en tiempo de Argentina mileísta, la institucionalidad se reescribe.

Es cierto que desde 1994, cuando se creó la figura de jefe de Gabinete, la adhesión a la obligación de presentarse en el Congreso es baja, según un informe de Chequeado. El top 5 lo ocupan Jorge Capitanich, en el puesto 1, en 2002 y 2013-2015, con un 57 por ciento de cumplimiento; le sigue Marcos Peña durante la presidencia de Cambiemos, con un 56 por ciento; en el puesto tres, Eduardo Bauzá, en el menemismo, con un 50 por ciento y en el cuarto puesto, Jorge Rodríguez, también en los años de Menem, con un 38 por ciento. En la quinta posición está el antecesor de Adorni, Guillermo Francos, con un 36 por ciento de cumplimiento.

Advertisement

Y está claro que en las presentaciones ante el Congreso, la narrativa de los jefes de Gabinete responde a la lógica política: muchas de las respuestas que dan son discutibles e, incluso, basadas en información falsa. Esa mecánica es condenable, pero se integra dentro del tablero político donde se mueven oficialismo y oposición con estrategia distinta.

Pero la anomalía de Adorni es triple y es de otro nivel: debió haber ido al menos dos veces al Congreso desde que fue nombrado en noviembre, pero no lo hizo; la única vez que fue lo hizo no sólo para informar sobre la marcha del Gobierno sino también para responder por su situación personal, la acusación de enriquecimiento ilícito; y lo más grave, mintió sin vueltas.

El otro punto del todo o nada al extremo por parte del oficialismo es la estrategia argumentativa de Adorni en la entrevista realizada por José Del Rio. La batería de herramientas para desmentir la realidad convierten a sus respuestas en un caso único de estrategia política, más allá de la cronología de su patrimonio, que desafía la verosimilitud. Adorni usó todas las municiones posibles.

Advertisement

Volvió al “deslomado”, esta vez en versión “eran tiempos donde no dormíamos”, en referencia a los primeros meses de gobierno y la presión que debía soportar el Gobierno “con un país al borde del precipicio”. Evitó responder preguntas puntuales basadas en hechos comprobados y optó por refugiarse en la falacia del hombre de paja, eligiendo desacreditar cuestionamientos a su figura basados en hechos falsos y así victimizarse. Justificó su declaración jurada de 2023 al llegar al poder como fruto de la presión en medio de su ingreso a la función pública y su falta de experiencia. Reconoció varios delitos, tipificables como evasión y omisión maliciosa, para esquivar el de enriquecimiento ilícito. Puso a sus hijos como excusa para justificar la compra de nuevas propiedades y mudanzas. Se victimizó para argumentar en favor de su cambio de estilo de vida: la búsqueda de seguridad personal y familiar. Usó una premisa ideológica de La Libertad Avanza y de Milei para justificar la evasión: “no lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro” sin registrar, o quizás sí, que siguió aplicando la misma premisa en plena presidencia de Milei. Extendió un abrazo de oso a Patricia Bullrich para comprometerla con su cercanía en su defensa: “Nos llevamos tan bien con Bullrich que este miércoles le compré una torta porque el jueves es su cumpleaños y se lo vamos a festejar en la mesa política”. Y el dardo más cuestionable, buscó convertir a toda la ciudadanía en cómplice: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”.

Bajo el ojo aprobatorio de Milei y Karina Milei, Adorni jugó al game of chicken apretando el acelerador hasta el extremo de la manipulación a cielo abierto del principio de realidad y de la confianza y la credulidad ciudadana.

Milei v universidades, ¿derrota oficialista?

Advertisement

En el caso del conflicto universitario, durante meses, el Gobierno jugó al game of chicken con el sistema universitario público, hasta que se bajó: perjudicó a miles de estudiantes que, en muchos casos perdieron el primer cuatrimestre, acorralados entre la rigidez del Gobierno y el reclamo de docentes y no docentes, con caída salarial del 40 por ciento.

