La falta de un par de firmas en las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado impidió, el jueves pasado, acelerar una nueva ley de salud mental, tras meses de negociaciones entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). La ayuda llegó esta tarde, tras la presentación de un texto —ahora, dictamen de minoría— de parte de tres ex kirchneristas y, con ello, La Libertad Avanza se quedó con el despacho de mayoría -por sumatoria de voluntades- y la posibilidad de llevar al tema a una potencial sesión de cara a la próxima semana.

A pesar de la buena noticia para los libertarios, la disidencia de varios dialoguistas representa una eventual traba a la hora de contar votos, por lo que nadie asegura un acuerdo cerrado al ciento por ciento. Las firmas que permitieron generar la orden del día -y, por ende, los dos dictámenes- fueron los reflotados justicialistas de Convicción Federal Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). El primero fue uno de los que advirtió sobre los recursos que implicaría una nueva ley. Algunos aliados comparten la preocupación.

En concreto, el texto de oficialismo y dialoguistas plantea la prioridad para médicos -psiquiatras, en preferencia- sobre psicólogos -quienes también formarán los equipos interdisciplinarios- a la hora de tomar las decisiones más delicadas. Y las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en dicha acción, mientras que se revalida y sostiene la cooperación entre Nación y provincias en cuanto al financiamiento. Para el primer punto, Convicción Federal casi que equipara las profesiones, ya que se requiere al menos uno de ellos para actuar, algo considerado en varios despachos como un “delirio”. Andrada se recibió de cirujano.

Por otra parte, se ampliará el concepto de adicciones -por ejemplo, la ludopatía-, se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes, se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y quedará prohibida la práctica de manicomios. También existirá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.

Además, todos los trabajadores involucrados en el proceso deberán contar con capacitación permanente. Otro ítem que generó conflicto y terminó de inclinar la balanza del articulado -ahora, con luz verde para el recinto- fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones. Es decir, plata. Lo que también reclama Convicción Federal, que pasó de cuestionar el fallo que mandó a prisión a Cristina Kirchner -como planteó Moisés, en 2025- a enfrentarse con sus ex compañeros vía redes sociales.

En cuanto a familiares, la iniciativa limitará la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una potencial internación en unidades de adultos, la misma quedará restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.

En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.

Deudores alimentarios morosos

Más temprano, un plenario de las comisiones de Legislación General y de Población de la Cámara alta buscó congeniar, sin éxito, dos proyectos relacionados con la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos. Ante diferencias entre los articulados del peronista Pablo Bensusán (La Pampa) y la filo radical Edith Terenzi (Chubut), se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, con el fin de llegar a un documento consensuado.