Una vez sancionada la Ley de Financiamiento Universitario el 21 de agosto del año pasado, el Gobierno resistió con todo: después del triunfo de septiembre, la vetó; esquivó el rechazo del veto por parte del Congreso, y la sanción definitiva de octubre con el DNU 759/2025, que suspendió la aplicación de la ley hasta que se determine la fuente de financiamiento; respondió al amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el DNU con apelación en segunda instancia; recusó a los jueces de primera y segunda instancia; elevó un recurso extraordinario ante la Corte, que todavía está pendiente; y también recusó a los tres miembros de la Corte por su condición de docentes universitarios, lo que fue rechazado.

El miércoles, después de alcanzar un entendimiento con el CIN y con la firma de un acuerdo con los gremios nacionales paritarios, pareció que había obtenido un triunfo: acordó una actualización de salarios docentes y no docentes del 24,33 por ciento cuando la Ley de Financiamiento Universitario determina un 50 por ciento de actualización para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023.

Advertisement

Sin embargo, fue la primera derrota de 2026 en la gobernabilidad mileísta vía game of chicken: el Gobierno tuvo que bajarse de un argumento clave de su política fiscal para evitar, o al menos posponer, un fallo adverso de la Corte Suprema sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La premisa de que no se puede aprobar una ley que aumente el gasto público sin señalar el origen de los fondos quedó desmentida por el mismo Luis Caputo que dio la venia para asignar nuevas partidas y frenar ese conflicto.

Además, las universidades conservaron la bala de plata: el reclamo central, la aplicación y cumplimiento de la Ley de Financiamiento, sigue vigente ante la Corte.

“Desprendimiento mesiánico”

Advertisement

Con esos dos casos quedó confirmada una psicología política de Milei: una especie de desprendimiento mesiánico de Milei, un juego de todo o nada donde Milei dice, incluso, estar dispuesto a perder una elección con tal de sostener sus premisas. Esa lógica de ejercicio del poder condicionó la gobernabilidad en buena parte de 2025, con el todo o nada aplicado a los casos Garrahan, discapacidad y universidades. Lo frenó durante unas semanas la derrota de septiembre de 2025 en la Provincia de Buenos Aires. Aflojó después del triunfo nacional de octubre: ya no fue necesario. Con la oposición más dura atontada por la victoria mileísta, que contrastó con la derrota bonaerense, Milei tuvo el camino más libre. Pero la lógica volvió con Adorni, mientras que aflojó finalmente con universidades.

¿Por qué el Gobierno se bajó del game of chicken con las universidades pero todavía no está claro que lo haga con Adorni? En el caso de las universidades, fuentes autorizadas de la UBA ven la conveniencia del Gobierno y una negociación posible con la Corte Suprema. Según esa versión, el nombramiento como juez de Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, no sería ajeno a esas conversaciones.

El Gobierno no tenía señales de lo que podía decidir la Corte. El rechazo de la Corte a la recusación por ser docentes encendió una señal de alarma en el Gobierno. Para el Gobierno, un fallo de la Corte a favor de la Ley los habría obligado a una expansión del gasto universitario de un 50 por ciento en salario: lograron cerrar por la mitad. El acuerdo alcanzado beneficia esa lógica fiscal y le quita presión social a la Corte, que ahora gana tiempo para el fallo de fondo. Eventualmente, la cuestión puede volverse abstracta si antes llega la negociación en el Congreso por el presupuesto 2027. El pragmatismo le puso un freno al game of chicken.

Advertisement

En el caso Adorni, hay más dilemas. Por un lado, desafía esa propensión al “desprendimiento mesiánico” extremo de Milei. Por otro lado, está la cuestión electoral: Milei sigue con atención la brecha entre la mejora de indicadores macro, inflación incluida, y la percepción social de la economía. Hay convencimiento de que si esa brecha se acorta y crece la aprobación económica, Adorni pesará menos.

Queda abierta la cuestión: si Milei sigue conociendo y representando mejor que nadie a su electorado o si, por el contrario, está construyendo los límites de su apoyo popular.




Luciana Vázquez,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,»No va a prosperar». Recluido, Adorni se enfoca en su informe de gestión ante el Senado y no espera ser interpelado,,Senado. La oposición construye una mayoría para avanzar contra Adorni y el Gobierno activa gestiones con las provincias,,Debate interno. El Gobierno suspende las reuniones de gabinete y mesa política por el caso Adorni

Advertisement

POLITICA

Salud mental: senadores del PJ díscolo firmaron un dictamen de minoría y permiten que el tema llegue al recinto

Published

on



La falta de un par de firmas en las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado impidió, el jueves pasado, acelerar una nueva ley de salud mental, tras meses de negociaciones entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). La ayuda llegó esta tarde, tras la presentación de un texto —ahora, dictamen de minoría— de parte de tres ex kirchneristas y, con ello, La Libertad Avanza se quedó con el despacho de mayoría -por sumatoria de voluntades- y la posibilidad de llevar al tema a una potencial sesión de cara a la próxima semana.

A pesar de la buena noticia para los libertarios, la disidencia de varios dialoguistas representa una eventual traba a la hora de contar votos, por lo que nadie asegura un acuerdo cerrado al ciento por ciento. Las firmas que permitieron generar la orden del día -y, por ende, los dos dictámenes- fueron los reflotados justicialistas de Convicción Federal Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). El primero fue uno de los que advirtió sobre los recursos que implicaría una nueva ley. Algunos aliados comparten la preocupación.

Advertisement

En concreto, el texto de oficialismo y dialoguistas plantea la prioridad para médicos -psiquiatras, en preferencia- sobre psicólogos -quienes también formarán los equipos interdisciplinarios- a la hora de tomar las decisiones más delicadas. Y las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en dicha acción, mientras que se revalida y sostiene la cooperación entre Nación y provincias en cuanto al financiamiento. Para el primer punto, Convicción Federal casi que equipara las profesiones, ya que se requiere al menos uno de ellos para actuar, algo considerado en varios despachos como un “delirio”. Andrada se recibió de cirujano.

Por otra parte, se ampliará el concepto de adicciones -por ejemplo, la ludopatía-, se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes, se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y quedará prohibida la práctica de manicomios. También existirá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.

La senadora libertaria y titular de la comisión de Salud de la Cámara alta, Ivanna Arrascaeta

Además, todos los trabajadores involucrados en el proceso deberán contar con capacitación permanente. Otro ítem que generó conflicto y terminó de inclinar la balanza del articulado -ahora, con luz verde para el recinto- fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones. Es decir, plata. Lo que también reclama Convicción Federal, que pasó de cuestionar el fallo que mandó a prisión a Cristina Kirchner -como planteó Moisés, en 2025- a enfrentarse con sus ex compañeros vía redes sociales.

Advertisement

En cuanto a familiares, la iniciativa limitará la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una potencial internación en unidades de adultos, la misma quedará restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.

En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.

Advertisement

Deudores alimentarios morosos

Más temprano, un plenario de las comisiones de Legislación General y de Población de la Cámara alta buscó congeniar, sin éxito, dos proyectos relacionados con la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos. Ante diferencias entre los articulados del peronista Pablo Bensusán (La Pampa) y la filo radical Edith Terenzi (Chubut), se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, con el fin de llegar a un documento consensuado.

Continue Reading

POLITICA

Senado: consiguió dictamen el proyecto y los cambios a la ley de salud mental quedaron un paso más cerca del recinto

Published

on



Tras una semana de incertidumbre, el oficialismo consiguió este miércoles emitir dictamen de comisión del proyecto de reforma de la ley de salud mental y dejó, así, a la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo en condiciones de ser tratada en la próxima sesión de la Cámara alta.

La clave para destrabar el camino del proyecto hacia el recinto del Senado fue la presentación de un dictamen de minoría, impulsado por un grupo de peronistas escindidos del bloque kirchnerista. Con estas firmas se alcanzó el pronunciamiento de más de la mitad de los miembros de las comisiones de Salud y de Legislación General.

Advertisement

La presentación oficializada esta tarde favoreció al oficialismo, que podrá así llevar al recinto el despacho de mayoría que había acordado con sectores de la oposición dialoguista. No obstante, la bancada que preside Patricia Bullrich (Capital) todavía no tiene asegurados los votos para imponer su postura.

La propuesta oficialista fue anunciada el martes de la semana pasada en una conferencia de prensa en la que Bullrich (Capital) estuvo escoltada por sus compañeras de bloque Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez (Neuquén), presidentas de las comisiones de Salud y de Legislación General, respectivamente.

En una conferencia de prensa, Bullrich y las senadoras Márquez y Arrascaeta leyeron un borrador de dictamen que podría ser firmado este jueves; se permite la internación involuntaria, pero sigue prohibido establecer manicomiosMelisa Romero / Prensa Bullrich

A pesar de que Bullrich sostuvo en aquella reunión que el texto había sido consensuado con varios bloques de la oposición −llegó incluso a hablar de apoyos peronistas−, lo cierto es que el jueves último el texto no reunió la mayoría requerida y, por lo tanto, las comisiones de Salud y de Legislación General no pudieron emitir dictamen.

Advertisement

Esa mayoría de pronunciamientos se alcanzó este miércoles con el despacho de minoría impulsado por los peronistas Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca), integrantes del bloque Convicción Federal.

El texto de mayoría contempla varias modificaciones, entre los que se destaca la eliminación de la posibilidad de volver a crear instituciones especializadas para la internación de casos psiquiátricos, medida que proponía el texto remitido por la Casa Rosada al Senado el 20 de abril último.

La iniciativa también extiende la cobertura de la ley a todas las adicciones, ya no sólo a las vinculadas con el consumo de estupefacientes, y permite las internaciones involuntarias cuando el paciente no esté en condiciones de tomar esa decisión, aunque deberán ser confirmadas por un equipo interdisciplinario dentro de un plazo perentorio.

Advertisement

A pedido de senadores de diferentes bloques y de varios ministros provinciales que participan del Consejo Federal de Salud (Cofesa), el texto mantuvo la prohibición de los manicomios establecida por la ley de Salud Mental sancionada en 2010.

Uno de los puntos más destacados del dictamen de mayoría es la flexibilización de la exigencia psiquiátrica y la inclusión de un diagnóstico interdisciplinario como proceso obligatorio para la internación de personas con trastornos mentales o adicciones.

En ese sentido, la evaluación para una internación podrá ser realizada por un médico psiquiatra o por un profesional con formación en salud mental, junto con un segundo firmante, preferentemente un psicólogo.

Advertisement

Además, se habilita la teleconsulta sincrónica para la intervención psiquiátrica y se reconoce la firma del psicólogo tanto para la evaluación como para la concesión del alta del paciente.

Como parte de la negociación para alcanzar el consenso, el oficialismo aceptó restituir el financiamiento nacional a las provincias. De acuerdo con el dictamen, el Estado nacional estará obligado a brindar cooperación técnica, económica y financiera a las provincias para la aplicación de la norma.

Para las internaciones de urgencia se fija un plazo de revalidación cuando la medida sea dispuesta por un solo médico ante la existencia de un riesgo grave. En esos casos, la confirmación interdisciplinaria deberá realizarse dentro de las 48 horas.

Advertisement

En este punto radica una de las principales diferencias del dictamen de minoría, en el cual mantiene el proceso de revalidación de la internación en un plazo perentorio de 24 horas.

Otra diferencia radica en la integración del equipo evaluador. Mientras el oficialismo requiere la evaluación de dos profesionales de distintas disciplinas, en el de minoría se establece que al menos uno de los miembros evaluadores debe ser psicólogo o médico psiquiatra.

Los senadores peronistas también difieren en el capítulo referido a financiamiento nacional, en el que incorporan un esquema rígido que garantiza la asistencia técnica, económica y financiera a las provincias. También exige la aprobación de un Plan Nacional de Salud Mental a 5 años con metas cuantificables y obliga al Ministerio de Salud a enviar al Congreso un informe anual detallado sobre la ejecución presupuestaria del sector.

Advertisement

Además, incluye un artículo con acciones dirigidas específicamente a niños y adolescentes, enfocadas en la prevención del suicidio, de adicciones y en el uso responsable de redes sociales. También reconoce el derecho explícito al acompañamiento terapéutico post-internación para la reinserción social y laboral.

Por último, el dictamen de minoría se prohíbe de forma expresa que la falta de vivienda o las problemáticas exclusivamente sociales y de pobreza justifiquen la indicación o prolongación de una internación, responsabilizando al Estado de proveer dispositivos habitacionales y de apoyo.



Gustavo Ybarra,Conforme a

Advertisement
Continue Reading

POLITICA

Hotesur y Los Sauces: qué cambia con la unificación de las causas y por qué complica a Cristina y Máximo Kirchner

Published

on


La Cámara de Casación resolvió este martes unificar las causas Hotesur y Los Sauces y ambos expedientes serán juzgados en un mismo juicio que comienza el próximo viernes en los tribunales de Comodoro Py.

Estarán en el banquillo de los acusados 19 personas, entre ellas la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.

Advertisement

La fiscalía les imputa, según el caso, los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, en el marco de un esquema que, según la acusación, permitió canalizar fondos de origen ilícito hacia el patrimonio familiar a través de sociedades hoteleras e inmobiliarias.

La decisión de Casación va en línea con el pedido del fiscal que aseguró que ambos expedientes se encuentran en condiciones de ser debatidas conjuntamente.

Fiscal Mario Villar. (Foto: Universidad de Buenos Aires)

“El desdoblamiento condiciona sin intervención fiscal el alcance con que podrá sostener cada una de sus acusaciones y conlleva el riesgo de valoraciones fragmentadas, pronunciamientos contradictorios y cosa juzgada parcial”, dijo el fiscal Mario Villar cuando apeló. Es decir, la fiscalía puso de manifiesto que separar ambos expedientes podría debilitar la acusación y, por ejemplo, si alguno de los imputados resultara absuelto en una causa, inevitablemente, también quedaría sin delitos en la otra porque la acusación sostiene que se trató de un mismo circuito de desvío de fondos.

Advertisement

Para el fiscal, separar las cusas, genera incluso una contradicción estructural insalvable a los propios jueces porque los obliga a pronunciarse primero en “Los Sauces” sobre plexos probatorios indivisibles y comunes a “Hotesur”. Y eso “condicionaría el segundo fallo a partir de una base probatoria parcial, propiciaría pronunciamientos incompatibles y generaría el peligro concreto de que las defensas opongan excepciones de cosa juzgada”.

Además, que los hechos se analicen de una sola vez permitiría, profundizó Villar, reconstruir con mayor nitidez cómo se utilizaron ambas empresas para desviar fondos.

Tanto la expresidenta como su hijo presentaron un recurso en los últimos días para que las causas sean tratadas por separado y otro para que no tengan que acudir de manera presencial. Este último se encuentra pendiente de resolución.

Advertisement

A quiénes se juzga

De acuerdo con los requerimientos de elevación a juicio, la expresidenta está acusada como jefa de una asociación ilícita y por lavado de activos en el tramo de Los Sauces. A su hijo Máximo se le atribuye el rol de organizador de esa asociación, además del lavado de dinero. En el expediente de Hotesur, en cambio, a ambos se les imputa principalmente el delito de lavado de activos, sin reiterar la asociación ilícita para evitar un doble juzgamiento por el mismo hecho.

Cristóbal López. (Foto: Archivo TN)
Cristóbal López. (Foto: Archivo TN)

Entre los principales imputados también figuran el empresario Lázaro Báez, a quien se le atribuye haber actuado como organizador de la asociación ilícita y por lavado de activos en ambos expedientes, y su hijo Martín Báez. Completan el núcleo más visible Cristóbal López y Fabián De Sousa, titulares del Grupo Indalo, acusados de asociación ilícita y lavado principalmente por los pagos realizados en Los Sauces a través de sociedades como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.

En Hotesur, la empresa central es Valle Mitre, firma vinculada a Báez que, según la acusación, pagó más de 28 millones de pesos a Hotesur entre 2008 y 2015 por habitaciones y servicios del Alto Calafate y de Las Dunas que, para los fiscales, no se correspondían con un uso real.

Fabián De Sousa. (Foto: Archivo TN)
Fabián De Sousa. (Foto: Archivo TN)

También están imputados Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la expresidenta y su esposo Patricio Pereyra Arandia; Osvaldo “Bochi” Sanfelice, administrador del entramado; el contador Víctor Manzanares; y el escribano Ricardo Albornoz.

Advertisement
Continue Reading

Tendencias